El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
Enviaron a la cárcel a hombre señalado de imponer “manual de convivencia” del Clan del Golfo en municipios del Nordeste de Antioquia. El presunto cabecilla se encargaba de mediar, imponer multas y hasta desplazar por conflictos entre habitantes.Un juez de control de garantías ordenó medida privativa de la libertad contra Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado de liderar la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y de ejercer control ilegal sobre comunidades del Nordeste antioqueño.Según la investigación, Rivera Agudelo habría intimidado a la población civil de San Roque y Maceo para imponer directrices del grupo armado. Entre las conductas atribuidas figuran la intervención indebida en conflictos comunitarios, la imposición de restricciones y sanciones económicas, así como amenazas para obtener recursos a favor de la organización, así lo aseguró durante la audiencia la fiscal del caso."Atendía requerimientos de la comunidad para solucionar problemas como peleas, peleas domésticas o situaciones similares, imponiendo multas entonces a las personas que se encontraban en estos conflictos", indicó.Las autoridades también le atribuyen a Rivera Garcés la promoción de desplazamientos forzados y el auspicio de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y ciudadanos, a quienes presuntamente se les exigían pagos para permitir el desarrollo de sus actividades económicas en la región.La captura de este hombre se produjo en el corregimiento de San José del Nus, en un operativo conjunto con unidades del Gaula de la Policía Nacional y posteriormente se legalizó su imputación por el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que el procesado no aceptó.Mientras avanza el proceso judicial, Rivera Agudelo permanecerá recluido en un centro carcelario por disposición de la autoridad judicial.
La Registraduría respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de este año y defendió su autonomía. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que nadie le dirá a la entidad cómo organizar las elecciones y recalcó su carácter independiente.En medio de cuestionamientos del mandatario en la red social X sobre posibles riesgos de fraude, el registrador fue enfático: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”. La declaración se produjo tras varios mensajes del jefe de Estado en los que pidió ajustes en los formularios E14 y auditorías a los softwares de cómputo.Penagos subrayó que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional”, afirmó. Añadió que existen autoridades disciplinarias, fiscales y electorales, pero que no corresponde supeditarse a otros órganos.¿Qué dijo Petro sobre el posible fraude electoral?El presidente advirtió que dejar casillas en blanco en los formularios E14 “lleva al fraude electoral” y sostuvo que deben marcarse con una X para evitar que sean alteradas. También pidió que la auditoría no se limite al software nacional, sino que incluya el que computa y transmite datos desde mesas, municipios y departamentos.Petro cuestionó que el software de cómputo esté en manos de la empresa Thomas and Greg, a la que señaló de haber sido notificada como defectuosa. Además, afirmó que “la única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación”.Registraduría insiste en que garantiza elecciones íntegrasFrente a esos señalamientos, Penagos aseguró que la entidad está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones para garantizar la transparencia del proceso. “Estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”, indicó.El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente a la entidad y sostuvo que, además de la Constitución y la ley, se requiere “carácter” para ejercer la función pública. Reiteró que la Registraduría sabe cómo llevar a cabo los comicios “de la mejor manera”, en defensa de la institucionalidad electoral del país.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre las debilidades estructurales en la planeación, ejecución y control del Sistema General de Regalías (SGR), que siguen limitando su impacto en el desarrollo territorial del país, pese al volumen histórico de recursos invertidos en la última década.Durante el foro “La paradoja de las regalías”, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que, desde 2012, se han aprobado casi 11.000 proyectos financiados con más de 26,5 billones de pesos en varias regiones del país, pero los resultados sociales no reflejan la magnitud de la inversión."En lugar de financiar proyectos integrales que transformen la calidad educativa, como redes completas de colegios, formación docente, conectividad digital o sistemas de alimentación escolar, los recursos de regalías suelen dividirse en múltiples proyectos de bajo presupuesto y alcance limitado”, explicó Rodríguez.De acuerdo con la Contraloría, el 86 % de los proyectos financiados con regalías no supera los 5.000 millones de pesos, lo que en educación se traduce en intervenciones aisladas: construcción de aulas sueltas, pequeñas dotaciones, reparaciones parciales o programas piloto sin continuidad.El resultado, explicó Rodríguez, es que se invierten miles de millones sin lograr cambios estructurales en cobertura, calidad o permanencia escolar, especialmente en municipios de categorías 5 y 6, que concentran cerca del 90 % del país y tienen capacidades técnicas muy limitadas.Entre 2022 y 2025, la Contraloría auditó 1.804 proyectos por más de 34.5 billones de pesos, con hallazgos por deficiencias en planeación, retrasos y falta de articulación con los planes de desarrollo. Se identificaron más de 1.900 hallazgos administrativos, muchos con connotación fiscal, disciplinaria y penal.Como resultado de estas auditorías, se han recuperado más de 122.000 millones de pesos y se han rescatado 184 obras por un valor superior a 2.8 billones de pesos a través de la estrategia “Salvando Obras”.“Hablar del Sistema General de Regalías es hablar del desarrollo territorial del país, pero también reconocer que los resultados siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de las comunidades”, concluyó Rodríguez.El contralor insistió en que los recursos del subsuelo no pueden seguir diluyéndose en proyectos sin impacto y pidió cambios estructurales en la forma de planificar, ejecutar y controlar las regalías. Entre las recomendaciones se incluyen un presupuesto por programas, mayor priorización basada en evidencia de brechas sociales y fortalecimiento del seguimiento y evaluación de resultados.
