Un adolescente, de nacionalidad venezolana, fue recuperado por parte de tropas pertenecientes al batallón de operaciones n.º 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, ubicadas en el Catatumbo, Norte de Santander, en medio de una ofensiva militar que se presentaba en la zona; presuntamente, el menor de edad habría sido reclutado de forma ilegal por la estructura 33 de las disidencias de las Farc. El menor fue puesto bajo disposición del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF), de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley colombiana y los estándares de protección internacionales.En paralelo, dos integrantes de dicha estructura se entregaron de manera voluntaria ante la Fuerza Pública; uno de ellos se presentó ante los soldados que se encontraban adelantando labores de seguridad en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, mientras que el segundo se rindió a tropas de este mismo municipio, entregando además una pistola, munición, una granada de mano, una motocicleta sin placa y un celular. Ambos integrantes de dicha estructura quedaron a disposición de las autoridades.También se dio a conocer que, en medio de esta acción, efectivos pertenecientes al Ejército Nacional lograron la incautación de material de guerra, comunicaciones y tecnología de uso ilícito, una operación que logró el debilitamiento de la capacidad logística y de vigilancia armada.De esta manera, el Ejército Nacional ratifica su compromiso institucional gracias a la permanente presión operacional que adelantan las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional en Norte de Santander, que buscan seguir debilitando las capacidades de los grupos armados organizados, así como brindar la seguridad y tranquilidad en la población de la región del Catatumbo.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las FARC. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura nacionales contra 11 exmiembros representantes de paz del grupo criminal Comuneros del Sur, disidencia del ELN. La decisión se produce después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella terminara las negociaciones de paz con el grupo y revocara la designación de sus delegados.La determinación quedó consignada en la Resolución 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, en la que la Fiscalía explicó que las órdenes de captura habían sido suspendidas mientras los integrantes de la organización tenían la condición de miembros representantes designados por el Gobierno Nacional anterior para participar en los diálogos.La suspensión se había aplicado mediante diferentes resoluciones de la Fiscalía, con fundamento en la Ley 2272 de 2022, el Decreto 1081 de 2015 y otras normas relacionadas con la política de paz. Estas disposiciones permitieron suspender la ejecución de órdenes de captura contra personas que participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos.El 3 de septiembre de 2026 mediante la Resolución Presidencial 365, el Gobierno Nacional dio por terminada la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur. Ante esta decisión, la Fiscalía consideró que debía reactivarse la ejecución de las órdenes de captura de quienes habían recibido el beneficio de suspensión por su condición de representantes.Los exrepresentantes incluidosEl artículo primero de la Resolución 0-0273 ordena reactivar las órdenes de captura nacionales contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”, Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias 'Taliana', Santo Eligio García Natascuas, alias 'Santos', Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias 'Lalo', Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.Entre los nombres relacionados se encuentra Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH'. Además de la reactivación de su orden de captura, también fue reactivado su proceso de extradición, según la información suministrada.La resolución señala que la medida se adopta como consecuencia directa de la pérdida de la condición de miembros representantes, que era la base para mantener suspendida la ejecución de las órdenes de captura nacionales.
Al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, denunció este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documentó 99 casos entre enero y julio pasados.Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes."La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido", expresó el coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá, Cleber Kemper.En su opinión, "prevenir las desapariciones es tan urgente como avanzar en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas y responder a las necesidades de sus familiares".Los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia, tres de los más afectados por la violencia, concentran el 59 % de los casos, según el informe del CICR, publicado con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.El Comité Internacional de la Cruz Roja señala además que ha documentado 2.659 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados en Colombia desde noviembre de 2016, cuando el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz.Sin embargo, el organismo destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales."Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos", explicó Kemper.Por eso, agregó: "Contar con esta política marca una diferencia importante para brindar respuestas diferenciadas a las múltiples necesidades de las familias de las personas desaparecidas".
