El 21 de enero de 2019 escribí para BLU Radio la columna ‘EMCALI: entre ocultamientos y pifias de Armitage’ y, como consecuencia, el edil de la comuna seis, Marcel López, denunció ante la Contraloría y la Personería de Cali tres hechos relevantes: incremento insólito de la cartera; descontrol en el manejo de los contratistas y escandalosa entrega de la infraestructura de la empresa para su usufructo –sin cobro y con desgreño– a operadores privados de telecomunicaciones.
El 14 de mayo, la Contraloría entregó el informe final de la ‘Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la gestión fiscal de Emcali’ para la vigencia de 2018 reconfirmando la denuncia de López.
De entrada, no fenece la cuenta, la reprueba y la califica como desfavorable, es decir, queda pendiente de correctivos severos en las gestiones de legalidad y de ambiente, como también de sus sistemas en línea y de control interno.
En resumen, la administración de Emcali ha sido un desorden completo. La Contraloría le da una calificación de 70 puntos sobre 100 con hallazgos distintos, cuatro de ellos de tipo penal, por valor de $318 mil millones.
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De lo anterior, lo más llamativo es el abuso con la infraestructura, tanto de telecomunicaciones como de energía, por parte de operadores privados, precisamente por quienes son sus competidores.
Se señala que Emcali solo ha inventariado el 7,5% de sus ductos, postes y cámaras y que mediante esos elementos operan a sus anchas las empresas de telecomunicaciones del multimillonario global, Carlos Slim, y de las transnacionales Movistar y Millicom, entre otras.
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Solo uno de los nueve operadores tiene contrato y a los demás se les cobra con factura simple. Un descaro, que permite que privados usen inversiones públicas sin mayor contraprestación.
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En la infraestructura de energía, 23 operadores tienen contrato, pero no se recauda, con facturas vencidas por cuatro años, y con casos aberrantes como uno que se firmó por tres años en 2007 y se ha prorrogado automáticamente sin las pólizas respectivas.
A estas alturas puede preguntársele al alcalde Armitage si dejaría a los competidores usar gratis las instalaciones fabriles de su propiedad, o si cuando se trata de patrimonios públicos no se es tan estricto como con los patrimonios privados. No es difícil inferir que, fuera de la inexplicable negligencia, alguien podría estarse echando unos pesos al bolsillo y la Fiscalía debería esclarecerlo.
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La Unión Sindical de Emcali, USE, también ha presentado denuncias. Calcula que si apenas se recolectara a terceros por el uso de al menos el 30% de los casi tres millones de metros lineales de ductos; de los 72 mil postes y de las cinco mil cámaras a razón de $1.233 por metro; de $7 mil y $9 mil al día, respectivamente, la Empresa percibiría por este concepto ingresos adicionales al año que superarían los $150 mil millones. ¿Por qué el empresario Armitage y sus gerentes no se percataron de esto?
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En la enumeración de “situaciones irregulares” –tal como las denomina la Contraloría– vale agregar la deficiente labor comercial por la que, entre 2013 y 2017, de 384.513 ventas de servicios concretadas con clientes, apenas se instalaron 281.811.
O también es relevante que el índice de agua que se pierde en las redes, el IANC, es del 46% y no se facturan 18,4 metros cúbicos por usuario al año, aunque en la tarifa la CRA les carga el 30%.
O el gran cúmulo de cuentas por cobrar, que supera los $350 mil millones, poniendo en entredicho el bajo nivel de control interno, que no garantiza siquiera el cabal seguimiento a los 808 contratistas de la nómina paralela que le colgaron a EMCALI.
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Del Informe de la Contraloría se deduce que, incluso teniendo en cuenta cierto impacto financiero de la deuda del Acueducto con el gobierno nacional sobre las finanzas del EMCALI, antes que un plan de retiro voluntario o de devolverla al Gobierno central, las dos genialidades que se le ocurrieron al alcalde Armitage, es prioritario cazar los elefantes, verdaderos mamuts, que devela la Contraloría y que ni él ni sus gerentes vieron en cuatro años, en insólita situación para la tercera empresa del Valle del Cauca y la principal de la tercera capital del país.
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