Uno de los días más esperado por muchos en diciembre es el Día de las Velitas, el cual marca el inicio de la temporada navideña. En esta festividad las personas se unen junto con sus seres queridos para encender velas, una tradición que se celebra en todo el territorio colombiano. Esta fecha también conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.Pasada la tarde, la gente sale a las calles a prender las velas, algunos comparten con bebidas, galletas o asados. No obstante, el clima puede influir o arruinar lo planeado para la noche.Pronóstico del clima para el Día de las VelitasEl Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es el encargado de hacer los estudios e investigaciones relacionadas con la atmósfera, el tiempo y el clima del país y en las últimas 24 horas indicó que han ocurrido lluvias de mayor intensidad en varias zonas del país.Las fuertes precipitaciones se han registrado en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.Frente a esto, Max Henríquez Daza, meteorólogo colombiano conocido por sus pronósticos, informó que para este 7 de diciembre, Día de las Velitas, el clima será favorable con unas regiones, pero no con otras.A nivel nacional, el experto indicó que el Día de Velitas habrá “cielos despejados en la mayor parte del territorio colombiano”. Sin embargo, “en Bogotá las lluvias fuertes y con tormentas caerán en las tardes, desde hoy sábado hasta el martes”.Lo anterior, quiere decir que el 7 de Velitas será una tarde lluviosa en la capital del país, con posibilidad de que en horas de la noche cesen las precipitaciones.El comportamiento del clima descrito por Max Henríquez en Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín, Tunja e Ibagué se debe a que estos territorios están en la zona denominada "punto neutro", “en la cual se esperan lluvias fuertes en las tardes, luego de mañanas soleadas”.
Tras el cierre del sexto ciclo de diálogos de paz y el último del año 2025, integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometieron a respetar la vida de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a no adelantar ningún tipo de proselitismo armado en los territorios en que tiene presencia, y mantendrá su neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales.Blu Radio logró establecer que la Coordinadora Ejército Bolivariano se comprometieron a entregar 5.5 toneladas más de material de guerra para su destrucción y aumentó a 200 los hombres que llegarán a las zonas de ubicación temporal, 100 en Nariño y otros cien en Putumayo.Las delegaciones, luego de escuchar las preocupaciones de varios candidatos a las curules de paz, suscribieron un acta que fue leída públicamente en un acto multitudinario a donde asistieron más de 5.000 personas que llegaron de los municipios de Roberto, Magüí Payán y Barbacoas en la subregión del Telembí.Los delegados de Gobierno y el grupo ilegal ratificaron que esta mesa de negociaciones no tiene ni puede tener fines partidistas ni electorales, ni respaldar una determinada candidatura en los próximos debates, pues la construcción de la paz es un derecho y un deber que nos compromete a todas y todos por igual.Walter Mendoza, jefe de la delegación de paz de ese grupo ilegal, manifestó a Blu Radio que respetarán la integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional, jurados de mesa, testigos electorales e integrantes de las comisiones escrutadoras.El documento dice, además, que ante los procesos electorales del 2026 para elegir Congreso y presidente de la República, y con el fin de contribuir al pluralismo y a la formación de la voluntad popular mediante el voto libre, hemos acordado las siguientes acciones:El grupo ilegal señaló también que no obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios en donde tenga influencia armada.Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, aseguró que se pudo constatar que muchos de los habitantes en las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional EB no tienen documento de identidad y que esa circunstancia impide acceder a los derechos de ciudadanía, no permite ejercer, si así lo desean, el derecho al voto, y limita el acceso a derechos de prestación, subsidios y auxilios de distinto tipo.Novoa, jefe negociador, insistió en que, dado que la transformación de los territorios y la superación de las economías ilícitas implica crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, la delegación del Gobierno nacional adelantará las gestiones necesarias ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que inicie una campaña de expedición de documentos de identidad y, en particular, de las cédulas de ciudadanía a los habitantes de: Tumaco - zona rural, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Chajal, Las Mercedes - Chimbuza, La Tola, Olaya Herrera, Magüí Payán y Barbacoas.En cuanto al departamento de Putumayo, esta campaña se adelantará en los municipios de Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Puerto Leguízamo.La Registraduría Nacional del Estado Civil informará a los habitantes de dichos municipios las fechas en que adelantará la actividad de cedulación. Esta acción tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 66 del Código Electoral.En todo caso, se tendrá presente la disponibilidad administrativa y presupuestal de la Registraduría para adelantar los procesos de cedulación mencionados.A través de la Consejería Comisionada de Paz, la delegación del Gobierno adelantará las gestiones que estén a su alcance para apoyar la actividad de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Una vez finalizada la campaña, la delegación del Gobierno, a través de la Consejería Comisionada de Paz, solicitará a la Registraduría Nacional del Estado Civil un reporte de los resultados de la campaña de cedulación e informará oportunamente al Consejo Nacional Electoral y a las comisiones de garantías electorales nacional y departamentales, a los órganos de control y a la Defensoría del Pueblo, el contenido del presente acuerdo para que, si lo consideran procedente, adopten las medidas necesarias para el seguimiento de lo aquí establecido.La delegación del Gobierno recomendará a las comisiones de seguimiento y garantías electorales que, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se deban trasladar mesas de votación, se deberán acreditar tales condiciones ante las propias mesas y el traslado se realizará al puesto de votación más cercano, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral.Asimismo, solicitará al Consejo Nacional Electoral que expida una resolución que reglamente el traslado de las mesas de votación cuando sea necesario.La delegación del Gobierno solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento necesario para asegurar el cumplimiento de las garantías electorales en los municipios antes mencionados, en los términos establecidos en la Constitución y las leyes.Igualmente, se informará sobre el contenido de este acuerdo a los representantes legales de los partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos inscritos para las circunscripciones transitorias especiales de paz con cobertura en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Los principales líderes del sector empresarial, entre ellos Jorge Enrique Bedoya (SAC), Bruce MacMaster (Andi), Jairo Pulecio (Acopi) y otros presidentes de gremios nacionales, enviaron una carta al Consejo Gremial Nacional solicitando definir la presidencia de la organización para 2026.En el documento, los firmantes advierten que el próximo año será decisivo para el país por la contienda presidencial y por el cierre del gobierno de Gustavo Petro, un contexto que, según dicen, demanda unidad y un liderazgo firme dentro del sector empresarial.Los gremios señalan que en los últimos años se han intensificado las tensiones con el Gobierno en temas estratégicos como gas, petróleo y minería, sumadas al deterioro de la seguridad y a episodios diplomáticos que han generado incertidumbre económica. Aun así, recalcan que el empresariado ha mantenido su compromiso con el país, defendiendo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y el papel del sector productivo.Frente a este panorama, los líderes proponen a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como candidata para asumir la presidencia del Consejo Gremial Nacional, y a Nicolás Pérez Marulanda, de Fedepalma, como vicepresidente para 2026.“Estamos convencidos de que su capacidad de liderazgo, su experiencia y su compromiso con la agenda gremial permitirán conducir al CGN con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país”, menciona en la carta.
El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, valoró que Colombia, uno de los rivales que le deparó el sorteo de este viernes del Mundial 2026, es un equipo con espíritu, competitivo y que se adapta a diferentes estilos."El espíritu que tiene esta selección (Colombia), que es competitiva, que puede adaptarse a diferentes estilos", dijo Martínez en una declaraciones a medios después del sorteo organizado por la FIFA, que tuvo lugar en Washington.Martínez también destacó que Colombia "tiene jugadores que están marcando papeles muy importantes en los vestuarios importantes de Europa", como Luis Díaz en el Bayern de Múnich."Uzbekistán es una selección que se conoce menos pero que tiene un trabajo fantástico de Fabio Cannavaro. Un grupo muy competitivo y con una selección de repesca, que son selecciones muy positivas, cargadas psicológicamente y que se creen invencibles", añadió.Portugal quedó encuadrada como cabeza de serie del Grupo K, con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.Martínez se mostró contento por enfrentar el primer partido el 17 de junio, cuando el balón hará casi una semana que rueda: "Estamos satisfechos con eso, porque hay jugadores con temporadas muy largas y hay que preparar".Además, dijo que Portugal enfrenta el Mundial de 2026 con "la ilusión de dar lo mejor", con el de 1966 como referencia, cuando el combinado de Las Quinas llegó a semifinales liderado por Eusébio.También habló de Cristiano Ronaldo, que jugará el mundial con 41 años: "Trabaja el día a día como si fuera el ultimo día de su carrera, lo que le permite disfrutar, es una referencia para los jóvenes y es un jugador que ganar no le quita el hambre".
