El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas murió y otro más resultó herido este miércoles en un ataque contra la Policía perpetrado en el municipio colombiano de Hato Corozal, Casanare, informaron las autoridades regionales."Condeno enérgicamente el ataque perpetrado contra miembros de nuestra Policía en el municipio de Hato Corozal, donde infortunadamente en este acto cobarde uno de nuestros uniformados perdió la vida, otro permanece en estado crítico", expresó el gobernador del departamento de Casanare, César Ortiz, en sus redes sociales.El funcionario agregó: "En estos momentos difíciles debemos estar más unidos que nunca para respaldar a nuestra fuerza pública y enfrentar con valentía a quienes pretenden sembrar terror y afectar la paz de Colombia".Según la información preliminar, los uniformados fueron atacados cerca de una estación de gasolina cuando estaban realizando labores de registro y control.Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre lo ocurrido en esta región del este de Colombia.Reacción del presidenteA través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó al asesinato del patrullero Quintero Caldas. Además, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los policías que fueron víctimas de este atentado."He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes", agregó el jefe de Estado.
El Gobierno nacional comenzó a preparar la concertación del salario mínimo de 2027 con una reunión liderada por el Ministerio del Trabajo y en la que participaron seis entidades del Estado, con el propósito de coordinar los análisis técnicos que servirán de base para la futura negociación.En el encuentro estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública.Durante la jornada se analizaron las principales variables que inciden en la definición del salario mínimo, entre ellas la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad y el poder adquisitivo.También se abordaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de las familias."Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, señaló la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad.Por su parte, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, destacó la importancia de ampliar el análisis de las condiciones del mercado laboral, pues aseguró que “es fundamental comprender qué está pasando con la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo, para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país”.El Ministerio del Trabajo señaló que este encuentro hace parte de una estrategia preparatoria que contempla reuniones con sectores productivos, organizaciones sindicales, la academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral.Además, la cartera de trabajo indicó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continuará desarrollando una agenda durante todo el año para abordar otros asuntos prioritarios de la política laboral, además de la definición del salario mínimo.
El abogado Ricardo Gaviria, defensor de la ex primera dama Verónica Alcocer, celebró el llamado de la Fiscalía General de la Nación en el marco de las actuaciones relacionadas con los señalamientos de Eva Ferrer. En declaraciones a Recap Blu, de Blu Radio, aseguró que su equipo esperaba desde hace tiempo que se iniciara una actuación penal y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades."Recibimos con beneplácito este llamado, porque desde el primer momento estuvimos muy atentos a que se iniciara la actuación penal", afirmó Gaviria, quien también cuestionó la demora de la Fiscalía en informar sobre el radicado y el despacho encargado de adelantar el caso.El abogado explicó que, desde el 13 de octubre, la defensa había solicitado a la fiscal general información sobre el proceso, debido a que necesitaba conocer esos datos para completar sus actividades investigativas y acudir ante un juez de control de garantías.Según Gaviria, la demora de aproximadamente un mes dificultó algunas diligencias que pretendían adelantar. No obstante, aseguró que ahora que conocen dónde se encuentra la actuación, podrán solicitar las audiencias y autorizaciones necesarias para ejercer la defensa de Alcocer.Abogado de Verónica Alcocer cuestionó señalamientos de Eva FerrerUno de los principales puntos abordados por Ricardo Gaviria fueron las afirmaciones de Eva Ferrer sobre un supuesto transporte de drogas, armas y dinero hacia Venezuela en un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.El defensor calificó como especialmente grave esa acusación y sostuvo que, hasta el momento, Ferrer no ha presentado elementos que permitan respaldarla. Según explicó, la mujer habría atribuido esa información a Manel Grau, quien, de acuerdo con Gaviria, negó haberle suministrado esos datos."Desde ese hecho puntual, no ha ofrecido una sola prueba ni ningún elemento adicional", señaló el abogado, quien aseguró que las investigaciones adelantadas por su equipo permitieron establecer que sería imposible realizar el traslado de esos elementos durante el viaje mencionado.Gaviria también indicó que la defensa tiene interés en obtener los registros videográficos de los procedimientos de seguridad realizados en CATAM antes del abordaje de los vuelos, material que considera relevante para esclarecer lo sucedido.Sin embargo, explicó que no habían podido solicitar esos registros porque necesitaban conocer el radicado de la Fiscalía y contar con la autorización correspondiente de un juez de control de garantías. Ahora, anticipó que adelantarán esa gestión.Defensa de Verónica Alcocer pidió celeridad a la FiscalíaEl abogado insistió en que la Fiscalía debe avanzar con prontitud en las actuaciones relacionadas con las denuncias de Eva Ferrer y adoptar decisiones que permitan esclarecer los hechos."Una aseveración de esa magnitud, como la que hizo Eva, si fuera cierta, tendría que haber hecho saltar las pruebas de inmediato, y estas no aparecen", afirmó Gaviria durante la entrevista en Recap Blu.En ese sentido, cuestionó que las personas que estuvieron cerca del poder puedan permanecer durante largos periodos sometidas a señalamientos sin que se produzcan decisiones de fondo. Por ello, aseguró que su equipo está recopilando elementos probatorios para entregarlos a las autoridades."Lo que aquí queremos es que se actúe pronto y, por eso, estamos recogiendo nuestras propias pruebas para aportarlas", manifestó el defensor, quien reiteró que la prioridad de su representada es que se esclarezcan las acusaciones.Informe de la defensa será entregado a autoridades de Estados UnidosRicardo Gaviria también se refirió a las gestiones que adelantan los abogados de Verónica Alcocer en Estados Unidos, particularmente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en el marco de una revisión administrativa.El defensor confirmó que los apoderados internacionales de la ex primera dama ya tienen en su poder un informe preliminar elaborado por un investigador de campo contratado por la defensa, documento que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.Según Gaviria, el propósito de estas actuaciones es contribuir al esclarecimiento de los señalamientos y permitir que se descarte lo que considera falsas afirmaciones contra su representada."El interés de Verónica Alcocer es que esto se establezca pronto. Necesitamos que la Fiscalía descarte esas falsas afirmaciones cuanto antes, porque entre más rápido se haga, más rápido se va a restablecer el nombre de Verónica Alcocer", sostuvo.Verónica Alcocer permanece en Colombia y está dispuesta a comparecerFinalmente, el abogado aseguró que Verónica Alcocer permanece en Colombia y que está preparada para entregar sus explicaciones y los elementos materiales probatorios que considere pertinentes dentro de la actuación.Gaviria recordó que, cuando se conocieron las primeras afirmaciones de Eva Ferrer, acudieron a la Fiscalía para consultar si existían procesos contra su representada. Según indicó, en ese momento les informaron que no había actuaciones en su contra."Está en el país, lo ha estado siempre. Ella salió un tiempo corto del país, regresó y ha estado en su casa con su hija", explicó el defensor, quien reiteró que su cliente está tranquila y a la espera de poder entregar sus pruebas.El abogado concluyó que la propia defensa tiene interés en que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si las acusaciones tienen algún sustento. "Estamos prestos a comparecer, porque los más interesados en acreditar que la Fiscalía no debe avanzar más allá de una indagación somos nosotros", puntualizó.
