El ministerio de la Salud envió al Huila el primer lote de 4.800 vacunas contra el dengue y serán aplicadas de manera gratuita inicialmente a menores de edad y estudiantes de cuarto de primaria de las instituciones educativas de Neiva y de los municipios de Palermo y Rivera.El secretario de Salud del departamento el médico César Germán Roa Trujillo, dijo que la vacuna denominada Qdenga, fue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, aprobada para combatir el dengue siendo altamente efectiva en el control y erradicación de la enfermedad.“Por primera vez vamos a vacunar en el Huila contra el dengue. Este biológico, ha sido adquirido por el gobierno nacional para reducir la mortalidad y la ocurrencia de casos entre la población. Aquí en el Huila vamos a iniciar con tres municipios que hacen parte del plan piloto, Neiva, Palermo y Rivera y serán los menores de edad, población de cuarto año de primaria con quienes se empezará el proceso de vacunación en enero” explicó el funcionarioAgregó el médico César Roa, que la aprobación de la vacuna contra el dengue tan pronto llegó a Colombia contó con el apoyo de la Universidad de Antioquia “Qdenga es la única vacuna para el dengue y ya la tenemos en nuestra región, nos llegaron en este primer lote 4.800 biológicos y lo que buscamos es controlar brotes y reducir el impacto de la enfermedad en la salud de las personas”.Para poner en contexto, en el año 2024 se registraron 20.700 casos con 19 personas fallecidas en el Huila, mientras que para la vigencia del 2025 van 3.500 casos con cinco decesos confirmados por dengue.
Ante el paro armado anunciado por el ELN, las Fuerzas Militares activaron un despliegue inmediato de tropas en las regiones con mayor nivel de riesgo, como parte de una estrategia preventiva para proteger a la población civil, la infraestructura crítica y los ejes de movilidad del país. Así lo confirmó el general Juan Carlos Correa, subjefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, al señalar que desde el primer momento se activaron alertas y análisis estratégicos sobre el comportamiento de este grupo armado.“Desde que el ELN anunció el paro se hizo un despliegue de tropas en las áreas más críticas. Estudiamos sus intenciones, sabemos que es a nivel nacional, pero tienen áreas específicas y por eso desplegamos en ellas”, explicó el general Correa, al detallar que la respuesta militar se basa en inteligencia y en la identificación de los puntos donde históricamente el ELN ejerce mayor presión.De acuerdo con el alto oficial, las zonas con alertas reforzadas incluyen el Chocó, Norte de Santander, Cauca, el Catatumbo y Arauca, territorios donde el grupo armado mantiene presencia activa y capacidad de afectar la movilidad y la seguridad. “El despliegue es en áreas críticas como el Chocó, Norte de Santander, Cauca, lógicamente toda la parte del Catatumbo y la parte de Arauca. Ahí hay unas alertas mayores, pero estamos listos en todo el territorio nacional”, sostuvo.El general Correa también se refirió a las amenazas del ELN contra ciudades capitales, incluidas las principales urbes del país como Bogotá. Aunque aclaró que no existe información de inteligencia puntual sobre un ataque específico, advirtió que el riesgo no puede subestimarse. “Una información de inteligencia puntual no se tiene; sin embargo, ante esa amenaza que es creíble, porque hemos visto que ellos tienen la capacidad”, afirmó.En ese sentido, recordó que el ELN ha demostrado capacidad logística y operativa para ejecutar acciones violentas lejos de sus zonas tradicionales. “Hemos visto que ellos tienen la capacidad de llegar con munición en Cali a hacer un acto terrorista; pueden llegar a una capital”, dijo el general, al explicar que esta posibilidad obligó a reforzar la seguridad también en los principales centros urbanos del país.Como respuesta, las Fuerzas Militares activaron un despliegue coordinado con la Policía Nacional, los entes de control y toda la fuerza pública en las ciudades, con el fin de anticipar cualquier eventualidad y reaccionar de manera inmediata. “Nosotros desplegamos con nuestra Policía Nacional y todos los entes de control y toda la fuerza pública aquí, a nivel central, en las ciudades”, señaló Correa.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación sospechosa y destacaron que la estrategia combina presencia militar, coordinación interinstitucional e inteligencia, en un contexto marcado por el paro armado y el aumento de la tensión en varias regiones del país.
La polémica por la muerte de dos niñas envenenadas con talio sigue generando preguntas y nuevas revelaciones. A ocho meses de los hechos, la Fiscalía General de la Nación mantiene como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, señalada de ser la presunta responsable del crimen ocurrido el 4 de abril en Bogotá.Con el avance del proceso, han surgido detalles que complejizan el caso. El abogado de la familia Forero, Majer Abushihab, explicó que el análisis de los elementos probatorios ha permitido a la Fiscalía llegar a conclusiones preliminares, aunque la investigación continúa en curso.Uno de los puntos clave tiene que ver con el domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas con el metal tóxico. Según Abushihab, esta persona habría sido instrumentalizada. Su participación, ya esclarecida por las autoridades, permitió seguir una línea que condujo inicialmente a una mujer de cabello rojo y, posteriormente, a Zulma Guzmán, quien hoy concentra la atención del ente acusador.Caso de las niñas envenenadas con talio: nuevas pistas de la FiscalíaDe acuerdo con la versión del abogado, la Fiscalía logró establecer cómo se dio la entrega del producto contaminado y la forma en que el mensajero actuó siguiendo instrucciones telefónicas. Este elemento resultó determinante para reconstruir la cadena de hechos y descartar la responsabilidad directa del domiciliario.La investigación también abrió la puerta a examinar los vínculos personales de los adultos cercanos a las menores, así como episodios del pasado que podrían ayudar a entender el contexto del caso. Aunque no hay imputación formal, la Fiscalía sigue recolectando pruebas técnicas y testimoniales.Zulma Guzmán le pusó un GPS al carro de Juan de BedoutEn medio del proceso judicial, Zulma Guzmán concedió una entrevista a Focus Noticias en la que se defendió de las acusaciones y aseguró tener pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, una de sus declaraciones llamó especialmente la atención de la opinión pública y de los investigadores.Durante la conversación, Guzmán reconoció que años atrás decidió instalar un GPS en el vehículo de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas, con quien sostuvo una relación extramatrimonial. Según explicó, la decisión estuvo motivada por celos y desconfianza durante ese vínculo sentimental.