La aprobación de la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia le podría costar a los colombianos cerca de 22.000 millones de pesos. Esto, de acuerdo con el artículo 2 de la iniciativa, con el que se abre la posibilidad de crear más de 2.000 cargos en la Defensoría del Pueblo.
El ‘articulito’ plantea que en cada municipio del país habrá “como mínimo” una oficina de la Defensoría del Pueblo compuesta “por al menos” un defensor municipal y un defensor público, similares a los abogados de oficio con que se asiste a los procesados que no tienen recursos para contratar un defensor, todo esto conforme a la reglamentación que expida el Defensor del Pueblo. Es decir, se le da la potestad al funcionario de armar estas oficinas como le parezca que deben quedar.
En total, Colombia tiene 1.103 municipios, por lo que si el defensor así lo decide puede abrir 2.206 plazas de trabajo o más, que serán reglamentadas a su saber y entender, según lo aprobado por el Congreso.
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El impacto fiscal de la decisión es considerable. En la actualidad, existen defensores regionales del pueblo que ganan 15 millones de pesos. Si se les mantiene ese sueldo a los nuevos defensores municipales, los cálculos serían así: bastaría con multiplicar 1.103, los municipios del país, por un defensor público, que seria por contrato y que ganan entre 4 y 7 millones de pesos.
Si el defensor Camargo decide poner solo un defensor municipal y otro público, eso les costaría a los contribuyentes colombianos alrededor de 16.545 millones mensuales. A esto se sumarían los defensores públicos, que a razón de 5 millones cada uno, sumarían 5.500 millones de pesos. Hasta allí, irían 22 mil millones mensuales.
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Eso, sin contar que el articulo habla de la creación de una oficina del defensor del Pueblo con un defensor municipal, un defensor público, así como la posibilidad de otros cargos como secretaria, citador, sustanciador, etc.
El tema está en manos de la Corte Constitucional, que tendrá que revisar si esto es necesario o si en las regiones se debería mejor robustecer, por ejemplo, las personerías que ya están en zonas del país protegiendo los derechos humanos y no crear más burocracia para la Defensoría.
Conozca el proyecto aprobado por el Congreso de la República:
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