La JEP citó al representante a la Cámara por el partido Comunes, Pedro Baracutao, y a otros seis exjefes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a reconocer públicamente su responsabilidad en más de 300 casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado. La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.“Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP”, explica la jurisdicción en su decisión.Esa estructura de las extintas Farc también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000. Además, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las extintas Farc que más secuestros cometió. Estos caso se dieron en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.“Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos”, señaló la JEP.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lanzó su informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado. En el documento señalan que Colombia es el quinto país del mundo con mayor número de personas desplazadas, después de Ucrania, Afganistán, Sudán y Siria.“Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de personas desplazadas internamente, con 7 millones de personas. 1.6 millones fueron desplazados después del acuerdo de paz. Además, Colombia es el tercer país en recibir personas refugiadas con 2.8 millones de personas venezolanas”, aseguró la representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard.Además, 11 grupos armados tiene alguna responsabilidad en la situación humanitaria en Colombia y algunas de las zonas más afectadas son el Chocó, Nariño, Cauca, Valle y el norte de Antioquia, entre otras.Más de 118.000 personas fueron confinadas en el país en 2024. Este año una de las situaciones más graves es la del Catatumbo, donde más de 91.000 personas se han visto afectadas por la violencia, 64.000 han sido desplazadas y más de 27.000 han enfrentado confinamientos o restricciones a la movilidad.En lo que va del 2025 se registró una reducción en el tránsito de personas de diferentes nacionalidades que cruzan la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá y posteriormente ir a Estados Unidos.“Lo que hemos visto es que por ejemplo el 2023 fue el año con mayor salidas con medio millón de personas de 123 nacionalidades distintas que cruzaron desde Colombia hacia Panamá. Este año hemos tenido como 3.000 personas cruzando, es una reducción del 98%. Lo que hemos visto es casi 9.000 personas regresando, durante el mismo periodo, desde Centroamérica a Colombia. Regresan en zonas donde hay pocos actores humanitarios entonces la gente que regresa llega con múltiples traumas y han cruzado el Darien dos veces”, agregó Mireille Girard.
En medio de la polémica por la presunta muerte de alias 'Iván Mordisco' , el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, desde el Magdalena Medio asegura que sigue vivo y delinquiendo, por lo cual aún se mantiene la recompensa de 4.450 millones de pesos por quien de información clara sobre su paradero.“Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Mordisco sigue delinquiendo hasta que no comprobemos lo contrario", anunció.Sin embargo, esto sería una contradicción al presidente Gustavo Petro, que después de varios días ausente en sus redes sociales, se refirió en la mañana de este sábado sobre la presunta muerte de 'Mordisco'. El primer mandatario afirmó en lo escrito que el jefe guerrillero salió herido en combate“Al parecer Iván Mordisco cayó herido en combate con el ejército; por días estuvo herido en la selva y perseguido, se reportaba los continuos pedidos de medicinas que salían se la zona. Es la triste historia de la degradación de la lucha insurgente, ante el final de sus objetivos, que ahora se concretan sin necesidad de las armas, la insurgencia pierde su contenido y se degrada. Pasa a ser simple ejercicio violento contra su pueblo. Traquetismo y bandisismo.” Escribió el presidente.Esto sucede después de conocerse un comunicado por parte de las Farc-EP en el que confirmaban la aparente muerte de 'Mordisco' en presuntos enfrentamientos, aseverando que el cuerpo sin vida del guerrillero reposaba en lo profundo de la selva amazónica.
Este fin de semana, una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló la situación de alias HH, líder de las disidencias del ELN, un grupo que ha comenzado a negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el senador Iván Cepeda, quien ha sido una figura clave en estas negociaciones, ofreció su explicación sobre el tema. Cepeda afirmó que, dentro del gobierno, ha existido una división sobre si era conveniente o no negociar con los Comuneros del Sur, un grupo disidente del ELN. Esta discrepancia llegó a marcar la pauta en el proceso de paz. El senador mencionó que el ELN, a través de su vocero Pablo Beltrán, descalificó a estos grupos como "narcotraficantes" sin una intención política legítima, lo que generó tensiones en el proceso. Pero el tema central de la conversación fue la solicitud de extradición de HH, que plantea un desafío considerable para cualquier negociación. El senador enfatizó que la extradición de negociadores puede hacer que la mesa de diálogo pierda toda viabilidad. "Imaginemos que en medio de una negociación, una autoridad decide extraditar a un negociador. ¿Cómo se puede continuar con el diálogo?" Esta situación, según Cepeda, es un principio universal que afecta cualquier conversación de paz. A pesar de las dificultades, Cepeda expresó que ha habido avances en los procesos de paz en Colombia. Aunque admitió que algunos procesos no han avanzado como se esperaba, también expresó su confianza en que hay progresos que merecen ser reconocidos. Según él, hay importantes avances con los comuneros del sur, junto con negociaciones más amplias que involucran al ELN y otras partes. Escuche la entrevista completa aquí:
Irán advirtió este lunes a los residentes de Tel Aviv de que evacúen inmediatamente las partes de la ciudad donde haya infraestructura militar ante la posibilidad de nuevos ataques, según la televisión Press TV.Las autoridades iraníes pidieron la evacuación de las zonas de la ciudad israelí próximas a infraestructura militar.El Ejército iraní también avisó el domingo por la noche antes de lanzar los últimos ataques que han dejado ocho personas muertas en Haifa (norte) y en los alrededores de Tel Aviv.Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron el lunes por la mañana en Haifa los cadáveres de tres personas, que se encontraban en paradero desconocido, tras los ataques iraníes ocurridos varias horas antes. Poco antes, agentes de Policía hallaron el cuerpo sin vida de un anciano en Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, en el edificio adyacente a uno impactado por un misil.Los servicios de emergencias ya habían confirmado anoche la muerte de dos hombres y dos mujeres, en principio todos de unos 70 años, tras impactos en al menos un edificio de unas 20 plantas en Petah Tikva, urbe a unos 10 kilómetros al este de Tel Aviv.Desde la madrugada del jueves, Israel está llevando a cabo una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos de Irán, que ya han causado 224 muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades iraníes.El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó el inicio de esta ofensiva asegurando que su inteligencia tenía constancia de que el régimen iraní estaba avanzando en el plan para desarrollar una bomba nuclear.En el lado israelí, los ataques iraníes lanzados en los últimos tres días como respuesta han matado al menos a 24 personas, según los datos ofrecidos hasta esta mañana por la Oficina del primer ministro israelí.Al menos ocho de ellos han muerto esta pasada madrugada por el impacto de los misiles balísticos en dos edificios del centro y del norte del país, informó el servicio de emergencias israelí.