En medio de las tensiones políticas y las críticas a las medidas económicas propuestas por el Gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostuvieron un encuentro con representantes de diferentes bancadas del oficialismo, entre ellas el Centro Democrático, para discutir alternativas frente al déficit fiscal y la situación de las finanzas públicas del país.Uno de los principales puntos de discusión fue el posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una iniciativa que ha generado diferencias entre los sectores políticos por sus eventuales efectos sobre los consumidores, los hogares y la actividad económica del país.Esto ocurre luego de que, durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente Restrepo lanzara una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal."Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuestos y en 2035 va a ser cuatro de cada cinco pesos por no hacer nada", dijo Restrepo. Además, agregó: "Aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión".El vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 10 de noviembre de 2026:El astrónomo Germán Puerta realizó un especial sobre cometas, mitos y las leyendas que lo rodean. Por eso, le preguntó a los oyentes: ¿ha visto usted algún cometa a simple vista?
Más de 212.000 habitantes de Cundinamarca se beneficiarían de 12 proyectos de acueducto y alcantarillado que contarán con una inversión de $80.530 millones. La Gobernación y Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) formalizaron 11 convenios interadministrativos y un contrato directo para ejecutar las obras en varios municipios.Los recursos se destinarán a la construcción y el mejoramiento de redes de acueducto, tanques de almacenamiento, sistemas de alcantarillado y otras instalaciones para el suministro de agua potable y el manejo de aguas residuales y lluvias.Durante la firma de los acuerdos, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel pidió a los alcaldes socializar las intervenciones con las comunidades antes de iniciar los trabajos y hacer seguimiento a los cronogramas.“Hay que hacer un gran trabajo de socialización de estos proyectos. Yo les pido que hablen con las comunidades antes de arrancar”, expresó el mandatario.¿Qué municipios de Cundinamarca recibirán recursos para acueducto y alcantarillado?Entre las obras con mayor inversión se encuentran las de Zipaquirá, que recibirá $24.439 millones para la construcción de un tanque de compensación y almacenamiento; Pacho, con más de $13.000 millones para su Plan Maestro de Alcantarillado, y Sibaté, que contará con más de $11.285 millones para la primera fase de su Plan Maestro de Acueducto urbano.Por su parte, Silvania tendrá una intervención de $9.015 millones para la segunda fase de la construcción de su sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.Los demás proyectos se distribuirán así:La Vega: $5.214 millones para el alcantarillado en el centro poblado El Vino.Tibacuy: $4.916 millones para un acueducto que beneficiará a San Vicente, Caracolí y Siberia.Junín: $2.963 millones para el alcantarillado de la vereda San Roque.Manta: $2.844 millones para infraestructura de abastecimiento.Arbeláez: $2.446 millones para el colector Mirolindo–Turín–PTAR Brasil.Medina: $1.951 millones para obras del Plan Maestro de Acueducto.La Mesa: $1.626 millones para el alcantarillado del barrio El Cucharal.Útica: $807 millones para mejorar el abastecimiento de agua en sectores rurales.¿Cómo se ejecutarán las 12 obras en Cundinamarca?La ejecución estará a cargo de las administraciones municipales, con el acompañamiento técnico de Empresas Públicas de Cundinamarca y la coordinación de la Gobernación.Rey señaló que los trabajos se desarrollarán tanto en los cascos urbanos como en centros poblados y zonas rurales. También reconoció que las obras pueden generar dificultades durante su construcción, pero indicó que buscan modernizar la infraestructura de servicios públicos y ampliar el acceso al agua y al saneamiento básico.Los proyectos beneficiarían a cerca de 212.872 personas mediante intervenciones en los sistemas de abastecimiento y disposición de aguas de los 12 municipios incluidos en los acuerdos.
Detrás de cada ramo de flores colombianas que llega a más de 100 países hay, en su mayoría, manos de mujeres. Blu Radio recorrió Flores La Conchita, una finca de 40 hectáreas ubicada en Bojacá, Cundinamarca, que lleva 59 años dedicada al cultivo de flores, para conocer las historias de quienes las siembran, cosechan, clasifican y arman.Actualmente, la empresa exporta sus flores a 20 países y cuenta con 650 colaboradores, de los cuales el 59 % son mujeres. Ellas están presentes en todos los niveles de la organización, desde las labores en los cultivos hasta los cargos de liderazgo. De hecho, ocupan el 64 % de las coordinaciones, el 75 % de los cargos del equipo administrativo y también el 75 % de los puestos directivos. Una de ellas es Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo. Llegó a la finca con 20 años y una bebé de seis meses en casa, y empezó como operaria. Desde entonces fue auxiliar de propagación y auxiliar de coordinadora, y se ha formado en diferentes diplomados. "No ha sido un crecimiento fácil, ha sido un crecimiento de esfuerzo, de metas, de propósitos, de lágrimas también, pero ha valido bastante la pena", afirmó Bermúdez.Para Geidy, que las mujeres sean mayoría en el sector tiene un valor que va más allá del empleo. "El que las mujeres representamos un gran número es muy valioso, ya que venimos de una sociedad bastante machista, donde las mujeres se han empezado a empoderar. Es muy bonito cómo te apoyas con otras mujeres y te solidarizas con las demás para que todas crezcamos".Después de la cosecha, las flores pasan a la clasificación. Por ejemplo, en el caso de las Alstroemerias, la finca participa en un programa de producción especializado de la calidad más exigente en mercados internacionales. Allí trabaja Katherine, que revisa la variedad de estas flores: en una mesa dentro del invernadero y los cultivos las mide en un calibrador, les quita los botones —la flor inmadura— y descarta las que tienen alguna enfermedad o maltrato. Lo que no cumple no sale como flor de exportación.La exigencia, según cuenta la floricultora, viene del comprador. "Para el cliente, la Alstroemeria tiene que ir perfecta. Debe ser recta, no tener ninguna torcedura, tener buen follaje, que no se le vea ninguna enfermedad y que no tenga botón", explicó. Por eso, este paso en el proceso de exportación es realizado en su mayoría por mujeres, debido a la alta delicadeza que exige este método. Más adelante en la línea están los ramos. Rocío lleva 23 años y, como sus compañeras, ha pasado por casi todos los puestos dentro del proceso, desde el cultivo hasta el empaque y la creación de ramos. Hoy arma buqués a pedido. Entró joven a la finca y reconoce que al comienzo el oficio le daba pereza, pero hoy dice que no se imagina haciendo otro oficio."El mayor aprendizaje es amar las flores. Se aprende de todo. Al principio, cuando uno empieza de joven, como que le da pereza, pero hoy en día no: amo las flores. Todo me gusta, lo que me manden a hacer, porque hay días que a uno le toca con rosa, otros con sólidos, otros con calas, otros con alstroemeria, con rosas", afirmó la floricultora.Otra de las mujeres que trabaja en el área de poscosecha es María Hortencia Moreno. Trabaja en el sector desde hace 20 años y, para ella, el empleo se tradujo en oportunidades para realizarse como mujer dentro de su oficio, pero también en oportunidades para su familia. "Gracias a mi trabajo y dedicación he podido adquirir mi propia vivienda, brindarles educación a mis hijos y ofrecerles mejores oportunidades para su futuro. También he logrado mejorar nuestra calidad de vida y cumplir metas que en algún momento fueron sueños", afirmó.Las cifras detrás de las historiasSegún la Asociación Nacional de Exportadores de Flores (Asocolflores), con datos de 2025, la floricultura genera 240.000 empleos, 150.000 directos y 90.000 indirectos, y todos son formales. El gremio calcula que el sector aporta el 28 % del empleo formal rural del país y el 70 % del empleo formal rural femenino. Es un contraste fuerte con el campo en general, ya que en las zonas rurales del país la informalidad supera el 83 %, según el DANE."La floricultura tiene cara de mujer, y eso nos enorgullece