El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reportó que tras vencer el plazo establecido para la entrega de bienes inventariados por las mismas Farc, con destino a la reparación de las víctimas. La fecha límite para la entrega de los bienes venció este 31 de diciembre. Archila aseguró que solo se han podido monetizar 50.000 millones de pesos.El funcionario insistió en que las víctimas seguirán siendo el motivo principal del trabajo del Gobierno y que se continuará trabajando en la recuperación de recursos, ya sea por la ubicación y devolución de bienes o a través de procesos de extinción de dominio, mecanismos que ya se pusieron en marcha para reparaciones colectivas.De acuerdo con Archila, en cumplimiento de sus funciones, enviará los informes pertinentes a la Fiscalía General y a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que son las instancias en que se debe analizar si hay responsabilidades individuales.
El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Andrés Ávila, se refirió a la entrega de bienes de las Farc para reparar a las víctimas.Este jueves se vence el plazo que puso el gobierno para entrega de esos bienes. A esto respondió el delegado del partido Farc Pastor Alape.Añadió que si el gobierno “necesitan argumentos electorales para decir que la paz fracaso no lo encontraran”.Manifestó que han cumplido, que entregado 390 toneladas de armamento y más 44.000 millones de pesos.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, habló en Mañanas BLU sobre el plazo que vence este jueves, para que las Farc entregué los recursos para indemnizar a las víctimas. "Lo que tenemos hasta ahora es un inventario, un balance donde ellos en su propio inventario incluyeron bienes por más de un billón de pesos. De esos, alrededor de 500.000 millones de pesos eran cosas que no se podían utilizar nunca en favor de reparación de las víctimas, como carreteras, campañas de vacunación, cosas de ese estilo. Eso nos dejaba alrededor de $ 500.000 millones de pesos y de estos hemos podido monetizar en este momento alrededor de 50.000 millones de pesos", indicó el funcionario. "Estamos pendientes de las validaciones de títulos, alrededor del 10 % de eso", añadió. Archila se refirió a los distintos escenarios que podrían darse si las Farc no reparan a sus víctimas. "De aquí, seguirían cuatro rutas. Enviar un informe a la JEP y la Fiscalía, son ellos quienes pueden establecer si hay consecuencias individuales", dijo el consejero. "De otra parte, lo mismo que existen instancias donde se hace el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Gobierno, lo que cumplimos de parte del Estado. Vamos a presentar este reporte a ellos para lo que corresponda", añadió. "Lo más importante son las víctimas. Ahí está la disposición a que si en algún momento, aún extemporáneamente quieren aportar más bienes, obviamente los recibiríamos y vamos a continuar trabajando en la extinción del dominio de los bienes que no fueron incluidos dentro del inventario", complementó. Escuche al consejero Emilio Archila en entrevista con Mañanas BLU:
Como ya es tradición, el recién posesionado presidente de Estados Unidos tomó control de la cuenta oficial de Twitter asignada al primer mandatario, @POTUS.Joe Biden envió sus primeros mensajes a través de la cuenta, que tiene 2.5 millones de seguidores y 0 seguidos.“No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Es por eso que me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer un alivio inmediato para las familias estadounidenses”, dijo Biden.Además, compartió un video cuyo mensaje principal es que es “hora de seguir adelante”.
En los 22 municipios del Atlántico no serán decretados como días cívicos el lunes y el martes de Carnaval, luego de que los alcaldes locales acogieran la propuesta de la gobernadora Elsa Noguera para evitar la indisciplina social y las aglomeraciones.En el caso de Barranquilla, epicentro del Carnaval, la decisión deberá ser tomada por el alcalde Jaime Pumarejo.Para la gobernadora Noguera es mejor que esos días, 15 y 16 de febrero, los ciudadanos se dediquen a trabajar o a sus actividades rutinarias para evitar que vuelvan a dispararse los contagios, como ocurrió con las fechas especiales de diciembre.Noguera hizo un llamado a los atlanticenses para que disfruten de la programación virtual del Carnaval que los días sábado y domingo (13 y 14 de febrero) ofrecerá la Administración Departamental.Entre tanto, la ocupación de camas de UCI continúa al alza en Barranquilla y ya se ubica en 65% cuando hace diez días era del 57%. Los pacientes con coronavirus en cuidados intensivos son el 31%. El Atlántico sumó ayer 768 nuevos contagios y 12 fallecidos.
Un insólito caso de robo se registró en el sur de Bogotá. Dos hombres, a empujones, se llevaron el camión que servía de sustento para una familia de la capital del país. Sin importar el peso del vehículo, uno de los ladrones logró empujarlo por las vías mientras la otra persona involucrada en el robo iba en la cabina para direccionar el camión. Todo esto, sin necesidad de encenderlo.El vehículo se encontraba parqueadero en plena vía pública y fue dejado allí mientras su dueño tomaba un descanso. El peculiar robo fue registrado en un video publicado por Noticias Caracol.