Hasta 150 millones de pesos mensuales recolectaba una red de chance ilegal en Itagüí, Antioquia. En un operativo múltiple fueron capturadas varias personas que tenían hasta colillas y talonarios que fueron incautadosEsta red no solo operaba en Itagüí, sino también en otros municipios del sur del Valle de Aburrá, y según la Fiscalía General de la Nación, se trata de un grupo delincuencial dedicado a la comercialización ilegal de chance, con personas con labores definidas para atraer clientes y coordinar los pagos.En diligencias de registro y allanamiento que se llevaron a cabo en Itagüí, fueron capturados siete de los posibles integrantes de esta red, además de que se incautó dinero en efectivo, 594 colillas de chance manual diligenciadas, 9 folios manuscritos, 10 teléfonos celulares, 1 computador portátil, 16 rollos de papel de chance, 17 talonarios y calculadoras.Ricardo Ramírez Vásquez es uno de los detenidos, a quien las autoridades lo señalan de ser el cabecilla, encargado de pagar la nómina de los involucrados en la red, así como de recolectar el dinero para cubrir los premios.En cuanto a los demás capturados están quienes presuntamente ubicaban a los vendedores de chance, realizaba recorridos en los puntos de venta para entregar talonarios y colillas, y verificaban los listados de jugadores y ganadores para coordinar los pagos.De acuerdo con el material probatorio de la Fiscalía, esta organización alcanzaba a conseguir mensualmente hasta 150 millones de pesos.La Fiscalía de Medellín imputó a los siete capturados por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, cargos que no aceptaron.Ramírez Vásquez fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento, otros cinco capturados obtuvieron prisión domiciliaria, mientras otra mujer continuará vinculada al proceso.
Este lunes se reactiva el turismo en el Parque Nacional Tayrona, después de los 15 días de receso que emplean las comunidades indígenas para la conservación de esta reserva natural; sin embargo, el panorama pinta complejo para los turistas nacionales e internacionales que esperan pasar sus días hospedados en un lujoso hotel ecológico de la zona, pues antes del arribo de los huéspedes, personas armadas se habrían tomado a la fuerza este lugar para impedir su operación.El sitio en disputa es Ecohabs Bamboo Tayrona, un espacio que ha brindado alojamientos en los últimos cuatro años y por el que sus socios ahora mantienen una confrontación en la que, inclusive, uno de ellos ha denunciado ser víctima de secuestro extorsivo y amenazas.El empresario Augusto Rico, quien llegó a poseer el 70% de la sociedad, denunció a su socio minoritario ante la Fiscalía por presuntamente haberlo retenido a él y a varios empleados en contra de su voluntad, pues “se puso muy ambicioso” y buscaba quedarse con el negocio."Mi socio minoritario es el que ha tomado esto totalmente a la fuerza. Primero, el 5 de abril, me secuestró a mí y a cinco empleados, nos llevó hasta las montañas y estuvimos secuestrados más de 24 horas con aproximadamente unas 18 personas armadas y encapuchadas", contó. "Me obligaron a firmar la transferencia de las acciones del hotel y documentos en blanco, a todos los demás empleados también los obligaron a firmar documentos en blanco, con sus huellas y sobre su cédula", agregó.Rico afirma que después de todo esto la situación se ha ido agravando a tal punto que en los últimos días ni él ni los trabajadores han podido ingresar al establecimiento, debido a la presencia de hombres armados que se tomaron el lugar e impiden que el personal entre a trabajar y a adecuar las habitaciones que están reservadas.Advierte que no solo están en riesgo los puestos de trabajo de los 10 empleados que prestaban allí sus servicios, sino también la actividad turística de la zona, pues no hay cómo atender a los huéspedes que habían reservado y esto podría afectar la reputación de la región y ahuyentar a los visitantes en plena temporada alta de vacaciones."Ahora en junio, unas 14 personas pueden quedar afectadas por día, pero en el mes de julio la ocupación sube como al 75% y en agosto, como al 85%, porque son las vacaciones en Europa y la mayor parte de nuestros huéspedes son extranjeros, ósea, lo que va a pasar es supremamente grave y esos huéspedes se van a empezar a quejar del destino turístico", afirmó.Rico insiste en que estos hechos, en especial el secuestro extorsivo, fueron denunciados "sin que a la fecha se haya producido alguna captura", por lo que piden la intervención de las autoridades para esclarecer toda esta situación y evitar una afectación al turismo, una de las principales actividades económicas de esta zona.
