El presidente Gustavo Petro, durante el consejo de seguridad integral en San Pablo, Bolívar, anunció el nuevo comienzo del proceso de paz con el ELN y la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los jefes negociadores de esa guerrilla.
Son 10 los jefes negociadores del ELN a los cuales el expresidente Duque les impuso orden de captura tras el atentado en la escuela de cadetes General Santander.
Se trata de Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán' a quién se le responsabiliza de actos como el secuestro masivo de 34 trabajadores de la multinacional petrolera estadounidense Occidental (Oxy) y el secuestro un avión de Avianca en 1999.
Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; a quién se le responsabiliza de la masacre de Machuca y el secuestro en la Iglesia de María.
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Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; quién es el jefe máximo del ELN y en él reposa una circular roja de la Interpol.
Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Emilio Marín Giraldo, alias Pablito; buscado por reclutamiento forzado de niños, masacres y atentados terroristas.
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Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas'; requerido por secuestros, homicidios y atentados terroristas.
Silvana Guerrero: encargada de los programas de pedagogía y de trabajar la ideología política del ELN en las regiones donde hacen presencia.
Isabel Torres: denunció ser desplazada en dos ocasiones por el accionar de los paramilitares, y ser víctima de un falso positivo, razón por la cual se vinculó al ELN desde muy joven.
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Consuelo Tapias: lleva más de 26 años militando y hace parte del frente Darío Ramírez Castro. Fue una de las gestoras de la construcción del proyecto de comunicaciones que esta guerrilla realiza a través de las emisoras clandestinas, específicamente de la llamada 'Patria Libre'.
Alirio Sepúlveda: se le adjudica la responsabilidad del atentado en Bogotá.
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Manuel Gustavo Martínez: se vinculó a la guerra desde la década de los 80's.
Además, hay requerimientos contra dos integrantes de la Dirección Nacional del ELN, Juan de Dios Lizarazo Atroza y Moisés Bautista Núñez; y los cabecillas del Frente de Guerra Oriental, Ramiro Torres Rodríguez y Arturo Archila Rincón.
El Gobierno del presidente buscaba que estas personas respondieran por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, y rebelión agravada.
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