Relación de Piedad con Farc fue humanitaria y no como congresista, dice abogado

El abogado de Piedad Córdoba ante el Consejo de Estado, Roberto Salgado, analizó la situación en torno a su defendida y la posibilidad de que el alto tribunal estudie levantar la sanción a Piedad Córdoba por Farcpolítica.

Blu Radio conoció que la ponencia que plantea la sanción de 15 años de destitución e inhabilidad La ponencia es del magistrado William Hernández del Consejo de Estado, quien le manifestó a sus compañeros a través de un proyecto de fallo, que debe tumbarse la sanción.

En ese sentido, el abogado Roberto Salgado consideró que la Procuraduría no tiene competencia para vigilar la conducta personal o privada de los congresistas, por lo que el Ministerio Público no podía sancionarla por su actividad personal sino por la conducta oficial.

Al ser preguntado de si Piedad Córdoba tuvo vínculos personales y no vínculos como congresista con las Farc, el abogado de la líder de izquierda respondió:

“Obvio, de eso se trata nuestra demanda, la Procuraduría no tiene esa competencia para vigilar la conducta personal o privada de los congresistas sino la conducta oficial”, enfatizó.

“No es cuestión de nexos, es que a ella le encomendaron una misión humanitaria y en cumplimiento de esa misión tuvo necesariamente que tener relación con los que tenían retenidos a un poco de gente”, añadió.

Por ejemplo, según la tesis del abogado de Córdoba, si un congresista llegara a matar, robar o cometer alguna otra actividad ilícita en “su vida personal”, no le corresponde a la Procuraduría sino a la Sala Penal de la Corte juzgarlos.

“No es que no tengan control jurídico sino que no le corresponde a la Procuraduría sino a la Corte juzgarlos”, añadió.

Cabe recordar que la ponencia señala que no hay claridad y que es ilegal incluir la prueba de los computadores de Raúl Reyes y los llamados correos.

Por otro lado, habló sobre la pérdida de investidura por 14 años que decretó la Procuraduría por supuestamente haberle entregado a la campaña de Ricardo Montenegro, que aspiraba a la Cámara de Representantes.

En este caso también la Procuraduría habría incurrido en incompetencia, pues es el Consejo de Estado el único que puede declarar la pérdida de investidura.

“Al procurador le tocaba era presentar una demanda ante el Consejo de Estado para que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura para que la decretaran por esa causal”, finalizó.