profundamente. De esos empleos, que todos son formales, 150.000 son directos y, de ellos, el 60 % están ocupados por mujeres (es decir, cerca de 90.000 colaboradoras). Somos el alma de esta actividad. Somos las que hacemos posible que estas flores lleguen a llevar bienestar a 100 mercados del mundo", afirmó Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores. De las mujeres que trabajan en el gremio, el 55 % es cabeza de familia.Tatiana de German-Ribon, gerente de Flores La Conchita, afirmó que un empleo formal es mucho más que un salario; representa acceso a salud, seguridad social, estabilidad económica, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de construir un mejor futuro para los colaboradores. “Para muchas mujeres rurales, significa también autonomía económica, independencia y la oportunidad de asumir un papel de liderazgo dentro de sus familias y comunidades”, afirmó German-Ribon.Asocolflores trabaja con sus empresas afiliadas en cinco frentes para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre ellos están la autonomía económica, con capacitaciones en ahorro y manejo del crédito junto al Banco Agrario. En términos de salud, trabaja con un programa de prevención del cáncer de mama que ha llegado a más de 2.300 mujeres en Cundinamarca; y el liderazgo, a través de una escuela que forma a supervisores en comunicación y manejo de equipos.Los retos dentro del gremioValdivieso recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerrar las brechas de género en el campo aportaría cerca de un billón de dólares a la economía mundial. "Tenemos desafíos enormes como país y como sociedad para cerrar las brechas de género, y esa es una obsesión en Asocolflores. Lo hacemos por convicción, porque creemos que no hay nada más transformacional en una sociedad que un empleo femenino", agregó la presidenta del gremio.Los retos también existen dentro de la finca. Geidy Bermúdez, coordinadora de cultivo en Flores La Conchita, señaló que hoy buena parte del empleo se está trasladando a las fábricas, hacia donde algunas personas prefieren irse, y que el desafío es adaptarse al cambio sin perder la cultura de trabajo que viene de atrás. Valdivieso, por su parte, reconoció que el sector atraviesa una coyuntura exigente, con varias presiones a la vez. Dijo que, como en otras ocasiones, el gremio mostrará su resiliencia y su competitividad para "salir fortalecido" y mantener a Colombia como el segundo exportador de flores del mundo.
Durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal. El alto dignatario señaló que, de no aprobarse la iniciativa durante el primer trimestre de 2027, el país enfrentará una severa crisis fiscal con un alto riesgo de impago (default), lo cual podría traducirse en un millón de colombianos adicionales en la pobreza y en un escenario de inflación o hiperinflación de la moneda.El costo de la inacción fiscal hacia 2030 y 2035En su intervención ante directivos y analistas del sector financiero, el vicepresidente expuso proyecciones alarmantes sobre lo que sucedería si se aplazan las decisiones de fondo sobre la estructura tributaria del Estado:"Si no hacemos nada en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada 2 pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada 5 pesos de no hacer nada".Frente a este horizonte de deterioro de las cuentas públicas, Restrepo cuestionó las posturas evasivas de diversos sectores políticos y descartó las soluciones parciales: "Y aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión".El Ejecutivo asume el costo político y pide responsabilidadEl vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, asegurando que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto: "El gobierno de Abelardo De La Espriella asumiendo al final un costo político pone la cara, se pone de frente y le habla de frente al país".Así mismo, Restrepo diferenció el debate democrático legítimo de la manipulación electoral: "Siempre se pueden encontrar alternativas pero no jueguen a la política... Me refiero a la burda politiquería del que pretende hacerlo de una manera en donde no va a ser simplemente viable". Añadió que la actual coyuntura sirve de parámetro para juzgar el compromiso institucional: "Este escenario es un escenario en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan tanto en el ejecutivo como en el legislativo".A pesar del tono crítico del mensaje, el vicepresidente sostuvo que la administración mantiene abiertos los canales institucionales para concertar los ajustes necesarios: "El ejecutivo está listo en el diálogo con el legislativo... siempre con la posibilidad de construir colectivamente porque la capacidad de escucha y de construir de la mano del ejecutivo y del legislativo siempre será posible con ese sentido naturalmente de responsabilidad"
Roberto Prieto Uribe no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, luego de que la juez avalara la imputación presentada por el ente acusador y rechazara los argumentos de la defensa contra su vinculación formal al proceso.Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Prieto, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Santos, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la presentación de los informes de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la Fiscalía, en esos documentos se habría omitido información sobre recursos y gastos relacionados con la financiación de la campaña. La Fiscalía también señaló que la campaña recibió ingresos provenientes de fuentes prohibidas, entre ellos recursos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht, pese a lo cual recibió la reposición de votos correspondiente a las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2014.Posteriormente, explicó los hechos que atribuye directamente a Prieto Uribe y señaló: “Se le reprocha, señor José Roberto Prieto Uribe, que en Bogotá el 26 de diciembre de 2014, como gerente de la campaña Juan Manuel Santos a la Presidencia (2014-2018) de manera directa obtuvo para el Partido de La U incremento patrimonial no justificado en cuantía de 13.461.287.446 para la cual se soportó en documentos falaces en los que se omitió registrar ingresos y gastos de la campaña, particularmente los provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht, la cual pagó los servicios prestados por la empresa panameña Paddington Venture Ltd. y también omitió reportar la donación en especie de esa misma multinacional en los valores pagados a Paddington Venture Ltd.”.De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, en el informe Prieto reportó ante el organismo electoral gastos de campaña por aproximadamente 13.000 millones de pesos, pero habría dejado por fuera los recursos utilizados para pagar los servicios contratados con Paddington Venture Ltd.Los hechos investigados están relacionados con el envío de un millón de dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. De acuerdo con la información expuesta durante la audiencia, esos recursos fueron utilizados para financiar un estudio de opinión y estrategia en un momento de la campaña en el que Santos se enfrentaba a Óscar Iván Zuluaga y las encuestas ubicaban a este último en una posición favorable.Para la realización de esos estudios, la campaña presidencial suscribió en febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Ventures. El objeto incluía actividades relacionadas con la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y la elaboración de recomendaciones estratégicas para la campaña.Según la Fiscalía, los recursos relacionados con esos servicios no fueron incluidos en los informes oficiales presentados ante el CNE, tanto en los ingresos como en los gastos de la campaña. El ente acusador sostiene que esa omisión tuvo consecuencias frente a los recursos que posteriormente recibió la campaña por concepto de reposición de votos.La Fiscalía afirmó que, como consecuencia de la información presentada ante las autoridades electorales, la campaña pudo acceder a la reposición de votos de primera y segunda vuelta y habría recibido del Estado un total de 13.461 millones de pesos.Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Roberto Prieto Uribe los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Tras escuchar la formulación de cargos y la decisión de la juez de avalar la imputación, Prieto no aceptó responsabilidad por las conductas atribuidas.