En Colombia la aprobación del uso del fracking aumentó un 4% de 2025 a 2026, según la más reciente encuesta de Barómetro Petrolero que mide las percepciones del sector, las autoridades y la comunidad en general sobre la industria del petróleo y gas del país.Durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, Jaime Arteaga, director general de Arteaga Latam, explicó que a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que en Colombia se realice Fracking? Un 34% de los encuestados dijo sí, frente al 30% que lo hicieron en 2025.Arteaga señaló que, aunque si bien hay más personas que creen que el fracking sí es posible en Colombia, también esto pasó por la ‘reideologización’ de la industria, e incluso el apoyo o no al Presidente de la República.“O sea, si hay más gente que quiere el fracking, pero hay mucha gente que ya no se quiere parar en el borde, se va a radicalizar. Y eso qué significa que también mi aceptación con el fracking depende de si yo confío en el presidente. Entonces, como no todo el mundo se siente representado por el presidente, va a haber muchas más personas que se sientan que hubo una manera de oponerse al presidente va a ser oponerse al fracking”, sostuvo durante su presentación.Este mismo panorama se repite en los municipios productores en donde la aceptación frente al fracking aumentó del 21% al 31% este 2026, que representa el porcentaje más alto desde 2019.“Hay una tendencia a mejorar, pero hay una diferencia de fondo es: ¿fracking para qué? Cuando yo digo, si estoy de acuerdo que se realice fracking para aumentar las reservas del gas, ya no es 30, sino 38%”, detalló.Por el lado de las empresas de la industria, la encuentra de Barómetro arrojó que el 80% de los directivos considera que el fracking debería retomarse como parte de la política pública del sector, mientras solo el 42% de las autoridades de gobierno están de acuerdo con la medida.
Don Omar vuelve a Colombia en 2027 en un nuevo tour por Latinoamérica en donde conectará con su públicas tras varios años sin hacerlo. En esta oportunidad, hará un viaje entre sus canciones más clásicos que son de la escuela que le dio vida al reguetón como se conoce actualmente.En un directo a través de sus redes sociales, el puertorriqueño agradeció el apoyo que ha tenido su gira por los Estados Unidos y por tantos latinos que han viajado diferentes ciudades a acompañarlo, pese a los problemas que pueden surgir para ir a estos. "Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos", expresó.El 7 de noviembre empieza el regreso de Don Omar a ColombiaEste 5 de noviembre, a través de un directo, el puertorriqueño dio nuevos detalles de esta gira y entregó nueva información sobre su viaje por Latinoamérica. Aseguró que este viernes, 6 de noviembre, pasarán cosas y durante un live sobre la medianoche (hora colombiana) abrirá un link en donde las personas podrán asegurar un lugar en los conciertos.Este será un link de registro para acceder de primeras a la preventa que, si bien no dio fechas, aseguró que pronto comenzará la acción para que todos puedan verlo en 2027."Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto. Así que atentos a todo", expresó.En ese orden, la carrera por la preventa empieza desde este 7 de noviembre con el link de registro para empezar a asegurarse un lugar, pero solo se podrá tener en las redes sociales oficiales del artista, por ende, ningún medio o influencer tiene acceso aún, de lo contrario sería una estafa.
Ya pasó un año del atroz caso en Florencia Varela, en Argentina, cuando tres jóvenes, entre ellas una menor de 15 años, fueron asesinadas a manos de ‘Pequeño J’, un hombre que se dedicaba al narcotráfico y sus cercanos, quienes las engañaron para que llegaran a una fiesta y luego les quitaron la vida.Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 fueron hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela. Los restos se encontraban enterrados en el patio de la casa, situada a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde las jóvenes habían sido vistas por última vez.Un video revive el caso tras un año de lo sucedidoTras un año de este caso, un nuevo video salió a la luz en donde se ve, lamentablemente, cómo una de las víctimas era torturada por sus agresores en el interior de la casa de Villa Vaettone en donde las amenazaban: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! (…) Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?”, decía.El hallazgo de las autoridades se produjo tras un análisis en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano de 35 años detenido en una causa por narcotráfico, quien operaba, al parecer, de la mano del ‘Pequeño J’ y habría participado en este crimen.Brutalidad en un triple feminicidioLo cierto es que el reporte de la autopsia de las victima ya había declarado que habían sido asesinadas con brutalidad. Por ejemplo, el cuerpo de Lara, de apenas 15 años, presentaba signos de haber sido degolladas con una corte en su arteria y amputación en cinco dedos de su mano para quemarlos.Según la investigación, la sesión de tortura habría sido transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram con unos 45 participantes, en su mayoría mandos medios de una organización narcocriminal de origen peruano y buscaban mostrar su mandato en la zona de lo que podrían ser capaces de hacer, usando a estas tres jóvenes como ejemplo.