El procurador Gregorio Eljach responsabilizó a varias entidades del Estado por la emergencia invernal en Córdoba, calificó de indignantes las condiciones de las comunidades afectadas y anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones contra los responsables, mientras pidió medidas urgentes en salud, reparación y garantías electorales.Desde Montería, el procurador aseguró que la emergencia por lluvias en el departamento es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado, por lo que anunció que en menos de un mes se conocerán las sanciones a las que serán expuestos los responsables de esta tragedia.Eljach señaló que es indignante ver que después de 15 días de la tragedia las comunidades siguen viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuestas y soluciones efectivas, estructurales y reales que les permita recuperarse y retornar a sus hogares.El procurador resaltó que es importante gestionar desde ya estrategias con el fin de mitigar los impactos en la salud que vendrán cuando se logre sacar toda el agua de los territorios, pues con ello vendrán acumulaciones de material orgánico y bacterias, por lo que insistió en la necesidad de medidas preventivas para evitar emergencias en salud pública.Este jueves 19 de febrero Eljach se trasladó a la región donde desde hace varios días funcionarios de las procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y para Asuntos Ambientales y Agrarios han estado solicitando información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. La visita del procurador tiene como objetivo evaluar las estrategias para garantizar la reparación de las víctimas y las elecciones del próximo 8 de marzo.
Desde las 7:30 de la noche, hora colombiana, el equipo deportivo de Blu Radio transmitirá el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores entre el Deportivo Táchira y el Deportivo Tolima. La transmisión se hará por el Canal de You Tube de Blu Radio. Primer paso del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026El compromiso se disputará en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en Venezuela. El conjunto pijao buscará avanzar en esta competencia continental y acercarse a la Fase III. Será, además, el regreso del Tolima a la Libertadores, torneo que no disputaba desde hace cuatro años.Tolima y Táchira son viejos conocidos en este certamen. Han jugado seis partidos entre sí, con balance favorable para el equipo colombiano: tres victorias, dos empates y una derrota. En fase clasificatoria solo se han enfrentado una vez y en ese cruce el Tolima logró la victoria.Si el equipo tolimense avanza a la siguiente fase, enfrentará al ganador de la llave entre Bahía de Brasil y O’Higgins de Chile. El partido de vuelta de esa serie se jugará el 25 de febrero en Brasil y, por ahora, el marcador parcial es 1-0 a favor de O’Higgins. Por su parte, el compromiso de vuelta entre Tolima y Táchira, donde el equipo pijao será local, se disputará el próximo jueves en Ibagué.La actividad arbitral estará a cargo del uruguayo Hernán Heras y en el VAR estará también el uruguayo Antonio García.El Tolima, dirigido por Lucas González, ha tenido un inicio de año positivo en la Liga BetPlay. Ha jugado siete partidos, con tres victorias, tres empates, una derrota y actualmente es tercero en la tabla de posiciones con 12 puntos.El Independiente Medellín también está en la Copa Libertadores: En paralelo, por esta misma fase 2, Juventud de Uruguay enfrentará a Guaraní de Paraguay. Por su parte, el Independiente Medellín ya disputó la ida ante Liverpool de Uruguay y ganó 2-1. La vuelta se jugará el martes 24 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.
En la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2026, que abarca el corregimiento de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, y zonas rurales de El Doncello, la Defensoría advirtió que la subestación policial está ubicada en una zona muy poblada, rodeada de viviendas y frente a la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, donde estudian 175 niñas, niños y adolescentes que quedarían expuestos ante nuevos ataque.El pasado 29 de enero, un hostigamiento contra esa estación dejó dos uniformados heridos y afectaciones en al menos 13 viviendas, lo que aumentó la preocupación por el impacto que una nueva acción armada podría tener sobre la población civil en esta zona del departamento.Según la Defensoría, el Frente Rodrigo Cadete, del Estado Mayor de Bloques y Frente, representa el principal factor de riesgo en la zona. Señalan que, aunque el grupo armado ilegal participa en diálogos con el Gobierno nacional, no tiene vigente un cese al fuego bilateral.El grupo, comandado por alias ‘Calarcá’, habría endurecido sus mecanismos de control territorial mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de comportamiento en zonas rurales.La entidad alertó sobre la posibilidad de nuevos hostigamientos con artefactos explosivos improvisados, “atucos e incluso drones cargados con explosivos. Además, existe información sobre la posible instalación de minas antipersonal en corredores rurales que conectan a Puerto Rico con El Doncello.El escenario ha generado desplazamientos forzados de familias que habitan cerca de la estación policial. A esto se suman amenazas contra personal de salud, a quienes se les ha advertido que no atiendan a miembros de la fuerza pública heridos, y presiones contra lideresas, líderes comunales y personas defensoras de derechos humanos, a quienes el grupo armado señala y exige que promuevan la salida de la Policía del centro poblado.La alerta también advierte un alto riesgo para estudiantes de las sedes Antonio José Sucre y El Rosario, así como para liderazgos sociales, campesinos y juveniles de veredas como Maracaibo I y II, Sevilla y Santa Isabel, en Puerto Rico, y Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, en El Doncello.Ante esta situación, la Defensoría formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado. Entre ellas, la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el refuerzo de medidas de protección a bienes civiles como escuelas y centros de salud, y acciones humanitarias para prevenir desplazamientos y atender a las víctimas.
