Se sigue complicando la situación del senador Armando Benedetti, a quien las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio, ocho propiedades avaluadas en más de ocho mil millones de pesos, cuyo origen no ha podido ser justificado por el congresista.
Aunque en principio se creyó que el operativo solamente buscaba incautarse de un lujoso apartamento en Altos del Retiro, en el transcurso del día se supo que el operativo fue más grande, pues contó con la participación de agentes del CTI y el Ejército y ocupó otros inmuebles en Bogotá, Puerto Colombia y Villavicencio.
Entre los bienes ocupados, además del lujoso apartamento, están una oficina en Bogotá, una casa en el Atlántico y lotes en el departamento del Meta y además de Benedetti, aparecen en los negocios varias personas como Ruby Corredor, Paola Andrea Lasso Corredor, hija de la primera y Luis Alberto Nicolella.
La historia es la siguiente: según la Fiscalía y la Corte Suprema, el senador Armando Benedetti, ahora integrante del Pacto Histórico y ficha clave de la campaña presidencial de Gustavo Petro, “hizo maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio, dineros que no ha podido justificar”, según la DIAN, específicamente en 2009, 2014, 2016 y 2017.
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Hay dos casos específicos que han llamado poderosamente la atención de las autoridades:
El caso de Ruby Corredor, detenida en octubre de 2019, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vinculados con el caso que sigue la Corte Suprema contra Armando Benedetti.
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En ese momento se supo que el apartamento, que perteneció al Clan del narcotráfico de los Gaitán Cendales, había sido vendido por Corredor a Benedetti por 1.600 millones de pesos en una maniobra calificada como poco clara por parte de la justicia, toda vez que Corredor no tenía ingresos que le permitieran justificar la compra de un inmueble de ese valor y coincidió con la época en la que se denunciaron irregularidades en la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes con los bienes de la mafia entregados a políticos.
El caso de tres lotes adquiridos en Puerto Colombia por 1.500 millones de pesos, que están a nombre de Adelina Guerrero Covo, esposa de Armando Benedetti, quien se los compró a Luis Alberto Nicolella, exgerente de Inassa, empresa involucrada en el escándalo de corrupción transnacional de la Triple A.
Benedetti se ha defendido en Twitter, intentando explicar las transacciones y atacando al Fiscal Francisco Barbosa, a quien acusa de ser un “fiscal de bolsillo” que, según él, actúa presionado por el gobierno, que, dice, le estaría cobrando su paso al petrismo.
La verdad es que Armando Benedetti está en deuda de explicar el origen de miles de millones de pesos de su patrimonio. La Fiscalía ya actuó incautando varios de sus bienes. Ahora falta que la Corte Suprema decida si le dicta o no medida de aseguramiento por los delitos por los que lo investiga.
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