Este lunes 16 de junio, en horas de la mañana, sobre las 9:30 a.m., un aparatoso accidente tuvo lugar en la vía que conecta a los municipios de Chía y Cajicá. Los reportes preliminares señalan que el siniestro se presentó frente a la estación de gasolina Terpel, cerca de Aristas.El incidente involucró a un automóvil particular y un vehículo de carga, lo que conllevó a una fuerte obstrucción en la movilidad sobre este corredor vial.De momento, las autoridades no han revelado información detallada con respecto al hecho, pero se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y gestionando el tráfico.Bomberos de Cajicá intervinieron para extraer a una persona que quedó atrapada en el automóvil tras el fuerte choque. Según la información recogida, las autoridades trasladaron de manera urgente al conductor del vehículo, así como a su hija, quien, según se conoció, es una bebé y se encuentra en estado grave tras el siniestro.Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y mantener tanto la calma como la paciencia mientras se normaliza la situación y se retiran los vehículos involucrados.
El museo Palazzo Maffei de la ciudad italiana de Verona anunció que presentó una denuncia contra el turista que se sentó en una silla hecha con cristales Swarovski y la rompió.El jueves el museo publicó un video de sus cámaras de seguridad en las que aparece un turista sentado en esta obra de arte mientras un una mujer le saca fotos. Al sentarse, la silla se desploma."La pesadilla de cualquier museo", escribió el establecimiento en Instagram.Se trata de una obra de Nicola Bolla, adquirida por el museo en 2022, inspirada en la silla de paja que aparece en uno de los cuadros de Vincent Van Gogh.Los dos visitantes huyeron antes de que el personal del museo pudiera detenerlos y no pudieron ser identificados.El museo, que no quiso precisar el valor de la obra, presentó una denuncia precisando que el incidente tuvo lugar hacía menos de cuatro semanas y que la silla ya ha sido restaurada y vuelve a estar expuesta."Es un gesto estúpido (...) pero también le veo un lado positivo y artístico", dijo el autor de la obra en el medio italiano Fanpage.El Palazzo Maffei de Verona exhibe obras que van desde la antigüedad hasta la actualidad.
En las próximas horas, el coronel Néstor Augusto Corzo será relevado de su cargo como comandante de la Brigada 22 del Ejército, ubicada en el departamento del Guaviare. La decisión se da como consecuencia de una investigación en curso relacionada con la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2025, en la que siete militares fueron asesinados en la vereda Guanapalo, atribuida a integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.Además del coronel Corzo, también serán relevados el jefe de Estado Mayor, el jefe de Operaciones y el comandante del Batallón París, así como el oficial de operaciones del mismo batallón al que pertenecían las víctimas. Estas medidas buscan establecer responsabilidades en la cadena de mando y evaluar posibles fallos en la planificación y ejecución de las operaciones militares en la zona.La emboscada, que tuvo lugar en horas de la madrugada mientras llovía, fue descrita por el Ejército como un ataque planificado que involucró hasta 50 criminales, quienes atacaron al pelotón desde cinco flancos diferentes. El general Freddy Gómez Gamba señaló que las unidades atacadas realizaban una “operación de estabilidad”, no ofensiva, cuando fueron emboscadas .Por su parte, alias ‘Calarcá’ afirmó que el ataque fue un “accidente”, argumentando que sus hombres confundieron a los militares con integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El relevo de los oficiales se produce en un contexto de creciente incertidumbre respecto a la política de “paz total” del gobierno colombiano. El vencimiento del decreto que suspendía las operaciones ofensivas contra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) ha dejado en un limbo jurídico las negociaciones con este grupo armado, permitiendo al Ejército actuar sin restricciones .Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias de la emboscada y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se espera que los relevos en la Brigada 22 sean anunciados en las próximas horas por el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.
La JEP rechazó el sometimiento del exalcalde de Canalete, Córdoba, Armando José Lambertínez Bolaño, quien ante esa jurisdicción negó sus alianzas con las Autodefensas, a pesar de haber sido condenado en 2016 y de haber sido señalado por su jefe político, Julio Manzur.“La Sala consideró llamativo que el exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, quien fuera el jefe político de Lambertínez fuera quien lo señalara como una persona ‘relacionada con las AUC’; esto teniendo en cuenta que, en su momento, Manzur Abdala aceptó hechos que reflejan el nivel de cooptación por parte de paramilitares en Córdoba, desde personas que accedieron a los más altos cargos de elección popular a nivel nacional, hasta quienes ocuparon otros cargos menores en los municipios”, señala la JEP.En 2016, el exalcalde Lambertínez fue condenado a 72 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado para promover grupos al margen de la ley.“En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería acreditó que, a través del llamado ‘Pacto de Marizco’, centrado en el control de las alcaldías de la región, el exalcalde Lambertínez tuvo vínculos con Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’, quien fuera el comandante del Bloque Elmer Cárdenas”, explica la JEP.De esta manera los procesos contra el exalcalde Lambertínez continuarán su trámite en la justicia ordinaria.“La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que los aportes de verdad brindados por el compareciente no suministraron información inédita o relevante sobre estas relaciones y pactos políticos. Según el estudio hecho por la Sala, el compareciente solo se refirió a situaciones de terceros que ya están consolidadas y que son conocidas públicamente en varias decisiones judiciales de la justicia ordinaria”, agregó la JEP.