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Las autoridades de Bucaramanga intensificaron los llamados a la prevención durante este fin de semana de velitas, con el fin de evitar personas quemadas con pólvora y emergencias relacionadas con fuego o instalaciones eléctricas. Aunque hasta el momento no se reportan casos de lesionados por pólvora, las entidades de atención mantienen un monitoreo permanente ante el incremento de riesgos propios de la temporada.Jorge Villareal, director de Bomberos de Bucaramanga, pidió a la ciudadanía extremar cuidados durante este domingo 7 de diciembre, día en el que miles de familias encenderán velas en sus hogares.“Estamos disponibles y atentos a cualquier emergencia, especialmente para el día de velitas, esperamos que la gente tenga mucho cuidado, se les pide el favor que no enciendan velas cerca de instalaciones de gas o cables eléctricos porque pueden generar incendios en las casas", señaló.Las autoridades de emergencia alertaron además sobre el aumento de incendios, quemaduras y cortocircuitos que suelen presentarse por descuidos en el manejo del fuego, sobrecarga de enchufes o manipulación de pólvora durante las celebraciones de fin de año.El director hizo un llamado a verificar los cables de las instalaciones navideñas, que no estén en mal estado ni cerca de fuentes de agua que puedan causar chispas e incendiosEl coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, recordó que aunque diciembre es una época de celebración, también trae consigo un incremento en los peligros relacionados con el uso irresponsable de la pólvora, y recordó que ante la situación todos los organismos de atención de emergencia están en alerta ante cualquier eventualidad.El capitán de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Peña, recordó que la línea oficial para reportar cualquier emergencia es el #119: “Es el teléfono que recibe las llamadas en la central de alarma y redistribuye a las estaciones. No importa el tipo de situación, desde que se afecte una vida, incluso mascotas, o estén comprometidos los bienes, estamos para servir a la comunidad”, expresó.
Avanza la investigación por la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout tras el consumo de unas frambuesas contaminadas con talio, las cuales llegaron a la vivienda como "un regalo", que, según la Fiscalía, nunca existió y llegó por medio de un mensajero, del cual se pudo conocer su versión de los hechos.La versión del domicilio que entregó frambuesas con talioFue el 3 de abril de 2025, cuando sobre las 6:30 de la noche llegó a la vivienda de la familia De Bedout un domicilio a quien se le pidió entregar un paquete como un regalo, que, según un informe revelado por Noticias Caracol, tuvo que ir dos veces a la casa hasta que finalmente se lo aceptaron.Fue gracias a videos de cámaras de seguridad que la Fiscalía pudo ubicar al repartidor. Según él, el paquete se lo entregó una amiga cercana de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el homicidio de estas dos adolescentes, de quien no reveló su nombre.Tras que aceptaran el paquete, días después fueron hospitalizadas las dos niñas que terminaron muriendo. Una de ellas aún se encuentra hospitalizada y luchando por su vida, mientras las otras dos fallecieron.Así habría planeado el crimen Zulma Guzmán CastroLa mujer era una amiga cercana de la familia desde hace 20 años, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, quien salió del país hacia Argentina el 12 de abril de 2025 y se ha movido en diferentes países para camuflar su ubicación actual, por ende, se puso una circula de Interpol para que las autoridades internacionales cooperen con su captura.La primera hipótesis sería un crimen por “venganza”. Atacó a las niñas porque tenía claridad de:Lugar de residencia de la familia.El gusto que tenían las niñas por las frambuesas con chocolate, que hacían imposible rechazarlas.Hora en que estaría la familia reunida.La indiscriminada agresión (sin importar quién resultara herido).
