El departamento de Antioquia seguirá por ahora con gobernador encargado, luego de que la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de Aníbal Gaviria, quien pretendía que se anulara la decisión de la Fiscalía quien lo envió a casa por cárcel por posibles irregularidades en un contrato firmado en 2005.
Aunque había gran confianza entre los seguidores del suspendido gobernador frente a la posibilidad de que la Corte tumbara la decisión del fiscal primero delegado ante la Corte, los magistrados consideraron que Gaviria Correa “no logró demostrar la violación de garantía alguna ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas”.
A grandes rasgos, la Corte consideró que fue adecuado que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento bajo el sistema penal antiguo y no con base en el sistema penal acusatorio.
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Los magistrados también señalaron que “acertó el fiscal del caso” al haber dictado medida de aseguramiento con detención preventiva contra Aníbal Gaviria, porque los delitos que se le endilgan, peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, contemplan una pena mínima de 4 años de cárcel y además, el suspendido gobernador previamente había respondido en indagatoria.
La Corte también determinó que la responsabilidad de Aníbal Gaviria en los hechos que se investigan y el hecho de que no haya sido quien firmó los contratos, son asuntos que deben ser discutidos en el proceso ante la Fiscalía y no en una solicitud para que se controle la legalidad del proceso.
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Tras conocerse esta decisión, el suspendido gobernador de Antioquia emitió un comunicado de siete puntos en el que dijo que recibió esta decisión con estupor y se declara sorprendido de que los magistrados no hayan atendido los argumentos de su defensa ni los de la Procuraduría.
Vea aquí:Corte Suprema de Justicia ratifica casa por cárcel para Anibal Gaviria
Este es un triunfo de la Fiscalía, que hasta ahora va ganando el pulso frente al caso del gobernador Aníbal Gaviria, quien es procesado por posibles irregularidades en el proceso contractual para la construcción de un tramo de la Troncal de la Paz, en el Bajo Cauca.
Los procesos penales deben dirimirse en los estrados y aunque por supuesto son susceptibles de ser analizados por la opinión pública, todos los funcionarios y todas las entidades deben ser respetuosos de las decisiones de los jueces, como ocurrió en este caso.
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Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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