Desde el movimiento Defendamos la Paz le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que le piden una mayor atención para el departamento de Arauca, ante la situación de orden público que se vive en la zona.“Presidente Gustavo Petro, usted ha señalado una y otra vez que en Colombia debemos tener como prioridad la protección de la vida, por encima de cualquier consideración y Arauca se está desangrando."Arauca vive una violencia persistente; entre 2022 y hasta hoy se han cometido más de 1.000 homicidios, una pandemia de violencia que hay que enfrentar”, señala el movimiento en un comunicado.Es importante recordar que desde el 2022 en esa zona del país se han registrado disputas entre el ELN y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.“Son docenas los líderes sociales, comunales y firmantes de paz que han salido de Arauca para proteger su vida y hay comunidades desplazadas y otras confinadas. El Estado colombiano tiene el deber de protección y, ante la situación de Arauca, se deben redoblar los esfuerzos. Arauca requiere más atención del Gobierno nacional, en particular le proponemos revisar la implementación del acuerdo de paz”, dicen desde Defendamos la Paz.Según datos de la Defensoría del Pueblo, Arauca es una de las zonas del país donde más secuestros se registraron en 2024. Además esa entidad reveló hace aproximadamente un mes que solo en el Catatumbo y en Arauca, zona de frontera con Venezuela, había más de 60 secuestrados.“Presidente Gustavo Petro, todo lo que hagamos con la sociedad Araucana, los gobiernos territoriales y con todos los que podamos concurrir por una Arauca en Paz, es avanzar en democracia y el propósito de transformaciones territoriales que usted ha propuesto”, señala Defendamos la Paz.
Un subintendente de la Policía fue asesinado por un francotirador del Frente de Guerra Oriental del ELN en el casco urbano del municipio de Saravena, departamento de Arauca. Aunque el uniformado fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, ya llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas.El uniformado fue identificado como Gustavo Adolfo Jiménez Martínez, de 37 años, subintendente adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, quien en el momento de los hechos estaba reunido con algunos de sus compañeros y militares detrás de la estación del municipio, momento en el cual fue atacado a disparos por parte del francotirador desde larga distancia.El subintendente Jiménez Martínez, que llevaba más de 18 años al servicio de la Policía, destacan las autoridades, murió de forma instantánea tras recibir un disparo en la cabeza. “Se registró acción de francotiro en la Estación de Policía Saravena, momentos en que los uniformados se encontraban realizando control con Ejército Nacional”, indicaron las autoridades.En estos momentos la Policía y el Ejército adelantan una inspección por la zona de ataque para tratar de dar con el paradero del asesino quién, de acuerdo con las primeras versiones, pertenece al Frente de Guerra Oriental del ELN que delinque en esta zona del departamento de Aroca
En las últimas horas fue capturado alias '57' o ‘Chanel’, un peligroso cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del cartel Clan del Golfo y asesino de policías y soldados. El Ejército y la Policía lograron su captura en la vereda Pompeya de Villavicencio , Meta.Este hombre, de acuerdo con las autoridades, era el encargado del brazo armado de la organización criminal y, además, es responsable de homicidios selectivos y atentados contra la fuerza pública y la población civil en esta región de los llanos orientales.En medio de la operación que llevó a su captura las autoridades incautaron 40 cartuchos calibre 5.56 mm, 2 barras de pentolita, propaganda extorsiva y una motocicleta sin placas, con la cual se movilizaba el peligroso delincuente.“Esta captura representa una victoria importante en la lucha contra el crimen organizado: neutralizamos capacidades ofensivas y de intimidación criminal que amenazaban la seguridad de la región”, indicó el Ejército.Hoy, alias ‘Chanel’ está en manos de la justicia para que responda por los delitos que se le atribuyen: “No permitiremos que estructuras armadas ilegales atenten contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de los colombianos”, agregó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Arquidiócesis de Cali emitieron un comunicado en el que rechazaron el secuestro de Lyan José Hortúa, un menor de 11 años quien fue secuestrado en Jamundí, Valle, el pasado 5 de mayo. Según información de las autoridades, los responsables de este caso serían las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'."Como organizaciones que trabajan por la paz reiteramos que la libertad es un derecho inviolable que nada ni nadie puede coartar. El respeto al Derecho Internacional Humanitario es una obligación ineludible para todos. Hacemos un llamado por el fin del secuestro y de toda afectación a la vida y las libertades de los niños y niñas y su uso en los conflictos armados", señaló el comunicado de la Iglesia Católica y la ONU.Además, en el documento, las organizaciones señalan que están dispuestas a facilitar la liberación del menor."Nos ponemos a disposición para facilitar una entrega humanitaria del menor y que pueda retornar lo antes posible con su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad"; indicó el comunicado.Actualmente con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' no hay cese al fuego bilateral ni negociaciones de paz, pues fueron suspendidas tras las acciones terroristas de ese grupo ilegal, especialmente en el departamento del Cauca.
