En la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca poner en cintura a inmobiliarias irregulares.
La iniciativa propone que las alcaldías municipales sean las encargadas de vigilar y multar a las empresas que realicen actividades ilegales con una sanción 200 salarios mínimos mensuales, que equivale a 165 millones de pesos.
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“Hay muchos casos documentados en particular en Bogotá de inmobiliarias que toman en administración un apartamento para que ocupen residentes y lo terminan volviendo oficina”, expresó el representante José Daniel López de Cambio Radical.
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También, se ha encontrado que las inmobiliarias les dan usos distintos a los bienes raíces a los pactados por los propietarios.
“Incluso lo terminan dedicando a actividades de comercio sexual”, señaló el representante López.
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El proyecto de ley busca también Registro Único de Arrendadores de Bienes Inmuebles, ante el aumento de estafas de los propietarios de los bienes.
“Para que cuando un ciudadano vaya a recurrir a una inmobiliaria para poner en arriendo su oficina, su apartamento; exista una página web estatal donde conste el antecedente de estas empresas”, explicó el presentante de Cambio Radical.
El proyecto también facilita la restitución de inmuebles arrendados objeto de mal uso o en abandono.
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