En una clínica de Bogotá falleció Tulio Zuloaga, quien durante alrededor de 20 años presidió la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, Asopartes, y quien fuera uno de los hombres más destacados de la industria, a pesar de que su profesión original haya sido la Filosofía.De acuerdo con información conocida por BLU Radio, Zuloaga venía con complicaciones médicas derivadas de una leucemia y en las últimas horas falleció a causa de un paro cardiaco en el norte de la capital del país.Inició en el mundo de los automotores vendiendo baterías, nació en Barranquilla, estudió con jesuitas, incluso, en la Universidad Javeriana, ha sido respetado y reconocido por el afecto y cercanía con su familia y su esposa María Consuelo, quien lo acompañó hasta sus últimas horas.Aún en medio de dificultades, presidió Asopartes desde 1998 y fue considerado uno de los representantes de gremios más importantes de Colombia. Con orígenes paisas y barranquilleros, sus últimos años vivió en Bogotá, sin descuidar ni un solo momento sus ciudades de origen, e incluso, fue destacado por haber interpretado canciones y su cercanía con Esther Forero en la época gloriosa de la música en el Caribe.
El comandante de la Policía de Puerto Tejada, mayor Óscar Alfonso Chávez Gutiérrez, enfrenta una investigación por parte de la institución por aparentemente estar de fiesta con sus subalternos y algunos detenidos que debía custodiar. Una comisión interdisciplinaria busca aclarar las circunstancia en las que se registraron los hechos que quedaron registrados en video. En las imágenes se aprecia al oficial en plena rumba, con su arma de dotación y una botella de licor en la mano, en la instalación policial. Toda la escena se dio, mientras sonaba música a todo volumen y la algarabía de varios uniformados y personas de civil. En otro video grabado, paradójicamente, En otro video, se escucha al mayor cuando, paradójicamente, parece presionar a sus subalternos para que muestren resultados en cuanto al número de comparendos a quienes incumplen las restricciones en la pandemia. "Ustedes están de rebeldes, ustedes dos, aquí vienen a trabajar. Cómo me van a decir que en un cuadrante no van a encontrar tres infractores", se escucha en la grabación. "Venga tigre, usted también, tanto que pide que mi mayor, un favor que no se qué... mire, de a dos comparendos. Mañana vienen a apoyar. Vienen aquí a reventarse en la mañana y en la tarde. Al que no le guste las políticas, a trabajar", indica el oficial. De acuerdo con las minutas oficiales de la estación de Policía, el oficial estuvo en la estación el 30 de diciembre, cuando se hizo la grabación.
En una carta, 21 congresistas de la oposición rechazaron los “hechos violentos”, las intimidaciones y amenazas en contra de “al menos 5” de las 16 integrantes de la “Instancia Especial de Mujeres para la Implementación del Enfoque de Género” en el acuerdo final de paz.Según la denuncia, se han presentado ataques “sistemáticos” contra esas defensoras de Derechos Humanos y sus familias. “Otras cinco integrantes han tenido que limitar y reducir su participación en los procesos organizativos y de representación por las mismas razones”, dice el texto firmado, entre otros, por las representantes Ángela Robledo, María José Pizarro y las senadoras Aida Avella y Angélica Lozano.También hacen un recuento de los atentados y dicen que por lo menos 12 se han ejecutado contra defensoras, lo que representa un incremento del 140 %. “Por lo que nos permitimos advertir con gran preocupación los recientes ataques contra los liderazgos especialmente pertenecientes a esta importante Instancia que busca garantizar la participación de las mujeres en la construcción de paz de nuestro país”, se lee.Los congresistas le pidieron al Gobierno garantizar la seguridad e integridad de las mujeres de la instancia y de sus familias e insistieron en que se deben establecer las medidas que contempla el acuerdo de paz.
En un nuevo conversatorio de ‘Una oportunidad lo cambia todo’ entre la Agencia para la Reincorporación y la Naturalización, ARN, expertos y excombatientes analizaron un aspecto fundamental para el proceso de reinserción de excombatientes: lograr que sus proyectos productivos se afiancen como modelos de negocio sostenibles.En la actualidad existen mas de 1.900 proyectos productivos, grupales e individuales, que han beneficiado a mas de 5.500 excombatientes, a sus familias y territorios, con una inversión que supera los $56.000 millones de pesosEl objetivo ahora, además de sostener el acompañamiento integral con vivienda, educación y asesoría profesional, es el de ayudar a esos proyectos a consolidarse y hacerlos sostenibles, empresas productivas sólidas.Según Andrés Stapper de la ARN, “no es solo dar recursos para los proyectos productivos sino impactar positivamente las regiones. La experiencia internacional nos permitió entender cómo mejorar la sostenibilidad para el éxito de esas iniciativas de negocio”.En ese camino, la ARN ha logrado articularse, por ejemplo, con alcaldías, gobernaciones y cooperación internacional para integrar a los proyectos y sus productos en cadenas de valor y comercialización que garanticen la sostenibilidad.Es el caso de ‘Un nuevo mundo’, un programa liderado por población en reinserción, liderado por el excombatiente Jhan Carlos Moreno, que consolida a seis proyectos distintos agropecuarios que se complementan entre sí para fortalecer su oferta, capacidad de negociación y sostenibilidad.“Incluso hicimos articulación con grupos de víctimas de Caldono (Cauca) para trabajar en proyectos productivos y en procesos de reparación y perdón. Es un concepto de reincorporación colectiva en los territorios”, afirmó en la charla.Bajo este concepto, se ha garantizado que la inversión y esfuerzo por lograr una paz con legalidad realmente se vean representados en proyectos productivos sólidos y de largo plazo que generen riqueza y una verdadera nueva oportunidad para miles de excombatientes.
Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Giovany Gallo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), hablaron en Mañanas BLU 10:30 sobre la licitación para proveer escoltas para el cuidado de miembros del partido político Farc. Según el sindicalista, hay quejas por parte de trabajadores de la entidad ante la eventual entrega de armas y nombramiento como escoltas a familiares de exguerrilleros sin experiencia.El procesoEl 24 de noviembre se abrió mediante la resolución 1465 de 2020 un proceso de selección para proveer a la UNP de 686 escoltas que hacen falta en diferentes regiones del país, para proteger a miembros del partido de las Farc. El proceso es por 9.379 millones de pesos.El Acuerdo de Paz obliga a la contratación de escoltas para proteger a los ex miembros de la guerrilla de la Farc y estos pueden ser personas reinsertadas, sus familiares o personas certificadas como de confianza del partido Farc. En virtud de esto se constituyó la subdirección Especializada de Seguridad y Protección y se creó cargo de agente de escolta 4070 con 1.200 plazas. Conozca la resolución:De acuerdo con los requerimientos de las Farc como partido político, faltan escoltas en algunos departamentos y por lo mismo se abre esta nueva convocatoria. El acuerdo es claro en que estos escoltas deben ser contratados por la UNP y no a través de empresas de vigilancia privada. Por eso se solicitó a la JEP poder hacerlo tercerizando mediante una empresa de seguridad privada.La controversia"Lo que no nos parece a nosotros es que ingresen personas sin tener las competencias generales para ser un escolta. Va a ingresar el tío, va a ingresar el padrino, los amigos de ellos, a costa del erario. Estas personas no tienen ningún tipo de formación como escoltas para ejercer esta función. Se les va a dar armas 9 mm., vehículos blindados, sin tener ni siquiera una formación mínima poniendo en riesgo también a la ciudadanía", sostuvo Gallo.De acuerdo con el presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos más grandes de la UNP, exintegrantes de Farc estarían metiendo a familiares sin experiencia para ser escoltas, quienes por ser contratados por empresas privadas terminarían terminar escoltando personas diferentes a los del partido Farc.Según el director de la UNP, Alfonso Campo, los requisitos contemplados están plasmados en los pliegos y todo está concatenado a los acuerdos de paz del decreto 299 de 2017."En el tema de la postulación, bajo el parámetro de la confianza, que tiene el partido Farc, es una de esas realidades indicadas en el acuerdo. Todas las decisiones en el manejo de lo público deben darse sobre el imperio y la observancia de la ley", afirmó.Según el funcionario, hay un fallo de la JEP que también da las directrices en el proceso."El proceso de contratación que se viene adelantando también es producto de un fallo que salió el 30 de julio de 2020 por parte de la JEP en el auto 008, donde se le ordena a la UNP que implemente medidas de protección aprobadas a los esquemas actuales", declaró.“Si los hombres de protección que son de confianza (de Farc), no reúnen los requisitos, sencillamente no serán contratados, como corresponde y lo recomienda la Superintendencia (de Vigilancia). Ahora, si hay que terminar de completar (nombramientos) los 686 hombres con otras hojas de vida que reúnan los requisitos, sencillamente esos hombres de protección cumplirán con la finalidad”, agregó.Campo habló sobre la hipotética situación que se daría si el partido Farc no acepta a los escoltas.“Si el partido Farc no los acepta, son otras razones. De parte nuestra, como UNP estamos cumpliendo como Gobierno nacional en brindar las garantías de medidas de protección”, indicó. Escuche al director de la UNP y al presidente de Analtraseg en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Dentro de los pilares del proceso de consolidación de una política de paz con legalidad, tal vez uno de los más fundamentales ha sido el de la educación. Desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, se ha fijado a este aspecto como una de las columnas vertebrales a la hora de construir una política de oportunidades, de crear escenarios productivos para los excombatientes y sus familias.Ese será el tema central del próximo conversatorio ‘Una oportunidad lo cambia todo’, desarrollados entre BLU Radio y la ARN, en el que estarán Andrés Stapper, director general de la ARN; Ariel Rivera Solari, director de Programas del Consejo Noruego para Refugiados; Sol Indira Quiceno, directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, y Yorleni Casas Castillo, persona en proceso de reincorporación; para dar a conocer cómo ha impactado, positivamente, el desarrollo educativo, personal y productivo de los excombatientes, en los dos años de implementación de la política de Paz con Legalidad.Proyectos de la ARN como ‘Arando la educación’ y ‘Maestro itinerante’, han evidenciado importantes logros y avances para la población excombatientes, familiares y comunidad, gracias además a la articulación interinstitucional y al aprovechamiento efectivo de recursos por parte de la cooperación internacional.Han sido casi de 10.000 personas, entre excombatientes, familias y habitantes de las comunidades la que se han beneficiado de los programas educativos, gracias al liderazgo de la ARN, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Noruego para los Refugiados, entre otros aliados.También se ha realizado una apuesta por la formación y aprovechamiento de saberes de los mayores a través de iniciativas como ‘Tejiendo saberes’, que apropian las particularidades de trabajar con comunidades diversas e impactadas por distintas de violencia.En este conversatorio se analizarán los programas para facilitar el acceso de los excombatientes, sus familias y comunidades a educación superior, como parte de alianzas establecidas con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP; la Universidad Distrital, de Nariño y de Córdoba, por mencionar algunas.Los esperamos este miércoles 9 de diciembre en un conversatorio más de ‘Una oportunidad lo cambia todo’ por Bluradio.com a partir de las 11:00 a.m. y Meridiano Blu.
