El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
A 12 días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en el departamento de Caquetá por las denuncias de presunto constreñimiento electoral ejercido por las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'.En diálogo con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de distintos municipios estarían siendo presionadas para orientar su voto hacia un candidato específico, situación que, según afirmó, pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.Según Ruiz, las presiones serían ejercidas principalmente por la estructura armada ‘Jorge Suárez Briceño’, al mando de alias 'Calarcá', cuyos integrantes estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones dirigidas a juntas de acción comunal, donde presuntamente se exige a los habitantes votar por un determinado candidato.“Lo digo sin tapujos en la lengua, están de una manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les están exigiendo que tienen que tomarle foto al voto, que todo aquel que sospeche que no vota por el candidato que ellos le están diciendo, les iban a cobrar una multa de hasta $2.000.000 o que tendría que abandonar la región”, detalló el mandatario.El gobernador señaló que las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.Dichos reportes, reseñan que los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades lo que representa una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a ejercer un voto libre y secreto.Frente a este panorama, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con la participación de autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el mandatario consideró que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y a las dificultades para garantizar presencia institucional efectiva en las áreas rurales.Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial ejercido por estas estructuras continúa afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.
Un bombardeo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’ dejó tres integrantes de esa estructura armada muertos y permitió recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal.La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia utilizado por la organización ilegalEl bombardeo, el número 23 contra esas estructuras, se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.De ese total, 11 eran menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Medicina Legal estableció que se trataba de ocho hombres y tres mujeres con edades entre los 15 y 17 años, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego.De acuerdo con información de inteligencia conocida por el Ministerio de Defensa, varios integrantes de las estructuras enfrentadas han manifestado interés en abandonar las armas y acogerse a la legalidad. Las autoridades sostienen que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por parte de sus propios comandantes para impedir su desvinculación.Por esa razón, las operaciones militares se mantienen en esta zona del departamento del Guaviare con el objetivo de recuperar menores reclutados y facilitar la salida de quienes buscan abandonar estas organizaciones criminales.Al mismo tiempo, la Policía Nacional reportó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Entre los detenidos figura alias “Mona” o “Katherine”, señalada por las autoridades de coordinar actividades contra la Fuerza Pública y gestionar el traslado de menores reclutados desde el Cauca hacia el Guaviare.En el mismo procedimiento también fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las autoridades incautaron material de guerra, incluido un cañón para ametralladora, que presuntamente iba a ser enviado hacia los departamentos de Meta y Guaviare.
El jefe de La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia, Roberto Menéndez, durante la entrega de su informe número 40 sobre la situación de paz en Colombia, habló sobre la segunda vuelta presidencial e invito a las candidaturas presidenciales a asegurar un proceso libre y en paz.En medio de este informe reiteró que el diálogo sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país. La misión destacó que, pese a los esfuerzos institucionales y a los distintos procesos de negociación con grupos armados, persisten graves afectaciones contra las comunidades en varias regiones del territorio nacional."En este contexto electoral, la secretaria general insta a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas para garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales en primera vuelta del pasado domingo. La MAPP/OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento del compromiso por el cumplimiento del compromiso por un proceso libre y en paz. El derecho a elegir y ser elegido de manera autónoma constituye una condición esencial para la democracia y la paz”, señaló Menéndez.El jefe de la Misión señaló que, si bien hay avances desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la organización sigue identificando casos de homicidios colectivos, secuestros, extorsiones, confinamientos, desplazamientos y violencia sexual. La preocupación está hoy con el reclutamiento de menores entre los 10 y 17 años por parte de los ilegales.La MAPPOEA también reconoció la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación entre el Gobierno, las comunidades y los diferentes actores involucrados en los procesos de paz, al considerar que estos mecanismos permiten construir soluciones sostenibles y fortalecer la confianza en los territorios.Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“Al período comprendido entre julio y diciembre de 2025. En el período que se reporta, la misión llevó a cabo 967 misiones en terreno, recorrió más de 260000 kilómetros por vía terrestre y más de 3000 kilómetros por vía fluvial, lo que permitió cubrir 272 centros poblados en 169 municipios de 20 departamentos del país”, señaló el jefe de la Misión en Colombia.La MAPP-OEA también advirtió que la violencia continúa impactando especialmente a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, que siguen enfrentando fenómenos como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y restricciones a su movilidad por cuenta de la presencia y disputa de grupos armados ilegales.Según la misión, uno de los principales retos para el país sigue siendo garantizar la protección de la población civil y de los líderes sociales, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto. Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“La experiencia de Colombia es clara, la paz no depende únicamente de los resultados de los procesos de diálogo, sino también de la implementación de políticas públicas capaces de cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos en los territorios más afectados por el conflicto armado”, agregó.Finalmente, la OEA reiteró que la construcción de paz requiere esfuerzos coordinados entre el Estado, las autoridades locales, las comunidades y la cooperación internacional, y aseguró que continuará acompañando los procesos que buscan generar condiciones de seguridad, convivencia y desarrollo en los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) aseguró este domingo que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ha transcurrido sin alteraciones de orden público y nada ha puesto en riesgo el "certamen electoral"."Lo que hemos observado hasta ahora es una participación libre del pueblo colombiano, no ha habido ninguna información sobre alteración de orden público ni nada que ponga en riesgo este certamen electoral hasta este momento", expresó en una rueda de prensa el jefe de la misión, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).La misión de la OEA cuenta con 96 observadores y especialistas políticos de 24 nacionalidades repartidos en 26 de los 32 departamentos del país y en ciudades en el exterior como Madrid, Nueva York o Miami para dar seguimiento a las elecciones presidenciales."Formalmente no se han presentado denuncias", agregó Fernández al ser consultado sobre posibles irregularidades.En esta jornada electoral hay desplegados más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos inscritos por las campañas del ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que estarán vigilando el conteo preliminar de votos una vez cierren los puestos de votación.Las declaraciones de la OEA se producen después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara la aparición de tarjetones presuntamente marcados en 14 departamentos y pidiera a las autoridades electorales verificar la situación para garantizar la transparencia de los comicios.Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales en todo el país.