“Yo cometí un error hace muchísimos años, precisamente cuando estaba en la relación con Juan”, afirmó. Relató que, tras una discusión, él la retó a que no sería capaz de saber su ubicación exacta, lo que la llevó a buscar la forma de instalar el dispositivo.Guzmán agregó que el episodio ocurrió cuando visitaron un apartamento relacionado con un familiar de su exesposo, inmueble que estaba siendo remodelado para su venta. Allí, dijo, se le ocurrió colocar el GPS en el carro. Aseguró que Bedout se dio cuenta tiempo después y que el hecho se tomó de manera jocosa, aunque para ella fue vergonzoso, motivo por el cual pidió disculpas y aseguró no haber vuelto a repetir una conducta similar.Mientras tanto, la Fiscalía continúa evaluando todas las declaraciones y pruebas recopiladas. El caso, que conmocionó al país, sigue abierto y bajo estricta reserva, a la espera de decisiones que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
La imagen de María Corina Machado en Oslo, horas después de no poder asistir a la ceremonia del Premio Nobel de Paz, se convirtió en una de las más comentadas de la semana a nivel mundial. Su salida de Venezuela, país donde es considerada una de las figuras más perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, abrió nuevas preguntas sobre el futuro político del país y el alcance real de la presión internacional.En entrevista con Sala de Prensa Blu este 14 de diciembre, el analista internacional Lawrence Gumbiner, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y experto en política hemisférica, calificó la operación como un episodio inédito, cargado de riesgos y con implicaciones que van mucho más allá de lo simbólico.Salida de María Corina Machado de Venezuela: una operación de alto riesgoGumbiner no dudó en describir la salida de Machado como una maniobra extraordinaria. Aseguró que se trató de una operación “de película”, en la que la líder opositora tuvo que superar cerca de diez retenes de seguridad, salir del país por vía marítima en condiciones complejas y llegar primero a una isla del Caribe antes de continuar su traslado hacia Europa.El analista explicó que existió algún nivel de coordinación para evitar un incidente mayor en el mar. Según dijo, hubo comunicación destinada a impedir el uso de fuerza militar durante el trayecto, teniendo en cuenta la presencia de unidades estadounidenses en el Caribe. Aunque aclaró que no se conocen detalles sobre un eventual involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos, sostuvo que el operativo fue exitoso, más allá del retraso que impidió la llegada de Machado a la ceremonia del Nobel.Impacto político de María Corina Machado tras el Nobel de PazPara Gumbiner, la presencia de María Corina Machado fuera de Venezuela representa un escenario con ventajas y riesgos. La definió como un “cuchillo de doble filo”. Por un lado, destacó que ahora tiene mayor libertad para reunirse con gobiernos, fortalecer apoyos internacionales, ofrecer declaraciones públicas y visibilizar la crisis venezolana en escenarios globales. Sin embargo, advirtió que su eventual regreso al país será altamente complejo.El analista recordó que la historia política ofrece varios ejemplos de líderes que pierden influencia cuando permanecen demasiado tiempo fuera de su territorio. Estar lejos del país, explicó, puede debilitar el vínculo directo con la ciudadanía y la dinámica interna del poder.En cuanto al rol de Estados Unidos, Gumbiner fue cauto frente a una posible intervención militar. Señaló que la estrategia actual apunta a una presión progresiva, basada en sanciones y negociaciones. Según afirmó, figuras como Donald Trump han optado por una presión gradual con miras a una eventual salida negociada de Nicolás Maduro.Sobre Colombia, consideró que las tensiones con Washington son más personales que estructurales y subrayó que ambos países mantienen intereses comunes en la región. Mientras tanto, la salida de María Corina Machado sigue reconfigurando el tablero político regional, en medio de una presión internacional que aumenta, pero que aún no define el rumbo final de Venezuela.
En las últimas horas se conoció una carta firmada por más de 30 senadores, dirigida a las autoridades, en la que solicitan garantías procesales para 11 jóvenes capturados. Según las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), banda desarticulada, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 12 de diciembre.En el documento, con fecha del 1 de diciembre, los congresistas manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos, así como lo que consideran una inflación punitiva en este tipo de procesos. Entre los firmantes se encuentra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.En diálogo con Blu Radio, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, explicó las razones que llevaron a varios congresistas a respaldar el comunicado. Señaló que, tras una serie de allanamientos y detenciones que coincidieron con el aniversario del estallido social, la comisión recibió información según la cual los jóvenes pertenecen a sectores populares, realizaban trabajo comunitario y denunciaban ser víctimas de persecución y posibles montajes judiciales.“Lo que hicimos fue emitir un comunicado porque estos jóvenes son conocidos por distintos sectores populares y sociales. La intención era evitar imputaciones desproporcionadas, tal como lo han recomendado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instancias de Naciones Unidas”, explicó Uribe.El congresista recordó que esta comisión bicameral ha documentado miles de casos relacionados con la protesta social y presuntas irregularidades judiciales. Aclaró que el pronunciamiento no busca interferir en las investigaciones, sino garantizar el debido proceso, evitar cargos excesivos y respetar la presunción de inocencia.No obstante, Uribe aseguró que al momento de firmar la carta no tenían conocimiento de que los jóvenes capturados hicieran parte de la PPP. Aun así, insistió en la necesidad de una investigación rigurosa e imparcial.“Esperamos que se haga una investigación seria. Ya hemos visto casos de montajes judiciales, como el de quienes fueron condenados por el secuestro de Gloria Lara y años después el Estado tuvo que pedirles perdón. Los informes de Policía no son prueba definitiva; hay que esperar que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, concluyó el representante.