Se trata de tres hombres implicados en delitos relacionados con asesinato, narcotráfico y lavado de activos. De acuerdo con el documento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos la búsqueda y recompensa de los integrantes de esta organización se estaría dando de manera conjunta con el FBI , la DEA y el Departamento de Justicia, de la siguientes manera:Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, recompensa de hasta 4 millones de dólares hasta 20 millones de dólares.Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” “El Viejo”, recompensa de hasta 5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares.Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, recompensa de hasta 15 millones de dólares.Los tres señalados ocupan posiciones clave dentro de la estructura criminal, estando al frente de operaciones relacionadas con el narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, secuestros y asesinatos en varios países de la región, relacionados además con el apoyo de material a una organización terrorista extranjera. Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, sería el máximo jefe de la organización, mientras que alias “Giovanni” y alias “Juancho”, estarían implicados directamente con hechos internacionales, en su mayoría en Venezuela.Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con su paradero, así como la divulgación de los carteles respectivos de búsqueda recompensa.
En la tarde de este jueves, 5 de noviembre, el Grupo Nutresa compartió un comunicado en el que confirmó que asumió oficialmente el control de la cadena Presto y sus 86 restaurantes. El plan inicial contempla la reactivación de 12 de estos locales comerciales.La compañía informó que, a través de su filial IRCC S.A.S., concretó el cierre del contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con Franquicias y Concesiones S.A.S., empresa que se encontraba en liquidación judicial. La operación se realizó luego de cumplir las condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones y le permite a Nutresa tomar las riendas de los establecimientos de esta tradicional marca colombiana de hamburguesas.De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo empresarial conservará la operación del negocio y sus marcas, además de garantizar la continuidad laboral mediante la sustitución patronal de los empleados. Esta decisión representa un paso importante para la preservación de los puestos de trabajo, luego de que la situación financiera de la anterior propietaria pusiera en riesgo la continuidad de la cadena y cerca de 700 empleos.La adquisición se había anunciado el pasado 22 de octubre, cuando se conoció que Nutresa, mediante IRCC S.A.S., compraría los restaurantes de Presto para evitar la desaparición de la marca. La operación surgió como una alternativa después de que Franquicias y Concesiones S.A.S. solicitara ante la Superintendencia de Sociedades iniciar un proceso de liquidación judicial, el 30 de septiembre, debido a las dificultades económicas que enfrentaba.Con el cierre oficial del negocio, Presto inicia una nueva etapa bajo el control de Grupo Nutresa, que tendrá el desafío de recuperar la operación de sus establecimientos y fortalecer la presencia de una de las cadenas de comidas rápidas tradicionales del país. Por ahora, el plan inicial contempla la reactivación de 12 restaurantes, mientras se garantiza la continuidad del negocio y la conservación de sus marcas.
El exjefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, defendió los resultados de la estrategia de la paz total implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro frente a las recientes extradiciones firmadas por el presidente Abelardo De La Espriella, entre las que destaca la de Geovany Andrés Rojas, alias Araña.Novoa precisó que la entrega del cabecilla de los Comandos de la Frontera ya había sido concedida por el gobierno anterior, pero su ejecución se condicionó a los avances verificables en la mesa de conversaciones.Alias ‘Araña’ cuenta con una trayectoria delictiva de más de 15 años en grupos al margen de la ley, habiendo integrado bandas criminales como Los Rastrojos, por la cual registra una condena de 29 años de prisión—, y la estructura "La Constru".En febrero de 2025, Rojas fue capturado por agentes del CTI en un hotel al occidente de Bogotá, un incidente que desencadenó controversia al ocurrir justo al finalizar el tercer ciclo de negociaciones.Actualmente, se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota. La solicitud de extradición en su contra la requiere la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, bajo cargos vinculados al tráfico de estupefacientes, producto del presunto envío reciente de cargamentos de cocaína, además de imputaciones por tráfico ilegal de armas y narcoterrorismo.Frente al proceso con los Comandos de la Frontera, Novoa resaltó avances tangibles en Putumayo y Nariño, donde la tasa de homicidios cayó más del 50 % y 14.000 familias se sumaron a programas de sustitución de cultivos. Asimismo, destacó la dejación de armas de 99 combatientes ubicados en Valle del Guamuez, e instó a la nueva administración a garantizar su seguridad jurídica para evitar que retornen a las armas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
