La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio se extienda a las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom.
En un concepto sobre la demanda a la Ley 1861 de 2017, que reglamenta el servicio de reclutamiento, la Procuraduría señaló que la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio que gozan los miembros de los pueblos indígenas debe extender a los integrantes de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom certificadas por el Ministerio del Interior.
El Ministerio Público señaló que la norma incumplió el deber de conceder igual reconocimiento y respeto a los diferentes grupos étnicos del país.
Indicó que esa exclusión carece de una razón suficiente, pues en el cuerpo de la norma y en sus antecedentes legislativos no se encontró una argumentación dirigida a justificar dicha determinación.
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La Procuraduría precisó que esa omisión del legislador genera una desigualdad negativa, pues mientras los miembros de grupos indígenas no deben obligatoriamente prestar el servicio militar o pagar la cuota de compensación respectiva, los individuos pertenecientes a otros grupos étnicos diversos sí tienen dichos deberes.
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