Luego de las denuncias, algunas de ellas anónimas, sobre las posibles irregularidades cometidas con la entrega de contratos multimillonarios a través del OCAD - Paz, dineros de la implementación del acuerdo para el postconflicto en varios municipios del país, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar ante lo que sería un posible desfalco. De acuerdo con versiones de testigos, la defraudación al erario podría superar los 500.000 millones de pesos.
El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló que el pasado 12 de julio, puntualmente, el despacho del viceprocurador general inició la indagación para determinar si hay lugar eventuales investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación o funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes han estado mencionados dentro del escándalo.
De acuerdo con lo que ha trascendido, en el escándalo pudieron haberse favorecido intereses, por medio de sobornos, para entregar partidas y contratos a determinadas alcaldías y zonas del país que estuvieron afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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De momento, el Ministerio Público se encuentra en el proceso de recaudar pruebas, elementos, evidencias y testimonios para determinar, en un corto plazo, si se da mérito a una investigación formal.
En caso de comprobarse alguno de los indicios, de llegarse a tener algún tipo de desarrollo positivo, podría, incluso, llegar a pensarse en la comisión de una falta gravísima, lo cual podría llevar eventualmente a destituciones a los funcionarios. Si por el contrario no hay nada, simplemente se archivaría la indagación.
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La noticia este miércoles 20 de julio es que la Procuraduría, como ya lo hizo la Corte Suprema y la Contraloría, está frente al escándalo de los OCAD-Paz.
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