El presidente Abelardo De La Espriella, acompañado por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó una operación de la Fuerza Pública en la que fue dado de baja Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la operación se desarrolló en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y, según el presidente, era considerado el principal explosivista de estas estructuras, además de desempeñarse como instructor de otros integrantes en el manejo y fabricación de explosivos.De La Espriella relacionó a ‘Max Max’ con varios atentados registrados en el suroccidente del país durante 2025 y 2026. Entre ellos mencionó los ataques simultáneos del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali; el atentado del 25 de agosto de ese mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez; y una acción del 9 de octubre contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí.El presidente también atribuyó a Castillo Cortés un ataque ocurrido el 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca, así como dos acciones registradas en abril de 2026: una contra las instalaciones del Batallón Pichincha, que habría afectado a civiles y provocado la incineración de un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó el jefe de Estado.Según el presidente, por información que permitiera ubicar a alias ‘Max Max’ se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones. Las autoridades lo señalaban como responsable de múltiples acciones violentas contra integrantes de la Fuerza Pública y civiles, además de atribuirle funciones de instrucción en explosivos dentro de las estructuras armadas.El mandatario aseguró que la operación hace parte de la ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que operan en el suroccidente colombiano y reiteró el respaldo de su administración a las operaciones militares y policiales contra los responsables de atentados y homicidios.“Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja como en derecho corresponde”, sostuvo De La Espriella, quien cerró su intervención con un mensaje de respaldo a los uniformados y aseguró que continuará la ofensiva contra las organizaciones criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
En una operación conjunta desarrollada en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, las Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El resultado fue producto de labores de inteligencia y de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.Durante la operación fueron halladas aproximadamente 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de explosivo ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros, un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación y 2.500 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y pólvora negra.“Las tropas también encontraron 2.521 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para fusil. También se encontraron elementos de intendencia, comunicaciones, adoctrinamiento y propaganda alusiva a esta organización criminal. Con esta operación afectamos sus capacidades armadas, explosivas, logísticas, comunicacionales, e impedimos que este material fuera utilizado contra las comunidades rurales y la fuerza pública”, agregó el coronel Jorge Armando Niño Saavedra, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 1.De acuerdo con información de inteligencia militar, el material encontrado presuntamente sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos en puentes, caminos veredales y vías de acceso frecuentadas por comunidades rurales y unidades militares en el departamento del Guaviare y la región del Yarí. Las Fuerzas Militares señalaron que el hallazgo representa una afectación a las capacidades logísticas, explosivas y de comunicaciones del grupo armado.Durante las operaciones, según las Fuerzas Militares, la comunidad intentó liderar una asonada contra las tropas para evitar la incautación y traslado del material de guerra, sin embargo este logró ser sacado sin inconvenientes.
La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que había hecho el abogado Mauricio Pava contra contra la Resolución 471 de 2025, con la que el Gobierno Petro creó tres Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para integrantes del Clan del Golfo, en el marco del proceso de conversaciones sociojurídicas que adelanta con esa organización. Esto significa que dichas zonas seguirán vigentes mientras se estudia de fondo la solicitud.Pava, en su pedido, aseguró que el presidente de la República no podía crear esas zonas sin que el Congreso hubiera aprobado antes una ley de sometimiento a la justicia, algo ya fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023; en otras palabras, Petro expidió la resolución sin tener la competencia legal para ello.Sin embargo, el despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existe una violación evidente de la sentencia mencionada o de otras normas superiores que justifique la medida catuelar de suspender de manera inmediata la creación de estas zonas.El punto central de la discusión estuvo en determinar si el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional es aplicable al caso del Clan del Golfo, denominado por el Gobierno en este proceso como Ejército Gaitanista de Colombia.La Sentencia C-525 de 2023 estableció que las Zonas de Ubicación Temporal para facilitar procesos de sometimiento a la justicia requieren una ley expedida por el Congreso cuando se trate de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.Sin embargo, ese condicionamiento no puede extenderse automáticamente al caso del EGC pues la resolución inicial del Gobierno Petro lo reconoció como un Grupo Armado Organizado, GAO, y no como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto."La anterior catalogación se efectuó mediante la Resolución 294 de 2025, acto administrativo que no fue demandado en este proceso y que, por tanto, se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, agregó el Consejo de Estado.En ese sentido, para el alto tribunal, no es posible concluir en esta etapa que el presidente esté actuando fuera de sus competencias al crear las ZUT aunque sí reconoció que la Sentencia C-525 de 2023 es obligatoria y vinculante para todas las autoridades y por ello el alcance será revisado con mayor profundidad pero sin aceptar la medida cautelar.Esta decisión llega mientras el proceso de conversación con el Clan del Golfo sigue estancado: el traslado de un primer grupo de miembros del grupo ilegal previsto para el pasado mes de juicio no se concretó en medio de cuestionamientos a la iniciativa.Además, Noticias Caracol a través de su unidad investigativa reveló polémicas