Yirley Velazco, lideresa, vocera y defensora de las mujeres de El Salado, cofundadora de Mujer y Vida, aseguró en Mañanas BLU 10:30 que en la pandemia lo único que no se ha detenido son las amenazas. "Las amenazas a pesar de este tema de la pandemia nos han atacado muy fuerte", sostuvo. "En este momento somos asociación 'Mujeres sembrando vida'. Le brindamos acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Montes de María", contó. Según la lideresa, las víctimas siguen en la lucha, resisten y alzan la voz. "El Salado se caracteriza por ser una población resistente, resiliente, seguimos en la lucha. La mujeres en este momento siguen siendo muy sumisas, pero también hay un liderazgo positivo, seguimos alzando la voz", declaró. Escuche a Yirley Velazco en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Leyner Palacios Asprilla es una de las víctimas de la masacre de Bojayá (Chocó), perpetrada el 2 de mayo del 2002 por las Farc y que causó la muerte de 79 personas. De estos, cerca de 48 eran menores de edad.Palacios, quien hace parte de la Comisión de la Verdad y ha alcanzado gran reconocimiento en su activismo, recibió el premio al Defensor del año, un reconocimiento a quienes trabajan en la defensa de los DDHH y las libertades fundamentales en el país.“Me ha tocado pararme de las cenizas”, ha sostenido Palacios.Sobre la masacre de Bojayá, Palacios es un testigo de excepción, pues perdió a decenas de seres queridos.“Esa masacre me dejó la pérdida de 28 familiares, entre primos y sobrinos. Así como cuatro amigas. En total 32 familiares. Ese día nosotros salimos corriendo después de la pipeta. Yo estaba en la casa de las hermanas agustinas. Había salido de la iglesia porque les habíamos pedido a los paramilitares que se retiraran del lugar porque nos habían cogido como escudo humano”, narra Palacios.Escuche la semblanza de Leyner Palacios en Mañanas BLU:
Encontrar una persona desaparecida en medio del conflicto es una tarea difícil, pero se puede lograr. Este es uno de esos casos y sucedió de forma extraordinaria, 35 años después.En condiciones que iban en contravía de todo, ¿quién iba a pensar que el hombre de campo que hallaron iba a cambiar su azadón por una conexión de internet para hablar con su hermana con quien nunca imaginó ver de nuevo?Pues eso sucedió en el primer encuentro que tuvo este hombre con su familia, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas realizara un trabajo conjunto para establecer el paradero de un hombre, a quien por seguridad se protege su identidad.Escuche aquí cómo fue el reencuentro y la historia del campesino de 60 años:
Celio Mestizo, excombatiente de las Farc, hizo parte del proceso de reincorporación tras el acuerdo de paz. A sus 70 años, se graduó como técnico laboral en producción y transformación del café, del Entorno de Café que se desarrolló en el Parque Tecnológico de Innovación del Café-Tecnicafé.A pesar de su edad, Celio Mestizo se distanció de su familia de manera temporal para continuar con su aprendizaje. Él es el mayor del grupo de 26 aprendices que se formaron en la producción y transformación de café de alta calidad.Recibió su certificado en 6 áreas: operario en labores de campo en cultivos; manejo básico de herramientas ofimáticas; emprendedor en producción de café; evaluación de las características físicas del grano; eventos de divulgación tecnológica (EDT); y temas relacionados con cultivo, beneficio, industrialización y tostión del café.Mestizo contó que decidió estudiar con la motivación de generar un desarrollo social y transformación en su comunidad mediante una iniciativa que poco a poco avance en su tránsito hacia la legalidad.Don Celio se ha dedicado a la agricultura, se capacitó para mejorar la técnica que emplea en sus cultivos y fortalecer su proceso de reincorporación. La capacitación fue posible gracias a la financiación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Parque Tecnológico de Innovación del Café (Tecnicafé) y la Gobernación del Cauca.Escuche esta noticia en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire.