Seis integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' fueron abatidos en las últimas horas en medio de operaciones militares en zona rural del municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Dentro de los delincuentes abatidos se encuentra Nelson Gabriel Márquez conocido como alias 'Gato Feo'.Este hombre, de acuerdo con las Fuerzas Militares, sería el segundo cabecilla de la subestructura 39 Arcesio Niño Bloque Amazonas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, logrando así con su abatimiento un impacto estratégico a la influencia delictiva y planes de expansión de ésta estructura criminal.La subestructura que lideraba alias ‘Gato Feo’ ideaba y ejecutaba, destacan las autoridades, actos de terrorismo contra la población civil, secuestros, asesinaba a civiles que no accedieran a pagar extorsiones, lideraba el tráfico de sustancias ilícitas, así como ataques a la fuerza pública, siendo uno de ellos el hostigamiento a la base militar de Puerto Alvira en octubre de 2024.Por alias ‘Gato Feo’ las autoridades ofrecían una recompensa de más de 100 millones de pesos. Este hombre tendría tres años al mando de esta estructura, además tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Finalmente, desde el año 2022 sería el responsable de al menos siete asesinatos.“Junto a las autoridades competentes se mantiene la ofensiva para determinar la identidad de cabecillas, encargados de ordenar ataques a la Fuerza Pública y la población civil. No descansaremos hasta desmantelar estás estructuras armadas al margen de la ley, quienes infunden zozobra en la región”, indicó el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares.
La JEP le ordenó a los ministerios de Defensa e interior, así como a la oficina del Consejero Comisionado de Paz, adelantar las gestiones necesarias para garantizar la expedición del decreto mediante el cual se adopte el Programa de Protección Integral (PPI). En ese auto, la jurisdicción revela que los firmantes del acuerdo están viviendo una compleja situación de seguridad. El tribunal señala que en algunos AETCR y NAR, que son los sitios donde están las personas en reincorporación, hay riesgo de desplazamiento."Considerando que la UIA, en su informe La Reincorporación Desarraigada, alertó sobre el riesgo que enfrentan algunos AETCR y NAR, ubicados en territorios con fuerte presencia de grupos armados no estatales, y que, de no garantizarse condiciones adecuadas de seguridad, existe una alta probabilidad de desplazamientos forzados de sus habitantes; y teniendo en cuenta la regulación jurídica de estos espacios de reincorporación colectiva mediante el Decreto 1048 de 2024, se ordenará al Ministerio de Defensa mantener y fortalecer los despliegues preventivos de la Fuerza Pública" señala el auto de la JEP.La JEP advierte que ha notado un deterioro en las garantías de seguridad para las personas en proceso de reincorporación y ha aumentado la estigmatización, es por esto que la jurisdicción pide proteger los espacios de reincorporación."La Sección de Ausencia de Reconocimiento ha identificado un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a proteger a las personas en proceso de reincorporación, así como un aumento en los casos de estigmatización. Ante las diversas denuncias y demandas de la población firmante, la Sección considera pertinente reforzar las medidas para prevenir la estigmatización y mantener los dispositivos de seguridad que se establecieron en el Acuerdo Final de Paz respecto de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (en adelante, AETCR) y las Áreas Especiales deReincorporación Colectiva (en adelante, AERC)", señala la JEP.En el mismo sentido, desde la jurisdicción aseguran que más de 1.300 firmantes han sido desplazados de los espacios de reincorporación."Desde la creación de los espacios de reincorporación se han registrado 28 eventos de desplazamiento forzado que han implicado el desarraigo del territorio de 1.350 firmantes del acuerdo de paz: 52 % fueron eventos de desplazamiento forzado de tipo individual o familiar y 48 % fueron eventos de desplazamiento forzado masivos que requieren ser atendidos por el Estado", agrega el auto de la jurisdicción.
