El uribismo está encendido desde que se hicieron públicos los contratos que en 2016 y 2018 favorecieron a César Reyes y a Francisco Farfán, respectivamente.
Se trata de dos adjudicaciones, que sumadas superan los 720 millones de pesos, para prestación de servicios profesionales y que fueron ejecutados por Reyes y Farfán cuando estos todavía no hacían parte de la Corte Suprema de Justicia.
El primer contrato se suscribió en agosto de 2016 entre la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores –cuyo representante legal era entonces Cesar Augusto Reyes– con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por un valor de 575.674.360 pesos.
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El objeto de ese contrato era el de hacer una caracterización de los guerrilleros de las Farc-EP detenidos en las cárceles del país y la entrega de un software (SiPaz) para el registro y administración de esa información.
Hay que señalar que Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores también ha suscrito contratos con la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y hasta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otras entidades y organizaciones.
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El segundo contrato se firmó en enero de 2018 bajo la modalidad de contratación directa entre la Contraloría General y Francisco Farfán Molina, para la prestación de asesoría jurídica especializada para la Dirección de Investigaciones Fiscales de esa entidad, por un monto de 149.500.000 pesos.
Aunque en principio no existen señalamientos sobre presuntas irregularidades en la entrega o ejecución de esos contratos estatales, durante el periodo del presidente Santos, lo cierto es que desde el uribismo acusan a los ahora magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte de haber mantenido oculta esa información y de no haberse declarado impedidos para conocer el caso que hoy tiene al expresidente Álvaro Uribe con detención domiciliaria.
El propio Uribe descalificó los vínculos contractuales que en el pasado tuvieron los magistrados con el gobierno Santos y en redes sociales ahora llaman a César Reyes ‘el calladito’ en una clara alusión a la también magistrada Cristina Lombana, primera designada para investigar a Uribe por presunta manipulación de testigos, y que aparentemente omitió en su hoja de vida un supuesto vínculo laboral con el jurista Jaime Granados, según el periodista Daniel Coronell, quien la llamó desde entonces ‘la calladita’.
Senadores como Paloma Valencia y María del Rosario Guerra ponen en entredicho la imparcialidad, independencia y buen juicio de los magistrados Reyes y Farfán para investigar al exsenador y líder natural del partido Centro Democrático, aunque el caso ya esté ahora en la jurisdicción ordinaria.
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Hasta ahora, los magistrados no se han pronunciado al respecto.
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