A Lucho Herrera, uno de los ciclistas más reconocidos y exitosos de la historia de Colombia, lo secuestraron durante 24 horas cerca de su finca en Fusagasugá hace más de dos décadas. Ocurrió en los primeros días de marzo del año 2000, cuando hombres con pistola y fusiles terciados lo raptaron y se lo llevaron. Los responsables del plagio eran guerrilleros de la entonces Farc-EP.Bernardo Mosquera Machado, conocido como ‘El Negro Antonio’ relató los hechos ante la JEP. El exguerrillero hizo parte de la dirección del Frente 42 que operaba en varios municipios de Cundinamarca, principalmente en Viotá, Fusa, Silvania, La Mesa, Mesitas, Tocaima, Girardo y San Juan de Rioseco, entre otros, desde 1993 hasta finales de 2001.Según ‘El Negro Antonio’ él estuvo en medio de esa operación y pese a que los mandos del entonces grupo subversivo tenían conocimiento del hecho, fue él quien asumió la negociación y participó en la entrega del ciclista.“Yo consulté, me dijeron: Hágalo. Como era un personaje público, reconocido a nivel nacional e internacional, entonces se nos vino el mundo encima. El mono (Jojoy) preguntó: ¿Ustedes tienen a Lucho Herrera? -Claro que sí, el operativo fue muy fuerte, nos dijeron: asegúrenlo. En el momento había mucho operativo, entonces vino el hermano, un familiar, habló con medios de comunicación y me dijo: negociemos, yo me comprometo a darle tanto, se me hizo fácil porque el operativo del Ejército era muy fuerte, que nos lo podían quitar o resultaba muerto, entonces yo, en ese momento determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo (nos dio 4.000 millones)”, narró.Explicó que, en medio de la premura, y el despliegue masivo que hubo de uniformados de la fuerza pública en la región, y la presión mediática, fue sancionado por no seguir los procedimientos establecidos en la entonces guerrilla, y expresó que, en el caso del ciclista Lucho Herrera, al no tomar la decisión correcta de consulta, fue llamado a responder por lo que fueran irregularidades en la operación.“Cuando salió la noticia de que lo habían soltado, me preguntaron ¿Por qué lo hizo? el argumento mío fue que había mucho operativo, que la verdad se me hizo fácil negociar con el señor y entregarlo, entonces inmediatamente me mandaron a recoger. Giovanni, que era el comandante, me dijo que entregara las unidades a “Campesino”, las que usted tiene y se viene para donde estoy yo. Me fui”, contó.El Negro Antonio permanecía en Viotá y fue su resguardo durante gran parte de la guerra, pero relató que, con el secuestro y posterior entrega rápida de Herrera, tuvo que pagar una sanción, “por subordinado y no consultar”, y según explicó, le “pusieron cuarenta metros de trinchera: de un metro de ancho por tres de hondo, y cinco días cocinando”, dijo que fue su sanción, para posteriormente al cumplirla, fuera integrado al mando del frente que operaba en varios municipios de Cundinamarca.Explicó que dependiendo las faltas que cometían los guerrilleros, las sanciones con base en los delitos cometidos podrían, incluso, llegar a un consejo de guerra donde hasta acarrearían fusilamientos en faltas mayores como la traición.En la audiencia enmarcada en el caso 01 de secuestro, expresó ante víctimas y algunos representantes, que cometió errores por los cuales se arrepiente y dice no debieron haber sucedido, y que, por tal motivo, su presencia y compromiso ante el tribunal es, y seguirá siendo, el de aportar a la verdad y dar cuenta de lo que sabe en los secuestros en los que tuvo participación.“Es muy duro, ahora que me encuentro en esta situación, mucho desangre, hicimos mucho daño a las familias, secuestrar a una persona, llevarla a las montañas, es un sufrimiento para él y las familias. Ya reflexionando, eso no debimos hacerlo, pero de todas formas teníamos que cumplir, porque había unas resoluciones de plenos y conferencias”, expresó.Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz ha realizado varias audiencias colectivas e individuales y el de secuestro es uno de los macrocasos que más ha avanzado, y se esperan pronto escritos de acusación y primeras decisiones, las audiencias en las que participan las víctimas y la Procuraduría, se extienden a compromisos en los que se manifiesta el interés de seguir aportando a la verdad después de que cierran las puertas de las comparecencias, donde el mismo Mosquera Machado, ha manifestado su interés de consultar, averiguar, y compartir información de hechos concretos en los que tuvo participación durante el conflicto armado en Colombia.Escuche este informe en Mañanas BLU:
El turno frente al tribunal especial fue para Reinel Guzmán Flórez, alias Rafael Gutiérrez, uno de los mandos del Bloque Oriental de la extinta guerrilla de las Farc, quien entregó detalles de algunos hechos en el marco del caso 01 sobre retención ilegal de personas o secuestro.A finales de 1983, Guzmán llegó al mando y fue el primer suplente en el estado mayor de las Farc, expresó que, en el frente segundo estaban al mando alias Héctor, alias Adalber, a uno a quien llamaban el Paisa y Gutiérrez, y explicó que se encargaba de organizar masas, además de ser correo del frente al secretariado, cuando Jacobo Arenas y Manuel Marulanda se encontraban comandando la guerrilla.Mientras los máximos comandantes se encontraban en El Duda, Uribe, Meta, y él, en el departamento del Huila, estuvo en diferentes frentes en distintos lapsos.En el año 1993, se ejecutó el secuestro del empresario Carlos Upegui, y alias Rafael Gutiérrez manifestó que era el cerebro intelectual de esa operación.