La extrema polarización política que desde hace años vive Colombia, ha tenido uno de sus episodios más intensos en las últimas horas, ad portas de que la Corte Suprema de Justicia defina la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Las redes sociales se han convertido en el nuevo tinglado de etiquetas y opiniones divididas entre quienes consideran injusta una eventual detención del expresidente y quienes apoyan una decisión de ese calibre, pasando por otro sector que exige que cesen las presiones a los magistrados que hoy seguramente tomarán la decisión definitiva.
El Gobierno en pleno, desde el presidente Iván Duque, pasando por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la mayoría de los ministros y por supuesto los partidos oficialistas como el conservatismo y el Centro Democrático han cerrado filas en torno a Uribe.
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Incluso se conoció una curiosa carta firmada por varios funcionarios actuales, entre ellos el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y los embajadores Francisco Santos y Alejandro Ordoñez, en la que afirman que el proceso judicial contra Uribe está siendo abordado “desde el linchamiento, prejuzgamiento o condenas anticipadas”.
En la acera del frente, el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, quien está a la espera de que la JEP lo procese por secuestro, reclutamiento ilícito entre otros delitos, hizo una afirmación que sin duda enrarece aún más el ambiente: dijo que “para lograr paz y reconciliación es necesario que Álvaro Uribe responda por sus crímenes”.
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En medio de esta tormenta, anoche las Altas Cortes en pleno, sumadas a la JEP, emitieron un comunicado en el que advierten tajantemente que “los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información”.
También recordaron que el imperio de la ley consiste en “la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual, donde todos somos sometidos a sus preceptos” y advierten que “el sistema judicial como componente esencial del Estado de Derecho debe ser respetado en su integridad” y consideran inaceptable que “se descalifiquen decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance”.
En estos tiempos turbulentos, el llamado a todos los sectores políticos y sociales es al acatamiento y al respeto de las decisiones de los jueces, con quienes se puede estar en desacuerdo, pero reconociendo la independencia de poderes existente en la democracia colombiana, característica que nos diferencia de regímenes totalitarios como el de Venezuela.
Hay que permitir que los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, tomen la decisión que consideren se adecúa al expediente que se le sigue a Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal.
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Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
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