A pesar de que anoche finalmente el presidente Iván Duque sancionó la ley estatutaria de la JEP, el camino que tendrá en adelante el proceso de paz sigue siendo, como dice la canción, “culebrero”.
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El Gobierno anticipa que, si bien acató el fallo de la Corte Constitucional al firmar la ley, insistirá en cerrar los vacíos que a su juicio hay en la jurisdicción creada tras los acuerdos de paz con las Farc, en particular frente a la figura de la extradición, la reparación de las víctimas y los narcos que intentan “colarse” en el proceso para obtener beneficios.
El camino legal para intentar esos cambios en la JEP es una reforma constitucional, proceso demorado y que requiere de mayorías en el Congreso, algo que hoy el gobierno no tiene garantizado.
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Algunos sectores radicales están planteando revivir su viejo sueño de acabar la JEP como una jurisdicción autónoma. El expresidente y hoy senador Alvaro Uribe planteó ayer que se debería recurrir a una reforma constitucional, pero con el fin de desmontar la JEP y convertirla en una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Para la JEP, el camino en teoría no es “culebrero”, porque como dijo ayer su presidenta, Patricia Linares, se despeja el camino para tener claro su marco normativo, sin embargo, esto le pondrá presión a sus magistrados y funcionarios para sacar adelante con prontitud todos los procesos que hoy reposan en sus despachos.
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Al final, las víctimas esperan que se cumpla lo que planteó el acuerdo de paz: verdad sobre los crímenes que los afectaron, justicia restaurativa, reparación y garantías de no repetición.
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