En seis semanas y media, Álvaro Uribe se convertirá en el primer expresidente de Colombia en rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por una presunta manipulación de testigos que lo han señalado como supuesto cómplice de grupos paramilitares.
Uribe es investigado por la Corte Suprema porque decidió regresar a la “arena” política en 2014 como senador, renunciando al fuero de expresidente del que gozaba y al que tenía derecho por haber gobernado Colombia entre 2002 y 2010.
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El expediente que hoy tiene al expresidente Uribe en el banquillo de los procesados es muy extenso y complejo, y por eso el magistrado César Augusto Reyes, quien lo asumió luego de haber estado en los despachos de José Luis Barceló y de Cristina Lombana, decidió ordenar la práctica de más de 40 pruebas adicionales a la indagatoria prevista el próximo 8 de octubre.
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Se trata de testimonios de extraditados jefes paramilitares, solicitados en su mayoría por la defensa de Uribe, con los que buscan desvirtuar las afirmaciones que lo vinculan con las autodefensas, pero principalmente pretenden confirmar que fueron visitados en cárceles de Estados Unidos por personas que les habrían hecho ofrecimientos a cambio de declarar contra el expresidente y hoy senador.
Entre otros serán escuchados Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra y Salvatore Mancuso y también se ordenaron búsquedas selectivas en bases de datos de Colombia y se ofició a autoridades estadounidenses, para conocer detalles de las visitas del controvertido abogado Diego Cadena, uno de los defensores de Uribe, a detenidos en cárceles en nuestro país y en Estados Unidos.
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Mientras Uribe y sus abogados insisten en que detrás del proceso en su contra hay fines políticos y niegan cualquier situación ilegal, desde sectores de la oposición consideran que la Corte tiene elementos para dictar medida de aseguramiento en su contra y llevarlo a juicio por los delitos de soborno y fraude procesal.
Lo crucial de todo este episodio es que los magistrados de la Corte Suprema tienen en sus manos una oportunidad única de hacer lo que saben: impartir justicia y de una vez por todas, sin más dilaciones, con evidencias en mano y sin consideraciones políticas, contarle al país si Álvaro Uribe es culpable o inocente de los delitos que se le endilgan.
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