En diálogo con BLU Radio, el alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, explicó que el programa de sustitución de cultivos ilícitos fue recibido del gobierno de Juan Manuel Santos, prácticamente desfinanciado y sin las condiciones que se requerían para cumplirle a 100.000 familias que estaban contempladas para formar parte de las labores en todo el territorio nacional.
“En el programa de sustitución voluntaria de cultivos, en la primera etapa se convence a las familias para que arranquen la coca, y después de eso, hay que irles cumpliendo: recibimos esa promesa hecha a 100.000 familias, y eso cuesta alrededor de 3,4 billones de pesos cumplirle; esos recursos no estaban, solo se tenían previstos 500.000 millones”, dijo Archila.
Agregó que el año pasado se consiguió la información, se iniciaron las contrataciones de asistencia técnica, de las cuales, explicó, hay más de 60.000 familias que ya se encuentran en ese proceso, y que se ha invertido alrededor de un billón de pesos en los pagos, permitiendo que quienes se acogieron al programa se mantengan activas y firmes en su decisión de no cultivar más coca.
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“Tenemos que hacer esfuerzos gigantescos entre todos, quienes tienen la capacidad de determinar el presupuesto general de la Nación, pues ojalá tengan en consideración estos puntos para hacer las adiciones que se requieran y el en el gobierno, no solo estamos trabajando con fuentes del presupuesto, hemos acudido a la cooperación internacional, por ejemplo el gobierno de Corea, nos está acompañando con 4 millones de dólares para apoyar a familias cultivadoras de cacao en Putumayo: mantener la decisión de 400.000 colombianos (100.000 familias) de salir del cultivo de la coca, es un propósito que nos debe unir a todos”, añadió.
Y es que Archila se refirió al asunto en el entendido de que se han registrado inquietudes sobre lo que fuera una desfinanciación del proyecto de sustitución, e incluso de “falta de interés del Gobierno”, de mantenerlo. A lo que Archila explicó que es al contrario.
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“La fortaleza con la cual hemos trabajado con un programa que recibimos en tan deplorable situación, y haberlo sacado adelante; adicional, tenemos otros programas como el de pago a servicios ambientales, para cuando los cultivos están en los parques naturales, tenemos otro de formalizar para sustituir, de ese ya tenemos una primera etapa en el Catatumbo con “Catatumbo sostenible”, con 1.200 familias apoyadas con el diseño del programa que hicimos y la vinculación de la Fundación Buffet con más de 4,5 millones de dólares”, agregó.
Según se explicó desde la consejería, el programa se recibió con una ruta de intervención mal diseñada, frente a aspectos operativos, técnicos y logísticos; fallas en los tiempos de concertación con las familias y con los procesos de selección y contratación de los operadores; ausencia de lineamientos y protocolos; vinculación desorganizada de beneficiarios sin tener protocolos definidos, ausencia de información, entre otras razones.
Como lo explicó Archila, los recursos destinados han sido escasos frente a lo que se había proyectado, y de acuerdo con cifras oficiales, tal cual lo dijo el alto consejero, en 2017 fueron asignados 510.000 millones. Desde entonces, a la fecha se ha invertido 1.46 billones de pesos, con los que se han atendido a familias en 56 municipios, y se han levantado 41.500 hectáreas de cultivos ilícitos.
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