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ONU alerta sobre dificultades en procesos de desmovilización

El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, alertó hoy de que los procesos de desmovilización...

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El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos HumanosTodd Howland, alertó hoy de que los procesos de desmovilización de guerrilleros como el que afrontará Colombia si las negociaciones de paz llegan a buen puerto "normalmente no funcionan bien".

 

 En una conferencia celebrada en Bogotá durante la presentación del informe "Desmovilización y reintegración paramilitar", Howland afirmó que ese tipo de procesos "son altamente difíciles" y en su experiencia suelen estar "relacionados con fracasos". (Vea también: Desmovilización de las Farc aumentaría violencia en las ciudades: Corpades).

 

"Esos procesos son altamente difíciles, cuando estamos hablando de la integración de un enemigo hay una cultura de estar mirando a estas personas con la indignación, no se (les) está mirando como humanos que necesitan apoyo y protección", agregó.

 

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Howland recordó su experiencia en Angola con la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) donde "había mucho esfuerzo para llegar a un acuerdo", pero "nadie estaba preparado" para el momento final de desmovilización por lo que una gran parte de los miembros de ese grupo armado "volvieron al conflicto por ocho años más".

 

Asimismo, agregó que hay "un problema serio de seguridad" con los guerrilleros que se han desmovilizado hasta la fecha en Colombia, una situación que comparó con la de otros países de la región como El Salvador, donde el asesinato de exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha sido escaso.

 

El representante de la ONU también comparó la situación de esos exguerrilleros colombianos con la de los antiguos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizaron en 2006. (Vea también: Retos de la sociedad colombiana ante eventual desmovilización de las Farc).

 

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En su opinión las AUC representaron "un fracaso para el Estado" puesto que no eran un "grupo rebelde", sino que había una relación "con el Estado por acción u omisión".

 

En su opinión, tras su desmovilización hubo inconvenientes porque "había problemas estructurales relacionados con los violaciones masivas de Derechos Humanos".

 

Howland recordó un informe de su oficina que destacó que en 2014, "el principal reto en materia de seguridad pública (de Colombia) sigue siendo la violencia de los grupos armados postdesmovilización".

 

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"Esta violencia afecta a los derechos de la población que vive en la zonas en las que estos grupos se disputan el control de ingresos ilícitos", concluyó.

 

Tras la desmovilización de las AUC en 2006, nacieron diferentes bandas criminales como el Clan Úsuga o Los Rastrojos, las mayores del país.

 

En el ciclo de conferencias también tomó la palabra el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), Roberto Menéndez, dijo que los diferentes procesos de desmovilización en Colombia han abierto el camino para otros posteriores.

 

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Menéndez recordó, sin precisar fechas, que alrededor de 18.500 colombianos se han desmovilizado y se están intentando "integrar a la vida social y política" del país.

 

Por eso, pidió "no sobreestimar" las experiencias extranjeras, "darle la justa medida a lo que este país ha producido" y agregó que "el proceso imperfecto de reintegración de las AUC ha sido un aporte fundamental".

 

En este sentido, el funcionario aseguró que progresivamente se han dado las condiciones posibles para que hace tres años comenzaran las negociaciones de paz con las FARC.

 

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Sin embargo, Menéndez subrayó que para continuar adelante con las desmovilizaciones es necesario garantizar "la seguridad física además de la jurídica de quienes se desmovilizan" y recordó que desde 2003-2004 han muerto violentamente unos 3.700 combatientes que abandonaron los diferentes grupos armados.

 

Para prevenirlo, es necesario un mayor involucramiento de las autoridades locales y regionales.

 

EFE

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