El distrito de Medellín avanza en la ejecución de la Cárcel Metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal, un proyecto de infraestructura carcelaria que ya alcanza el 10% de avance. Con una inversión total de 675.000 millones de pesos, esta obra se consolida como el segundo proyecto más importante de la ciudad, después del Metro de la 80.La obra es liderada por la Agencia APP de Medellín bajo un esquema de alianza público-privada. La licitación, adjudicada en 2023, fue ganada por el concesionario Carmet Medellín SAS, cuyos socios mayoritarios son la empresa mexicana Prodemex, firma con amplia experiencia en la gestión de penales en México.Javier Rodas, subdirector Agencia APP, habló sobre la financiación de este proyecto entre otros detalles, cómo, por ejemplo, la operación de la cárcel."Lo que hace el concesionario en estos tres primeros años es la financiación y, posteriormente, cuando entra en operación, es ahí donde el distrito de Medellín empieza a hacer la retribución", indicó Rodas.A su vez, ratificó que la función del Estado no delegará."La función estatal no se va a delegar. La función estatal de seguridad, vigilancia y custodia continuará a través del Distrito de Medellín", afirmó Rodas en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. ¿Qué dicen desde el concesionario? Johnny Romero, gerente de Carmet Medellín, habló sobre los pornmenores de la construcción del centro carcelario y de su experiencia."Somos eficientes en los estudios y diseños, en la construcción y en la operación y mantenimiento. Tenemos la experiencia para hacer esas eficiencias y transmitirlas aquí", afirmó Romero. Sobre el control de tecnología, Romero dijo que habrá tecnología en cada uno de los edificios del centro carcelario."Donde van a estar concentrados las personas privadas de la libertad hay unos inhibidores de señal. Además, vamos a tener tecnología en cada uno de estos edificios, arcos de detección", explicó Romero. Sobre el impacto social y el objetivo de la obra Javier Rodas dijo que con esta nueva cárcel se estaría solucionando el asinamiento en estaciones de Policía."Se está solucionando el asinamiento que hay en este momento en las estaciones de policía de Medellín, en la estación Candelaria, por ejemplo, en la Sijin, en Laureles", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a través de su representante en Colombia, Paula Bernal, manifestó en Mañanas Blu, su profunda preocupación ante la intención de la Aeronáutica Civil de modificar los criterios de asignación de slots (turnos de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Bernal, el gobierno prepara una regulación que se apartaría de los estándares internacionales que rigen en más de 300 aeropuertos con altos niveles de congestión en el mundo.El peligro de abandonar los estándares internacionalesLos slots son herramientas de coordinación esenciales para aeropuertos de "Nivel 3", donde la infraestructura actual no es suficiente para satisfacer la demanda. Estos criterios no son impuestos unilateralmente por la IATA, sino que son fruto del consenso con la Asociación Internacional de Aeropuertos y la Asociación Internacional de Controladores Aéreos.Bernal advierte que modificar estas reglas de juego de manera local podría entorpecer la operación, generando un perjuicio directo a los usuarios en forma de congestión, demoras, retrasos y cambios inesperados en las rutas. Además, El Dorado perdería competitividad, pues las aerolíneas internacionales prefieren operar en terminales que sigan el lenguaje común del sector.Amenaza a la seguridad jurídica y tratados bilateralesUno de los puntos más críticos señalados por la directora de la IATA es el impacto en la seguridad jurídica. Colombia cuenta con más de 77 tratados bilaterales de aviación firmados con diversos países, los cuales suelen fundamentarse en el cumplimiento de estos estándares internacionales. Un cambio unilateral en la normativa de slots podría poner en entredicho el cumplimiento de estos compromisos internacionales y afectar las relaciones aéreas del país.Falta de monitoreo y necesidad de expansiónDesde la IATA se enfatiza que el problema en El Dorado no radica en los criterios actuales, sino en la falta de gestión de la autoridad aeronáutica. Bernal reveló que en Colombia no se ha aplicado el monitoreo de los slots en más de 10 años, lo cual impide retirar los turnos mal utilizados por las aerolíneas para entregarlos a otros operadores.La asociación propone que, en lugar de cambiar la norma, se aplique el monitoreo estricto y se trabaje en la ampliación de la capacidad del aeropuerto, siguiendo estudios técnicos que ya han sido entregados al gobierno. Según Bernal, el estándar internacional ya contempla mecanismos para favorecer la aviación regional y a nuevos competidores sin necesidad de romper las reglas globales.Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades identificaron a la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc como la responsable del ataque armado en el que fueron asesinados dos policías en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. De acuerdo con información de inteligencia, esta organización criminal delinque en la región bajo el mando de Juan Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Cotiz’ o ‘Urías’, señalado como uno de los cabecillas más peligrosos y con mayor capacidad de fuego en la zona.Según las investigaciones, alias ‘Cotiz’ o ‘Urías’ tendría bajo su control directo a dos comisiones armadas que suman más de 60 hombres fuertemente armados. Estas estructuras están lideradas por Wilber Lugo, alias ‘Darwin Núñez’, quien dirige la comisión Miller Perdomo, y por Dairo Parra, alias ‘Sebastián’, responsable de la comisión Diomedes Galvis. Ambas comisiones serían las encargadas de ejecutar acciones armadas, control territorial y ataques contra la fuerza pública en diferentes sectores del Caquetá.La estructura Rodrigo Cadete es considerada por las autoridades como una de las más violentas que delinquen actualmente en el departamento. A este grupo se le atribuye el asesinato del subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y del patrullero Rusbel Lesmes Moreno, quienes perdieron la vida durante el ataque armado. En los mismos hechos resultaron heridos el intendente Jhorjan Márquez Souza y el subintendente Jhon Ferney Suárez Taborda, quienes recibieron atención médica tras el atentado.De acuerdo con la primera versión oficial, la comunidad había solicitado la presencia policial en un reconocido establecimiento comercial del municipio. Los uniformados acudieron al llamado y, mientras se encontraban sentados en una mesa compartiendo con otras personas, fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el lugar y abrieron fuego con ráfagas de fusil.El violento ataque dejó como saldo dos policías muertos y tres personas heridas, entre ellas dos uniformados y un civil. Testimonios recopilados por las autoridades indican que los atacantes actuaron de manera coordinada y huyeron del lugar tras ejecutar la emboscada, lo que refuerza la hipótesis de una acción previamente planeada por la estructura criminal.Como parte de las acciones para dar con los responsables, se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita la ubicación y captura de los implicados en este ataque que enluta al departamento del Caquetá.Este cabecilla fue capturado junto a alias ‘Calarcá’, líder del frente 36 de las disidencias de las Farc, durante un retén realizado en Antioquia en julio de 2024; sin embargo, posteriormente fue dejado en libertad.