Antioquia se prepara para uno de los puentes más movidos del año: al menos siete municipios celebran sus fiestas tradicionales durante el fin de semana de velitas, una oportunidad para el turismo regional y para reencontrarse con la identidad cultural que caracteriza al departamento.En Carolina del Príncipe, el 35° Festival de los Balcones se toma las calles del 5 al 8 de diciembre con fachadas engalanadas, concursos de fotografía, carrera de rodillos y noches musicales con Los Cumbia Stars, Los Terrícolas y Argemiro Jaramillo. La alborada y el tradicional remate de sancochos completan la agenda.Belmira vive la 39.ª Fiesta de la Trucha, donde el río Chico y la quebradona de Labores son escenario del Campeonato Nacional de Pesca de Trucha Arco Iris. Gastronomía, música y naturaleza en formato familiar marcan esta celebración que atrae visitantes de todo el norte antioqueño.En Barbosa, la XXVII Fiesta de la Piña rinde homenaje a la fruta emblemática del municipio con eventos deportivos, muestras culturales, un festival gastronómico y conciertos al aire libre. La programación se extiende hasta el lunes 8 de diciembre."Tenemos grandes presentaciones artísticas, eventos culturales, gastronómicos, emprendimientos y una serie de presentaciones donde propios y extraños pueden disfrutar de ellos. Queremos que vengan y nos conozcan, que conozcan la joya del norte, que disfruten de nuestra gente y que disfruten las fiestas", señaló el alcalde de Barbosa, Juan David Rojas Agudelo.El Carmen de Viboral se llena de color con las Fiestas de la Loza 2025, que incluyen mercadillo cerámico, visitas a la Fábrica Viva, exposiciones, cabalgata, maratón de aeróbicos y el Festival Nacional de Trova. La música y el talento local se toman el parque principal.Rionegro celebra las 56° Fiestas de las Tradiciones Rionegreras, donde los protagonistas son las carreras de carretilleros, los torneos de tejo, los desfiles de mitos y leyendas y una cartelera artística que reúne trova, orquestas y agrupaciones sinfónicas.En San Vicente Ferrer, las 40° Fiestas de la Colina resaltan la esencia campesina con productos del campo, actividades familiares, gastronomía tradicional y presentaciones artísticas que exaltan el trabajo rural en el Oriente antioqueño.Finalmente, Uramita vive las Fiestas del Campesino 2025, tres días para honrar la vida rural con desfiles, juegos tradicionales, música y espacios de encuentro comunitario. Una celebración que reafirma el orgullo local y la identidad uramiteña.
En una operación conjunta realizada por tropas del Ejército y unidades de la Policía en zona rural de La Plata, Huila, las autoridades lograron el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas desde el pasado 17 de octubre. El operativo, desarrollado tras semanas de seguimiento, permitió ubicar el punto donde los retenidos estaban custodiados por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.Según fuentes oficiales, las víctimas fueron encontradas en condiciones de cautiverio extremo: permanecían amarradas con cadenas en el cuello y vigiladas permanentemente por hombres armados del grupo criminal. Los secuestradores exigían una suma de $5.000 millones por permitir su liberación. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, se trataba de un grupo de empresarios del departamento de Antioquia, por quienes incluso ya se había pagado parte de una millonaria exigencia.Durante el operativo fueron capturados dos miembros de las disidencias, uno de ellos señalado de participar en un atentado contra una estación de Policía en una zona cercana. Asimismo, fue recuperado un menor de edad que permanecía en manos del mismo grupo armado y que estaba siendo utilizado para labores de apoyo dentro del campamento.Las autoridades indicaron que la ubicación del sitio de cautiverio fue posible gracias a labores de inteligencia y al despliegue de unidades especializadas que lograron cerrar el cerco sobre los responsables. Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y acompañamiento psicológico.
El director de la Policía, general William Rincón, se pronunció en Noticias Caracol frente a los cuestionamientos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien lamentó que la Dijín no hubiera actuado con urgencia ni solicitado apoyo oportuno en la revisión de los elementos incautados a la caravana de camionetas en la que se movilizaba alias ‘Calarca’, jefe de las disidencias, junto a otros hombres armados y con dinero en efectivo, donde, además, se alojaba información que daría evidencia de una supuesta infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares.El general Rincón aseguró que, según la información que recibió, todos los equipos decomisados, computadores, celulares y memorias, fueron puestos en custodia siguiendo los protocolos establecidos.El general Rincón explicó que las evidencias estuvieron bajo reserva, con la trazabilidad correspondiente y el debido cuidado, como exigen los procedimientos internos. De acuerdo con lo que le informó la unidad investigativa, entre octubre de 2024 y junio de 2025 fueron entregados seis informes al despacho de la fiscal especializada que había emitido la orden de policía judicial. Cada uno de estos documentos, dijo, fue remitido de manera exclusiva a la funcionaria a cargo del caso.Le puede interesar: Detalles de suspensión de Procuraduría a Huertas y Mejía por escándalo de alias ‘Calarcá’Ante la pregunta sobre si la responsabilidad señalada por la Fiscalía hacia la Dijín era injusta, el director de la Policía evitó confrontaciones directas y sostuvo que no atribuía culpas a ninguna de las dos instituciones. “No se puede culpar hasta no tener certeza”, afirmó, insistiendo en que lo fundamental es revisar con detalle las pruebas y establecer qué ocurrió con la información después de su entrega al ente investigador.El general Rincón también respondió a la inquietud sobre la aparente contradicción entre lo dicho por la Fiscalía y la existencia de seis informes técnicos entregados meses atrás. Sin referirse de manera directa a la jefa del ente acusador, reiteró que no entrará “jamás en controversia” con la institución, a la que calificó como “el mejor aliado” de la Policía. Subrayó que los uniformados son auxiliares de las investigaciones y que mantener una relación articulada con la Fiscalía es esencial tanto para el funcionamiento institucional como para el país.“Hay unos informes, esos informes se entregaron en forma exclusiva y están en manos de una fiscal; queremos observar qué pasó después de eso”, concluyó. Mientras avanza la revisión detallada de los documentos y la actuación de cada entidad, el caso sigue generando tensiones institucionales alrededor de la información hallada en los dispositivos que acompañaban al jefe disidente en la carretera de Antioquia.
