La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por siete meses al alcalde de Puente Nacional, Santander, Orlando Antonio Niño Mateus, por vender en subasta un bien público que se encontraba legalmente secuestrado por un despacho judicial.
La Procuraduría evidenció que el mandatario suscribió un contrato con el objeto de “enajenar directamente o a través de subasta los bienes muebles compuestos por maquinaria pesada y vehículos de propiedad de la alcaldía, en la cual se incluyó la motoniveladora que se encontraba legalmente secuestrada dentro de un proceso ejecutivo radicado que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil”.
Para la Procuraduría Provincial de Vélez, el alcalde incumplió con una medida cautelar en la que se advertía sobre la imposibilidad de venderlos, empeñar o sujetar a cualquier gravamen los bienes de la Alcaldía de Puente Nacional.
La falta fue calificada por la Procuraduría como gravísima cometida a título de culpa grave.
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La decisión fue apelada por el alcalde del municipio.
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