Los grupos armados reclutan a un promedio de un menor cada dos días en Colombia desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, según un informe de la justicia especial publicado este viernes.El reclutamiento forzado de niños ha sido una de las violaciones de derechos más graves en seis décadas de conflicto armado y no cedió pese al pacto de desarme de la guerrilla."Después de la firma del acuerdo de paz en 2016 al menos 1.494 niños, niñas y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento forzado", dijo en su informe la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del pacto.Las estadísticas con corte al 10 de abril de 2025 muestran cómo rebeldes, paramilitares y narcos han usado a miles de menores como combatientes, mensajeros o espías, exponiéndolos a violencia extrema.Las redes sociales son el gancho principal en las zonas donde "el conflicto persiste". Utilizan música y tendencias virales con mensajes que ensalzan "la vida guerrillera".Las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco son las que más recurren a esta estrategia."Lo hacen a través de contenidos que exaltan el poder armado, el narcotráfico y la vida en campamentos ilegales", sostiene el documento.Cauca (suroeste), plagada de narcocultivos, es la región con mayor probabilidad de "ciberreclutamiento" de menores, seguido por el Huila (sur) y Nariño (suroeste).Las antiguas FARC son las principales responsables del delito, según la JEP.Entre 1996 y 2016 la guerrilla reclutó "entre 19.253 y 23.811 niños y niñas". De ellos, el 30% tenía menos de 15 años pero la mayoría, un 53%, eran adolescentes de entre 15 y 17."Utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas (...) como parte de su política expresa y formal de reclutamiento", acusó el organismo.La JEP investiga los mayores crímenes del conflicto y una vez dicte las primeras condenas impartirá sanciones alternativas a la cárcel para los máximos responsables a cambio de que cuenten la verdad y reparen a las víctimas.La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas registró a finales de enero al menos 3.201 menores desaparecidos por el conflicto.Con las negociaciones de paz estancadas, Colombia vive su peor repunte de violencia desde la firma del acuerdo.El conflicto armado impulsado por el narcotráfico deja casi 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, UIA, publicó un informe denominado “Red-Clutamiento en el posacuerdo”, en el cual señala que al menos 1.494 menores han sido reclutados en el país desde diciembre de 2016 y hasta el 10 de abril de 2025.“Los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco' serían quienes más reclutan menores de edad en Cauca y Valle del Cauca. El bloque Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo sería quien más recluta menores de edad en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño”, señala el informe.Reclutamiento de menores con redes socialesLos grupos armados están utilizando las redes sociales para reclutar menores de edad, pero también otro mecanismo para la vinculación de menores ha sido la interceptación dentro o en inmediaciones de las escuelas, estos casos se han registrado en zonas como La Plata, Huila, y Morales y Caldono, en el Cauca.El documento también señala que el 61 % de los municipios donde las disidencias de las Farc tuvieron presencia en 2024 hubo casos de reclutamiento.El informe señala además que “146 cuentas activas en redes sociales fueron revisadas y se identificó que son utilizadas por integrantes de grupos armados ilegales para promover la vinculación de menores a sus filas. En conjunto, estos contenidos han alcanzado un promedio de más de 230.000 reproducciones”.Según la UIA, TikTok es la plataforma más utilizada para el reclutamiento de menores y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' es el grupo que más utiliza este método, especialmente en el Cauca.
La JEP le negó a los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc una solicitud con la que pedían que los términos ante el tribunal se suspendieran mientras se resolvía una tutela en la que ellos aseguran que se les están vulnerando algunos de sus derechos.Es importante recordar que recientemente la jurisdicción resolvió una solicitud del antiguo secretariado de las Farc para que el tribunal emita una única resolución de conclusiones en la que se incluyan todos los hechos y conductas en los que han sido involucrados, pues aseguran que de esta manera se evita la fragmentación de los procesos.Lo que ha determinado la JEP es que se emitirá una resolución de conclusiones, pero que puede tener ampliaciones, es decir, que en la medida en la que avancen las investigaciones se pueden incluir otros hechos a esa resolución. Los excomandantes de las extintas Farc por medio de una tutela, advirtieron que esta decisión del tribunal generaba inseguridad jurídica.“El procedimiento ante la sección está diseñado para tramitar una resolución de conclusiones integral y definitiva, en la que se evalúe la correspondencia entre las conductas reconocidas, los responsables y se emitan de manera ágil las sanciones, conforme a los parámetros establecidos. La normativa no contempla la tramitación fragmentada, ni por partes, de resoluciones parciales, lo cual podría afectar la coherencia del proceso y vulnerar los principios de unidad procesal y seguridad jurídica”, señala la tutela.En esa tutela, el antiguo secretariado también pedía que, mientras se resolvía la tutela, se suspendieran los términos de los procesos ante la JEP."Esta solicitud cumple con el principio de proporcionalidad, ya que la medida solicitada (la suspensión de términos procesales) no implica la anulación de decisiones adoptadas, ni afecta derechos de terceros. Por el contrario, busca evitar una afectación más profunda y potencialmente irreversible de nuestros derechos fundamentales como comparecientes, garantizando que no se adopten decisiones fragmentadas o desarticuladas durante el estudio de esta acción constitucional", argumentaron los excomandantes de las Farc.La Sección de Revisión de la JEP avocó conocimiento de la acción de tutela, pero en el mismo documento la magistrada Claudia López negó la solicitud del antiguo secretariado de suspender los términos."Para este Despacho la situación hipotética puesta de presente por los actores en su petición de medida provisional carece, por lo pronto, de sustento fáctico, al no demostrarse, siquiera en modo tangencial, que la actuación de las Salas y Secciones de esta Jurisdicción causará un perjuicio irremediable", señala el auto de la magistrada López.Es importante recordar que el antiguo secretariado de las Farc tiene hasta el próximo 21 de mayo para responderle a la JEP si se acepta o no la imputación por reclutamiento de menores durante el conflicto, una fecha que queda en firme con la decisión tomada por la magistrada López. Según esa jurisdicción, la antigua guerrilla reclutó a más de 18.000 niños."En el caso en cuestión, la medida solicitada versa, directamente, sobre el propio objeto principal perseguido en la acción de tutela y, por consiguiente, implicaría, abordar de fondo las vulneraciones planteadas por el accionante, sin que se cuente con elementos de juicio suficientes que lo permitan a esta altura. Dicho de otro modo, atender lo requerido en este momento, implicaría anticipar el juicio sobre la eventual responsabilidad de las accionadas, como de las vinculadas, en la señalada trasgresión de sus derechos sin el sustento debido, en tanto las irregularidades planteadas solo pueden ser probadas a lo largo del trámite constitucional", señala el auto de la JEP.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad contra el general en retiro Juan Salcedo Lora y otros 6 militares en el caso que investiga con la desaparición forzada de tres Mamos Arhuacos y la tortura de varios indígenas de este pueblo, ocurridos en 1990.“Se debe abrir un incidente de verificación del régimen de condicionalidad por el presunto incumplimiento de la obligación de aportar verdad plena y no mentir. No obstante, en el auto se señala que este trámite también representa una oportunidad para que los comparecientes hagan aportes determinantes y contribuyan a la reconstrucción de la confianza con las víctimas”, señala la JEP.Salcedo Lora fue comandante de la Segunda Brigada a finales de 1990 y fue citado por la JEP para que entregue información sobre el homicidio de los tres Mamos. Si la jurisdicción determina que mintió o no aportó verdad podría ser expulsado.“En la decisión que abre el incidente, se explica que, si bien los comparecientes tienen el derecho a no autoincriminarse —lo que implica que no están obligados a reconocer su responsabilidad, a menos que ya estén condenados—, por mandato constitucional tienen la obligación de aportar a la verdad plena y no mentir. Por lo tanto, está proscrito engañar o distorsionar de manera dolosa la verdad, y hacerlo implica un incumplimiento al régimen de condicionalidad, lo que puede conllevar la exclusión del Sistema Integral de Paz”, explica la JEP.
Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ atacaron a un grupo de militares en Charras, Guaviare. La acción terrorista dejó un saldo de siete militares asesinados.Esta acción se comete a pesar de que en este momento las acciones ofensivas contra las disidencias de ‘Calarcá’ están suspendidas, pues ese grupo está en un proceso de paz con el Gobierno.La Consejería Comisionada de Paz rechazó estos hechos, asegurando que es una acción que hiere el corazón de la paz.“A todas las familias de los militares asesinados les damos nuestras más sentidas condolencias. Se trata de una acción que enluta a todos los colombianos y que hiere el corazón de la paz”, señala la Consejería.El Gobierno nacional creó una comisión técnica que va a evaluar el ataque y a entregarle un concepto al presidente Gustavo Petro sobre los posibles pasos a seguir
Las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá, y alias ‘Andrey’ le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que se refirieron a las zonas de concentración que exigió el mandatario en el marco del proceso de paz.Petro aseguró el pasado 18 de abril que los grupos que están en proceso de paz tenían un mes para concentrarse en alguna zona del país y entrar en una fase avanzada de las negociaciones, sin embargo, las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Andrey’ dicen que esa idea no ha sido concertada.“Pareciera que nos ha tendido una celada, porque ese tema de ‘zonas de ubicación’ nunca ha sido expuesto de manera generalizada por ninguna de las partes en la Mesa de Diálogos. Señor presidente, estas incursiones fuera de lo dialogado confunden al pueblo colombiano, al afirmar contenidos que nunca hemos abordado, lo que significa que una de las partes en diálogo está violando la confianza del pueblo, y esa parte es la de su Gobierno, incumpliendo la palabra y desandando lo avanzado, persiguiendo romper la mesa y sentar la guerra”, dice la carta de las disidencias enviada a Petro.Las disidencias de las Farc piden retomar el cese al fuego bilateral que el presidente Petro no renovó, también proponen la creación de una comisión de verificación de cumplimiento de lo acordado en las negociaciones, estas solicitudes, se hacen tras el ataque terrorista de ese grupo contra un grupo de militares en el Guaviare, un atentado que deja seis soldados asesinados.“Sabemos que usted también escucha al pueblo, y tendrá patente que el pueblo no ha quedado en silencio ante su decisión de suspender el Cese al Fuego y del mencionado Decreto, rechazados a nivelnacional e internacional por ser opuestos a los intereses de los colombianos. Por eso, acompañamos el clamor del pueblo por retornar a los diálogos de paz, estableciendo un nuevo Cese al Fuego, y esperando que no se repitan estas decisiones unilaterales y arbitrarias. La Paz no se impone con Decretos”, señala la carta.