La revista británica The Economist publicó un análisis detallado sobre la rápida expansión del uso de drones por parte de grupos armados en Colombia, en un fenómeno que describe como la más reciente transformación de la guerra criminal en América Latina. El medio señala que esta tecnología —hasta hace poco limitada a tareas de vigilancia o contrabando— ha entrado de lleno en la ofensiva armada y ha cambiado la manera en que las organizaciones ilegales ejercen presión territorial y militar.Según The Economist, la presencia de esta tecnología marca un punto de inflexión: “Drone warfare has come to Colombia”. El artículo explica que, en cuestión de meses, las fuerzas de seguridad han sido blanco de múltiples ataques con drones por parte de al menos media docena de bandas narcotraficantes y grupos insurgentes que continúan activos tras más de seis décadas de conflicto interno.Primera fase: contrabando y vigilanciaEl uso de drones no es completamente nuevo dentro del conflicto colombiano. Conforme al análisis del diario británico, "Las facciones armadas en Colombia llevan casi una década utilizando drones. El Clan del Golfo, por ejemplo, habría empezado a emplearlos para operaciones de contrabando en 2016. Dos años después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría adoptado estos equipos principalmente para vigilancia.No obstante, The Economist advierte que el punto de quiebre llegó en 2023, cuando las organizaciones criminales empezaron a utilizar drones con capacidad ofensiva. En ese año se registró la primera víctima mortal en Colombia causada por un artefacto explosivo lanzado desde un dron, un niño de diez años que se encontraba en un campo de fútbol.La expansión de los ataquesEl reporte del medio incluye cifras de ACLED, una organización internacional dedicada al análisis de conflictos. De acuerdo con esos datos, “Más de 80 ataques con drones en Colombia por parte de grupos no estatales” se han registrado solo en 2025, una cifra muy superior a los ataques documentados durante 2024. El crecimiento es tan acelerado que, según la publicación, los bombardeos tradicionales realizados por las fuerzas militares ahora son superados ampliamente por los ataques con drones perpetrados por bandas y milicias ilegales.Drones como herramienta ofensivaEntre los casos documentados por The Economist, se menciona un ataque ocurrido en julio, cuando una facción disidente de las FARC impactó un bote patrullero de la Armada con un dron FPV, un dispositivo manejado en primera persona que se dirige directamente contra el objetivo. Según la publicación, fue “one of the first uses of an FPV drone in Colombia”.El artículo también detalla ofensivas del ELN en regiones como Catatumbo y Cauca, donde se han registrado ataques con explosivos lanzados desde el aire. En uno de ellos, un video citado por el medio muestra a soldados dispersándose al detectar la caída de un proyectil.La influencia de la guerra en UcraniaUno de los elementos más relevantes destacados por The Economist es la relación entre este fenómeno y la guerra en Ucrania. El diario señala que “La aparición de videos de ese conflicto marcó un hito”, al mostrar a grupos latinoamericanos lo que podía lograrse con drones modificados.Además, el análisis indica que miles de combatientes colombianos se han desplazado a Ucrania como mercenarios, algunos de ellos integrándose a la legión extranjera para recibir entrenamiento especializado en manejo de drones. Según el medio, varios regresan al país con conocimientos avanzados que luego son aprovechados por organizaciones criminales.Respuesta del EstadoAnte este panorama, el Gobierno colombiano ha comenzado a implementar medidas para contrarrestar la amenaza. The Economist reporta que el país invirtió 25 millones de dólares en equipos inhibidores de señal y que una empresa estatal desarrolló el primer dron ofensivo de fabricación nacional, llamado Dragom. Asimismo, la Fuerza Aérea creó su propia unidad de drones.Sin embargo, el diario advierte que estas estrategias tienen limitaciones. En un territorio tan fragmentado como el colombiano, el uso de inhibidores podría afectar las comunicaciones de civiles, lo que dificulta una implementación amplia y efectiva.El riesgo regionalPor último, The Economist destaca que este fenómeno ya no es exclusivo de Colombia. El medio afirma que “Los drones armados se están extendiendo más allá de Colombia”, con incidentes recientes reportados en Ecuador y Brasil.
