Proyecto sobre bienes de Farc “es estrategia para hacer trizas acuerdo”: ‘Alape’

El exguerrillero de las Farc 'Pastor Alape', quien ha estado al tanto de la situación de los bienes de las Farc, respondió al proyecto de decreto del Gobierno al cual hizo referencia el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, en el que busca poner plazos para que se entreguen los bienes de la antigua guerrilla a los representantes de la Misión de Naciones Unidas y del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quienes a su vez lo entregaron al ministro del Interior como representante del Gobierno Nacional.

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'Alape' señaló que es inconstitucional y que es una estrategia para hacer trizas el acuerdo, ad-portas de elecciones regionales.

“El proyecto que pretende aprobar el Gobierno es un nuevo ataque al Acuerdo de Paz y su estrategia de hacerlo trizas, y consideramos que es inconstitucional. El Gobierno sigue empeñado en su estrategia de desmontar el Acuerdo por partes y pretende justificar sus incumplimientos a partir de construir por decreto incumplimientos aparentemente por parte de Farc. Nos parece que esto tiene un tinte electoral, en esta semana que se define la coyuntura electoral en Colombia, el Gobierno entra a plantear públicamente un debate que debe hacerse al interior de la CSIVI.”, manifestó el hoy jefe político de la Farc.

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Dijo que el Estado es responsable de la custodia material de los bienes inventariados y que fueron dispuestos al administrador del patrimonio autónomo, “con base en lo definido en los acuerdos y cómo era que se entregara este listado de bienes a Naciones Unidas para que hiciera esa entrega al gobierno”.

Entretanto, el Consejo Nacional de Reincorporación del Componente Farc se pronunció respecto a ese proyecto de decreto que busca ponerle un ultimátum a la entrega de bienes de la extinta guerrilla y entregó un balance que da cuenta de que se han puesto a recaudo de las autoridades 2.114 millones de pesos en efectivo; 450 mil dólares en efectivo, 255 mil gramos de oro, 229 semovientes, 134 carreteras, 211 coordenadas de bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios.

Insistieron en que, en febrero de 2018, se hizo una solicitud a la JEP para que adoptara medidas cautelares de aseguramiento a los bienes y cuestionaron que ninguna autoridad del Estado ha dispuesto las medidas efectivas para su protección.

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