En entrevista exclusiva con Blu Radio el exagente de inteligencia José Leonairo Dorado Gaviria se refirió a las desapariciones que se dieron tras la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985, también a las torturas y desapariciones que serían responsabilidad de algunos militares de inteligencia entre las décadas de los 80 y los 90.Al empezar esta entrevista, Dorado señaló que algunas de las personas desaparecidas fueron entregadas por parte de la Brigada 13 a altos mandos del Ejército y a la inteligencia, estas personas habrían sido trasladas a otras unidades militares.En esta entrevista Dorado se refirió al caso de Irma Franco, la exguerrillera del M-19 y quien salió con vida del Palacio de Justicia tras la toma y retoma. Según Dorado, Franco fue asesinada en las instalaciones del Batallón Charry Solano y la orden, dice él, la habría dado el general en retiro Iván Ramírez Quintero. Además, asegura que miembros de la Brigada 13 le entregaron a los oficiales de inteligencia a varias personas."Iván Ramírez Quintero con Álvaro Velandia, estaban al frente de esa operación -el caso Irma Franco-, pero ellos tenían sus jefes inmediatos en su nivel de mando: Harold Bedoya, Samudio, el mismo ministro de defensa del momento. La inteligencia por esos años y hasta el año 2008 que yo me retiré siempre actuó de la misma manera y siempre los mismos hicimos todo. En el caso de ellos fueron preparados para eso, para ser hombres de confianza e irse relevando en el mando en todas estas unidades y por eso he mencionado ante la JEP. Cuando se habla de autores yo los menciono con nombre propio porque casi todos sabíamos lo que se hizo del 85 al 2008. Iván Ramírez dio la orden de la muerte de ella -Irma Franco- fue Iván Ramírez el que dio la muerte en el curso de los años de otras personas que yo he mencionado", señaló Dorado.Dorado también se refirió al caso de algunas personas que habrían sido desaparecidas en el Batallón Charry Solano, y se refirió a la decisión de la JEP de decretar medidas de protección en las instalaciones del Batallón de Logística, donde funcionaba el Charry Solano. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelantan labores de intervención en esa unidad militar y Dorado acudió a la zona para marcar algunos puntos donde él dice que habría desaparecidos."Las medidas cautelares fueron por ciertas personas, como el abogado Alirio Pedraza, un familiar de Nydia Erika Bautista por Irma, por tres personas de las extintas Farc y aunque las medidas cautelares estén implementadas yo he estado atendiendo más de 12 declaraciones por una cantidad, desde el año 85 hasta el 2008 que me retire, una cantidad de información que he suministrado en todo el campo del área de inteligencia en el cual le he manifestado a la JEP y a la Fiscalía que fue una cantidad de personas que fueron trasladadas a ese sitio -Batallón Charry Solano- y fueron ejecutas o terminaron siendo asesinadas después de realizarles interrogatorios", aseguró Dorado.Blu Radio recientemente reveló que la JEP le había abierto un incidente de desacato al comandante del actual Batallón de Logística para determinar si por acción o por omisión pudo haber incumplido las medidas cautelares ordenadas por esa jurisdicción. Lo anterior ya que en las zonas donde ese tribunal y la Unidad de Búsqueda hacen la intervención para hallar a los desaparecidos unos militares abrieron un hueco y aseguraron que lo hicieron porque tenían que desechar unos residuos que consideraba peligrosos por bioseguridad(algodón, gasa, jeringas y agujas, usados). Dorado, en esta entrevista, también se refirió al tema."Le escribí a la JEP que para nosotros los hombres de inteligencia eso evidenciaba que hay hombres que son hijos de los militares de nosotros los de inteligencia que todavía se encuentran en las unidades de la central de inteligencia y que en mi caso persona aquí venía un mayor de inteligencia y fue una tortura para mí en su momento. En implementación de medidas para salir debo ir con un chaleco especial y una cantidad de gente pero buscan es que yo vuelva atrás y no siga con esto que llevo. Como hombre de inteligencia mencioné a la jurisdicción que de años sabemos nosotros qué es una medida cautelar y qué es una custodia de un sector, eso se llama manejo de escena y nos lo enseñaron en policía judicial, entonces no es como mencionaron ellos que fue por inexperiencia que fueron y abrieron, cuando se implementa una medida cautelar todo hombre de inteligencia sabe la custodia que se debe guardar sobre ese sector" agregó el ex agente de inteligencia.Es importante recordar que en el Batallón de Logística ya fueron halladas estructuras humanas y las labores de intervención siguen avanzando. Dorado además aseguró que, según conoció, hubo más puntos que se trataron de alterar."Escribí y mencioné que eso no era normal, que no era solo ese sitio que quisieron manipular, sino que conozco que fueron varios sitios que quisieron manipular, no solamente el sitio que manipularon. Si yo de hombre de inteligencia manipulo un sitio que otro hombre de inteligencia tocó es porque quiero desenterrar", dijo a Blu Radio José Dorado.Dorado aseguró además que aunque fue al Batallón de Logística a señalar 15 puntos donde habría desaparecidos, él cree que pueden ser más."Ese sitio era como nuestra casa, donde quedaba la escuela de inteligencia Charry Solano, la logística fue un sitio donde yo viví de tal manera que con los años volví y no ha cambiado nada, si han hecho reformas son muy pequeñas y yo lo mencioné ante la jurisdicción pero todo sigue igual como si el tiempo no hubiera cambiado, por eso yo no necesito hacer memoria para saber dónde estuve por años. Podrían ser más -los puntos donde habría desaparecidos- yo solicité a la jurisdicción y a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda si podía permanecer más tiempo para inspeccionar otros sitios, más sitios. Fueron innumerables y no fue una década, fueron años en el mismo actuar, conocí siendo de inteligencia qué se manejó en ese sitio como qué se ha manejado en otros sitios", dijo Dorado.Presidente Gustavo Petro pide investigar excavación de militares en zona donde la JEP busca a los desaparecidosEn las últimas horas, durante un evento con el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, el presidente Gustavo Petro se refirió a la excavación que hicieron los militares en las instalaciones del Batallón de Logística, el presidente pidió investigar este caso.“En el Batallón Charry Solano hay restos humanos que acaban de ser exhumados en una sola parte, no se ha hecho la labor porque en este Gobierno abrieron huecos que están en el Charry Solano sin que nadie se dé cuenta y no sabemos qué sacaron de ahí, es una investigación que tiene que ordenar el Gobierno nacional. ¿Qué sacaron? ¿Por qué?”, señaló Petro.Escuche el informe completo aquí: