La Procuraduría abrió investigación preliminar contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y contra el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, por presunta omisión de su deber de adquirir una póliza todo riesgo para Hidroituangoen el año 2021.
Atentos: La Procuraduría inició investigación preliminar contra @QuinteroCalle y contra el gerente de @EPMestamosahi Jorge Andrés Carrillo por presunta omisión de su deber de adquirir una póliza todo riesgo para Hidroituango en el año 2021. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/EtHco5dPhK
— Ricardo Ospina (@ricarospina) January 9, 2023
“Abrir indagación previa contra Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde mayor de Medellín, en calidad de presidente de la Junta Directiva, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, en calidad de gerente, por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021”, señaló el primer artículo de la resolución.
En la resolución también se ordenó la notificación inmediata de los dos funcionarios y la práctica de pruebas para determinar su responsabilidad en una posible omisión en las funciones de Quintero y Carrillo.
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Indagación de Procuraduría por el Valle del Software
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La investigación por el seguro de Hidroituango no es la única medida que tomó la Procuraduría. Pues también se informó una indagación previa por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto denominado “Valle del Software” liderado por la Alcaldía de Medellín, Antioquia.
Aunque no se especifica puntualmente contra quien es la investigación, precisamente porque el proceso se encuentra en “averiguación de responsables”, si se advierte que en ese proyecto de la Alcaldía “al parecer, existe incumplimiento en la entrega de varios de los 21 de centros territoriales planeados para fomentar el uso de tecnologías y ofrecer a la comunidad una oferta en materia de emprendimiento e innovación”.
“En consecuencia, el ente disciplinario pidió a la Alcaldía de Medellín información de los contratos y de los servidores públicos y/o particulares que participaron en la etapa previa, celebración y ejecución de cada uno de los negocios jurídicos relacionados con el Valle del Software”, finalizó la Procuraduría.
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