Un grave caso de seguridad quedó al descubierto en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate, ubicado en Barranquilla, tras confirmarse la desaparición de 46 armas de fuego que se encontraban bajo custodia oficial. El material bélico hacía parte de un depósito de armamento decomisado, lo que ha encendido las alertas al interior del Ejército.La ausencia del armamento fue detectada durante verificaciones internas, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad y a la apertura inmediata de investigaciones para establecer cómo y en qué circunstancias se produjo la pérdida. El caso tomó mayor gravedad al confirmarse que ya existen procesos penales y disciplinarios en curso contra varios integrantes del Ejército, entre ellos un teniente que estaría siendo investigado por su presunta responsabilidad.El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar y de la Fiscalía General de la Nación, mientras que, en el ámbito interno, se activaron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar responsabilidades individuales y posibles fallas en los controles de custodia del armamento.La Inspección General del Ejército adelanta procedimientos de verificación y control, entre ellos pruebas de poligrafía a personal vinculado con el manejo y resguardo del depósito de armas. El objetivo es esclarecer si se trató de una sustracción sistemática, negligencia en la custodia o una posible red interna que facilitó la desaparición del material.Según la información oficial, las armas desaparecidas corresponden a material incautado previamente a grupos armados al margen de la ley, así como a armamento que había sido puesto a disposición por unidades del propio Ejército.
A través de cuatro contratos con la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., el Ministerio de la Igualdad gastó 70.582 millones de pesos para vincular a más de 3.304 personas desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, denunció la senadora Paloma Valencia, quien alertó que esto se realiza justo en época electoral. Define el mecanismo como “fondo paralelo” que contrata a dedo por derecho privado.En detalladas gráficas, con sustento en las cifras oficiales, se explica que a través de este fondo tercerizaron dos contratos de operadores logísticos (realización de eventos) por $68.949 millones. A noviembre del año 2025, el referido ministerio tenía 191 contratistas y 541 funcionarios, ninguno de carrera, todos nombrados por libre nombramiento o provisionalidad.“Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato”, reclama la candidata presidencial del Centro Democrático.En la denuncia se explica que “de manera paralela, el Fondo de MinIgualdad de 2024 a 2025 había vinculado a 308 contratistas para cumplir las mismas funciones que debe hacer el Ministerio”.Sumado a toda esa lista que implicaría una duplicidad de funciones, el Fondo firmó cuatro contratos con Laborando S.A.S. para que le suministrara 3.146 trabajadores temporales para el programa de Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencia Basada en Género y un número indeterminado para la gestión operativa del Fondo y el programa Agua es Vida.De acuerdo a Paloma Valencia, estos contratos le costarán al Fondo 70.582 millones de pesos y se ejecutarán entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. En contraste, MinIgualdad ejecutó $56.195 millones entre enero-noviembre 2025, para cubrir toda la nómina de la entidad.Explica que en seis meses el Fondo gastó en estos cuatro contratos de burocracia 125 % más de lo que MinIgualdad hizo en 10 meses. “La nómina real del Fondo, incluyendo contratistas y temporales, será 493 % más grande que la del Ministerio”, afirma la senadora, al cuestionar que “el derroche de burocracia será descarado de cara a las elecciones de 2026”, cuestiona Valencia.La cifra inicial de 3.304 trabajadores temporales será mucho más alta. “Como si fuera raro, en el Secop no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos. A duras penas publicaron los contratos en diciembre después de que advertí en el Congreso que el Fondo no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando”, denunció la candidata.Pero hay más, de acuerdo a la información recibida por Valencia, y es que así como tercerizaron la nómina a través del fondo, hicieron lo mismo con dos contratos de operadores logísticos para realizar eventos.“Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo, a pesar de que los eventos son propios del Ministerio. Es decir, no los debió contratar el Fondo, sino el Ministerio. Una jugada que les permitió gastar $68.949 millones por derecho privado, sin licitación. En ambos contratos pactaron anticipos del 20 % y 30 %. Es decir, $11.000 millones y $4.184 millones respectivamente”, explicó.Paloma Valencia resalta que el único requisito para desembolsar los anticipos era presentar los cronogramas de actividades, algo que debía estar detallado en la propuesta del contratista, mucho antes de firmar el contrato.“El Fondo contrató a ciegas, sin saber cuántos eventos realizarían los contratistas ni cuál sería el costo de cada actividad. Así derrochan la plata de los colombianos. Y, por supuesto, en el Secop no hay publicada una sola factura, así como tampoco los informes de supervisión de los contratos y mucho menos las propuestas que presentaron los contratistas. Todo es un misterio, todo lo quieren ocultar”, dice la denuncia.A todos los detalles de la denuncia agrega que “el programa de Jóvenes en Paz se convirtió en la excusa perfecta para contratar a diestra y siniestra en el Fondo” y se justificó el uso de 53.695 millones de pesos en 3.146 trabajadores temporales y un número indeterminado de eventos.“Usaron a los jóvenes durante elecciones, pero los verdaderos beneficiarios son los contratistas y políticos cercanos al Gobierno. Lo que está pasando con MinIgualdad y el Fondo paralelo es una vergüenza.La falta de ejecución en inversión social contrasta con el derroche en burocracia y contratos exorbitantes. No hay derecho a que esto ocurra con el dinero de los colombianos”, aseveró la senadora uribista.Pero no sólo se quedó en exponer la situación, además de las cifras y alertas, exigió a la Contraloría y Procuraduría hacer el seguimiento urgente al presunto manejo irregular del citado fondo.
Un nuevo episodio de violencia estremeció este martes 6 de enero al departamento de Norte de Santander. Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el sector de La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en pleno Catatumbo, mientras se movilizaban en un bus de transporte público. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la principal hipótesis apunta a estructuras del ELN como responsables del hecho.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los uniformados se encontraban de permiso y viajaban de civil cuando fueron interceptados. El funcionario calificó el secuestro como un acto “inhumano” y reiteró que este tipo de acciones reflejan el accionar criminal del ELN, al que señaló de sostenerse en actividades como el narcotráfico, el secuestro y el reclutamiento de menores.“El país debe repudiar este hecho. Estos policías son colombianos que decidieron servir y proteger a la población. No están solos y van a regresar”, afirmó Sánchez en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga. El ministro descartó que se trate de una “pesca milagrosa” en los términos conocidos durante el conflicto con las antiguas Farc, aunque reconoció que la modalidad guarda similitudes, al tratarse de una interceptación ilegal en una vía. También precisó que, con este caso, ya serían 14 los miembros de la fuerza pública que permanecen secuestrados, incluidos policías y funcionarios del CTI, algunos de ellos en poder del ELN.Sánchez explicó que, aunque existen controles militares y policiales en corredores estratégicos del Catatumbo, es imposible cubrir cada tramo del territorio, especialmente ante tácticas de grupos armados que se camuflan entre la población civil. No obstante, indicó que la Defensoría del Pueblo ya se desplazó a la zona y que se mantienen operativos de control en puntos críticos.Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la movilización de los policías en transporte público. El ministro reconoció que se violaron protocolos de seguridad en una zona de alto riesgo y confirmó que el director de la Policía ordenó una investigación interna. Añadió que se habían dispuesto medios aéreos para el traslado de uniformados en permiso y que esta situación ya fue informada al presidente de la República.En cuanto al contexto regional, el titular de Defensa recordó que el Catatumbo sigue siendo escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las Farc —especialmente el frente 33— y otras estructuras criminales, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Señaló que en esta zona se han destinado más de 11.000 hombres, con apoyo de drones, inteligencia tecnológica y movilidad blindada, para recuperar el control territorial y desmantelar economías ilícitas.Finalmente, Sánchez aseguró que las autoridades trabajan con todas las capacidades de inteligencia para lograr el regreso seguro de los policías secuestrados y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información. “La vida es lo que más nos importa. Este secuestro no puede ser tolerado por ningún colombiano”, concluyó.
A través del pago de indemnizaciones, cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, y procesos de reparación a comunidades que han sufrido violencia de forma colectiva, el Gobierno actual ha sido el que más víctimas del conflicto armado ha reparado desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Superando a los tres gobiernos anteriores con 2,4, 2,5 y 3,5 billones de pesos en indemnizaciones, respectivamente.En cumplimiento de la función misional asignada por la Ley 975 de 2005, frente al pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en las sentencias de Justicia y Paz, se han ordenado 41.653 pagos de indemnización judicial a 20.298 víctimas, superando los $787 mil millones de pesos, los cuales han sido destinados principalmente a víctimas del Magdalena, Santander, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico. Respecto al Gobierno anterior, en el cual se realizaron 16.858 pagos a 14.282 víctimas, por un valor de $357 mil millones de pesos, nuevamente se posiciona la actual administración como la que más indemnizaciones por sentencias de Justicia y Paz ha realizado.Otros dos logros significativos tienen que ver con la reparación a víctimas con pertenencia étnica y víctimas de delitos de violencia sexual. Para el primer caso, se han entregado 316.076 indemnizaciones, lo que representa el 64% del total histórico. Mientras que para las víctimas de violencia sexual, se han entregado 11.124 indemnizaciones, representando el 52% del total de víctimas que han sido indemnizadas por este delito. En este sentido, este ha sido el gobierno que más ha reparado a estas víctimas del conflicto de manera histórica.Estos avances se suman también a la jornada que benefició a víctimas provenientes de Aguachica, Agustín Codazzi, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Tamalameque y Valledupar, en el departamento del Cesar; así como de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, en el mes de febrero. Consolidando así, el compromiso del actual Gobierno con el bienestar de las poblaciones que más han sufrido las consecuencias del conflicto en el país.