Cinco personas fueron sancionadas con comparendos por hacer uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral de este domingo en Santander. Así lo reveló el secretario del Interior departamental, Óscar Hernández, al entregar el más reciente balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), que además reportó 14 situaciones relacionadas con el desarrollo de los comicios, todas atendidas y resueltas por las autoridades.De acuerdo con el funcionario, los casos estuvieron asociados principalmente a errores humanos y situaciones puntuales que requirieron la intervención de las autoridades electorales y organismos de control, sin que representaran una afectación para el desarrollo de la jornada democrática.“Ha habido algunos errores humanos con el debido acompañamiento de la mesa de justicia, lo que ha generado intervenciones y evidencias por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional y la autoridad policial, que impuso algunos comparendos por el uso de celulares en los lugares de votación”, explicó Hernández.El secretario destacó que desde tempranas horas se instaló el Puesto de Mando Unificado departamental con la participación del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, representantes del Gobierno Nacional y las diferentes autoridades encargadas de garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.Según el reporte oficial, más de 30.000 servidores públicos participan en el acompañamiento de la jornada, entre ellos cerca de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública, encargados de velar por la seguridad en los 825 puestos de votación y las 6.590 mesas habilitadas en el departamento.Hernández también informó que de los seis puestos de votación que registraron afectaciones por fallas en el servicio eléctrico debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en municipios como Cimitarra, Barrancabermeja y Rionegro, cinco ya recuperaron la normalidad tras las labores adelantadas por la Electrificadora de Santander (ESA).“Ya se restablecieron cinco circuitos. Nos queda pendiente únicamente un circuito en Cimitarra”, indicó el funcionario.Asimismo, señaló que en el municipio de Onzaga se presentó una situación relacionada con el suministro de energía, la cual fue solucionada tras el cambio de un transformador y el acompañamiento de las autoridades. También se registraron algunas intermitencias en los servicios de conectividad en municipios como La Paz y Guacamayo, inconvenientes que igualmente fueron superados.Durante el balance, el secretario confirmó además la captura de una persona en Puerto Wilches por un presunto delito de violencia sexual. Sin embargo, aclaró que este procedimiento no tiene relación alguna con el proceso electoral.
