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Ya no hay más dónde deforestar en amplias zonas de la Amazonía colombiana. Tras años de tala, quema de bosque y expansión de actividades productivas, grandes extensiones del territorio han sido transformadas, lo que explica en parte la reducción reciente en las cifras anuales de deforestación.Así se evidenció durante un sobrevuelo que realizamos cerca de siete horas a 2.500 pies de altura, realizado sobre distintos sectores de la región amazónica, donde se observaron extensas áreas convertidas en potreros y terrenos intervenidos. El recorrido permitió identificar grandes vacíos de bosque en zonas que antes estaban cubiertas por selva.Datos recopilados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) muestran que uno de los factores asociados a esta transformación es el crecimiento del hato ganadero en municipios del llamado arco de deforestación. Entre 2018 y 2024, el número de animales aumentó de forma considerable en varias zonas.En el municipio de La Macarena el hato ganadero pasó de 84.893 a 289.069 animales, un incremento de 204.176 cabezas. En Cartagena del Chairá el aumento fue de 287.895 animales, al pasar de 160.465 a 448.360. En San Vicente del Caguán el crecimiento fue de 267.530 cabezas, alcanzando un total de 955.534 animales.Solo durante 2023, la venta de ganado en estos tres municipios se estimó en 428 millones de dólares, cerca de 1,75 billones de pesos. Según el informe, La Macarena es uno de los territorios más golpeados por la deforestación en Colombia.La investigación también señala que la pérdida de bosque está relacionada con un contexto complejo de gobernabilidad territorial. En varias zonas confluyen la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y procesos de apropiación irregular de tierras que limitan la acción institucional y facilitan la transformación del territorio.A este escenario se suman actividades económicas desarrolladas dentro del marco legal que también han incidido en el cambio del uso del suelo. De acuerdo con el análisis, algunos incentivos definidos en políticas públicas, junto con inversiones estatales orientadas a usos no forestales y la baja presencia del Estado en áreas rurales, han contribuido a acelerar la transformación de ecosistemas amazónicos.Las consecuencias ambientales incluyen el aumento de emisiones de dióxido de carbono, la degradación de suelos, la reducción de la capacidad de regulación hídrica, la contaminación de aguas superficiales y la fragmentación de ecosistemas que afectan la conectividad ecológica de la región.El informe también advierte un crecimiento de los cultivos de coca en la Amazonía. De acuerdo con el monitoreo de UNODC-SIMCI, en 2023 Colombia registró 252.571 hectáreas sembradas con coca, de las cuales el 25,6 % se encontraba en esta región, equivalente a 64.532 hectáreas.El departamento de Putumayo concentró cerca del 20 % de los cultivos a nivel nacional con 50.342 hectáreas, lo que representa el 78 % del total en la Amazonía. Guaviare y Meta también registraron presencia de estos cultivos con 4.970 y 2.164 hectáreas, respectivamente.En los municipios del arco noroccidental amazónico la superficie sembrada con coca pasó de 7.147 hectáreas en 2019 a 13.500 en 2023, lo que representa un aumento del 88,9 %. Los mayores incrementos se registraron en Mapiripán, Solano, Puerto Concordia y Puerto Leguízamo.Durante sobrevuelos realizados en 2025, la FCDS también identificó nuevos cultivos de coca en zonas como las sabanas del Yarí, el norte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Calamar, El Retorno y Miraflores, en áreas donde también se ha registrado pérdida reciente de bosque.El director de la FCDS, Rodrigo Botero, señaló que durante los recorridos aéreos se pudo observar cómo se está formando un vacío cada vez mayor de bosque entre la planicie amazónica y la cordillera de los Andes, lo que afecta procesos ambientales clave como el ciclo del agua.Según explicó, la deforestación acumulada continúa creciendo debido a la limitada capacidad de recuperar bosques y tierras públicas, por lo que la situación debe analizarse no solo como un problema ambiental, sino también como un desafío de Estado frente a la gobernanza y protección de la Amazonía.

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