“Yo soy el cerebro intelectual”, dijo Gutiérrez. “Elegimos dos guerrilleros vestidos de civil que tenían que trasladarse, y les tocaba los municipios de Cachipay, Zipacón, Faca, Albán, La Mesa y Anapoima, tenían que irse de civil, andar en la población, infiltrarse en la población, con todas las costumbres, y pedir trabajo en las fincas. En eso se fue un tiempo considerable, hasta que se encontró la finca del doctor Upegui. Como cada mes, los muchachos llegaban a dar parte de la misión, reportaban qué encontraban”, relató.Explicó que ese era uno de los mecanismos para obtener información, así como otra estrategia era la de acudir al recurso del Partido Comunista Clandestino (PCC), y entre las tareas de ese partido estaban controlar el área, vigilar, mirar qué sucedía y recolectar información.“Se concluyó el asunto del doctor Upegui, y hasta que concluimos, después eso tocaba que el plan era hacer el seguimiento, cómo venía a la finca, cómo regresaba, cuántos escoltas tenían, qué armas usaban, qué cosas tenía, se desplaza en tantos vehículos, etc., todo eso se estableció y pasar el informe al secretariado, se le pasó al camarada Jorge (Briceño), se pasa la propuesta y se mira si es factible”, agregó.Dijo que la decisión de quién era secuestrado, era el mismo secretariado de las Farc, y luego de pasar informes de inteligencia, ese grupo, mando máximo, definía cuál era la operación para seguir y se aprobaba o reprobaba. En el caso del empresario Upegui, se decidió secuestrarlo para obtener recursos financieros.“Me dieron la autorización y ya se hizo la planificación de la captura, de acuerdo con la inteligencia. En ese hecho participaron ocho personas, no hubo enfrentamiento, porque la inteligencia nos dijo cómo era la situación. Miramos que se podía retener sin problema y sin confrontación con la escolta. Los muchachos se vistieron como miembros del Ejército, se hizo un retén, una requisa, y se bajaron de los carros blindados, se desarmaron, se hizo la retención -venga para acá el armamento-, se hizo traslado de carro”, relató.Contó que los guerrilleros se llevaron a Upegui junto con su esposa; En un punto, bajan del vehículo solo al empresario y el plan era dejarlo cerca a Girardot. Lo tuvieron secuestrado un determinado tiempo en Quipile, y era Gutiérrez el responsable de todo lo que sucediera con él, por Upegui pidieron un millón de dólares de recompensa, esta, fue concertada en dos pagos de 500.000 dólares cada uno, la primera parte se pagó por parte de la familia. El Ejército dio de baja a uno de los responsables de estar con el secuestrado y no hubo capturas, según recordó Gutiérrez.Añadió que la comisión de cuido tenía unas reglas bajo un régimen interno, de acuerdo con las actividades y las UTC, Unidades Tácticas de Combate, donde se establecía un régimen, así como se daban instrucciones en las que se primaba la vida del retenido y cumplir reglas del régimen disciplinario que decía respetar integridad física, ideológica y religiosa del retenido.Dijo que, en el caso de una operación militar, la orden era no permitir un rescate. “El Ejército tenía una información, yo me encargaba de monitorear al Ejército, yo sabía dónde estaban las patrullas y así mismo, ordenaba al muchacho que se corriera del sitio y así fue como garantizamos que él estuviera ahí, él fue retenido el 22 de agosto del 93, hasta cuando se le dio la orden al muchacho de trasladado, el 23 de enero del 94, duró en esa área en diciembre y enero”, agregó.Y en esa orden que se dio de traslado, fue cuando acciones militares y operaciones de inteligencia, dieron con el paradero del empresario. En unos 20 días después de ese hecho, estaba planeado recibir la segunda mitad del millón de dólares, eso no se materializó.“Ellos se estaban moviendo a otra área, y un miembro que se llamaba David fue encargado del desplazamiento, y él comete el error de llegar a una casa deshabitaba como a las 12 de la noche, y quedarse ahí, pensando en que el doctor quedaba mejor ubicado que dejarlo en el monte, ahí le tocaba esperar y coger al otro día camino como a las seis de la tarde. Ahí no supimos si fue un poblador de la zona que avisó al ejército”.Reconoció que la iniciativa de secuestrar a Upegui fue directamente del frente, y no del secretariado, pero a la pregunta de si el mismo secretariado entregaba instrucción de secuestrar a cualquier persona, dijo que en su caso no era así, que los informes eran direccionados a ellos y allá se tomaban las decisiones, pero que no se hacía propuestas o se daban instrucciones de que fuera así.FinanciaciónExpresó que en la guerrilla se exigía un aporte a los comerciantes, a las personas adineradas de los departamentos y “retenciones de carácter financiero”, o en palabra sencilla: Secuestro. Asimismo, explicó que hubo aportes de empresarios “de manera voluntaria”, y que, era manejado por otro de los miembros del estado mayor, así como manifestó que su función, era principalmente la de organización de masas, esto hacia el año 1986.Posterior a eso, es trasladado al segundo frente en el secretariado en el sector de La Caucha, en un llamado grupo de ayudantía, donde eran unos 7 integrantes, entre ellos, Pastor Alape, “Óscar”, Daniel Aldana, entre otros, quienes trabajaban directamente con Jacobo Arenas, siendo representantes del estado mayor ante el secretariado, generando las comunicaciones y entregando balances de acciones distintos frentes.Estuvo desde la Fundación del Frente 53 en el año 1991 hasta 1993, donde los comandantes eran Jorge Briceño “El Mono Jojoy”, y ´Timoleón Jiménez´, y se mantuvo como suplente del estado mayor, y luego fue trasladado al Sumapaz con una columna, posterior, hacía presencia en Cundinamarca en municipios como Caparrapí, Útica, Villeta, Sasaima, Facatativa, Cachipay, Viotá, Tocaima y otros del occidente del departamento, como áreas de operación del frente 22.