Colombia atraviesa un momento decisivo para el sector de la construcción y, aunque no siempre sea evidente, ese rezago ya se refleja en algo muy concreto: el precio de la vivienda y de los arriendos. Más allá de la inflación o del valor del suelo, hay un factor silencioso que está encareciendo los proyectos: el atraso en la adopción de la metodología BIM.Hoy, el país apenas alcanza un 52 % de implementación de BIM, cuando la meta nacional apunta a una adopción cercana al 100 %. Esa brecha no es técnica ni abstracta. Se traduce en sobrecostos que terminan pagando los ciudadanos cuando compran o arriendan vivienda.Por qué la vivienda es más cara en ColombiaCuando BIM no se usa de manera adecuada, muchos errores aparecen en plena obra y no en la etapa de planeación, donde corregirlos sería más sencillo y menos costoso. Esto genera retrasos, reprocesos, desperdicio de materiales y gastos adicionales que se acumulan en el presupuesto final.En la práctica, el atraso en la adopción de BIM implica:Obras que requieren correcciones sobre la marcha.Mayor consumo de materiales y más tiempo de ejecución.Incrementos en el costo final de los proyectos.Todo ese sobrecosto no lo absorbe el constructor. Termina reflejado en el valor de venta de una vivienda o en el canon de arrendamiento que pagan miles de familias.Qué es BIM y cómo impacta el bolsillo de los colombianosBIM, por sus siglas en inglés (Building Information Modeling), no es solo un software. Es una metodología de trabajo digital para la construcción que busca reemplazar los planos tradicionales por un modelo tridimensional inteligente, en el que se concentra toda la información del proyecto.Dicho de forma sencilla, BIM funciona como el “cerebro digital” de una obra. En ese modelo interactúan arquitectos, ingenieros, constructores y técnicos, todos trabajando sobre la misma base de información, lo que reduce errores y mejora la coordinación.En términos prácticos, BIM permite:Evitar errores y retrasos, al detectar conflictos entre estructuras, redes eléctricas o tuberías antes de iniciar la obra.Reducir costos imprevistos, ya que anticipar fallas desde el diseño puede disminuir hasta en un 41 % los sobrecostos.Mejorar la eficiencia, optimizando el uso de materiales, el rendimiento energético y el impacto ambiental.El costo oculto de no implementar BIMCuando BIM no se adopta, según lo revelado por Graphisoft, ese ahorro potencial se pierde y se convierte en un gasto adicional que asumen los ciudadanos. El impacto puede verse de forma simple:Sin BIM, un proyecto presupuestado por ejemplo, en $100 millones puede terminar costando $100 o más.Con BIM, ese mismo proyecto podría acercarse a los $60 millones.Esa diferencia no desaparece. Se traslada directamente al comprador o al arrendatario.Con la obligatoriedad de BIM cada vez más cerca, el desafío ya no es solo técnico, sino económico y social. Acelerar su adopción es clave para construir mejor y más rápido, pero también para frenar el encarecimiento de la vivienda que hoy sienten miles de hogares en Colombia.
Una grave tragedia vial se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín, donde un bus de turismo que transportaba estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello sufrió un accidente, dejando como saldo varios jóvenes fallecidos y múltiples personas lesionadas.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y trasladaba a estudiantes de esta institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los jóvenes regresaban de un viaje a la costa Caribe, en un viaje por su graduación.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia de manera articulada.“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, señaló el funcionario.Según el reporte de las autoridades y organismos de socorro, algunas personas lesionadas fueron ingresadas al hospital San Vicente de Paúl del municipio de Remedios, entre ellas cuatro adultos y 12 adolescentes, quienes se movilizaban en un bus de la empresa de turismo Senior Pro.Las personas fueron identificadas como:David Rua Vallejo, 18 añosJamilton Isaac Piedrahíta, 27 añosNicolás Ochoa Vahos, 18 añosJuliana Álvarez Correa, 18 añosNicolás Galeano Ramírez, 16 añosMiguel Ángel Román, 17 añosErik Cañaveral Ospina, 17 añosValerie Luciana Díaz Mazo, 16 añosJerónimo Hurtado Vélez, 16 añosMiguel Ángel Carvajal, 17 añosJimena Londoño Sánchez, 16 añosKatherine Mira Zapata, 16 añosMaría Sofía Posso Gómez, 17 añosMiguel Ángel Forero, 17 añosSantiago Galeano Quintero, 16 añosSamuel Marín Agudelo, 16 añosEntre tanto, otras tres personas fueron trasladadas al hospital del municipio de Segovia. Se trata de:Hernán Montalvo (mayor de edad)Ana Isabel Pulgarín (adolescente)Caro Juliana Patiño (adolescente)La hipótesis preliminar del accidente apunta a un posible microsueño del conductor, quien falleció en el lugar de los hechos. No obstante, las causas exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes.
El Sinuano Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a su historia, credibilidad y a la expectativa que despierta cada tarde entre miles de jugadores.Su fuerte arraigo cultural y la ilusión de acertar el número ganador hacen que este sorteo sea seguido diariamente por personas que ven en el chance una oportunidad para cambiar su día con un golpe de suerte.Nùmero ganador de Sinuano Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 14 de diciembre de 2025, es el 7212 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 7212 Tres últimas cifras: 212 Dos últimas cifras: 12 La quinta: 6¿A qué hora se juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en su horario y la transparencia en sus procesos han permitido que se convierta en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEl Sinuano Día ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos perfiles de apostadores, desde principiantes hasta jugadores habituales. Estas son las principales opciones disponibles:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Participar en el Sinuano Día es fácil y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos accedan al juego sin complicaciones.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden exigir requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Con el paso del tiempo, el Sinuano Día ha logrado mantenerse como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.
En las últimas horas se confirmó la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Linero Pinto, alias ‘Calvo’, y Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, alias ‘Hernando’, señalados de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes en el Caribe colombiano. La operación fue coordinada entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) e Interpol Colombia.Los dos hombres habían sido capturados el 30 de noviembre de 2023, durante una operación interagencial en la que participaron la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. La investigación, liderada por Inteligencia Naval, permitió establecer su presunta participación directa en actividades ilícitas que comprometían la seguridad marítima y exponían a los migrantes a graves riesgos durante su tránsito irregular.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Calvo’ cumplía un rol clave dentro de la organización. Estaría encargado de acercarse a integrantes de la Institución Naval para obtener información sensible que facilitara el movimiento ilegal de embarcaciones. Además, coordinaba la salida de lanchas con migrantes irregulares desde San Andrés con destino a Nicaragua, articulándose directamente con el cabecilla de la estructura criminal.Por su parte, alias ‘Hernando’ es señalado como el principal líder de la red. Su función habría sido la de coordinador y guía, encargado de captar migrantes y ofrecerles rutas clandestinas tanto por el archipiélago de San Andrés como a través de la selva del Darién, con destino final en Nicaragua. Dentro de la organización, sería uno de los responsables de la logística, planificación y direccionamiento de estas operaciones ilegales.Las autoridades destacaron que esta extradición marca un precedente judicial en Colombia, al tratarse de los primeros ciudadanos colombianos enviados a Estados Unidos por el delito de tráfico de migrantes. El caso refuerza los mecanismos de cooperación internacional y envía un mensaje contundente a las redes criminales que lucran poniendo en riesgo la vida de personas en condición de migración irregular.