La Universidad de La Sabana adquirió un predio que estaba en poder de la SAE y que perteneció al extiendo Cartel de Bogotá liderado por Luis Reinaldo Murcia Sierra, conocido con el alias de ‘Doctor Martelo’, y el ex capo Justo Pastor Perafán. La subasta se cerró en 20.000 millones de pesos y es un predio que queda al lado de las intalaciones del INALDE Business School. Según lo confirma Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos Unisabana, este predio sería utilizado para la ampliación del campus deportivo, contrucción de residencias universitarias o la ampliación de la Clínica Universidad de La Sabana antes llamada Clínica Teletón.“Se firmó la escritura que da por temrinada la negociación con la SAE de la compra vía subasta de este lote que estaba en manos del gobierno hace muchos años. Tenemos varios proyectos como la contrucción de residencias universitarias. Este lote tiene algo muy interesante es que queda unido a otras cinco hectareas que tiene la universidad”.El lote tiene un area total de 30.000 metros cuadrado de las cuales casi 1.400 corresponden a area construida. Cabe recordad que este predio entró en proceso de exctinción de dominió en el 2011 junto con más predios relacionados con las sociedades vinculadas a Mauricio Sierra, predios como locales comerciales, inmuebles y joyas."En la notaria segunda de Chía se suscribió la correspondiente escritura. Este predio fue recuperado en el 2004 cuando fue incautado y en el 2011 salió la sentencia en primera instancia de exticnión de dominio”, conlcuyó Amelia Pérez, directora de la SAE.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, encendió las alertas frente a lo que calificó como una “narrativa” que podría poner en entredicho la legitimidad de los resultados electorales en Colombia. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la vocera del organismo independiente aseguró que, a dos semanas de los comicios, no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos, aunque sí persisten amenazas tradicionales como la compra de votos y dificultades logísticas derivadas de emergencias climáticas.La preocupación surge tras los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido públicamente sobre posibles vulnerabilidades en el software de transmisión de resultados y ha insistido en que no deben quedar espacios en blanco en los formularios E14.No hay riesgo de fraude en la transmisión de datosBarrios fue enfática al descartar un fraude estructural en el proceso electoral. “No,ese riesgo de fraude no existe. Pueden haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, afirmó.La directora explicó que la Registraduría Nacional ha venido realizando simulacros técnicos y reuniones preparatorias que ofrecen “muchísima tranquilidad” sobre la entrega de resultados. En ese sentido, subrayó que la Presidencia de la República no tiene injerencia en la organización electoral.“La Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”, puntualizó. Las palabras clave —fraude electoral, resultados electorales, Registraduría, MOE y elecciones en Colombia— han cobrado relevancia en el debate público, especialmente tras los mensajes difundidos en redes sociales por distintos sectores políticos.El antecedente de 2022 y los formularios E14Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al diligenciamiento de los formularios E14, donde los jurados consignan los votos obtenidos por cada candidato. Petro ha sugerido que no deben dejarse espacios en blanco, una postura que, según la MOE, podría generar más problemas que soluciones.Barrios recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando en redes sociales circuló la idea de marcar con rayas, asteriscos o tachones los espacios sin votación, bajo la premisa de evitar manipulaciones posteriores.“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió. La razón es técnica. Los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos. La presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó. Según Barrios, la llamada “creatividad” promovida en redes sociales provocó retrasos en los escrutinios y complicó la verificación que realizan tanto partidos políticos como la propia MOE.Garantías del sistema electoral colombianoLa directora insistió en que el sistema tiene mecanismos de control cruzado. Si en el E14 aparecen más votos de los que físicamente hay en la urna, se activa un reconteo. Además, los partidos toman fotografías de las actas y la MOE realiza comparaciones estadísticas con base en muestras representativas.“Aquí no hay una confianza ciega hacia nadie. Debe haber confianza en las garantías de cada punto del proceso”, sostuvo. Barrios también señaló que la narrativa de fraude, que hace cuatro años provenía de distintos sectores políticos, hoy adquiere una dimensión distinta al ser planteada desde la Presidencia.“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó. En Colombia, históricamente las alertas electorales han estado relacionadas con compra de votos, financiación irregular de campañas o corrupción regional, pero no con fallas estructurales en la transmisión de resultados.Pruebas técnicas y combate a la desinformaciónLa MOE acompañará nuevas pruebas técnicas, incluso de los lapiceros que se usarán en las mesas de votación, como respuesta a cadenas virales que sugieren la posibilidad de borrar marcas en los tarjetones.“Nos vamos a ir con un secador, con un encendedor y con algodón mojado para hacer pruebas. Ese tipo de narrativas hay que enfrentarlas desde la evidencia”, explicó. La organización busca así desmontar versiones que circulan por WhatsApp y redes sociales, las cuales —según Barrios— pueden generar desconfianza injustificada en el proceso.El llamado a la responsabilidad institucionalDe cara a las elecciones legislativas y presidenciales, la MOE reiteró la importancia de que los jurados de votación asistan a las capacitaciones y sigan estrictamente las instrucciones oficiales.“El papel de los jurados es absolutamente clave. La garantía para un trabajo limpio, seguro y transparente es seguir estrictamente las instrucciones de la Registraduría”, enfatizó.Finalmente, Barrios expresó su expectativa de que, mediante pedagogía y claridad institucional, se preserve la legitimidad democrática.