En medio del debate de control político sobre el incumplimiento del Gobierno a las garantías de seguridad pactadas con firmantes de paz, asesinatos de líderes y lideresas sociales y masacres que vienen azotando al país el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que han hecho esfuerzos gigantescos para frenar estos asesinatos y manifestó que al gobierno le duelen las masacres y estos hechos.Señaló que el programa de erradicación de cultivos ilícitos terminó siendo un incentivo pues a “mayor coca, mayor beneficio”.Manifestó que hay que luchar contra el narcotráfico para eliminar la financiación de la muerte de líderes sociales.La senadora Aida Avella, entretanto, le exigió al Gobierno un plan para frenar el asesinato de líderes sociales.La senadora del partido de las Farc Griselda Lobo Silva o Sandra Ramírez presidió el debate en la plenaria del Senado.Por su parte, la senadora de las Farc Victoria Sandino señaló que lo que hace el Gobierno es estigmatizarlos y reducir toda participación política.Sandino expresó que hoy se cumplen cuatro años del acuerdo de paz, pero que la celebración se enluta por la muerte de excombatientes y líderes sociales. “Qué reincorporación podemos tener quienes hemos hecho el tránsito a la vida civil (…). Estas son las noticias que recibimos cada semana mientras el Gobierno hace declaraciones vacías”, sostuvo.Manifestó que Indepaz reportó la muerte de 251 líderes sociales durante el año 2020. “Hoy tenemos la triste noticia de que en lo que va corrido de este año ya van 76 masacres solo en 2020”, añadió.En medio del debate la ministra del Interior, Alicia Arango, indicó que entre 2018 y agosto de este año han sido asesinados 196 líderes sociales y que 57 están en trámite de verificación. Manifestó que, desde marzo, cuando inicio la pandemia, se reportaron 20 asesinatosDijo que están trabajando en acciones para dar garantías a la oposición y señaló que son 3.704 los líderes protegidos por la UNP, 374 mujeres y activistas, y miembros de la oposición 1.212. También afirmó que son 33 millones de pesos que se han dado a la oposición como apoyo.Agregó que la Defensoría ha emitido 191 alertas tempranas en 31 departamentos, pero que en 2020 el reporte es menor a 50 alertas y que hablan sobre grupos armados.Contó que están trabajando con comunidades indígenas, desplazados en Cauca, Córdoba y Tumaco y habló sobre planes de diagnóstico de riesgo con mujeres y diferentes comunidades.Sobre la protección de reclutamiento, dijo que 304 niños pudieron beneficiarse de capacitaciones sobre manejo del tiempo libre.En relación con las masacres aseguró que tienen estrategia de prevención de riesgo en los territorios en los planes de desarrollo territorial.La ministra del Interior señaló que “no es cierto que el Gobierno no tenga interés en estos temas” y que no está preocupado por la situación de los líderes sociales.“Si es una prioridad para el Gobierno Nacional lo que les pase a las lideresas, los líderes y en general a los que están en el proceso de reincorporación”, pero que la cifra de homicidios es menor que la del año pasado.Emilio Archila, consejero presidencial, dijo que hay más del 75 por ciento de los homicidios de líderes son a manos de los disidentes, Clan del Golfo y actores armados.Entretanto, el senador Gustavo Petro dijo que el discurso del Gobierno se basa en una política de fracaso que dice que se debe fumigar los cultivos de los campesinos. Dijo que el Estado abandonó al pueblo que quedó sobre el control de las mafias. Manifestó que “hoy la mafia tiene más poder” porque el presidente Iván Duque rompió la relación con el pueblo y empezó a hablar de la destrucción del acuerdo de paz. “El Gobierno de Duque constituyó las disidencias de las Farc”, concluyó.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para rodear el acuerdo final que selló la salida de la lucha armada en Colombia por parte las Farc.La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea han estado presentes desde el inicio de las negociaciones y continúan trabajando junto a otros organismos nacionales y globales para hacer realidad la implementación de la paz.La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha apoyado los acuerdos con su misión política de verificación del cese bilateral y dejación de armas y con la misión para la reincorporación e implementación de los acuerdos.La embajadora de la Unión Europea en Colombia Patricia Llombart aseguró que “gracias al acuerdo de paz desde la Unión Europea están trabajando muy estrechamente con el gobierno de Colombia y con la sociedad civil para llevar proyectos que lleven paz, estabilidad y progreso a las regiones”, aunque comprende que construir la paz no es algo que sucede de forma inmediata.Estados Unidos, por otro lado, ha contribuido con programas para fomentar el desarrollo rural y para erradicar los cultivos ilícitos, en especial, ha aportado el Plan Colombia y el programa "Paz Colombia".Ahora, con el triunfo de Joe Biden, “promotor como pocos del acuerdo”, según el expresidente Santos, se espera que se fortalezca y blinde más el respaldo.Pero el apoyo político y financiero en la implementación es el mayor aporte de la comunidad internacional, según Geraldine Busto, politóloga y docente de la Universidad de La Sabana.El fondo de la ONU para el posconflicto de Colombia ha recibido contribuciones de alrededor de 56 millones de dólares de países como el Reino Unido, Canadá, Suecia, Alemania, Noruega, Suiza, Irlanda, del Fondo de Consolidación de Paz de la ONU y del Instrumento Global de Aceleración de Mujeres, Paz y Seguridad para financiar 24 proyectos, donde se apoyan las reparaciones colectivas a víctimas del conflicto, la desvinculación de los menores de edad de las filas de las Farc, el desminado humanitario, entre otros planes.Sin embargo, aún hay retos y preocupaciones para que este acuerdo se implemente en su totalidad con celeridad, Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz, señala que “superando el conflicto armado en Colombia, este país puede estar abocado al desarrollo social y sostenible, a la profundización de la democracia, a la producción económica, pero también el acuerdo de paz tiene unos compromisos fundamentales en cuanto a derechos humanos”.