La ex primera dama Verónica Alcocer celebró la decisión de la Fiscalía de citar a declarar a Eva Ferrer, luego de la revelación de Blu Radio sobre esta actuación dentro de la indagación por los señalamientos de un supuesto transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela.Tras conocerse la citación, la defensa de Alcocer solicitó formalmente acceso a la investigación y garantías para ejercer sus derechos. Los abogados también confirmaron que ya radicaron el poder y un memorial ante el ente investigador para ponerse a disposición de las autoridades y aportar la información que han recopilado sobre las acusaciones.En un comunicado divulgado este 11 de noviembre, la defensa aseguró que desde el momento en que se conocieron públicamente los señalamientos de Eva Ferrer, su representada manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.La defensa de la exesposa de Gustavo Petro además dijo que tuvieron dificultades para conocer qué dependencia de la Fiscalía estaba a cargo de la indagación.De acuerdo con el comunicado, el pasado 13 de octubre solicitaron información a la fiscal general y al vicefiscal general sobre el despacho que investigaba los hechos. Sin embargo, aseguran que, después de vencerse el término para recibir una respuesta, tuvieron que insistir y las comunicaciones recibidas los remitieron a otras dependencias sin identificar la actuación.La defensa sostuvo que solo este miércoles, gracias a la información divulgada por Ricardo Ospina y BLU Radio, logró conocer cuál despacho adelanta la investigación.Los abogados señalaron que, aunque consideran que las acusaciones son de oídas y que han sido controvertidas por su supuesta fuente, deben ser investigadas debido a la gravedad de lo denunciado y a las implicaciones que tendría para la imagen del país.Los representantes de Alcocer afirmaron que su propósito durante esta etapa de indagación es demostrar que los hechos atribuidos a su defendida nunca ocurrieron.Además, anticiparon que, una vez se esclarezca la falsedad de las imputaciones, ejercerán acciones penales y civiles para solicitar sanciones y la reparación de los daños contra quienes hayan formulado y difundido los señalamientos.Por su parte, Verónica Alcocer se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el comunicado y aseguró que desde el primer momento ha manifestado su disposición a comparecer y esclarecer los hechos.“Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”, escribió.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación y los resultados en los territorios fueron el centro de un debate de control político en las comisiones de Paz y Posconflicto. Durante la discusión de este miércoles 11 de noviembre se escucharon cuestionamientos sobre la inversión en las regiones más afectadas por el conflicto, las garantías para los firmantes y el impacto de lo pactado con las antiguas FARC.La intervención por parte del gobierno fue hecha por la alta comisionada de Paz, Viviane Morales, quien planteó lo que denominó la “paradoja de los PDET”. Según explicó, aunque la pobreza ha disminuido a un ritmo mayor en estos territorios que en otras regiones del país, ese avance no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad ni en una garantía efectiva de los derechos de las comunidades.Morales señaló que, de los cuatro criterios que justificaron la intervención estatal en los territorios PDET, que son la reducción de la pobreza, la afectación por el conflicto, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, el único que muestra resultados es el primero, pese a una inversión de 170 billones de pesos.La funcionaria advirtió que tras diez años de la firma del acuerdo, todavía persisten la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones armadas, que someten a las comunidades a situaciones de confinamiento, desplazamiento y reclutamiento de menores.“Si estamos para cumplir lo que nos corresponde constitucionalmente cumplir. ¿Pero qué implica el principio de progresividad? El principio de progresividad significa avanzar en el cumplimiento y el de no regresividad, no retroceder en los avances. ¿Me pregunto en dónde estamos en el acuerdo? Como usted podrá ver, de las muchas respuestas que dieron las instituciones, hay mucha incongruencia e incoherencia en los indicadores del cumplimiento del acuerdo”, dijo la comisionada.Frente a esto, el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, cuestionó la política del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a la implementación del Acuerdo. Aseguró que no existe una hoja de ruta clara y alertó sobre el impacto de los recortes presupuestales en los procesos de reincorporación.“Se han generado resultados exitosos en materia de sustitución de cultivos y eso tampoco está acá. Yo sí quisiera que por parte del Gobierno nacional le dijeran al país cuál va a ser la hoja de ruta y cómo recortando el presupuesto del proceso de paz le van a cumplir a los firmantes, a las víctimas y a la sociedad en general”, señaló.Monroy aseguró que hay un bloqueo de 53.000 millones de pesos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, destinados a proyectos productivos de quienes dejaron las armas. También advirtió que estas decisiones pueden afectar a cerca de 11.000 firmantes que, según indicó, continúan comprometidos con el proceso.El congresista criticó, además, la posibilidad de recurrir a las fumigaciones para enfrentar los cultivos ilícitos, en lugar de fortalecer los programas de sustitución.En una posición contraria, se encuentra el representante Enrique Gómez de Salvación Nacional, quien calificó de “farsa” el debate sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz y sostuvo que las antiguas FARC sí habrían conseguido varios de sus objetivos con lo pactado en La Habana.“Es una farsa. Porque los objetivos de la paz de La Habana, de los acuerdos, claro que se han cumplido. Si las FARC quería expandir la frontera de la coca, lo ha logrado con 320 mil hectáreas. Si las Farc quería impunidad para sus crímenes de guerra horrendos, claro que la ha tenido a través de la JEP. Si las Farc quería con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación crear corredores para alimentar enclaves cocaleros, claro que lo ha logrado”, dijo.Gómez cuestionó los resultados de la JEP, el crecimiento de los cultivos de coca y la expansión de los grupos armados. También aseguró que estas estructuras tienen presencia en 480 municipios y que, desde 2016, se han registrado 2,7 millones de nuevas víctimas en el país.Debido a la falta de tiempo para el desarrollo del debate, la sesión se levantó y fue citada nuevamente para el próximo 25 de noviembre, en donde se esperan las intervenciones de los otros representantes del gobierno citados al encuentro.
La Corte Constitucional declaró exequible el estado de emergencia económica, social y ecológica que decretó el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, condicionó su aplicación y estableció restricciones sobre los territorios que podrán recibir las medidas extraordinarias, el uso de los recursos y las acciones que podrá ejecutar el Ejecutivo durante el estado de excepción.La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de siete votos contra uno, dentro del estudio del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 y su modificación mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto. El magistrado Juan Carlos Cortés González fue el ponente de la decisión.Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia. La Corte determinó que esta solamente podrá cobijar a los municipios que, según el Reporte Situacional 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, registraron afectaciones por el terremoto y su secuencia de réplicas.También podrán incluirse otros municipios de los departamentos contemplados en el decreto, siempre que se demuestren afectaciones concretas relacionadas con el sismo y exista soporte técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.La Corte también estableció que la emergencia no podrá utilizarse para adoptar medidas estructurales ni para atender problemas que existían antes del terremoto, particularmente los relacionados con el sistema penitenciario y carcelario.En cuanto a las acciones de reconstrucción, señaló que estas no podrán financiarse mediante las facultades extraordinarias, a menos que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la fase de rehabilitación. Además, deberán buscar el restablecimiento de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas, sin reproducir situaciones de riesgo.Otro de los puntos centrales del fallo establece que los recursos extraordinarios no podrán destinarse a gastos que no estén directamente relacionados con la emergencia ni utilizarse para financiar el déficit fiscal.En ese sentido, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la providencia, el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias para financiarla.Asimismo, las entidades que ordenen gastos deberán justificar mediante actos administrativos por qué no pueden acudir a mecanismos ordinarios de financiación. También tendrán que establecerse mecanismos de seguimiento para garantizar que los recursos se destinen directamente a atender la emergencia y que los organismos de control puedan conocer permanentemente los compromisos adquiridos.La Sala Plena también exhortó al presidente de la República, como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que adopte y ejecute el plan de acción específico para la recuperación, con una planeación plurianual de los recursos y la continuidad del régimen especial durante las labores de rehabilitación y reconstrucción.
Tras registrarse fallas en los servidores que soportan las plataformas de registro y embarque de pasajeros, así como el sistema de verificación de viajeros, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Superintendencia de Transporte inició una inspección para verificar las condiciones en las que se presta el servicio y buscar soluciones a los problemas que vienen afectando a los usuarios. La decisión se tomó luego de una mesa de trabajo con Opain, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Aerocivil, Migración Colombia, aerolíneas y otras autoridades.Entre las principales dificultades identificadas están las demoras en la entrega de equipajes, las congestiones en los procesos de atención a viajeros internacionales, los problemas de seguridad en las zonas de llegada y la presencia de taxis y vendedores informales. También se revisaron las limitaciones de la infraestructura aeroportuaria, los costos de los tiquetes y las condiciones de atención para las personas con movilidad reducida.Como resultado de la reunión, las entidades adquirieron varios compromisos. Opain trabajará con el Ministerio de Defensa, la Policía y las autoridades distritales para fortalecer los controles en los alrededores del aeropuerto, mientras que la ANI avanzará en medidas para controlar las ventas informales. Por su parte, las aerolíneas promoverán mesas técnicas para analizar cuánto están pesando los impuestos, las tasas aeroportuarias, el combustible y otros costos de operación en el precio final de los tiquetes.Además, Migración Colombia, las aerolíneas, Opain y la Policía Nacional deberán presentar planes de acción con responsables y fechas concretas para resolver las dificultades relacionadas con los equipajes, la atención durante las horas de mayor congestión y el control de taxis.La superintendencia también buscará, junto con Aerocivil y las compañías aéreas, alternativas para reducir el costo de los pasajes, dentro de las competencias de cada entidad. De esta manera, realizará una inspección en las instalaciones y convocará una nueva mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos.
El Ministerio de Agricultura anunció la culminación del proceso de derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura que había sido declarada en cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos del país. Las APPA son zonas rurales que delimitó el Gobierno del expresidente Petro para protegerlas y priorizar allí la producción de alimentos, estableciendo condiciones para el uso de esos terrenos.La decisión, que hacía parte de los compromisos de campaña del presidente Abelardo De La Espriella, busca devolverles a alcaldes y concejos municipales la autonomía para definir el uso del suelo, orientar el ordenamiento rural y establecer las apuestas productivas de sus territorios. Justamente, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, explicó que el propósito de la derogatoria es impulsar una política de desarrollo rural que permita combinar la producción agropecuaria con otras actividades económicas, atraer inversión y fortalecer la infraestructura productiva de las regiones.El viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, aseguró que las últimas derogatorias se concretaron en el norte del Tolima, donde se levantó esta figura sobre más de 48.000 hectáreas distribuidas en ocho municipios, y en Santander, donde el proceso comprendió otras 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.Estas decisiones se suman a las adoptadas previamente en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba, con lo que el Gobierno dio por terminado el proceso de derogatoria de las áreas que habían sido declaradas.Según el Ministerio de Agricultura, una revisión técnica y jurídica, realizada junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), encontró problemas en la delimitación de estas zonas, imprecisiones cartográficas, dificultades de articulación con los planes de ordenamiento territorial y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en las decisiones.Finalmente, el Ministerio aclaró que la derogatoria de las APPA no implica eliminar la protección del suelo rural ni las obligaciones del Estado frente al derecho a la alimentación. Por lo tanto, continúan vigentes las disposiciones ambientales y las demás categorías de protección y ordenamiento territorial.
Los accidentes laborales continúan siendo un desafío para diferentes sectores productivos en Colombia, especialmente en trabajos que involucran el uso de maquinaria pesada, extracción o manipulación de materiales y demás actividades que se realicen en espacios con condiciones ambientales complejas.De acuerdo con el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca registraron una de las tasas más altas, con 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores. Le siguen la explotación de minas y canteras, con 9,08; la distribución y tratamiento de agua, con 8,60, y las industrias manufactureras, con 6,23 accidentes por cada 100 trabajadores.Según estimaciones del CCS, los accidentes laborales registrados entre 2013 y 2024 representaron más de 31 billones de pesos para el país, lo que representa un gran costo para la economía.Estas cifras evidencian la importancia de identificar los peligros asociados a cada trabajo y establecer medidas que permitan reducir la exposición de los trabajadores a situaciones que puedan comprometer su integridad.En el sector agrícola, por ejemplo, los trabajadores pueden sufrir afectaciones auditivas por la exposición prolongada al ruido de maquinaria y herramientas motorizadas. En el sector minero corren el riesgo de tener caída de rocas y materiales, representando un peligro de lesiones, mientras que en el mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado existe el riesgo de exposición a gases peligrosos y falta de oxígeno en espacios confinados.Por otra parte, en las industrias manufactureras, el uso de herramientas como las esmeriladoras puede provocar lesiones oculares por las chispas y partículas metálicas que se desprenden durante el trabajo haciendo que los trabajadores corran un gran riesgo de no usar equipos apropiados para su protección.Frente a estos escenarios, Catalina Vejarano, líder del equipo comercial de Libus, empresa fabricante de elementos de protección personal, señaló que la elección de estos implementos debe responder a los peligros específicos de cada actividad. Entre estos están los protectores auditivos, cascos de seguridad, detectores de gases y gafas o pantallas de protección facial.Precisamente, Libus cuenta dentro de su portafolio con este tipo de equipos de protección, diseñados para atender diferentes escenarios de los mencionados entornos laborales y así, reducir la exposición de los trabajadores a riesgos físicos, químicos y ambientales.En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 establece los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual las empresas deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer acciones para prevenir accidentes y enfermedades laborales.La utilización de los elementos de protección personal hace parte de estas medidas, junto con la capacitación de los trabajadores, el mantenimiento de los equipos y la aplicación de procedimientos seguros durante cada jornada.