Francia vivirá este lunes una situación inédita con 49 departamentos del centenar que hay en el país en el máximo nivel de alerta por el calor, lo que supone 14 más que este domingo, y se explica por un agravamiento de este episodio de canícula en el que se esperan récords históricos.El ministro delegado de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, anunció a primera hora de la tarde la extensión de la alerta roja y, en una comparecencia pública, indicó que otros 54 departamentos estarán en alerta naranja."El lunes y el martes vamos a superar probablemente los récords de temperaturas", señaló Lefèvre, que añadió que esta ola de calor "es un episodio extremadamente precoz".La alerta roja el lunes cubrirá la fachada oeste del país, salvo la región de Normandía y los departamentos próximos a Bélgica, pero también buena parte del interior, incluida la región de París.Météo France, que comparó la situación a la ola histórica de calor de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, indicó que en esos departamentos las temperaturas serán excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche.En concreto, los termómetros no van a bajar la próxima noche de 20-23 grados, e incluso estarán entre 23 y 26 en la zona de Burdeos. Por la tarde, las temperaturas subirán respecto a las de este domingo y en algunos casos se situarán entre 40 y 42 grados o incluso más.Los servicios meteorológicos estiman que en Burdeos se llegará a los 43 grados, a los 41 en Limoges o en Rennes, a los 40 en Toulouse o en Tours y a los 39 en París.Además, avisan de que este episodio de canícula va a continuar (e incluso a agravarse en ciertas regiones) durante buena parte de la semana próxima.Este domingo se llegaron a superar los 42 grados en una estación meteorológica (42,2 en Pissos, en el suroeste) y se alcanzaron récords absolutos de temperatura para un mes de junio al menos en una quincena desde que hay registros.Eso ocurrió, por ejemplo en las ciudades de Brive la Gaillarde (40,8 grados), Niort (40,5), Cognac (40,3), Angulema (40,3), Bergerac (39,6), Poitiers (39,3), Dijon (38,2) o Limoges (37,9).El ministro francés de Educación, Edouard Geffray, afirmó que 845 centros de enseñanza de primaria y de secundaria (de los alrededor de 60.000 que hay en todo el país) no abrirán sus puertas el lunes por el calor y que en otros 1.800 se van a ajustar los horarios para evitar las clases en las horas de más calor de la tarde.El consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex, indicó que su voluntad es garantizar "un tráfico lo más normal posible, en estas condiciones extremas y excepcionales", pero reconoció que no circularán algunos convoyes antiguos que no tienen climatización.Castex, además, aconsejó a las personas vulnerables que no tomen el tren, ante los incidentes que se podrían producir.El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, indicó que se van a ampliar los horarios en que se permite el baño en lugares como el Canal Saint Martin, al que estos últimos días acuden cientos de personas para refrescarse.La canícula afectaba de forma notable este domingo a la Fiesta de la Música que se celebra en Francia cada 21 de junio con conciertos que sacan a la calle a millones de personas.Aunque no hay una regla general para todo el país, en algunos lugares las prefecturas (delegaciones del Gobierno) o los ayuntamientos han decidido anular o posponer algunos de esos conciertos.El Gobierno decidió el sábado que en los departamentos en alerta roja estará prohibido consumir alcohol en la calle para intentar evitar una mayor presión sobre los servicios sanitarios, que están siendo muy solicitados por el calor.
Un procedimiento de la Policía en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, terminó en medio de momentos de tensión y alteraciones de orden público luego de que integrantes de una comunidad indígena impidiera la captura de un hombre señalado de pertenecer al ELN y que, según las autoridades, tiene tres órdenes de captura vigentes.El operativo se desarrolló en un puesto de control ubicado en el sector conocido como El Siete, donde los uniformados identificaron a alias Alejandro, presunto integrante de una estructura criminal del ELN. Según la institución, el hombre identificaco como Alejandro Bitucat Manugama, alias 'Alejandro' o 'Cachetón', es requerido por la justicia por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, y concierto para delinquir. “Durante un procedimiento de Policía, identificaron a alias Alejandro, integrante de la estructura criminal del ELN, quien registra tres órdenes de captura vigentes por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de NNA y concierto para delinquir”, señaló el Ministerio de Defensa.Los videos que circularon en redes sociales muestran momentos de forcejeo y confusión al interior del vehículo de transporte público que cubría la ruta entre El Carmen de Atrato (Chocó) y Ciudad Bolívar (Antioquia). En las imágenes se observa a un uniformado reaccionando con golpes mientras varios pasajeros intervienen para impedir el procedimiento de captura.Según la versión oficial, “la comunidad indígena no permitió proceder con la captura del sujeto”. Aunque finalmente el vehículo continuó su recorrido, las autoridades anunciaron investigaciones sobre lo ocurrido. “Frente al procedimiento de los uniformados se adelantarán las actuaciones correspondientes”, indicó el Ministerio, que además confirmó que se emprenderán acciones legales contra las personas que interrumpieron la actuación policial.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que la situación fue monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado instalado para seguir el desarrollo de la jornada electoral. “Hace una hora la fuerza pública identificó a un ciudadano con orden de captura en el puesto de control de El Siete, en el municipio de El Carmen de Atrato movilizándose en un vehículo. Este hecho generó tensiones entre la comunidad y la fuerza pública en medio del procedimiento”, afirmó.La mandataria agregó que, tras el incidente, “finalmente se dio vía libre al vehículo y se ha continuado la jornada con normalidad”. Asimismo, indicó que los hechos fueron reportados al PMU nacional, mientras avanzan las verificaciones y actuaciones correspondientes por parte de las autoridades.
La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que este domingo pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado."Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", dijo en un video publicado por la FIFA la progenitora de 'Vozinha', a quien su exhibición contra España lo convirtió en uno de los nombres propios en lo que va de Mundial."Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", continuó en el video, que concluyó al grito de 'Vamos Tiburones Azules', por el apodo de la selección africana.Al término del partido contra España (0-0), a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas y poco después indicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.Además de acudir al partido, la madre de 'Vozinha' también fue invitada a un 'tour' del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado en X.Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su casillero.
La defensora del Pueblo, Iris Marin, publicó un duro pronunciamiento sobre las zonas de ubicación temprotal, que es un mecanismo utilizado que permite la suspensión de captura de integrantes de grupos armados que estén en un avanzado proceso de paz. Sin embargo, este documento, la Defensoría del Pueblo ameritó que, aunque el presidente Gustavo Petro tiene la facultad institucionalidad, no es una facultad absoluta y debe estar sujeta a controles, motivaciones claras y garantías para las victimas."El Gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial, personal, mecanismos efectivos de control y verificación, y solo puede establecerlas en un estado avanzado del proceso de paz. Pero, entonces, ¿qué es un proceso un estado avanzado del proceso de paz? Un proceso de negociación está avanzado cuando ya es viable el desarme, la desmovilización y reintegración a la vida civil de los miembros del grupo", concluyó la defensora.Sin embargo, en el pronunciamiento, la defensora señaló que bajo el modelo paz total, el Gobierno del presidente Petro no solo debe medir la posibilidad de un desarme, sino debe ser clara si exista evidencia clara de un desescalamiento de la violencia en el país en las zonas mas afectadas. Ante esto, la entidad advirtió que, a la fecha, aún no hay una verificación exacta que permita concluir que hay avances en negociaciones con estructuras como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el EMBF.En el documento, a parte de hacer requerimientos al Gobierno, también identificaron cuatro riesgos principales frente a las zonas de ubicación temporal (ZUT) y así mismo de los integrantes que hacen presencia en regiones historicamente afectadas como Tibú, Norte de Santander, o zonas con deterioro reciente de orden público como Mallama, Nariño. El pronunciamiento alerta posibles afectaciones a los derechos humanos de las comunidades raizales asentadas en estas zonas e insiste que debe haber una consulta previa y el gobierno debe priorizar garantías y no simples requisitos formales.Cerrando el requerimiento, la Defensoría la pidió a la nación sustentar todas las decisiones tomadas frente a las ZUT y así mismo medidas para identificar riesgos antes de confirmar los traslados y concentraciones de integrantes de los grupos armados."La Defensoría del Pueblo insta al presidente de la República a motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT. La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías calificables para la población civil.” Concluyó la defensora.
En un contundente anuncio sobre la situación de orden público en el sur del país, el Gobierno nacional elevó a $300 millones la recompensa por información que permita la captura de Jhan Carlos Rodríguez Másmela, alias 'Chapolo', considerado objetivo de alto valor por su accionar criminal en el Tolima.La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez , al término de un Consejo de Seguridad Regional realizado en Neiva , donde participaron las autoridades del Tolima y Huila, junto a la cúpula militar y organismos de seguridad del Estado.¿Quién es alias 'Chapolo'?Alias 'Chapolo' es señalado como el cabecilla principal del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC , estructura que delinque en zonas rurales de Planadas, Ataco y Rioblanco , en el sur del Tolima.De acuerdo con las autoridades, su accionar criminal incluye, extorsiones a campesinos y comerciantes, amenazas sistemáticas a la población, reclutamiento de menores, control de corredores rurales para actividades ilegales.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ya había advertido desde febrero sobre la peligrosidad de este cabecilla, cuando la recompensa se fijó inicialmente en $200 millones, cifra que ahora aumenta como parte de la ofensiva estatal."No hay dónde esconderse"El ministro Pedro Sánchez fue enfático al referirse a alias 'Chapolo' y a las estructuras criminales que operan en la región, “El que sigue es alias Chapolo, criminal, objetivo de alto valor en esta región, por quien ofrecemos una recompensa hasta de 300 millones de pesos”. Además, lanzó una advertencia directa, “No hay lugar donde se puedan esconder de la Fuerza Pública, hasta allá iremos”.El jefe de la cartera de Defensa también señaló que estas estructuras “solo se dedican a extorsionar, asesinar, robar, atracar y reclutar menores ”, reiterando el impacto negativo que generan en las comunidades rurales.Durante las operaciones militares recientes en Tolima y Huila, fueron neutralizados 11 integrantes de estructuras vinculadas a Néstor Gregorio Vera Fernández alias 'Iván Mordisco' y Alexander Díaz Mendoza alias 'Calarcá', entre los cuales se destacan los cabecillas: Nicolás Anchicue Mera alias 'Fernando Gómez', neutralizado en zona rural de Belalcázar, límites entre Huila y Cauca; y Jefferson Ruiz Vargas alias 'Esteban', capturado en el municipio de Rovira, en el Tolima. Además de la afectación directa a redes criminales responsables de violencia en la regiónSegún el ministro, en lo corrido del año ya van 4.400 capturados y 145 integrantes del círculo cercano de 'Iván Mordisco' neutralizados.La gobernadora Adriana Matiz reiteró que estas estructuras han alterado gravemente la seguridad en el sur del departamento, afectando la tranquilidad de las comunidades rurales.Asimismo, insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental, garantizando absoluta reserva para quienes entreguen información que permita ubicar a alias 'Chapolo'.Canales para entregar informaciónLa Policía Nacional habilitó líneas seguras para recibir datos sobre el paradero de este cabecilla, 310 288 5053, 320 303 4900, 321 394 0987, 320 302 7892, Correo: detol.sijin@policia.gov.co. Las autoridades reiteraron que la identidad de los informantes será protegida.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, confirmó que este jueves habrá una reunión con la Fiscal General y el Alto Comisionado para la Paz para solucionar las diferencias sobre las conversaciones con grupos ilegales y el traslado a las zonas de concentración.Este anuncio se dio durante el consejo de ministros que avanza en Casa de Nariño y que se realiza luego de una reunión entre el presidente Petro con el comisionado de Paz y otros negociadores involucrados en este tema, en la que se autorizó el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal, definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.También definieron que en esta primera fase no harán presencia personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes; sin embargo, se deja claro que esto estará sujeto a una evaluación posterior por parte del mandatario.Cabe mencionar que con esta decisión se dejaría por fuera de la resolución del Clan del Golfo, que incluye a 29 miembros de esta organización criminal, a su máximo líder, alias chiquito malo, pedido en extradición en EEUU, y a otras 12 personas que figuraban en la lista y que también son extraditables.El presidente Petro señaló que esta es una discusión abierta con el gobierno de Estados Unidos. “Le pregunté a una persona que goza de representación diplomática de ese gobierno en colombia, si desmantelar una economía ilícita en un territorio concreto era mejor que extraditar al responsable de tráfico en ese territorio. Me dijo inmediatamente: la extradición, yo creo que es el desmantelamiento. Esa discusión está abierta en la relación con EEUU. Ya se hizo en el Gobierno de Santos a cambio de la desmovilización de 16.000 combatientes”
Un documento revela que la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le advirtió al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre los riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales que participaban en procesos de diálogo con el Estado.La comunicación, enviada en marzo de 2025, contenía observaciones al proyecto de Ley 388 de febrero de ese mismo año, iniciativa que buscaba crear un marco jurídico para negociar con grupos criminales sin origen político dentro de la política de paz total.En el documento, el Ministerio de Justicia respaldaba las mesas de diálogo como mecanismo para avanzar hacia la paz, pero advertía que era necesario reglamentarlas claramente para definir obligaciones y mecanismos de verificación de los acuerdos, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional.“Es fundamental mencionar que debe ser reglamentado, para determinar claramente las obligaciones y la verificación del cumplimiento de los acuerdos logrados en estas mesas de diálogo, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 523 de 2023”, dice el texto.Peticiones de cabecillas presosLa entonces ministra señaló además que algunas solicitudes hechas por cabecillas presos podían resultar contraproducentes para la seguridad y el control carcelario. Aunque no especificaba quiénes, ni en qué lugares, lo advertido en el documento coincide con lo que pasó un año después. Una fiesta no autorizada por parte de los cabecillas de combos delincuenciales de Medellín que estaban presos en la cárcel de Itagüí, quienes participaron en diálogos e incluso en un evento con el presidente y organizaron una fiesta no autorizada con cantantes vallenatos en el centro carcelario.Según el texto, existía preocupación porque ciertos beneficios terminaran fortaleciendo estructuras criminales que ya habían sido desmanteladas, permitiendo que líderes delincuenciales concentraran nuevamente poder o establecieran alianzas desde prisión.Buitrago también le informó al presidente que algunos privados de la libertad buscaban evadir los controles penitenciarios y las restricciones sobre elementos prohibidos dentro de los centros carcelarios.Por esa razón, aseguró que impartió instrucciones para mantener estrictos controles de registro, vigilancia y búsqueda de objetos prohibidos, con el objetivo de evitar “que se puedan ingresar y mantener elementos prohibidos y de riesgo para la vida e integridad de todos los privados de la libertad”.En el documento, la exministra también dejó claro que, aunque la política de paz es competencia directa del presidente de la República, desde el Ministerio de Justicia correspondía advertir sobre posibles riesgos que pudieran derivar en hechos violentos o afectar la protección de la población civil.
A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra ascendía a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo "indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles", valoró el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.De esos desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos, siendo los países más afectados por ello Sudán (9,1 millones), Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).Otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).Irán fue el Estado donde hubo más desplazamientos por conflicto en 2025, con 10 millones, en su mayoría evacuaciones temporales de la capital Teherán, seguido por República Democrática del Congo (9,7 millones), Palestina (2,7 millones), Sudán (1,7 millones) y Haití, todos ellos marcados por conflictos abiertos o violencia armada.En los desplazamientos por catástrofes, 10,7 millones se registraron en Filipinas, 3,5 millones en China y 3 millones en Pakistán, siendo un 91 % relacionados con desastres meteorológicos que incluyeron tormentas (17 millones) e inundaciones (7,9 millones).IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.
En un trino, la embajada de Estados Unidos en Colombia publicó la lista de grupos ilegales que tienen accionar en Colombia y que hacen parte de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras realizada por el departamento de Estado y en la que aparecen grupos como Al Qaeda y el Cartel de los soles."Las Organizaciones Terroristas Extranjeras trafican toneladas de cocaína, destruyen recursos naturales con la minería ilegal, y se lucran sembrando el terror en las comunidades colombianas mediante la extorsión, el reclutamiento forzado de niños, el tráfico de personas y el asesinato de líderes sociales, periodistas, y de la fuerza pública", dice el mensaje publicado en la red social X acompañado de una imagen en la que se puede leer el nombre de las distintas organizaciones delictivas transnacionales que operan en el país.Este mensaje aparece tras el anuncio del Gobierno que confirma que, a partir del próximo 25 de junio, comenzará el ingreso de más de 400 integrantes del Clan del Golfo a dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, como parte de los compromisos adquiridos dentro del proceso de conversaciones que ambas partes adelantan desde 2025.El comunicado también confirma que, para permitir el desplazamiento de los integrantes del grupo hacia las ZUT, se aplicarán los efectos jurídicos contemplados en la Ley 2272 de 2022, entre ellos la suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas algunas con fines de extradición.En el documento, tanto el Gobierno como el Clan del Golfo, pidieron que los avances de la negociación no sean utilizados en medio de la contienda electoral y explicaron que antes del ingreso formal se desarrollará una fase preparatoria y pedagógica que se extenderá hasta el 25 de junio.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el determinador del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío (Cauca), que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre, integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, no solo habría ordenado el ataque, sino que también fue el responsable de adquirir el material bélico utilizado en la acción terrorista.Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país. Además, era considerado la mano derecha de alias ‘Marlon’ y cuenta con solicitud de extradición por parte de Estados Unidos."Este individuo, hombre de confianza de alias 'Marlon', se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas. Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país", expresó en su cuenta de X el comandante general de la Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.Según las autoridades, su rol iba más allá de las finanzas: coordinaba la compra de drones y armamento, elementos que han sido utilizados en recientes atentados en la región. Su captura representa un golpe a la capacidad logística y operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos como el Cauca.
Se trata de una exposición construida en el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz en Bogotá, denominada “renacer por el respeto a la vida”, como un recorrido pedagógico y simbólico que permite entender, paso a paso, cómo operó el patrón criminal y cómo avanza hoy el proceso de verdad y reparación.En este caso, participaron 29 comparecientes del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, quienes no son considerados máximos responsables, pero sí han reconocido su participación en falsos positivos, como ocurrió en la masacre de El Totumo, donde cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamientos.A través de murales, piezas audiovisuales, fotografías, objetos simbólicos e instalaciones interactivas, la exposición muestra cómo víctimas y comparecientes, que vivieron el conflicto desde orillas opuestas, lograron dialogar y construir un mensaje conjunto en torno al respeto por la vida.Así operó el patrón criminalEn la primera estación del recorrido se explica cómo funcionaban estos crímenes. Los comparecientes lo describen en tres momentos: “planeación, ejecución y encubrimiento”, y relatan cómo existía presión por mostrar resultados operacionales.“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, explican en los relatos recogidos dentro de la exposición.Las medallas que dejaron de ser un honorUno de los puntos más fuertes de este espacio está en una vitrina. Allí están varias medallas militares. No están exhibidas como símbolos de honor, están ahí porque fueron devueltas.Uno de los comparecientes, William López Pico, quien en la época de los hechos era teniente, explica el sentido de ese gesto.“Las devolvimos públicamente, aquello que no solo fue un símbolo, sino una contribución de respeto a nuestro proceso ante la JEP y un acto profundamente personal y moral con las víctimas. Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, señaló, y agregó que cada una de esas medallas expuestas lleva impresa “un engaño, un incumplimiento que causó heridas que nunca debieron abrirse”.La devolución de esas condecoraciones surgió de las peticiones de las familias de las víctimas dentro del proceso, quienes querían saber si por los operativos recibieron reconocimientos, y que si lo habían obtenido, las entregarán de vuelta para aceptar responsabilidad.“En este acto de devolución quisimos reconocer que, desafortunadamente, algunos resultados no fueron legítimos, ya que con solo una gota de sangre de una persona inocente se perdió su legalidad. Desde ahí, les hemos fallado a la institución, a nuestro honor militar, y lo más doloroso a nuestras familias, y en especial a las familias de las víctimas”, agregó López.Verdad, reparación y diálogoEl magistrado José Miller Hormiga, ponente del Subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, explicó que ha sido el aporte de los comparecientes lo que ha permitido reconstruir lo ocurrido en detalle.“La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, señaló.El espacio también incluye cartas escritas por los comparecientes, fanzines construidos en conjunto y un políptico que recoge el proceso de diálogo. Además, hay piezas textiles y visuales que representan las caras y nombres de las victimas.Uno de los elementos centrales de la exposición es una obra construida colectivamente que, según explican en el recorrido, busca expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.En la imagen aparece un árbol que atraviesa dos momentos. Para quienes participaron en su construcción, ese árbol simboliza la transformación: “el árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”. La obra también incluye una mano que sostiene esa transición y una luz que se impone con el sol, representando la verdad.El camino de las victimasPara las víctimas, ese camino no ha sido inmediato. Alejandra Ramírez, hija de una de las personas asesinadas, cuenta que este proceso tomó años. “No sucedió de la noche a la mañana”, habla de un recorrido de cerca de cuatro años en el que pasaron de buscar respuestas a poder contar su historia.En su caso, el impacto fue personal desde muy pequeña. Creció en un entorno donde su padre fue señalado como delincuente. “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”, recuerda. Hoy, dice, poder conocer la verdad y limpiar el nombre de su padre se siente como un alivio.Finalmente, el magistrado Pedro Díaz, explicó el término “vergüenza reintegrativa”, algo que los comparecientes viven en la estos actos restaurativos.“Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, no solo ya ante la JEP, sino ante las víctimas de sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves, pero pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Y esa vergüenza que ellos tienen es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.La exposición estará disponible y disponible al publico hasta el 28 de mayo de 2026 en el lobby de la JEP en Bogotá.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 20 exintegrantes de las Farc a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07.Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como del Comando Conjunto Central, y fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional o por su participación determinante en estos hechos.“Se trata de una verdad construida a partir de las voces de las víctimas. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir mil quinientos cincuenta y nueve hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, de los cuales ochocientos sesenta y tres han sido calificados como crímenes de guerra. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Según la JEP, los exFarc se aprovecharon de contextos de pobreza, ausencia de Estado y precariedad en zonas rurales, así como de situaciones de violencia intrafamiliar, para facilitar la vinculación de niños y niñas.A esto se sumaba el relacionamiento cotidiano con las comunidades y, en muchos casos, la presencia previa de familiares dentro de la organización, lo que generaba entornos propicios para el reclutamiento mediante presión, engaño o persuasión.De los 20 comparecientes llamados por la JEP, la mayoría corresponde a antiguos comandantes de bloque y estructuras regionales, mientras que otros ocuparon roles de coordinación interfrentes o jefaturas dentro de unidades específicas.Entre quienes ejercieron liderazgo regional y fueron llamados a responder como máximos responsables figuran Fabián Ramírez Cabrera (‘Fabián Ramírez’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’); Ángel Alberto García Sánchez (‘Hernán Benítez’); Álvaro Guazá Carabalí (‘Kunta Kinte’); Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Tatareto’); Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’); Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’); Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Muñoz’, ‘Cancharina’); Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’); Luis Óscar Úsuga Restrepo (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos’, ‘El barbado’ u ‘Osama’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’) y Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’).A ellos se suman seis comparecientes señalados como máximos responsables por su participación determinante en hechos especialmente graves: Luis Eduardo Rayo (‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’); Henoc Capera Trujillo (‘Giovany Castro’); Elmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’); Jerminson Álvaro Noreña Camargo (‘Irson Córdoba’); Gustavo Gómez Urrea (‘Víctor Mejía Jecho’) y Álvaro García Velandia (‘Flaminio’).“Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques o interferentes como los anteriores, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macro criminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, aseguró la magistrada Lili Rueda, relatora del caso 07.De acuerdo con la investigación, entre 1971 y 2016 las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad. Los años más críticos fueron 1999, 2002, 2007 y 2013. El estudio concluye que el 64 % de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se dio mediante engaño y el 13 % a través de persuasión.El Bloque Oriental concentró la mayor parte del reclutamiento a nivel nacional, con cerca de la mitad de las victimizaciones documentadas y 611 casos de menores reclutados, lo que equivale al 39 % del total. De ellos, la mayoría, 379 niños y niñas, fueron vinculados con 14 años o menos, mientras que 228 tenían entre 15 y 17 años.“La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados. Reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.En el Caso 07 participan 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes y familias que aún buscan a menores reclutados desaparecidos.“La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.Tras esta decisión, los 20 exFarc deberán definir si aceptan o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso seguirá por la vía dialógica, lo que puede conducir a la imposición de sanciones propias.En caso contrario, quienes nieguen su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser llevados a juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación de orden público en el país y centró su mensaje en las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.