En el casco urbano del municipio de Íquira, en el occidente del Huila, la Policía detuvo a un vehículo tipo camioneta platón que, tras inspeccionarla, encontraron cerca de una tonelada de marihuana que había sido camuflada en rollos de plásticos proveniente de los grupos armados residuales del Cauca.De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo se encontraba en una estación de servicio abasteciéndose de combustible y, al notar la presencia de la Policía, intentó escapar del lugar, pero fue interceptado por los uniformados.El comandante de Policía Huila, el coronel Carlos Eduardo Téllez, explicó que para evadir sospecha de las autoridades y para neutralizar el olor del alucinógeno los rollos donde iban camuflados los paquetes, les habían aplicado polvo asfáltico y vaselina.“En las calles del municipio de Íquira nuestros hombres de la policía incautaron cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta tipo platón carpada. Este alijo, avaluado en más de 600 millones de pesos, tenía como destino final la ciudad de Bogotá, evitando así la comercialización de cerca de un millón doscientas mil dosis en el mercado ilegal”, señaló el coronel Carlos Téllez, comandante de Policía Huila.Según reporte oficial de las autoridades, en lo corrido del año 2025, van 26 toneladas de marihuana y también base de coca incautadas en las carreteras del Huila, alucinógeno en su mayoría proveniente del Cauca.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
En medio de las tensiones que sacuden al Gobierno nacional por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación y la UNGRD, el director de esta última entidad, Carlos Carrillo, lanzó una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora: “Si el presidente no valora lo que he hecho, que me pida la carta de renuncia”. La afirmación fue hecha durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que el funcionario respondió a los señalamientos impulsados desde la Casa de Nariño y defendió su papel dentro del proyecto político del presidente Gustavo Petro.Carrillo aseguró que, lejos de ser un funcionario cuestionado por falta de transparencia o incompetencia, ha asumido uno de los retos más complejos del actual gobierno: enfrentar el que calificó como “el peor escándalo de corrupción de esta administración”. En ese contexto, afirmó que ha actuado con rigor técnico y que ha trasladado múltiples denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, tanto desde la UNGRD como durante su paso por la gerencia del Fondo de Adaptación.“Yo he hecho sinnúmero de denuncias, he dado muchos traslados a los entes de control y no necesité hacer una rueda de prensa desde los canales de Presidencia para hacer algo que es mi deber como funcionario”, señaló.Choque interno y críticas desde PresidenciaEl director de la UNGRD cuestionó duramente la actuación de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a quien acusó de utilizar los canales institucionales de la Presidencia para hacer denuncias públicas sin haber agotado previamente los mecanismos internos. Según Carrillo, esa estrategia no solo generó desgaste al Gobierno, sino que también afectó su buen nombre.“Ella abusó de la institución presidencial y armó un show mediático que lo único que busca es hacerle daño a mi reputación y poner en entredicho un trabajo que he hecho con compromiso durante más de 20 años”, afirmó.Carrillo sostuvo que, desde el momento en que Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, él se puso a disposición para realizar un empalme adecuado y advertir sobre riesgos de corrupción, particularmente en el contrato conocido como la Ruta del Arroz, adjudicado a la Fundación San José. Sin embargo, aseguró que nunca fue recibido.La polémica por la ejecución de los contratosUno de los puntos más álgidos de la entrevista giró en torno a las cifras de ejecución de varios contratos estratégicos, especialmente el proyecto de Dinámicas Hídricas en La Mojana, cuyo avance fue señalado por Presidencia como inferior al 3%.Carrillo negó de manera categórica esas afirmaciones y explicó que se trata de un proyecto plurianual de más de 1,2 billones de pesos, heredado del gobierno anterior y que aún no ha sido contratado debido a fallas en la estructuración inicial.“¿Cómo se va a ejecutar un proyecto que no ha sido contratado? Decir que está en 3% de ejecución es mentirle al país o demostrar desconocimiento total de cómo funciona la contratación pública”, sostuvo. El funcionario explicó que la consultoría previa, valorada en 56 mil millones de pesos, se cayó porque ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos, y que posteriormente el proceso se vio frenado por decisiones políticas que impidieron avanzar en la ingeniería básica necesaria para adjudicar una obra de esa magnitud.La Ruta del Arroz y responsabilidades compartidasSobre el contrato de la Ruta del Arroz, Carrillo aclaró que el gerente general del Fondo de Adaptación no es ordenador del gasto, y que la estructuración y adjudicación del proyecto estuvo a cargo de la subgerencia de regiones.“Si hay dudas sobre ese contrato, ¿por qué se mantiene en su cargo al subgerente que lo estructuró y lo adjudicó?”, cuestionó, al tiempo que recordó que el caso ya está bajo investigación de la Procuraduría y la Contraloría.“No estoy atornillado al cargo”Ante la insistencia sobre una posible falta de respaldo del presidente Petro, Carrillo fue enfático en señalar que no tiene apego al cargo y que renunciaría de inmediato si el mandatario así se lo solicita.“Yo no voy a hacer lo de otros exfuncionarios. No voy a salir a hablar mal del Presidente. Si me pide la renuncia, se la entrego inmediatamente”, aseguró. Finalmente, el director de la UNGRD afirmó que continúa en el cargo por convicción política y por lealtad al proyecto del presidente Petro, al que dijo querer proteger, especialmente en regiones vulnerables como La Mojana, afectadas históricamente por el abandono estatal.
Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y actual gerente encargada del Fondo de Adaptación, respondió de manera contundente a las acusaciones del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) y exgerente del Fondo de Adaptación hasta noviembre, Carlos Carrillo. Rodríguez ha interpuesto denuncias contra Carrillo por presuntas irregularidades, falta de ejecución presupuestal, y posibles hechos de corrupción en las entidades que él manejó. La funcionaria enfatizó que su actuación está respaldada por documentos oficiales disponibles en plataformas como el SECOP, y que tiene el deber legal y constitucional como servidora pública de informar a las autoridades competentes sobre cualquier presunta falta o hecho ilegal.Baja ejecución presupuestal y alertas en La MojanaLas denuncias de Rodríguez se centran en los hallazgos de una "pésima ejecución presupuestal" en el Fondo de Adaptación, especialmente en los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023. Según el corte de cuentas, la ejecución de estos recursos solo alcanza el 3%.La directora del DAPRE puso la lupa en seis proyectos problemáticos, muchos de los cuales tienen una ejecución financiera del 0%. Entre ellos se destaca el proyecto de la Ruta del Arroz, con un valor de 36.000 millones de pesos, que presenta un porcentaje de ejecución financiera del 0%, al igual que la investigación hidrodinámica, valorada en 17.000 millones de pesos.Rodríguez señaló que la baja ejecución contractual, particularmente la del 3% en La Mojana y el 0% en proyectos clave, no solo se relaciona con una falta de acción, sino que contribuye a la corrupción. Explicó que al no ejecutar las obras, teniendo el dinero disponible, se perjudica la entrega de servicios públicos oportunos al pueblo colombiano.Vínculo con BenedettiAngie Rodríguez desmintió las afirmaciones de Carrillo, quien intentó desvincularla de un criterio propio al sugerir que ella era "la mandadera de Benedetti". La directora calificó estos comentarios como un intento de "ridiculizarme" y "minimizar mis denuncias" por el hecho de ser mujer, lo que, según ella, evidencia que Carrillo está ejerciendo violencia política.Rodríguez subrayó que este comportamiento es una violación de la Ley 2453 de abril de este año, que tipifica la violencia contra las mujeres en política. "Yo no hago nada sin su autorización" afirmó, confirmando que la información que suministró a los colombianos es la misma que conoce el Presidente de la República.Asimismo, refutó la acusación de que no está descubriendo nada nuevo sobre los contratos, al aclarar que el proyecto de la Ruta del Arroz, valorado en 36.000 millones de pesos, fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carrillo.UNGRDRodríguez destacó que la baja ejecución no es un problema exclusivo del Fondo de Adaptación, sino un patrón de comportamiento en la gestión de Carrillo. Manifestó que el informe de ejecución presupuestal de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo) con corte al 12 de diciembre muestra el mismo patrón, con solo el 5% de ejecución. La baja ejecución en la UNGRD afecta directamente al sector Presidencia, pues hace que los indicadores de este sector sean muy bajos en materia de ejecución.Conspiración internaFinalmente, Rodríguez se refirió a un tema sensible que involucra su vida profesional y personal. Señaló que "presuntamente existe una conspiración en mi contra para desacreditarme ante el señor presidente". La funcionaria sugirió que todo está relacionado, incluyendo presuntamente un asalto a la casa de sus padres. Rodríguez reveló que durante ese incidente, no solo se llevaron documentos, sino específicamente una escritura pública de salida del país de su hijo y el registro civil original del menor, indicando que las personas que le querían hacer daño sabían que su punto débil era su hijo. A pesar de los ataques, afirmó que no la van a doblegar y que no les tiene miedo.Escuche aquí la entrevista:
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación anunciaron investigaciones preliminares luego de las denuncias de la directora del Departamento Administrativo Nacional de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez contra el hoy director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.Rodríguez convocó a una rueda de prensa la semana anterior, en la que prendió el ventilador y denunció lo que considera son irregularidades en la administración del Fondo de Adaptación, cuando Carrillo estaba al frente de la entidad. Según Rodríguez, apenas se ha ejecutado el 3 % de los recursos destinados a la atención de La Mojana y, al menos, en tres proyectos —la Plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la investigación hidrodinámica— la ejecución es del 0 %.Rodríguez no solamente envió el informe a la prensa, sino que además lo remitió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.“La Contraloría General de la República realizará una o varias indagaciones preliminares, a efectos de determinar, objetivamente, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal y si ameritan, o no, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal respecto de la ejecución de recursos públicos destinados a la atención de los efectos del fenómeno de La Niña, a las afectaciones sucedidas en La Mojana y otros”, señaló la entidad.Por su parte, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal está al frente de la indagación previa por esos mismos hechos. La entidad indicó que también se validarán las denuncias sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación de un contrato en el que podría estar involucrada la Fundación San José, así como la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.Las denuncias de Rodríguez contra Carrillo terminaron en una pelea interna de Gobierno, en la que incluso está el ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo señala a Rodríguez y a Benedetti de querer sacarlo del camino porque se “volvió incómodo” para los politiqueros.Carrillo se defendió de las acusaciones de la directora del Dapre también ante la prensa. En distintos medios aseguró que las acusaciones en su contra son como una “declaración de guerra” y una “canallada”.El funcionario asegura que los contratos objeto de crítica, en algunos casos, fueron declarados desiertos o estaban en proceso de incumplimiento contra el contratista, lo que explica la ejecución.El Fondo de Adaptación administra recursos por unos 624 mil millones.+
La “paz total” del presidente Gustavo Petro “hace agua” en medio de un nuevo desafío violento del ELN a los colombianos con un nuevo “paro armado”, sumado a las grandes dudas que surgieron tras la suspensión de la extradición a Estados Unidos de alias “Araña”, narcotraficante que busca quedarse en Colombia por medio de una negociación de paz como representante de una de las múltiples disidencias de las Farc.Con el ELN, la postura del presidente Gustavo Petro ha sido ambigua, porque si bien ordenó a comienzos de este año, intensificar las operaciones militares en su contra luego de que ese grupo asesinara a decenas de personas en una guerra territorial contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el 28 de octubre y el pasado 3 de diciembre, les hizo un guiño para que regresaran a la mesa de negociaciones.En el caso de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', máximo cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo criminal que decidió separarse de la Segunda Marquetalia de 'Iván Márquez', la polémica ha surgido porque el presidente Petro decidió que por ahora queda suspendida su extradición a Estados Unidos, bajo el argumento de que está aportando resultados verificables y concretos en el marco de la Paz Total.La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano comenzó el pasado 16 de octubre, la destrucción de 14 toneladas de armas, en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, evento en el que ese grupo también se comprometió a concentrar al menos a mil de sus combatientes en zonas de ubicación temporal en Nariño y Putumayo, para iniciar su proceso de reinserción.En cualquier caso, no deja de ser polémico que se decida suspender la extradición de un hombre vinculado al tráfico de cocaína con organizaciones internacionales como el Cartel de Sinaloa, bajo el pretexto de que está apoyando el desarme del grupo que lidera, sobre todo en momentos de alta tensión diplomática con Estados Unidos.Como si todo esto no fuera suficiente, la senadora petrista Isabel Cristina Zuleta está en el “ojo del huracán”, luego de las denuncias que varios generales activos y retirados hicieran a la revista Semana, sobre las presuntas presiones de la congresista para que aliviaran la presión en contra de las disidencias de 'Calarcá', algo que ha negado la congresista.Sobre las revelaciones de la revista Semana, se conoció que el ministro de Defensa convocó a una reunión de emergencia para conocer el alcance de la situación, sumado a un duro salvamento de voto del magistrado de la sala de instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, considerando que hay méritos para investigar a la senadora Zuleta por el llamado “Tarimazo”.A menos de ocho meses del final del mandato de Gustavo Petro, uno de los grandes interrogantes que deja su gobierno tiene que ver con su postura frente a los grupos armados ilegales y los límites entre la necesaria búsqueda de la paz y las decisiones que pueden rayar en la impunidad o en el tratamiento benévolo con los criminales.