Hasta el 31 de diciembre, el hoy partido político Farc tiene plazo para que entreguen los bienes que fueron prometidos en el inventario que se presentó el pasado agosto de 2017, con el ánimo de reparar a las víctimas, pues se ha indicado que, cuando falta un mes para cerrar dicho plazo, se ha podido monetizar solo un valor de 4.069 millones de pesos.El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, manifestó que, pese a que dicho plazo vencía en julio pasado, los efectos de la pandemia y otras dificultades hicieron que se ampliara hasta finales de año e invitó a que se cumpla ese tema que fue pactado en el acuerdo de paz.Este llamado lo hace Archila, cuando se cumplen cuatro años de la firma del acuerdo en el Teatro Colón, sellando el fin del conflicto con la entonces guerrilla de las Farc y añadió que hay una disposición en logística y recursos para que las comisiones técnicas se desplazaran a las distintas áreas y reconocer, entregar, y disponer de los bienes.Según se explicó desde el Gobierno, los bienes reportados por la extinta guerrilla estaban valorados en 960 millones de pesos y se hizo una relación con base en información reportada por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se identificaron más de 30.000 bienes que no serán entregados, representados en más de 17.500 semovientes, 15.452 muebles y enseres, 200 inmuebles, 157 vehículos, 100 joyas de plata, más de 22.400 gramos de oro en joyas y lingotes y oro granulado con un peso de 15.020 gramos.“Finalmente, tampoco serán entregados $9.955.650 millones de pesos. Vale resaltar que esta información quedó consignada en 31 actas de trabajo entre SAE y los exintegrantes de las Farc”, puntualizó la consejería.A su vez, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, expresó que, en materia de reparación, hay un rezago que se debe a que las Farc no han entregado los bienes inventariados, frenando la satisfacción de las víctimas. “No así es el caso del Gobierno que viene trabajando de la mano con la Unidad para las Víctimas, la UARIF, que hace parte del departamento de Prosperidad Social, ha venido avanzando en las reparaciones colectivas y en las indemnizaciones que corresponden al estado”, dijo Ceballos.Añadió que falta mucho camino por recorrer para que las Farc indemnicen y satisfagan aquellos intereses y demandas lícitas que tienen las víctimas.
Este martes se cumplen cuatro años del acuerdo de paz en Colombia y en el balance pesan aciertos, cuestionamientos, hechos cumplidos y algunos pendientes. En Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, dos testigos de excepción del proceso hablaron de sus impresiones frente al cumplimiento de lo pactado y los avances y retrocesos en la implementación: por una parte, el exnegociador de paz Enrique Santos y por la otra Henry Acosta, quien fue intermediario entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos para dar inicio a las negociaciones.»» Haga clic aquí para ver el Facebook Live ««“El primer paso se dio hace cuatro años, esperemos que efectivamente entre la población y el Gobierno logremos llegar a una paz”, dijo Acosta, cuyo papel fue clave para que las negociaciones dieron inicio.Henry Acosta manifestó desconcierto por las recientes declaraciones del general (r) Jorge Mora, quien hizo parte del equipo negociador y quien manifestó cuestionamientos.“Siempre tenía sus dudas y vivía bajo el acoso permanente de los sectores ultraconservadores de las Fuerzas Militares representados en Acore y en la Asociación de Oficiales Retirados que siempre ejercieron presión sobre el general (r) Mora para que se retirara o no facilitara acuerdos, pero él, hasta el final”, contó el facilitador.En opinión de Enrique Santos, la administración de Iván Duque no muestra compromiso con lo pactado ni con la implementación.“El conjunto del Estado, del Gobierno, no está comprometido con los acuerdos, hay un desinterés absoluto”, sostuvo.Enrique Santos, hermano mayor del hermano mayor del expresidente Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como uno de los primeros negociadores en el acuerdo, se pronunció frente al papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez y lo fustigó con dureza.“Eso fue otro error, un error de cabo a rabo el de Néstor Humberto Martínez en quien Juan Manuel Santos confiaba y que se volteó de una manera insólita y sorprendente”, criticó.Escuche el desarrollo del tema central de Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
El negociador de paz Enrique Santos Calderón habló en Mañanas BLU sobre las inquietudes planteadas por el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel sobre el acuerdo de paz, que este martes cumple cuatro años desde su suscripción en el teatro Colón.“Yo fui el que le propuse a Juan Manuel Santos incorporar al general (r) Jorge Enrique Mora Rangel al equipo negociador, primero que todo por la ascendencia que él tiene sobre la tropa, es una persona tropera, con mucho prestigio, líder militar indiscutible”, indicó Santos.Según el hermano mayor del expresidente Santos, en su momento consideró que incluir al alto oficial iba a hacer sentir que las Fuerzas Armadas se vieran representadas en la mesa.Santos Calderón contó que el general (r) Mora tuvo mucha cautela pues nunca se había relacionado con la guerrilla como le tocó hacerlo en la mesa, pero que “poco a poco fue entendiendo la dinámica del proceso y la importancia de lo que estaba sucediendo”.“Siempre tenía sus dudas y vivía bajo el acoso permanente de los sectores ultraconservadores de las Fuerzas Militares representados en Acore y en la Asociación de Oficiales Retirados que siempre ejercieron presión sobre el general (r) Mora para que se retirara o no facilitara acuerdos, pero él, hasta el final”, relató Santos.Según el exnegociador de paz, las recientes declaraciones del general (r) Mora Rangel le produjeron desconcierto.Escuche a Enrique Santos en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: