La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que no avale un artículo de la Ley de Infraestructura que le entrega a contratistas de Alianzas Público Privadas todo lo que invirtieron y con intereses.
Según la norma demandada, si este tipo de contratos APP son anulados, el Estado deberá reconocer al contratista todo lo ejecutado, con interés y actualización, según el Índice de Precios al Consumidor – IPC.
En este caso, el Ministerio Público considera que la norma atenta contra la moralidad pública y el patrimonio de la Nación porque “en lugar de sancionar una conducta indebida, exige que el Estado haga reconocimientos al contratista asumiendo indirectamente la condición de deudor de las obligaciones del particular”.
Para la Procuraduría, este tipo de normas, que afecta contrataciones multimillonarias como las realizadas con Odebrecht, resulta contradictoria porque el objetivo es proteger los recursos públicos y no terminar por afectar el patrimonio de la Nación.
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“La norma demandada establece condiciones de pago que podrían involucrar recursos públicos más allá de los comprometidos en la APP, y amplía sin justificación la aplicación de ese pago a los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012”, señala el documento.
La Corte Constitucional deberá evaluar los conceptos, tanto de la Procuraduría como del sector del Gobierno, para determinar la viabilidad de la norma sin afectar la inversión privada, los dineros del Estado y el bienestar de los colombianos.
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