“La Iglesia, en primer lugar, expresa toda su cercanía con las víctimas. Hay que reconocer que aquí estamos hablando de personas con una historia, con un pasado, con una familia, personas que llevaban la vida, en su mayoría trabajadores de la zona, que de alguna manera serán afectados en su integridad física”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia-Estado, al insistir en que el país debe responder con “un alto nivel de solidaridad y cercanía” frente a quienes han resultado afectados.El pronunciamiento también puso el foco en los territorios más golpeados, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde, según la Iglesia, no solo se viven los impactos de la violencia, sino también esfuerzos comunitarios por salir adelante.“Sabemos que son regiones en las cuales hay numerosas iniciativas sociales que se están movilizando, que están tratando de buscar alternativas, soluciones, que están buscando crear puentes, y la Iglesia está allí también junto a ellos”, indicó Henao, al destacar el acompañamiento a las comunidades en estas zonas.En ese contexto, la institución fue enfática en calificar el momento actual como crítico: “Nosotros vemos esto como una crisis humanitaria de grandes magnitudes”, afirmó, al advertir que el país atraviesa una coyuntura que exige “mucha responsabilidad social de parte de todos los sectores” para garantizar el ejercicio democrático dentro del orden constitucional y el respeto por la dignidad de la población.Frente a los responsables de los hechos violentos, monseñor planteó la necesidad de mayor claridad sobre el escenario de negociación.“Habría que definir si realmente quienes están cometiendo estos hechos tienen diálogos en curso con el Estado colombiano, habría que mirarlo porque no todos los grupos armados están en diálogo con el Gobierno. Pero lo que nos parece muy importante aquí, ya desde la perspectiva nuestra, es la visión que tenemos sobre la compleja situación que tienen los pobladores del territorio”, señaló.Sin embargo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la situación humanitaria de los territorios.“Tenemos que mirar hacia esos territorios, identificar en ellos que son comunidades enteras las que están siendo afectadas. Entonces, el llamado es a que se respete el derecho internacional humanitario, a que se respeten los principios de humanidad que son vigentes, incluso en situaciones de violencia o de conflictos muy altos, y que se reconozca que hay límites, y esos límites están, en primer lugar, en el respeto por la población civil”, añadió.Finalmente, envió un mensaje a las comunidades afectadas, reconociendo el difícil momento que atraviesan.“Sabemos que pasan por momentos difíciles, por momentos complejos, por la pérdida de numerosas personas que fueron integrantes de las mismas, y que pasan también por momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho temor”, expresó, al tiempo que hizo una invitación a mantener la esperanza y a seguir fortaleciendo la vida comunitaria como camino para enfrentar la crisis.
Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre del 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron este jueves la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)."Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural", expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.En este contexto, los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.El confinamiento, según los organismos, "pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda"."Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes", expresó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.Agregó: "Hoy vemos desafíos importantes en la prevención del confinamiento, en su atención integral, en respuestas oportunas, sostenidas, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso humanitario".La defensora Marín expresó, por su parte, que "si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía".Esto ocurre principalmente "en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos".
Miembros de la estructura 'Franco Benavides' de las disidencias al mando alias 'Iván Mordisco' ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño , para entregar útiles escolares a niños en una actividad de "propaganda", informaron fuentes oficiales.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados"."Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.En un video compartido en redes sociales, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.En las fotografías difundidas fueron identificados alias 'Héctor', 'Cristian' y 'Mauricio', quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.
La Iglesia Católica en Colombia reiteró su respaldo al Papa León XIV luego de su llamado firme a favor de la paz y la dignidad humana, en medio de los conflictos que persisten a nivel global.El pronunciamiento fue difundido por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, quien invitó a los fieles a rodear al pontífice con oración y a acoger su mensaje como una guía frente a los desafíos actuales.“Quiero, con estas líneas, invitar a todos los católicos para que se unan solidariamente en torno al Papa León XIV, quien, como lo han hecho sus antecesores, ha repetido el grito de los que sufren, de las víctimas y de las personas de buena voluntad que anhelan la paz: ¡no más guerra, no más atentados contra la dignidad humana, no más sangre derramada de víctimas inocentes de todas las edades, condición social y pueblos!”, señala el mensaje.El arzobispo también hizo un llamado a las comunidades a fortalecer la oración en sus parroquias y a convertirse en “artesanos de paz”, en un contexto que exige respuestas colectivas frente a la violencia.“Al rodear al Sumo Pontífice, los invito para que en sus parroquias refuercen la oración por la paz del mundo y para que nosotros, con la parresía bíblica, seamos también artesanos y pregoneros de la paz que nos da el Señor Resucitado”.En esa misma línea, monseñor Rodríguez explicó que los llamados del Papa no responden a intereses políticos, sino a su misión pastoral, y destacó que su voz recoge el clamor de las víctimas y el anhelo de paz de los pueblos, en medio de la violencia que persiste en distintas regiones del mundo.