Centro Democrático denunció acuerdo de justicia entre Gobierno y Farc ante CPI

El movimiento Centro Democrático, que fue respaldado por más de un millón de firmas de los colombianos, denunció el acuerdo de justicia celebrado entre el Gobierno del presidente Santos y las Farc, ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Según la colectividad, en cabeza del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, esto se hizo con el propósito de “proteger los derechos de los colombianos víctimas de crímenes atroces y de la población en general”.

“En la denuncia se da a conocer la manera como el acuerdo de Justicia Especial se caracteriza por implementar una justicia transicional con vocación de impedir o anular, de forma efectiva, que los responsables de crímenes atroces reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza de sus acciones; acciones que se adecuan en los crímenes de trascendencia internacional”, dice uno de los partes del comunicado del Centro Democrático.

Hay que recordar que la Corte Penal Internacional solo recibe denuncias de estados, de organizaciones humanitarias y Organizaciones no Gubernamentales o de víctimas.

Este es el comunicado:

El Partido Centro Democrático, respaldado en 1’315.000 firmas de colombianos que piden paz con justicia, denunció este martes el acuerdo de justicia celebrado entre el Gobierno Santos y las Farc, ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, con el propósito de proteger los derechos de los colombianos víctimas de crímenes atroces y de la población en general

En la denuncia se da a conocer la manera como el acuerdo de Justicia Especial se caracteriza por implementar una justicia transicional con vocación de impedir o anular, de forma efectiva, que los responsables de crímenes atroces reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza de sus acciones; acciones que se adecuan en los crímenes de trascendencia internacional.

Tal anulación y aniquilación de una pena real y efectiva de cárcel o prisión o medida de aseguramiento, es constitutivo de una justicia no auténtica respecto a crímenes atroces generando impunidad y violando la garantía de no repetición, al dilucidarse una artificiosa y elucubrada amnistía material o indulto de facto o una ley de los arrepentidos, para las personas responsables de crímenes atroces.

Este acuerdo desconoce que el Estatuto de Roma, norma internacional vinculante para Colombia, la jurisprudencia internacional y el derecho internacional penal, establecen que los autores de crímenes atroces deben cumplir penas de pérdida efectiva de la libertad en una prisión o cárcel.

El acuerdo transgrede principios esenciales del Derecho Internacional Penal, como lo son: (1) Responsabilidad de mando; (2) Responsabilidad penal individual; (3) Complementariedad, por cuanto en diferentes a partes del acuerdo busca sustraer al individuo de su responsabilidad; (4) Cooperación internacional en el castigo de los culpables, el acuerdo presenta barreras suficientes para que otros países no puedan juzgar a los penalmente responsables de conductas bajo su jurisdicción.

El acuerdo le imposibilita a las víctimas de crímenes atroces acceder a un recurso efectivo para invalidar o dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Especial para la Paz.

Por la situación presentada, se configuran los presupuestos para que se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad, la Oficina de la Fiscal debe actuar de conformidad al Estatuto de Roma.