La sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP publicará el auto 016 de 2021 con siete órdenes dirigidas a seis instituciones del Estado para que cumplan con las medidas de protección de comparecientes forzosos (exguerrileros de Farc y miembros y exmiembros de la fuerza pública) ante dicha jurisdicción.
Los requeridos son el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del pueblo, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.
El auto da seguimiento a las audiencias que hizo la JEP el 25 de noviembre de 2020 y que cuestionaba las las medidas de protección a comparecientes de la fuerza pública y desmovilizados de las Farc. Son ya 275 víctimas de homicidios, 40 de ellos cometidos después de la diligencia de noviembre. Y con un agravante: 19 ya habían interpuesto denuncia en Fiscalía.
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Entre las órdenes, se destaca una apelación a Emilio Archila, a quien se le había exigido eficiencia en la protección de desmovilizados.
La comunicación de la jurisdicción tiene un término de 15 días, improrrogable, para que Emilio Archila, como secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías, remita el Plan de Acción para la Política Pública criminal en materia de desmantelamiento de organismos o conductas criminales.
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