LaJusticia Especial de Pazpublicó en las últimas horas una escalofriante y dolorosa radiografía de los asesinatos cometidos por integrantes del Ejército colombiano de personas que fueron presentadas como guerrilleros y delincuentes comunes muertos en combate, en lo que se conoció en los medios de comunicación como los “falsos positivos”.
En un documento de 38 páginas, la Sala de Reconocimiento explica cómo avanzará hacia la imputación de cargos hacia los máximos responsables del caso 03, llamado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y afirma que esta fue una “práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a Derechos Humanos”.
Aunque la JEP aclara que todavía está en la investigación y por lo tanto no hay cifras concluyentes, logra establecer que entre los años 2002 y 2008, periodo presidencial deÁlvaro Uribey de la Política de Seguridad Democrática, se presentan el 78 por ciento del total de víctimas de esos crímenes, aproximadamente 6.402 personas fueron asesinadas bajo esa modalidad.
Por departamentos, Antioquia, Meta, Caquetá, Cesar y Norte de Santander fueron los que más presentaron víctimas de estos crímenes y además determinó que para hallar primero los responsables locales y luego ascender hacia los máximos responsables, es decir, para llegar a quienes dieron las órdenes en el nivel central, subdividirá el caso en seis subcasos, por regiones con mayor afectación.
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Tras conocerse este documento, el expresidente Alvaro Uribe emitió un comunicado de 15 puntos en el que dice que está siendo atropellado por la JEP, hace un recuento de las acciones que tomó durante su gobierno frente a denuncias de violaciones a los Derechos Humanos por parte de militares, califica de enemigas suyas a varias ONG que han representado a las víctimas y concluye diciendo que “no hay un solo militar que pueda decir que recibió por parte suya mal ejemplo o indebida insinuación”.
Hablando de la JEP, en las últimas horas, los integrantes del antiguo secretariado de las Farc, comenzando por Rodrigo Londoño, Timochenko, emitieron un comunicado en el que reconocen delitos como el secuestro y otros que les imputó la justicia transicional el pasado 26 de enero, relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Este reconocimiento es importante, aunque las antiguas Farc siguen empeñadas en luchar para que la historia no las presente como uno de los grupos más violentos en la historia de Colombia.
Luego de este comunicado, las Farc deben informar oficialmente a la JEP su decisión de aceptar los delitos que inicialmente les han endilgado, para determinar el camino a tomar para saber si cumplirán una sanción propia, como todo pareciera indicar, o si por el contrario, van a un escenario de juzgamiento que podría acarrearles hasta 18 años de cárcel efectiva.
Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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