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con la cúpula militar y policial y posteriormente con la senadora Isabel Cristina Zuleta, luego de las graves denuncias reveladas por la revista Semana, según las cuales la congresista habría solicitado a varios generales del Ejército y de la Policía que no adelantaran operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas afectadas por la minería ilegal.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que, por ahora, la información que maneja es la que ha sido divulgada por los medios de comunicación y que, dada la sensibilidad del tema, es necesario adelantar un proceso de verificación institucional antes de emitir cualquier pronunciamiento de fondo.“Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, señaló el ministro Sánchez.Reunión con generales y encuentro con la senadora ZuletaEl ministro explicó que el procedimiento contempla primero escuchar a los altos mandos militares y de Policía mencionados en la publicación periodística y, posteriormente, reunirse con la propia senadora Zuleta, quien hace parte del Pacto Histórico y actualmente integra el Congreso de la República.“Algo tan sensible y tan crítico hay que averiguarlo. Hay que reunirse y hay que preguntarle también a la honorable senadora. Ella hace parte del cuerpo legislativo y nosotros del Ejecutivo”, sostuvo el titular de Defensa. Sánchez fue enfático en recordar que la línea de mando de la Fuerza Pública depende exclusivamente del presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero reconoció que existen espacios de interacción entre las distintas ramas del poder, especialmente en el marco del control político.¿Existían denuncias previas dentro del Ministerio de Defensa?Ante la pregunta directa sobre si, antes de la publicación de Semana, había recibido denuncias internas relacionadas con presuntas llamadas o presiones de la senadora Zuleta para frenar operativos militares, el ministro fue categórico:“No. Yo lo único que he interactuado en el tema específico con la honorable senadora es en lo relacionado con cómo avanzamos en solucionar el problema de la minería criminal, que tanto daño le hace a Colombia”. En ese contexto, Sánchez aprovechó para reiterar que la Fuerza Pública mantiene su accionar contra este delito, independientemente de debates políticos o legislativos.Operativos recientes contra la minería ilegalEl ministro de Defensa recordó que, incluso durante el fin de semana en el que se conocieron las denuncias, se realizaron operaciones contundentes contra la minería ilegal, lo que, a su juicio, demuestra que no existe ninguna instrucción de frenar la acción militar.“Este fin de semana hicimos dos operaciones importantes: una contra la producción en Urrao, donde destruimos maquinaria que no tiene nada de ancestral, esto es minería criminal; y otra en el Bajo Cauca, neutralizando actividades de comercialización criminal”, explicó.El papel de la Corte Suprema de JusticiaFrente a la posibilidad de que, tras las reuniones con los generales, se confirme la veracidad de las denuncias contra la senadora Zuleta, Sánchez dejó claro que no es el Ministerio de Defensa el ente encargado de juzgar, sino la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero constitucional de los congresistas.“Si se llegara a encontrar alguna actividad ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Son los entes investigadores los que deben decir si es cierto o no”, puntualizó. El ministro evitó calificar de legales o ilegales las actuaciones atribuidas a la senadora, insistiendo en que cualquier conclusión debe provenir de las autoridades judiciales competentes.Límites a la interacción entre congresistas y Fuerza PúblicaDurante la entrevista, Sánchez también intentó marcar una línea clara frente a la relación entre congresistas y mandos militares. Si bien reconoció que es habitual que senadores y representantes llamen para alertar sobre problemas en sus regiones, dejó claro que no es aceptable pedir que se incumpla el deber institucional.“No debe ser aceptado que alguien llame a decir que no cumplan el deber institucional”, afirmó, en referencia directa a la denuncia de que se habría pedido frenar operativos militares.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el paro armado decretado por ELN ya deja 51 acciones terroristas en diferentes regiones del país, en medio de una escalada de violencia que se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Así lo señaló en entrevista con Néstor Morales, en el programa Mañanas Blu, donde calificó estas acciones como un “ataque directo al pueblo colombiano”.De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país, generando zozobra entre la población civil en plena temporada decembrina.“Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano, no discriminan a nadie para hacer sus acciones terroristas”, afirmó el ministro Sánchez.Acciones violentas y terrorismo mediáticoEl ministro explicó que, de los 51 eventos registrados, 38 corresponden a lo que denominó ‘terrorismo mediático’, consistente en la instalación de banderas del grupo armado ilegal, grafitis y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo a través de redes sociales. Sin embargo, advirtió que al menos tres ataques sí han sido de carácter cinético, con afectaciones directas a la población.Entre los hechos más graves mencionó el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, así como la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora del lugar. También se reportó un ataque en el sector de Cuatro Vientos, en Maicao, que no dejó víctimas.“Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos. Aunque muchos buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales”, puntualizó el ministro.Recompensas y despliegue de la Fuerza PúblicaFrente a la ofensiva del ELN durante el paro armado, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita neutralizar anticipadamente estas acciones terroristas. Además, se ofrece hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Negro Mina’, uno de los cabecillas del ELN que aparece en videos amenazando a la población.“La clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública”, señaló Sánchez. El funcionario destacó que se encuentra en marcha un plan especial de seguridad de Navidad, con presencia del Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), especialmente en zonas de alta complejidad como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, donde se han reforzado capacidades antidrones, fluviales y aéreas.ELN y el “cinismo terrorista”El ministro de Defensa rechazó los argumentos del ELN, que justifican el paro armado como una protesta contra el presidente estadounidense Donald Trump y su postura frente al presidente Gustavo Petro. Para Sánchez, se trata de una excusa sin sustento.“Es una excusa absurda. El ELN es muy experto en su cinismo terrorista. Esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables”, afirmó.Recordó que esta organización narcocriminal lleva más de 60 años de existencia y reiteró el llamado a la desmovilización. “Ya deben pasar a la historia. No sigan haciéndole tanto daño al país ni a sus propias familias”, expresó.Paz Total y combate al narcoterrorismoConsultado sobre la política de Paz Total y los intentos de negociación con el ELN, Sánchez fue enfático en señalar que el Gobierno no ha dado ninguna instrucción para suspender operaciones militares.“Tenemos la instrucción clara del señor Presidente de la República de combatir al grupo narcoterrorista y proteger a todos los colombianos. En ningún momento se nos ha dicho que dejemos de atacar a esos criminales”, aseguró. El ministro sostuvo que el ELN “transformó su ideología revolucionaria por una cultura traqueta” y que, pese a los espacios de diálogo abiertos por ley, las Fuerzas Militares continúan actuando dentro del marco de la Constitución y la ley.Denuncia por presunta interferencia políticaFinalmente, el ministro se refirió a la denuncia revelada por la revista Semana, que señala a la senadora Isabel Zuleta de presuntamente interferir en operativos militares. Sánchez indicó que revisará el caso con la cúpula militar y policial y que posteriormente se reunirá con la congresista.“Algo tan sensible y crítico hay que averiguarlo. Vamos a analizar qué tan cierto es y si hay algo más que debamos conocer”, concluyó. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima ante el paro armado del ELN, con un Gobierno que insiste en mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la seguridad de los colombianos.