A pocos días de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus diferencias frente a los resultados de su implementación y los desafíos que todavía enfrenta el país.Durante un encuentro conmemorativo sobre la primera década del acuerdo, realizado en la Defensoría del Pueblo, el expresidente Juan Manuel Santos defendió lo pactado en La Habana y cuestionó los señalamientos que responsabilizan al proceso de paz por el deterioro de la seguridad en Colombia.El exmandatario, quien firmó el acuerdo en noviembre de 2016 y recibió el Premio Nobel de Paz ese mismo año, aseguró que los problemas de orden público actuales son consecuencia de la falta de implementación integral de lo pactado y de la ausencia de una política de seguridad efectiva.“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados”, afirmó.Santos también recordó las críticas que recibió el proceso durante su negociación y señaló que varias de las advertencias hechas por sus opositores no se cumplieron. Incluso cuestionó que quien promovió la idea de que el acuerdo incluía una supuesta ideología de género que afectaría a las familias colombianas ocupe actualmente el Ministerio del Interior.“En el año 2016, los opositores del acuerdo buscaron sembrar miedo y sembrar frustración entre los colombianos. Dijeron que el acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las FARC, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y, como si fuera poco, que el acuerdo tenía implícita la ideología de género que destruiría a las familias colombianas. La persona que puso a rodar esa última falacia es hoy el ministro del Interior”, dijo.En su intervención, el expresidente hizo un llamado al actual Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, para que aproveche la decisión de la Corte Constitucional sobre la obligación del Estado de garantizar los recursos necesarios para implementar el Acuerdo de Paz.“Presidente, no pierda esta oportunidad. En eso lo acompañaríamos todos los colombianos y el mundo entero”, manifestó.Por su parte, el expresidente Iván Duque defendió los resultados de su administración en materia de implementación y aseguró que el verdadero enemigo de la paz es el narcotráfico, al que señaló como uno de los principales factores que alimentan la violencia y la expansión de los grupos armados.“Se negoció con unas Farc que se quedó en el Congreso, algunos sin haber reparado a las víctimas y sin haber dicho la verdad”, reclamó Duque.Sin embargo, también lanzó cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente por las sanciones impuestas a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto y por los resultados en materia de reparación a las víctimas.Duque sostuvo que la justicia transicional debe ofrecer sanciones proporcionales y garantizar que las víctimas reciban una reparación efectiva, tanto económica como moral. También reclamó la entrega de los bienes de las antiguas Farc destinados a reparar a quienes sufrieron los efectos del conflicto.“Los colombianos tenemos que reclamarle a la JEP que las medidas de reparación de las víctimas no han sido efectivas”, señaló.Defensoría pide acelerar reparación a las víctimasEn medio de la conmemoración, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre los diez años de implementación del Acuerdo. La entidad reconoció avances en reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero advirtió que persisten importantes retrasos en la reparación integral de las víctimas y dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades.De acuerdo con el informe, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, solo 63 han terminado sus planes de reparación. Además, ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial y salud integral.La defensora del Pueblo, Iris Marín, insistió en que la reparación debe ser una obligación del Estado y no un gesto. También recordó que el acuerdo debe poner en el centro a todas las víctimas, sin distinciones.“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual”, señaló.La entidad también alertó sobre la persistencia de la violencia: entre enero de 2016 y junio de 2026 registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo, además, han sido asesinadas 521 personas firmantes de paz.Por eso, la Defensoría reiteró que la implementación del Acuerdo de Paz debe mantenerse como un compromiso constitucional que trascienda los cambios de Gobierno, con financiación y responsabilidades verificables. Además, pidió acelerar la reparación a las víctimas, fortalecer la protección en los territorios y cumplir los compromisos pendientes.
El Ejército Nacional anunció 22 cambios en su estructura de mando y asignó nuevos comandantes en varias divisiones, brigadas y dependencias estratégicas de la institución. Designaciones que fueron realizadas por el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y buscan fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas de la Fuerza, alineadas a las políticas del Gobierno nacional.Los cambios se producen en siete brigadas, los comandos de la Séptima y Octava Divisiones, la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza y las dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia. También se designaron nuevos comandantes para las fuerzas de tarea Hércules y Vulcano, el Comando de Ingenieros y otras unidades estratégicas de la institución. Los nuevos movimientos en la cúpula militar se dan en medio de la reestructuración del Ejército ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella, quien esta semana dispuso que tres generales sean llamados a calificar servicios por la escalada de violencia en Arauca y Nariño.Se trata de los generales Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División; Jorge Mario Aguirre Martínez, de la Brigada 18, y Milton César Escobar Gallego, de la Brigada 23.La salida de los dos primeros estaría relacionada con el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja por parte del ELN en Arauca, mientras que César Escobar saldría por los bajos resultados operacionales en Nariño."Esta estructuración institucional tiene como finalidad fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional, garantizando el desarrollo de su misión constitucional y su responsabilidad de salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de todos los colombianos", señaló el general José Bertulfo Soto, comandante del Ejército Nacional.¿Quiénes llegan a ocupar los nuevos mandos?Entre los movimientos se encuentra el del brigadier general Edilberto Cortés Moncada, quien asumirá como jefe de Estado Mayor de Operaciones. Por su parte, el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas estará al frente de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que el brigadier general William Roberto Medina Díaz será el jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.En cuanto a los cambios en las divisiones, el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides asumirá el comando de la Octava División y el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra estará al frente de la Séptima División. Entretanto, el brigadier general Javier Humberto Combita Guzmán será el nuevo comandante de la Segunda Brigada.También fueron designados nuevos comandantes para varias unidades militares. El coronel Manuel Enrique Zafra Mejía estará al frente de la Vigésima Séptima Brigada; el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado asumirá la Novena Brigada; el coronel Juan Gabriel Giraldo Castañeda llegará a la Décima Tercera Brigada y el coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes comandará la Cuarta Brigada.A estos movimientos se suman los del coronel Carlos Arturo Hincapié Medina, quien asumirá el comando de la Fuerza de Tarea Hércules; el coronel Geovanni Andrés Cortes Molina, quien estará al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano, y el coronel Douglas Saavedra Hernández, nuevo comandante de la Décima Octava Brigada. Además, el coronel Farid Felipe Fonseca Bahamón comandará la Vigésima Segunda Brigada de Selva. En otras dependencias, el coronel Alex Guillermo Tarazona Zambrano asumirá el Centro Nacional de Entrenamiento; el coronel Juan Fernando Carmona Cardona estará al frente del Comando de Ingenieros y el coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa será el nuevo director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Por su parte, el coronel José Benedicto Solano Vargas asumirá la Dirección de Sanidad.La reestructuración también contempla cambios en áreas de inteligencia, planeación y aviación. El coronel Johny Hernando Bautista Beltrán será el jefe del Departamento de Planeación; el coronel Jorge Adrián Guerra Rivas asumirá la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia y el coronel Carlos Andrés Rodríguez Martínez llegará a la Jefatura de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo. Entretanto, el coronel Leonardo Mauricio Bastos Martínez será agregado al Comando General de las Fuerzas Militares.Finalmente, el Ejército informó que el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda fue asignado a una comisión en el exterior.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, expresó su preocupación por la situación administrativa, jurídica y técnica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), luego de realizar una visita a sus instalaciones y participar en la Junta Directiva de la entidad.Durante la jornada, la funcionaria advirtió sobre una serie de situaciones que, según indicó, requieren atención inmediata. Entre las principales alertas mencionó posibles filtraciones en la cadena de custodia de los exámenes, la dependencia de la plataforma Prisma sin un responsable único y riesgos contractuales relacionados con la logística de las pruebas Saber 11, que involucran cerca de 10.000 contenedores y 650.000 evaluados.A esto se suman 1.276 acciones de tutela acumuladas en lo corrido de 2026, la ausencia de un jefe en la Oficina Jurídica y las dificultades para garantizar el acompañamiento a las personas con discapacidad durante las evaluaciones.La ministra cuestionó, además, el distanciamiento que, a su juicio, ha tenido el Instituto frente al Ministerio de Educación y aseguró que la entidad debe recuperar su papel como aliada en el mejoramiento de la calidad educativa. Incluso afirmó que el Icfes ha perdido la confianza y se ha politizado, por lo que pidió recuperar su reconocimiento institucional.En materia administrativa, Hoyos solicitó revisar el contrato de arrendamiento de la sede actual, al considerar que sus tres pisos están subutilizados. También planteó evaluar la planta de personal y los contratos de la entidad, bajo los lineamientos de austeridad en el gasto público.Por otra parte, el Gobierno anunció que entre sus prioridades está reactivar las pruebas censales de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, suspendidas desde 2017. También busca diseñar una nueva línea base para las pruebas Saber 11, con estándares internacionales, un componente socioemocional y mayor cobertura de evaluaciones electrónicas.El seguimiento a estas instrucciones estará a cargo del viceministro de Educación, Álvaro José Cifuentes, y de la directora encargada del Icfes, Maribel Castro, mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad.La ministra también pidió que cualquier irregularidad que pueda constituir una falta o un delito sea puesta en conocimiento de la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría, según corresponda.
El fenómeno de El Niño comienza a generar alertas en Colombia por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de agua y la generación de energía. Ante las condiciones climáticas previstas para el primer trimestre de 2027, el sector energético trabaja en aumentar la generación térmica y conservar las reservas de agua de los embalses para afrontar la temporada seca.Juan Esteban Flores Arango, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, explicó que la meta es cerrar noviembre con los embalses del país en un 80 % de almacenamiento. Según indicó, el aumento de la generación térmica está permitiendo avanzar en ese propósito. El directivo advirtió que, si no se alcanza ese nivel, será necesario revisar los pronósticos del clima para diciembre, enero y febrero, con el fin de establecer las condiciones de disponibilidad de agua y tomar decisiones complementarias para atender la situación energética.Por su parte, desde WWF Colombia también manifestaron preocupación por los efectos del fenómeno climático. Paola Echeverry, coordinadora regional de los Andes de la organización, señaló que el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027 podrían estar marcados por altas temperaturas, periodos secos y episodios de lluvias extremas.A este panorama se suma el deterioro del 40 % de las cuencas hidrográficas del país, una condición que aumenta la preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico y la capacidad de los ecosistemas para garantizar el abastecimiento. La representante de WWF insistió en la necesidad de proteger las cuencas abastecedoras, las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos, además de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas privadas y las comunidades.Tanto desde el sector energético como desde las organizaciones ambientales hicieron un llamado al uso responsable del agua y la energía, mientras el país se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.
En el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca crear un bloque de búsqueda especializado para combatir las redes de tráfico de drogas que operan alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos.La iniciativa fue presentada por el primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina, y propone establecer perímetros de protección de hasta 200 metros alrededor de esos espacios, con la posibilidad de ampliarlos hasta 400 metros cuando exista un riesgo especial sustentado.Según el proyecto, la vigilancia se concentraría en los puntos y horarios de mayor amenaza, especialmente durante la entrada y salida de estudiantes.“No podemos seguir permitiendo que se dé el tráfico y la venta de drogas alrededor de los colegios, de los parques, de los escenarios deportivos, a donde nuestras familias van a estudiar, a recrearse, a divertirse, porque además están aprovechando esos espacios los delincuentes para instrumentalizar también a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que lo que queremos con esta iniciativa es que haya una articulación interinstitucional desde el gobierno nacional con los gobiernos locales, la policía, la fiscalía, para que podamos identificar muy bien cuáles son esas zonas de tráfico de drogas”, dijo el representante.Molina explicó que, en una etapa inicial, las autoridades tendrían que caracterizar las zonas del país e identificar los colegios, parques y escenarios deportivos donde la problemática sea más acentuada.“El Estado tiene que perseguir al criminal que sale a venderles droga a nuestros hijos. Vamos por el que vende, por el que la surte y por el que cobra”, afirmó Molina en el documento de presentación.La propuesta también contempla recuperar parques y espacios deportivos afectados por las estructuras, mediante el acompañamiento a reparaciones de alumbrado, labores de mantenimiento y actividades deportivas y culturales. Además, plantea medidas para proteger la identidad de quienes denuncien y activar rutas de atención para menores utilizados por organizaciones criminales.De acuerdo con el proyecto radicado, los alcaldes tendrían seis meses para identificar los puntos que requieren intervención y definir prioridades junto con la Policía. También se propone hacer seguimiento a las zonas intervenidas para evitar que los expendios reaparezcan o se trasladen, y rendir cuentas sobre los puntos desmantelados, las capturas y los menores protegidos.
Un nuevo evento sísmico fue reportado en la región fronteriza entre Colombia y Panamá durante el mediodía de este miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.5 y fue registrado a las 12:36 p. m., hora local.Según la información publicada por la entidad, el sismo tuvo una profundidad superficial, una característica que indica que el movimiento se originó a poca distancia de la superficie terrestre.El evento fue localizado en la zona denominada Panamá-Colombia, región fronteriza, un área de interés para el monitoreo sísmico debido a la actividad tectónica que se presenta en esta parte del continente.El reporte fue difundido a través de los canales oficiales del SGC, que mantiene un seguimiento permanente de los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional y las zonas cercanas. La entidad también cuenta con herramientas para que los ciudadanos informen si percibieron algún movimiento durante el evento.¿Cómo reportar si sintió el temblor?Tras el registro del movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido el sismo a reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.Este mecanismo permite recopilar información de los ciudadanos sobre la percepción de los movimientos telúricos en diferentes lugares. Los datos suministrados ayudan a las autoridades a conocer cómo se sintió un evento sísmico y cuáles fueron las zonas en las que pudo percibirse.Para realizar el reporte, los interesados pueden ingresar a la página oficial sismosentido.sgc.gov.co y diligenciar el formulario correspondiente.Es importante tener en cuenta que los sismos son fenómenos naturales que no se pueden predecir con exactitud. Por esta razón, las autoridades recomiendan mantener presentes las medidas de prevención y preparación ante posibles emergencias.El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica y actualizando la información sobre los eventos registrados, por lo que recomienda consultar sus canales oficiales para conocer nuevos reportes y datos relacionados con los movimientos telúricos.
Subir el IVA a las frutas frescas, a las verduras y a los insumos para producirlas va en contra de dos artículos de la Constitución y, por eso, hay que eliminar esa propuesta de la ley de rescate económico, aseguró Asohofrucol en una carta enviada al Congreso. Esta petición sobre el IVA a frutas y verduras llega en pleno debate de la reforma.En la comunicación, el gremio argumenta que el incremento iría en contra de la declaratoria del derecho humano a la alimentación y de los derechos del campesinado como parte de la Constitución. Ambos asuntos están en los artículos 64 y 65 de la Constitución, que fueron modificados hasta su redacción actual durante el gobierno de Gustavo Petro."Cualquier medida que aumente su precio final y reduzca su accesibilidad económica debe analizarse, no solamente desde una perspectiva tributaria, sino también desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos", advirtió Asohofrucol.Los cálculos del gremio apuntan a que el incremento del IVA final y del IVA en insumos como semillas y fertilizantes puede reducir el consumo de estos alimentos entre un 4 % y un 18 %.Entre las peticiones al Congreso también está la convocatoria a una "Mesa Técnica Nacional" con participación de los gremios agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y las organizaciones de productores.El Gobierno ha defendido su propuesta de aumento diciendo que el IVA se devolverá a hogares de menores ingresos y que es injusto subsidiar el consumo de los hogares más ricos.
Pereira tendrá un segundo Día Cívico el próximo sábado 14 de noviembre, una iniciativa que busca movilizar la solidaridad ciudadana, apoyar a los negocios locales y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La convocatoria es impulsada por la plataforma Ayuda y busca que tanto los habitantes de la capital de Risaralda como las personas que se encuentran fuera de la ciudad se vinculen a las diferentes actividades.En entrevista en Mañanas Blu, Ana Isabel López, cofundadora de esta jornada y de la plataforma Ayuda, destacó los resultados de la primera edición, realizada el pasado 10 de octubre. Según explicó, durante esa jornada se logró recaudar 132 millones de pesos para la Fundación Malabareando las Calles y se organizaron 25 convites, es decir, actividades solidarias distribuidas en diferentes sectores de Pereira."Fue un día increíble", recordó López, quien aseguró que las expectativas para esta segunda convocatoria son altas. La iniciativa busca demostrar que existen diferentes formas de contribuir a la recuperación de la ciudad y que la solidaridad puede expresarse a través de acciones cotidianas.¿Cómo participar en el segundo Día Cívico en Pereira?La cofundadora explicó que los ciudadanos pueden vincularse a través de la plataforma Ayuda, que cuenta con un mapa interactivo en el que aparecen diferentes puntos de la ciudad y las actividades programadas para la jornada.A través de esta herramienta, las personas podrán identificar los convites en los que desean participar y elegir cómo quieren aportar: mediante donaciones económicas, ofreciendo su tiempo o consumiendo productos y servicios de los negocios pereiranos."Cada persona puede mirar a qué convite quiere ir y si quiere donar dinero, si quiere donar tiempo o si quiere consumir local", explicó Ana Isabel López.La invitación también está dirigida a quienes viven fuera de Pereira, pues una de las principales necesidades de la ciudad es recuperar su actividad económica. Por eso, quienes no puedan desplazarse hasta la capital de Risaralda pueden apoyar comprando productos y servicios de establecimientos locales que ofrecen sus alternativas de venta por internet."Una ciudad que está en herida no está muerta. Pereira tiene negocios, tiene un montón de actividades este fin de semana, y hay mil maneras de salir y apoyar", manifestó la cofundadora.Durante la entrevista, López también hizo un llamado a mantener la solidaridad con las organizaciones sociales que trabajan en la región, pues, aunque reconoció el respaldo recibido por parte de empresas y diferentes entidades después de la emergencia, advirtió que todavía existen muchas necesidades.Uno de los casos que mencionó fue el de la Fundación Malabareando las Calles, organización que atiende a 87 niños en condición de calle y cuya sede resultó destruida por el terremoto.De acuerdo con López, la fundación perdió el espacio donde desarrollaba sus actividades y ahora busca recaudar recursos para reconstruirlo y continuar con su labor social."Hay un montón de fundaciones locales que en este momento se están quedando sin recursos para operar y seguir su ayuda constante a las comunidades más necesitadas", advirtió.Por esta razón, invitó a las personas que se encuentran fuera de Pereira a consultar las redes sociales de la Fundación Malabareando las Calles, donde pueden encontrar información sobre las donaciones y una campaña de recolección de fondos que adelanta la organización para reconstruir su sede.La cofundadora insistió en que la recuperación de Pereira no depende únicamente de las ayudas entregadas durante los primeros días de la emergencia, sino también del acompañamiento que puedan recibir los comerciantes, las fundaciones y las comunidades que todavía enfrentan sus consecuencias.
La forma de calcular los cobros en las facturas de servicios públicos en Colombia podría cambiar si se concreta la propuesta de eliminar el sistema de estratificación socioeconómica. Las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abelardo De La Espriella proponen crear un nuevo mecanismo para identificar las condiciones económicas de los hogares y determinar cómo se distribuyen los subsidios y las contribuciones.La iniciativa involucra los servicios de energía eléctrica, gas domiciliario, acueducto, alcantarillado y aseo. Su objetivo es que los beneficios económicos se asignen de acuerdo con los ingresos, la vulnerabilidad y la capacidad de pago de cada familia, en lugar de depender principalmente del estrato de la vivienda.La propuesta también reconoce que el sistema actual puede generar errores: hogares que reciben subsidios sin necesitarlos y familias vulnerables que quedan excluidas de estos beneficios por las características de la zona donde viven.¿Cómo cambiarían los cobros de los servicios públicos si eliminan los estratos?Las bases del Plan Nacional de Desarrollo plantean que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con los ministerios de Hacienda, Minas y Vivienda, el DANE y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, trabajen en la actualización del mecanismo de estratificación.El documento propone articular progresivamente la información socioeconómica de los hogares con registros administrativos, variables catastrales y datos disponibles en el Registro Universal de Ingresos.También señala que se diseñará y validará una metodología, además de realizar pruebas piloto para implementar el modelo. Por lo tanto, no se trata de un cambio inmediato en las facturas ni de una eliminación del sistema que ya esté en funcionamiento.¿Quiénes podrían pagar más o recibir mayores subsidios?Uno de los principales cambios estaría en la relación entre el lugar de residencia y la capacidad económica de sus habitantes.Por ejemplo, un hogar con ingresos medios o altos que viva en una vivienda clasificada actualmente en estrato dos podría dejar de recibir los subsidios asociados a esa clasificación.En sentido contrario, una familia con ingresos bajos que habite una vivienda ubicada en un sector de estrato alto podría acceder a un alivio en el pago de los servicios, si la nueva metodología determina que cumple las condiciones.La propuesta busca reducir los errores de inclusión y exclusión en la asignación de subsidios. Sin embargo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo todavía no establecen los porcentajes de los nuevos cobros, las tarifas que se aplicarían ni una fecha para implementar el modelo.Por ahora, el Gobierno plantea desarrollar la metodología y realizar pruebas antes de avanzar hacia una transformación del sistema de estratificación y de la distribución de los subsidios.