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La historia de la nueva indagación preliminar a Uribe: opinión de Ricardo Ospina

La recepción de un anónimo, que en principio no puede ser reconocido como prueba, sí puede servir para verificar información sobre supuestas actuaciones ilegales.

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Álvaro Uribe Vélez // Foto: Facebook Centro Democrático

La noticia sobre una nueva indagación preliminar de la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe, esta vez dentro de las investigaciones por el espionaje desde batallones de inteligencia del Ejército, generó de nuevo una tormenta en el país.

La historia es esta: desde el viernes 13 de diciembre de 2019, llegó a tres destinatarios diferentes en la Corte Suprema, un correo electrónico anónimo de una persona que se hizo llamar “María María” y que aparentemente creó una dirección solamente para el envío de una información que llamó: “urgente caso chuzadas- hacker- Alvaro Uribe Vélez”.

La información llegó a los correos de Adriana Hernández, secretaria de la Sala de Instrucción de la Corte y a los correos electrónicos de los magistrados Héctor Alarcón y Cristina Lombana y básicamente afirma que durante el 2019, “varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez”.

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Luego intenta relacionar este escándalo con el del hacker Sepúlveda, por el que Uribe tiene otra investigación en la Corte Suprema y afirma que las víctimas de estos seguimientos ilegales incluyen “senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales” y también entrega detalles de los sitios desde donde se haría esa actividad ilegal y menciona entre otros “la brigada de inteligencia militar 1, el batallón de inteligencia militar 4 y el batallón de ciberdefensa”, además de dar un listado de 11 militares, entre coroneles, mayores y sargentos que están divididos entre quienes según el anónimo adelantan actividades ilícitas y quienes se han opuesto a ellas.

Con base en ese correo, la magistrada Cristina Lombana hizo allanamientos a algunas de esas instalaciones militares entre el 17 y el 18 de diciembre de 2019 y según se ha conocido, efectivamente halló evidencias de actuaciones ilegales de algunos integrantes del Ejército, reveladas recientemente por la revista Semana, que solamente hace unas pocas semanas fueron enviadas a la Fiscalía.

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Como el correo que dio pie a todo esto fue enviado también al despacho del magistrado Alarcón, la Sala de Instrucción decidió luego de varios trámites, que él es el encargado de adelantar el caso, toda vez que no pareciera tener relación con el escándalo del hacker Sepúlveda y por eso, el pasado 15 de junio abrió una indagación para recaudar más datos. Pronto debe decidirse la unificación del caso, pues nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos.

Aquí hay dos cosas diferentes: es evidente que hay actuaciones criminales de algunos integrantes de inteligencia del Ejército que fueron puestas en evidencia por el correo anónimo y que ya han llevado a la toma de decisiones de la Procuraduría y del Ministerio de Defensa y es clave que pronto haya una total claridad de la corrupción y el espionaje en el Ejército, a propósito,

cinco generales han salido en las últimas semanas.

Vea aquí: Uno de los tres correos que llevó a que la Corte abriera nueva indagación a Uribe

Por otro lado, la indagación preliminar al expresidente Alvaro Uribe es un trámite normal tras la recepción de un anónimo que en principio no puede ser reconocido como prueba, pero sí puede servir para verificar información sobre actuaciones ilegales. Es decir que esto apenas comienza y el magistrado Alarcón apenas comienza a recaudar pruebas y testimonios para establecer si lo que dice el correo sobre Uribe, es cierto o no.

Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:

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