conversaciones que habría sostenido el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde ofrecía parar operaciones militares a cambio de que este grupo siguiera en la conversación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reactivó el proceso de extradición contra alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, consolidar los logros del acuerdo de paz de 2016.Guterres indicó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado”. Para este fin, su representante especial, Miroslav Jenča, quien presentará el informe el 15 de julio en Nueva York, se reunirá con las nuevas autoridades.La ONU advirtió que la violencia persiste en zonas con baja implementación del acuerdo, donde más de 11,000 excombatientes requieren apoyo socioeconómico.El informe de la Misión de Verificación advirtió que desde la firma del acuerdo, 493 firmantes han sido asesinados, incluyendo 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos, con cinco casos reportados en lo que va de 2026.Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha logrado 109 condenas, detalló la ONU.El informe resalta que, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, se registraron 5,272 personas desplazadas y 9,553 confinadas, de las cuales el 58% pertenece a comunidades étnicas. Además, unas 316,000 personas sufrieron restricciones de movilidad en el departamento de Cauca y la región de la Amazonía, sumado al homicidio de 33 líderes sociales.Asimismo, el organismo multilateral constantò avances en el campo, donde la pobreza multidimensional rural disminuyó del 38.66% en 2018 al 22.4% en 2025.Al cierre del periodo electoral, Guterres pidió al saliente Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la nueva administración de Abelardo De la Espriella a unificar esfuerzos, señalando que “no hay lugar para la violencia política” y que es imperativo desescalar la retórica confrontacional para asegurar la estabilidad de la paz en Colombia.
A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
En medio del Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, hizo un llamado a mantener un tono moderado en los recientes debates sobre el acuerdo de paz y la situación jurídica de los firmantes.“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante”, afirmó el firmante de paz.Además, se refirió a la polémica que generó su viaje a España para participar en un seminario convocado por la organización política Izquierda Unida, especialmente por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Hay una estigmatización de quienes van a asumir la conducción del país en los próximos días hacia quienes estamos comprometidos con la paz y con los derechos humanos”, afirmó Londoño.En la misma línea del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Londoño advirtió sobre la importancia de frenar las narrativas estigmatizantes que, según dijo, pueden alimentar mensajes de odio contra los firmantes y poner en riesgo sus vidas. “Y esa es la situación que estamos comenzando a vivir en este momento en Colombia. Entonces, la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.Finalmente, Londoño reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno entrante y recordó la carta enviada al presidente electo, que firmó junto con otros seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc. En el documento expresaron su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima de las diferencias ideológicas o políticas.“Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”, concluyó Rodrigo Londoño.
La autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', para viajar a Madrid, España, ha causado cuestionamientos de distintos sectores políticos. Sin embargo, la decisión no estaría contradiciendo lo dispuesto por las sanciones contra los máximos responsables del antiguo Secretariado de las FARC, dentro de la sentencia del pasado 25 de junio.La reciente imposición de las primeras sanciones no impide que los comparecientes viajen al exterior. La sentencia TP-SA-SP 620 de 2026, que comenzará a aplicarse desde el 15 de agosto, establece que los sancionados podrán desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción y que, cuando necesiten salir de ese espacio, deberán solicitar autorización previa a la JEP, específicamente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).En otras palabras, las restricciones de movilidad previstas en las sanciones no eliminan la posibilidad de viajar, sino que sujetan esos desplazamientos al control y supervisión de la Jurisdicción, que evalúa cada solicitud de manera individual para verificar que no afecte el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los comparecientes. Precisamente, ese fue el procedimiento que se siguió en este caso.La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad autorizó el desplazamiento de Londoño entre el 22 de junio y el 11 de julio de 2026 para asistir a un seminario organizado por el movimiento político español Izquierda Unida y participar en otras actividades relacionadas.Para conceder el permiso, la JEP verificó que el viaje tenía una justificación válida, que el exjefe de las extintas FARC-EP presentó toda la documentación exigida —lo que incluye a carta de invitación de la organización que lo convocó y las reservas de los tiquetes aéreos de Avianca—, que no tenía diligencias presenciales pendientes y que ha cumplido con las obligaciones derivadas de su sometimiento a la justicia transicional. Aunque tenía una audiencia programada para el 24 de junio, esta fue autorizada para realizarse de manera virtual.En la decisión, el tribunal también concluyó que el desplazamiento no representaba un riesgo de incumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP ni afectaba los derechos de las víctimas, razón por la cual autorizó la salida temporal y le ordenó presentarse nuevamente ante la Jurisdicción a más tardar el 14 de julio, una vez regresara al país.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.