Según el informe del Ministerio Público, Cesar, Norte de Santander y Sucre no tienen listo el programa para prestar ese servicio.
La Procuraduría hizo un llamado a los gobernadores y
alcaldes para que tomen acciones en estos programas que benefician a los menores de edad.
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“En algunos casos ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460 mil beneficiarios”, señala documento.
El llamado de atención fue realizado a 96 entes territoriales desde noviembre del año pasado para que cumplieran con los programas sujetos de control para no vulnerar derechos fundamentales.
En el 2018 la Procuraduría advirtió que “las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio”.
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La Procuraduría informó de al menos 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.
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