Contraloría alertó por presunto detrimento patrimonial en la Alcaldía de Cali

La Contraloría de Cali inspeccionó varios contratos en diferentes secretarias y una entidad descentralizada de la administración municipal como parte de su labor de control. Los contratos fueron celebrados en medio de la atención por cuenta del COVID-19. Al final, la entidad emitió 31 hallazgos administrativos, 11 hallazgos disciplinarios y dos hallazgos fiscales.Los dos últimos hallazgos fiscales están relacionados con la inspección a dos contratos de la Secretaria de Salud de Cali que derivó en un presunto detrimento patrimonial por valor de 25 millones de pesos. Entre los contratos está el número 621, así lo explicó a BLU Radio María Fernanda Ayala, contralora municipal, donde no se pudo constatar la debida ejecución del suministro de unos almuerzos y refrigerios. Lea también: Comienza en Cali ensayo con ivermectina suministrada a pacientes con COVID-19 “Hubo inconsistencias que no dan cuenta de quienes fueron los beneficiarios. Esto generó un presunto hallazgo fiscal por valor $17.152.639”, dijo la funcionaria. En el contrato 679, agregó Ayala, la entidad de control encontró que se reconoció el IVA a un contratista, cuando estaba excluido. “Lo anterior generó un presunto detrimento patrimonial por valor de $8.784.706, es decir, en esta visita fiscal el presunto detrimento total asciende a $25.937.345”. Sobre la revisión de estos contratos, la contralora municipal puntualizó que “todos los contratos están relacionados con la compra de elementos de bioseguridad para atención de la pandemia, prestación servicio de transporte, prestación de servicios profesionales al servicio de salud”, entre otros. Ahora, en la entidad descentralizada de Emcali, la Contraloría Municipal determinó 12 hallazgos administrativos, de los cuales cinco tuvieron connotación disciplinaria por la no publicación de sus contratos en la página web. “Ellos suscribieron 13 contratos y encontramos varios hallazgos”, afirmó la contralora María Fernanda Ayala.Por otro lado, la funcionaria alertó sobre “la compra de 884 portátiles sin el estudio previo que permitiera evidenciar la necesidad real de esa compra bajo la figura de emergencia”. Hay que resaltar que la entidad adelantó auditorías a 104 contratos celebrados bajo la figura de urgencia manifiesta y bajo la modalidad de contratación de emergencia. En total, los procesos suman $64.399 millones.