La orden se hizo extensiva a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia y al Inpec, quienes deberán informar el estado del cumplimiento de esta sentencia.
El cumplimiento debe estar "reflejado en las condiciones de infraestructura física del establecimiento carcelario, así como de las condiciones de hacinamiento, suministro de agua, prestación de servicios de salud, suministro de implementos de aseo y trato digno por parte de los guardianes, con relación a la población reclusa", apunta la decisión.
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Además, la Defensoría del Pueblo de Valledupar y la Procuraduría de Asuntos Carcelarios deberán hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo en los casos de huelgas de hambre al interior de este centro carcelario en Valledupar.