El ELN lleva este año 4 paros armados en lo que va del 2025, pero el que inició el pasado domingo 14 de diciembre es el primero que tiene alcance nacional, afectando así a varias regiones del país.En esta ocasión, se anunciaron 72 horas y desde el mismo domingo empezaron las acciones de este grupo armado.Según esa guerrilla, este cuarto paro armado está motivado por las amenazas de Estados Unidos en el Caribe y por la actividad anti insurgente en varias regiones del país como el Sur de Bolívar o el Magdalena Medio.Seis ciudades (incluidas Medellín, Bogotá y Cali) están en la lista que difundió esa guerrilla en un comunicado y que fue rechazado por el presidente Petro, quien pidió a los colombianos “salir a las fiestas de navidades sin miedo”.Acciones en las regionesEn las primeras 24 horas que lleva el paro armado, seis departamentos del país han sido afectados por 11 acciones armadas del ELN, incluyendo retenes ilegales, el incendio de un bus intermunicipal, bloqueos, ataques a tiros a transportadores de carga, artefactos explosivos en plena vía y enfrentamientos con el Ejército Nacional.Esta madrugada del 15 de diciembre, guerrilleros del ELN atentaron contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, que quedó totalmente destruido.El ELN también atacó el pasado domingo la subestación de Policía de Cuatro Vías en el municipio de Maicao. El Ejército estaba en la zona y ayudó a la Policía a contrarrestar el ataque que solo deja daños materiales.Esa subestación está a unos 500 metros de la Troncal del Caribe.El paso en la vía Riohacha- Maicao es limitado y lento este lunes.El hecho más grave hasta el momento es el asesinato de Agustín Pavón, conductor de una ambulancia en Norte de Santander, cuando trasladaba a una mujer en estado de embarazo que requería atención medica urgente.Esta acción se le atribuyó al Frente de Guerra Norte en medio del ataque a la estación de policía de Puerto Santander.Además, esta guerrilla derribó un árbol y puso una carga explosiva en la vía que lleva a Cúcuta hasta la región del Catatumbo.En Antioquia, la Compañía Héroes de Tarazá y el Frente Occidental instalaron un retén ilegal y quemaron un bus intermunicipal, bloqueando temporalmente la vía Medellín– la Costa Atlántica.En Cesar, los frentes de Guerra Urbano y Occidental ejecutaron bloqueos de vías, ataques a tiros contra tres camiones, y desplegaron vehículos con cilindros alusivos al ELN en la vía entre Pelaya y La Floresta, generando enfrentamientos con tropas del Ejército.Se presentó un ataque a tiros contra tres camiones en la Ruta del Sol (en el sector Pelaya–La Floresta, Cesar).En La Guajira (en el municipio de Barrancas) el Frente de Guerra Urbano activó el bloqueo en carreteras y mantuvo presencia de vehículos con cilindros explosivos.Finalmente, en Cauca en la Vía Panamericana hacia Mondomo, el Frente de Guerra Occidental dejó un cilindro con emblemas del ELN, lo que obligó al cierre temporal de la vía y a su destrucción controlada por parte de las autoridades.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que existe una serie de recompensas por los principales cabecillas del ELN y por los mandos medios que ejecutan estas acciones como alias 'El negro Mina', por quien se ofrece hasta 500 millones de pesos de recompensa, así como toda la cúpula de este guerrila, entre ellos, alias 'Pablito', Antonio García y Pablo Beltrán.
El presidente Gustavo Petro deberá retractarse por los señalamientos contra los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, después que interpusieran una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad y dignidad humana.El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, resolvió amparar los derechos de ambos y ordenó a Petro, “en su condición de presidente de la República que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, en la misma forma y por los mismos canales que empleó el 21 de octubre, el 13 de noviembre y 18 de noviembre de 2025, se retracte y ofrezca excusas públicas”.El mandatario deberá dejar claro “que no tiene certeza o no le consta que los señores Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, sean autores o partícipes de los delitos de hurto (robo) del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través de la urbanización de la hacienda San Simón, respectivamente, por los cuales los acusó públicamente en las referidas fechas y por los referidos canales”.El fallo detalla que “la retractación en la red social X la debe hacer por el término de tres (3) meses, dado que a la fecha de esta providencia aún permanece fija en dicha red social”.En la sustentación del juez José Ignacio Manrique Niño se deja claro, basado en preceptos constitucionales, que “el derecho a la libertad de expresión tiene un grado de limitación mayor al que tienen los particulares toda vez que su actividad institucional está sometida al ordenamiento jurídico. En tal medida, existe la posibilidad de que los funcionarios que adelantan investigaciones penales, fiscales, administrativas, disciplinarias u otras, hagan aseveraciones sobre personas sometidas a su autoridad sin que ello implique un sacrificio de tales derechos. No obstante, tales aseveraciones deben tener fundamento veraz, imparcial, proporcional y razonable”.La decisión también deja un mensaje no solo para este controversial caso, aunque el origen sea esta disputa legal entre Petro y los hermanos Moreno. “El momento histórico de polarización y violencia que vive el país, no puede ser incrementado por las declaraciones incendiarias de quien ostenta la máxima dignidad del Estado colombiano. Lo que el país reclama de sus dirigentes es un actuar mesurado y prudente y no andar lanzando acusaciones como las que lanzó en contra de los aquí accionantes”.Además de esa recomendación, en el fallo de tutela se destaca que “si tiene pruebas de los ilícitos a los que hizo referencia, debe presentar la denuncia pertinente para que sean investigados y sancionados penalmente, pero no arrogarse funciones que no le han sido asignadas, pues ello altera el equilibrio del sistema constitucional de nuestro país”.
La victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la candidata de izquierda Jeannette Jara, generó reacciones inmediatas en la región. Una de las más esperadas reacciones fue la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) con un mensaje cargado de simbolismo y advertencias políticas.“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, escribió el mandatario colombiano al referirse al triunfo del líder del Partido Republicano chileno, quien se impuso en las 16 regiones del país, incluidas zonas tradicionalmente afines a la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana. En su mensaje, Petro hizo un llamado directo a la resistencia política: “Atentos, gran colombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.El jefe de Estado también reveló que su publicación original sobre la derrota del progresismo en Chile fue bloqueada en la red social. “Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, agregó, sin entregar mayores detalles sobre las razones del bloqueo o si se trató de una falla técnica de la plataforma.El pronunciamiento de Petro se dio en respuesta a un mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, quien celebró el resultado electoral chileno con una publicación en la que afirmó: “La izquierda retrocede, la libertad avanza. ¡VLLC!”, acompañada de un mapa de América del Sur en el que varios países aparecen representados con colores asociados a corrientes ideológicas.El mandatario, tras ese pronunciamiento, trinó nuevamente al respecto señalando "El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista", además señaló, sobre el trino que le "censuraron", que "volvieron a matar al presidente"."Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir", se lee en el nuevo trino del presidente.La reacción del mandatario colombiano refleja la preocupación de varios sectores de la izquierda latinoamericana frente al avance de líderes y movimientos conservadores en la región. El triunfo de Kast en Chile es considerado uno de los más amplios desde el retorno a la democracia, solo superado por la victoria de Michelle Bachelet en 2013, cuando derrotó a Evelyn Matthei por más de 24 puntos.Desde el comando del presidente electo chileno, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y mano derecha de Kast, aseguró que asumen el resultado “con orgullo y con una enorme responsabilidad” frente a las crisis que atraviesa el país.
El Comando del Ejército se pronunció frente a las recientes denuncias indicadas en una publicación de la Revista Semana que advierten sobre presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Comando de Ingenieros afirmando que los hechos mencionados no son nuevos y ya fueron puestos oportunamente en conocimiento de las autoridades competentes.Según la institución, los procesos cuestionados hacen parte de actuaciones administrativas que se encuentran bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y Policial, la Contraloría, la Procuraduría y los sistemas de control interno de las Fuerzas Militares. En ese sentido, el Ejército reiteró que ha actuado conforme a los canales legales establecidos.En relación con las obras de saneamiento básico en la base militar de Bonaca, el Ejército confirmó que, a partir de una inspección adelantada en 2024, se identificaron presuntas omisiones en funciones de mando y control por parte de dos oficiales generales, razón por la cual se adelantan investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso y bajo reserva legal.La institución precisó que, como resultado de estas actuaciones, tres funcionarios ya fueron retirados del servicio y dos más trasladados a otras unidades, mientras avanzan los procesos para determinar responsabilidades individuales. Además, los hechos fueron remitidos a la justicia ordinaria y penal militar para lo de su competencia.Asimismo, rechazó señalamientos sobre una supuesta manipulación de pliegos de condiciones, aclarando que el Comando de Ingenieros no interviene en su elaboración, la cual corresponde a las centrales administrativas y contables del Ejército.“Frente a la “presunta venta de pliegos de los contratos por parte de personal del Comando de Ingenieros para beneficiar a ciertos oferentes” es oportuno indicar que estos hacen parte de un compendio de documentos propios de la contratación pública, los cuales son creados en la etapa precontractual que se encuentra, para el caso del Ejército Nacional, en cabeza de las centrales administrativas y contables, Cenac”, se lee en el comunicado.Finalmente, la institución defendió la idoneidad de los oficiales designados en cargos de mando, negó la existencia de redes de favoritismo y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad en todos sus procesos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a dos hombres por su presunta responsabilidad en graves hechos de maltrato animal ocurridos en los departamentos de Atlántico y Cundinamarca, en procesos adelantados con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).En Barranquilla, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó el delito de muerte de animal agravado a Haibib Leonardo Mosquera Navarro. De acuerdo con la investigación, el hombre habría tomado por las extremidades a una canina criolla llamada Princesa y la habría golpeado en repetidas ocasiones contra el piso, causándole la muerte el pasado 27 de octubre, en plena vía pública. El señalado agresor fue capturado por unidades del CTI y de la Policía Nacional y, durante las audiencias celebradas, no aceptó los cargos.En un segundo caso, ocurrido en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, la Fiscalía imputó el delito de lesiones agravadas que afectaron gravemente la salud o integridad física del animal a Jhon Jair Parrado López. Según el ente acusador, el hombre sería el presunto responsable de realizar actos sexuales contra una canina criolla llamada Galleta, hechos que habrían ocurrido el pasado 4 de diciembre. En este proceso, el imputado aceptó los cargos cargo.La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier conducta que atente contra la vida y el bienestar de los animales.
En el marco de una operación humanitaria, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se sumó a la campaña “Noche de paz, un minuto de amor Pacífico”, liderada por la Corporación Organización El Minuto de Dios, con el envío de miles de regalos destinados a niños, niñas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el Pacífico colombiano.La misión fue ejecutada a través del Centro de Acción Integral y con el apoyo del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que dispuso una aeronave C-130 Hércules para trasladar 4,2 toneladas de juguetes para la niñez e implementos dirigidos a personas adultas mayores, desde la ciudad de Bogotá hasta Tumaco.Una vez en ese municipio nariñense, la carga humanitaria será embarcada, junto con el equipo de la Organización El Minuto de Dios, en un Buque de Desembarco Anfibio de la Armada de Colombia, con destino a Francisco Pizarro. Desde allí, las ayudas serán distribuidas en municipios alejados de esta zona del país, donde las condiciones de acceso dificultan la llegada de este tipo de iniciativas.La campaña tiene como meta entregar 11.000 regalos en distintos territorios del Pacífico colombiano donde la Organización Minuto de Dios hace presencia, con el propósito de brindar un gesto de esperanza que contribuya a renovar la fe de las familias y a fortalecer el tejido comunitario en estas comunidades.Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana se destacó la importancia de esta misión, señalando que el transporte de los juguetes representa la generosidad de las personas y organizaciones que realizaron donaciones durante 2025, confiaron en la infancia y apostaron por llevar un mensaje de solidaridad. A través de esta iniciativa, se busca que miles de niños y niñas del Pacífico colombiano puedan vivir una noche de paz y recibir, mediante un regalo, un minuto de amor que les recuerde que no están solos.