El cuestionado contrato con Colpensiones de una aspirante al Concejo de Bogotá

Laura Medina Ruiz es una politóloga miembro del Partido Centro Democrático que viene participando en política desde hace varios años. En el 2015, Medina estuvo vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces representante a la Cámara, Samuel Hoyos, y tras paso por el Congreso empezó a enfilarse hacia la candidatura que hoy defiende para el Concejo de Bogotá.

En medio de un evento público el pasado 04 de marzo para la promoción de la candidatura de Ángela Garzón a la Alcaldía de Bogotá, el moderador del foro en el que estaban varios de los directivos del Centro Democrático, hizo pública su candidatura y presentó a Medina como candidata del Partido al cabildo distrital.

Sin embargo, en sus redes sociales Medina aparece haciéndole campaña al excandidato Hoyos, su antiguo jefe en el Congreso.

Los contratos

El 19 de abril de 2017 Medina firmó un contrato por prestación de servicios con la Secretaría de Gobierno del entonces secretario Miguel Uribe. El contrato fue por $ 29 millones de pesos por ocho meses con la Dirección de Convivencia y Diálogo Social.

El objeto de ese contrato fue “prestar servicios profesionales en la Dirección de Convivencia y Diálogo Social en los procesos relacionados con actores y grupos sociales del Distrito Capital”. Medina cumplió y pronto obtuvo dos más con el distrito en alcaldías locales.

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El segundo contrato fue con la Alcaldía Local de Suba firmado el 22 de enero de 2018 por un valor de $ 32 millones de pesos para “prestar los servicios profesionales en materia social para impulsar los procesos de participación ciudadana y fomentar las actividades institucionales para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local”.

Al mismo tiempo la contratista Medina firmó otro contrato con la Alcaldía Local de Teusaquillo el 25 de enero de 2018 por $ 30 millones de pesos para “prestar los servicios profesionales del área de gestión policiva en la gestión y trámite de solicitudes para la realización de eventos que generan aglomeraciones de público en la localidad y asistencia a los mismos, así como efectuar las actividades relacionadas con los temas de prevención, mitigación y emergencia”.

Pero el último contrato de Medina Ruiz no tiene que ver con ninguna entidad del Distrito, en donde la joven política ha venido desarrollando su experiencia profesional.

Colpensiones

El pasado 12 de diciembre Medina firmó un contrato directo, también por prestación de servicios con la Administradora de Pensiones del Estado. Esta vez se trata de 45 millones de pesos para 6 meses. El objeto del contrato es prestar los servicios de “apoyo a la gestión y asesoría en la construcción, articulación, e implementación de las estrategias de relacionamiento de Colpensiones con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y demás entidades públicas que determine la entidad”.

La oficina para la que trabaja Medina en Colpensiones es la de Comunicaciones, aunque su carrera profesional es ciencia política.

Blu Radio le preguntó a la contratista si alguien recomendó su hoja de vida para que llegara al cargo, y señaló que “Yo le pasé mi hoja de vida a alguien como cualquier persona lo hace y esa persona la llevó a Colpensiones (…) vieron mi perfil y les gustó y por eso me contrataron”, descartando haber llevado su hoja de vida a la recepción de la entidad o enviarla al correo de recursos humanos.

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Agregó que “todo el mundo tiene derecho a trabajar y yo he cumplido con mis funciones en los contratos”, pero Medina no quiso revelar el nombre de la persona que llevó su hoja de vida a Colpensiones.

Juan Miguel Villa, presidente de la administradora, en diálogo con BLU Radio expresó que no sabía que la joven estaba haciendo política, por lo que le pidió su renuncia al contrato ya que no quiere dar una “mala imagen” a la opinión pública.

Recientemente la Procuraduría entregó un concepto asegurando que los contratistas por prestación de servicios en entidades públicas no deberían participar en política, pero sobre una posible inhabilidad para su candidatura hay diferentes versiones. Medina asegura que consultó con un magistrado y le dijo que no había problema.

Sin embargo, el artículo 47 de la ley 136 de 1994 establece que no podrán ser concejales quienes “hayan intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inscripción”. La fecha de inscripción para candidatos al Concejo vence el 27 de julio y el contrato de Medina con Colpensiones, aunque fue firmado en diciembre del 2018, acaba justamente en junio de este año.

Colpensiones insistió en que no quiere personas dentro de la planta de personal que al mismo tiempo se dediquen a hacer política y promover campañas porque, según el presidente, esta administración tiene la meta de ser completamente técnica.