El presidente Gustavo Petro trasladó su pulso político a la organización de las elecciones, al convertir el sistema electoral y los formularios E-14 en el eje de una nueva confrontación pública con la Registraduría Nacional, a menos de dos semanas de los comicios del 8 de marzo.El jefe de Estado llegó a esta nueva disputa después de una jornada de manifestaciones que no logró la masividad esperada por el Gobierno en varias ciudades del país y que, en el caso de Bogotá, dejó una Plaza de Bolívar lejos del “llenazo” que el oficialismo había proyectado. Ese aumento, del 23,7%, dejó fijado el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, según el decreto ya expedido por el Gobierno, lo que restó tensión a la protesta, pues la principal reivindicación –mantener el ajuste– ya estaba asegurada para los trabajadores que dependen de esa remuneración y para los sectores atentos al impacto en bienes y servicios. En esa tribuna, el presidente aprovechó para cambiar el eje del discurso: del salario mínimo pasó a una diatriba contra el resultado de las elecciones, la organización electoral y lo que describió como riesgo de fraude, abriendo un nuevo frente de choque institucional con el registrador nacional, Hernán Penagos.Desde la Plaza de Bolívar y luego en una intensa cadena de mensajes en la red X, con cerca de 30 publicaciones tras bajarse de la tarima, Petro empezó a “permear la idea de un presunto fraude” en las elecciones del 8 de marzo, apuntando sus críticas a la forma de diligenciar los formularios E-14, al software de preconteo y escrutinio y a las empresas privadas contratadas para esos procesos. “No deben dejarse casilleros en blanco en los formularios, el software de Thomas Gregg debe ser auditado por expertos a profundidad, el software de Indra ya es un resumen”, escribió el mandatario, al insistir en que la combinación entre el manejo de bases de datos de colombianos y el cómputo electoral configura, en sus palabras, un “100% de riesgo de fraude”.En su discurso en la plaza, el presidente aseguró ante los asistentes: “Si al mismo tiempo a esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. Y yo tengo que denunciárselo a ustedes de frente”. Petro recordó además el caso del movimiento Mira, al afirmar que “ya la firma Thomas Gregg hizo un fraude contra un movimiento político que se llama Mira, y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre hacen fraude”, y sostuvo que en las pasadas elecciones legislativas su sector perdió 700.000 votos que solo se habrían salvado por la presencia de testigos electorales.Los cuestionamientos del mandatario se concentraron en el diligenciamiento del formulario E-14, el acta general de escrutinio que tiene tres copias: una para los claveros, otra para los delegados de la Registraduría que la publican en la página web y una tercera para el área de transmisión que alimenta el preconteo. Petro rechazó la instrucción del registrador, que pidió a los jurados dejar en blanco las casillas donde no se registren votos, y defendió que esos espacios se marquen para, según él, cerrar la puerta a manipulaciones posteriores. “Ya vivimos fraude poniendo formularios con guion, ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude sino de desestimularlo”, afirmó el presidente, quien pidió convocar la Comisión de Garantías y llamó a los partidos a formar al menos 123.000 testigos “bien preparados” para impugnar en mesa y fotografiar los formularios.La respuesta institucional llegó desde la cumbre de gobernadores, donde Hernán Penagos defendió la autonomía de la Registraduría frente a las presiones del Ejecutivo. “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, dijo el registrador, quien advirtió sobre “actitudes de asedio” y subrayó que “nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.Penagos explicó, además, que la instrucción de no llenar con equis o tachones las casillas sin votos obedece a dificultades técnicas detectadas en procesos anteriores, cuando la sobrecarga de marcas en los E-14 generó problemas de digitalización, transmisión y escrutinio. El funcionario recordó la presencia de misiones de observación internacional, en particular de la Unión Europea, y reiteró que el órgano electoral está implementando el calendario, definiendo instrucciones y adelantando simulacros para garantizar la integridad del proceso.Mientras tanto, Petro insistió en que “la Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, al tiempo que mantuvo sus críticas al uso de software privado en el cómputo de votos y al papel de compañías como Thomas Greg & Sons en el manejo de datos sensibles y procesos electorales. Con el salario mínimo ya definido en decreto y una movilización menos multitudinaria de lo esperado, el centro de la confrontación política del Gobierno se desplazó así al corazón del sistema electoral, que ahora se configura como su nuevo frente de batalla.
Juan David Pérez, reconocido deportista colombiano que hace parte de la selección nacional de fútbol 5 para ciegos, publicó un video en sus redes sociales contando, con sorpresa, que él y varios amigos con discapacidad visual fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.Pérez señaló que la citación les llegó sin ningún filtro que considerara sus condiciones, pese a los problemas que representaría para las funciones técnicas y de vigilancia que implica la tarea.“¿Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos?”, dijo en un video en su cuenta de Instagram ante la imposibilidad de desempeñar esas labores sin visión.El deportista acudió a la Registraduría para tramitar su exoneración, presentando los documentos requeridos y el certificado que acredita su condición de discapacidad visual total, pero la la respuesta de la entidad fue que debían presentar un documento “más actualizado”, aunque se trata de una condición médica que no cambia y, por ende, los respaldos no requieren renovación.Ante esto, la Registraduría emitió un pronunciamiento público tras la difusión del video y aclaró que, aunque inicialmente el sorteo los incluyó debido a la falta de información sobre su discapacidad, una vez conocida su condición, Pérez y quienes estaban en la misma situación fueron exonerados de forma inmediata de la responsabilidad como jurados de votación.“Desde la Delegación Departamental de Santander de la Registraduría señalamos que, para el momento en que se realizó el sorteo y designación de jurados de votación en la Registraduría Municipal de Piedecuesta, no se tenía conocimiento de la situación del ciudadano Juan David Pérez Quintero, quien fue postulado por la Alcaldía Municipal como apto para ser nombrado jurado de votación”, aseveró la entidad.Finalmente, la Registraduría ofreció disculpas por el inconveniente y reiteró que aquellos ciudadanos con discapacidades permanentes deben informar formalmente a los empleadores o a quienes generan los listados para evitar su inclusión en el proceso automatizado de selección.
