A través de un fallo de la Sala Laboral, el magistrado Hugo Alexander Ríos argumentó que el juez de primera instancia que ordenó la suspensión de los gases lacrimógenos por parte de la Policía afectó el debido proceso en el trámite de la tutela.
A juicio del Tribunal, el juez no tuvo en cuenta la posición del Gobierno Nacional para adoptar una decisión que afecta directamente funciones, por ejemplo, del Ministerio del Interior.
Resulta obligatoria la vinculación del mismo a la acción, a fin de que se pronuncie e indique si existen evidencias o no, que correlacione el uso de los agentes químicos para el control de protesta y el riesgo de contagio o mayor severidad de síntomas por COVID-19, habida cuenta su calidad de responsable de formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud pública
El Tribunal Superior de Bogotá, argumentó que, si de titular el derecho a la salud se trataba, el juez debió conceder la oportunidad al Ministerio de Salud de presentar un concepto frente a la propagación delCOVID-19a causa del uso de gases lacrimógenos.
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En el fallo conocido por BLU Radio, llama la atención los argumentos en la impugnación de la Policía. Una vez el juez de primera instancia suspendió el uso de gases lacrimógenos, la Policía argumentó ante el Tribunal.
La Policía Nacional impugnó el fallo y solicitó revocar la sentencia, ordenar a los manifestantes una conducta pacífica, practicar pruebas testimoniales y considerar que suspender armas no letales implicaría el uso de armas letales para disminuir el riesgo para la vida e integridad de policías y comunidad
Con la nulidad del fallo de tutela de primera instancia, la Policía sí podrá usar gases lacrimógenos en caso que alguna manifestación se torne violenta o haya alteración de orden público.
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