Un video que circula en redes sociales muestra los angustiosos segundos posteriores al ataque contra el teniente coronel Rafael Granados Rueda, oficial del Ejército Nacional asesinado este jueves en Popayán, Cauca. En las imágenes se observa el vehículo blanco en el que se movilizaba el oficial sobre un andén, mientras varios uniformados y ciudadanos lo extraen para llevarlo de urgencia a un centro asistencial.En los vidrios del carro se aprecian los impactos por donde habrían ingresado los disparos.Según informó el Ejército, el oficial, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico, se dirigía a su residencia cuando fue interceptado por sicarios que le dispararon “de manera indiscriminada”. Aunque recibió primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Popayán, murió debido a la gravedad de las heridas.El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como “un crimen de guerra” y aseguró que pidió un informe sobre las condiciones de seguridad del oficial en sus desplazamientos. Tras el ataque, tropas del Ejército y unidades de Policía activaron protocolos de reacción y reforzaron la seguridad en la zona.La institución señaló que este crimen “es una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad de la región”, e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar a los responsables.Ofrecen hasta $230 millones en recompensasTras un consejo de seguridad extraordinario, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar a los autores del crimen.“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.La Alcaldía de Popayán también se sumó a la búsqueda ofreciendo $30 millones adicionales, al rechazar el asesinato ocurrido cerca de las casas fiscales del sector La Toscana, zona residencial próxima a instalaciones militares.Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con el trabajo del oficial en la lucha contra el narcotráfico, en un departamento marcado por la fuerte presencia de disidencias de las FARC, células del ELN y organizaciones dedicadas al control de economías ilegales.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves la caída de ceniza en varias veredas del municipio de Puracé, en el Cauca, debido a emisiones del volcán Puracé, que continúa en estado de alerta Amarilla y presenta actividad sísmica superficial bajo su cráter.Según el reporte, durante este jueves 27 de noviembre se recibieron avisos de precipitación de ceniza en sectores como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío, así como en la cabecera municipal de Coconuco, ubicada al occidente del edificio volcánico. La dispersión del material ha estado influenciada por las condiciones del viento durante la jornada.El SGC explicó que el fenómeno está relacionado con emisiones persistentes de gases y ceniza, acompañadas de sismicidad asociada al movimiento de fluidos en zonas superficiales. La entidad recordó que, en alerta amarilla, es esperable la presencia de “incandescencias, pequeñas explosiones, anomalías térmicas, ruidos, olores a azufre, grietas y lahares menores, además de desgasificación en áreas distintas al cráter”.Aumento de actividad en días recientesEl 25 de noviembre, el SGC ya había advertido un incremento en los eventos sísmicos del Puracé, particularmente señales tipo Tremor y Largo Periodo registradas a menos de un kilómetro de profundidad. Ese día también se observaron columnas de gases que alcanzaron hasta 1,6 kilómetros de altura, con dispersión hacia el suroccidente, acompañadas de pequeñas emisiones de ceniza.El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y se ubica cerca de Popayán, capital del Cauca.Recomendaciones oficialesFrente a la actividad actual, el SGC recomendó no acercarse al edificio volcánico y mantenerse atento a los boletines extraordinarios emitidos por la entidad. También pidió seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Las autoridades reiteraron que, aunque la alerta amarilla no implica una erupción inminente, sí exige vigilancia permanente y cumplimiento de las medidas de prevención en las zonas cercanas.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.