El encuentro se realizó en Bogotá en un espacio de diálogo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que reunió a jóvenes entre los 18 y 26 años para reflexionar sobre cómo se informan, cómo participan políticamente y cómo enfrentan los riesgos de la era digital.La conclusión fue clara y repetida: la desinformación puede influir directamente en el comportamiento electoral. En un contexto donde las redes sociales amplifican mensajes, los jóvenes reconocen que el riesgo es mayor porque son, al mismo tiempo, consumidores y multiplicadores de contenido.Preocupaciones: polarización y crisis de confianzaEna Barahona, hondureña de 28 años, gerente de una cooperativa y con maestría en economía aplicada, explicó que muchas de las propuestas surgieron de una realidad evidente en redes sociales: la sobreinformación.“Surge de la desinformación que hay actualmente, o de tanta información que existe que a veces nadie sabe cuál es la correcta, cuál no es la correcta. Entonces se crea tanta desinformación que hace que los jóvenes pues a veces repliquen información falsa. Cuando se replica esta información falsa, pues se va creando y creando y la gente pues toda está desinformada”, afirmó.Para Sofía López, de 23 años, funcionaria del Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Uruguay, el problema no es solo la cantidad de información sino el entorno político en el que circula.“Vemos bastante polarización, vemos al mismo tiempo bastante hegemonía, entonces hay ahí como una contracara donde hay dos polos, pero al mismo tiempo muchas veces hay uno que sobrepasa. Al mismo tiempo hay bastante desinformación, donde la gente no sabe dónde obtener información, donde la gente no sabe en qué confiar, en qué no, qué link abrir, cuál no”, señaló. A su juicio, esta combinación está generando un “declive democrático”.Marcos Zúñiga, asesor legislativo de 26 años de Costa Rica, coincidió en que la región atraviesa un momento complejo. “Vivimos en sociedades que además están llenas de polarización, están llenas de odio, de discursos que debilitan también la institucionalidad, que debilitan el sentido mismo de la democracia y que a partir de ahí hay un desafío enorme en la capacidad que tenemos de organizarnos como personas jóvenes en los diferentes espacios de acción en los que nos desenvolvemos”, sostuvo. Además, advirtió que muchas veces las agendas juveniles se usan “casi como accesorios” en campañas políticas, sin traducirse en acciones concretas.Riesgos en Colombia: fake news y campañas suciasEn Colombia, donde el calendario electoral ya avanza, la preocupación es aún más puntual.Sebastián Blanco, politólogo de 23 años, oriundo de Cartagena, fue enfático al señalar que “uno de los principales riesgos, sobre todo en materia de información digital, vendría siendo la fake news y la desinformación que se está creando por parte de bodegas de todos los partidos y de todas las ideologías políticas para difamar candidatos”.Según explicó, estas prácticas no solo ensucian la campaña, sino que pueden “influir de manera negativa en la percepción de las personas” y afectar el comportamiento electoral.Además, hizo un llamado a todos los sectores politicos. “Que realmente empecemos a tener un debate político que gire en torno a las ideas y a las propuestas de país”. Y agregó que se deben priorizar “las ideas y las propuestas por encima de la difamación, el odio y los mensajes que puedan generar sentimientos negativos en la población”.Sin embargo, Sofía López insistió en que el riesgo no es exclusivo de los partidos. También está en los ciudadanos. “Lo que más me preocupa a mí, en lo personal, es la desinformación. Me preocupa que no corroboremos la información, me preocupa que no verifiquemos antes de compartir”, afirmó.Propuestas: reconstruir comunidad y fortalecer el criterioFrente a este panorama, las soluciones planteadas apuntan más allá de las redes sociales.“Antes de llegar a la parte digital tenemos que tener la capacidad de construir en los territorios”, explicó Zúñiga, al referirse a la necesidad de generar espacios en centros educativos donde la democracia se entienda como participación activa, diálogo y construcción de comunidad.Entre las ideas surgieron mesas juveniles de formación y verificación que puedan replicar información responsable en colegios y universidades, así como programas que fortalezcan valores democráticos desde edades tempranas.Barahona insistió en que el papel de los jóvenes es determinante: “El papel que hay que jugar como joven es informarse bien”, buscar fuentes confiables y mantenerse actualizado con criterio, especialmente en épocas electorales.El llamado: discernir y dialogar fuera de las redesLa directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, destacó la pluralidad ideológica del grupo y la importancia del momento que vive el país. “Estamos en un momento de máxima polarización, en momentos donde los espacios democráticos cada vez se hacen más estrechos”, afirmó.Sin embargo, aseguró que ver jóvenes dialogando y buscando puntos de encuentro “da mucha esperanza”.Su llamado final para los jóvenes es “que sean capaces de ver lo que en algunas formas es una manipulación, muchos bulos, que doble chequeen esas informaciones que muchas veces pasan desapercibidas y las creen como válidas. Hablar también con sus compañeros, compañeras, fuera de las redes”.