Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los procesos de paz con grupos armados desencadenaron una respuesta pública de Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, quien cuestionó que se generalicen todos los diálogos con grupos armados.La controversia comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “El gran error de los procesos de paz es por parte de los negociadores del estado pensar que se tratan de grupos guerrilleros insurgentes y no lo son. Son organizaciones delictivas que controlan las economías ilícitas y por eso ellos controlan con armas los territorios donde se ubican esas economía”.En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que cualquier negociación con esos grupos debe pasar por el desmantelamiento paulatino de las economías ilegales y contar con la participación de la Fiscalía en las negoviaciones juridicas.Luego de esto, Novoa publicó 13 mensajes en los que respondió al presidente y defendió los avances de la mesa con la Coordinadora Nacional - EB.“Señor presidente, en Consejo de Ministros que se llevó a cabo semanas atrás, usted mencionó los avances que ha tenido nuestra mesa de diálogos de paz que se adelantan en el sur del país con el GAO llamado Coordinadora Nacional-EB. Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse. Esto, en medio de críticas que la mayoría de las veces parten de generalizaciones tendenciosas”, escribió en sus redes sociales.En conversación con Blu Radio, el negociador explicó que el objetivo principal de su respuesta era evitar que se hicieran “generalizaciones” sobre todos los procesos de paz abiertos por el Gobierno.“El análisis sobre los resultados de las diologos de paz tiene que hacerse en forma puntual sobre cada mesa. No se pueden hacer generalizaciones como las que están haciendo algunos precandidatos presidenciales que ya han incorporado a su lenguaje corriente la muletilla paz total, fracaso total”, afirmó.Según Novoa, la intención es dejar claro que, según afirma, esa mesa sí ha logrado avances concretos pese a las dificutades presentadas durante el proceso.También le envió un mensaje directo al presidente, al señalar que “es importante que el presidente lo tenga presente porque, en principio, decir que los grupos todos no son sino grupos criminales, pues, a pesar de que están vinculados con la economía del narcotráfico, de que tienen un control del territorio, de que desarrollan sus actividades al margen de la ley, eso ayuda poco porque es que en el caso nuestro fuimos encargados de una negociación política, y por eso nosotros mencionamos la ley y la resolución mediante la cual se me nombra a mí como jefe de delegación”.Uno de los apartes que más llamó la atención de su pronunciamiento fue el punto número seis, en el que aseguró que la Coordinadora Nacional-EB mantiene una “gobernanza armada” en sus zonas de influencia.Consultado sobre el significado de esa expresión, Novoa explicó que, aunque estos grupos no tienen una narrativa ideológica como la que tuvieron antiguas guerrillas, sí han construido estructuras de poder territorial.“A pesar de que no tienen eso, y son grupos desideologizados, sí tienen un accionar que está dentro del campo de lo político, porque han creado allí un orden en materia de economías ilícitas, de reglas de convivencia, de dispensa de justicia, que es supremamente y preocupante. Y si no tenemos un diagnóstico claro de cómo enfrentar ese problema, cualquier política de paz que se intente va a equivocarse porque ellos tienen un nivel de presencia territorial muy fuerte”.Y añadió, “yo a eso le llamo una gobernanza híbrida, otros le llaman una gobernanza criminal, para significar que tienen un poder político ilegal y al margen de la ley en el territorio que no se puede desconocer”.El negociador explicó además que uno de los objetivos de la mesa es precisamente lograr que esas estructuras abandonen no solo las economías criminales, sino también las formas de control social y político que han acumulado en distintas zonas del país.En ese sentido, Novoa insistió en que, aunque se trata de estructuras delincuenciales, sus dinámicas no se limitan únicamente al ámbito criminal. “Son, por supuesto, grupos delincuenciales, pero su actividad no se agota en eso”, afirmó, al explicar que dentro de la mesa también existen discusiones sobre reparación a víctimas, transformación territorial, bienes acumulados por el grupo y posibles procesos de justicia restaurativa.A su juicio, esa complejidad demuestra que el proceso no puede reducirse únicamente a un acuerdo de sometimiento con la Fiscalía.“Todos esos temas quedarían muy deficientemente tratados si simplemente les pedimos que hagan un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entre otras cosas, como lo dice el propio presidente, no participa en ninguna mesa”, señaló.Frente al estado actual de los diálogos, Novoa aseguró que la mesa acaba de cerrar su séptimo ciclo tras una reunión realizada en Puerto Asís y confirmó que actualmente varias subcomisiones continúan trabajando.Además, señaló que ya avanzan los preparativos para el ingreso de aproximadamente 100 integrantes del grupo armado a la zona de ubicación temporal creada en el municipio de Valle del Guamuez.
Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el determinador del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío (Cauca), que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre, integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, no solo habría ordenado el ataque, sino que también fue el responsable de adquirir el material bélico utilizado en la acción terrorista.Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país. Además, era considerado la mano derecha de alias ‘Marlon’ y cuenta con solicitud de extradición por parte de Estados Unidos."Este individuo, hombre de confianza de alias 'Marlon', se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura, además de ser encargado de la adquisición de drones y material de guerra, capacidades utilizadas para atentar contra la población civil y nuestras tropas. Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país", expresó en su cuenta de X el comandante general de la Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.Según las autoridades, su rol iba más allá de las finanzas: coordinaba la compra de drones y armamento, elementos que han sido utilizados en recientes atentados en la región. Su captura representa un golpe a la capacidad logística y operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos como el Cauca.
Se trata de una exposición construida en el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para La Paz en Bogotá, denominada “renacer por el respeto a la vida”, como un recorrido pedagógico y simbólico que permite entender, paso a paso, cómo operó el patrón criminal y cómo avanza hoy el proceso de verdad y reparación.En este caso, participaron 29 comparecientes del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército, quienes no son considerados máximos responsables, pero sí han reconocido su participación en falsos positivos, como ocurrió en la masacre de El Totumo, donde cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en enfrentamientos.A través de murales, piezas audiovisuales, fotografías, objetos simbólicos e instalaciones interactivas, la exposición muestra cómo víctimas y comparecientes, que vivieron el conflicto desde orillas opuestas, lograron dialogar y construir un mensaje conjunto en torno al respeto por la vida.Así operó el patrón criminalEn la primera estación del recorrido se explica cómo funcionaban estos crímenes. Los comparecientes lo describen en tres momentos: “planeación, ejecución y encubrimiento”, y relatan cómo existía presión por mostrar resultados operacionales.“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, explican en los relatos recogidos dentro de la exposición.Las medallas que dejaron de ser un honorUno de los puntos más fuertes de este espacio está en una vitrina. Allí están varias medallas militares. No están exhibidas como símbolos de honor, están ahí porque fueron devueltas.Uno de los comparecientes, William López Pico, quien en la época de los hechos era teniente, explica el sentido de ese gesto.“Las devolvimos públicamente, aquello que no solo fue un símbolo, sino una contribución de respeto a nuestro proceso ante la JEP y un acto profundamente personal y moral con las víctimas. Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, señaló, y agregó que cada una de esas medallas expuestas lleva impresa “un engaño, un incumplimiento que causó heridas que nunca debieron abrirse”.La devolución de esas condecoraciones surgió de las peticiones de las familias de las víctimas dentro del proceso, quienes querían saber si por los operativos recibieron reconocimientos, y que si lo habían obtenido, las entregarán de vuelta para aceptar responsabilidad.“En este acto de devolución quisimos reconocer que, desafortunadamente, algunos resultados no fueron legítimos, ya que con solo una gota de sangre de una persona inocente se perdió su legalidad. Desde ahí, les hemos fallado a la institución, a nuestro honor militar, y lo más doloroso a nuestras familias, y en especial a las familias de las víctimas”, agregó López.Verdad, reparación y diálogoEl magistrado José Miller Hormiga, ponente del Subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, explicó que ha sido el aporte de los comparecientes lo que ha permitido reconstruir lo ocurrido en detalle.“La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, señaló.El espacio también incluye cartas escritas por los comparecientes, fanzines construidos en conjunto y un políptico que recoge el proceso de diálogo. Además, hay piezas textiles y visuales que representan las caras y nombres de las victimas.Uno de los elementos centrales de la exposición es una obra construida colectivamente que, según explican en el recorrido, busca expresar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.En la imagen aparece un árbol que atraviesa dos momentos. Para quienes participaron en su construcción, ese árbol simboliza la transformación: “el árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”. La obra también incluye una mano que sostiene esa transición y una luz que se impone con el sol, representando la verdad.El camino de las victimasPara las víctimas, ese camino no ha sido inmediato. Alejandra Ramírez, hija de una de las personas asesinadas, cuenta que este proceso tomó años. “No sucedió de la noche a la mañana”, habla de un recorrido de cerca de cuatro años en el que pasaron de buscar respuestas a poder contar su historia.En su caso, el impacto fue personal desde muy pequeña. Creció en un entorno donde su padre fue señalado como delincuente. “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”, recuerda. Hoy, dice, poder conocer la verdad y limpiar el nombre de su padre se siente como un alivio.Finalmente, el magistrado Pedro Díaz, explicó el término “vergüenza reintegrativa”, algo que los comparecientes viven en la estos actos restaurativos.“Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, no solo ya ante la JEP, sino ante las víctimas de sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves, pero pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Y esa vergüenza que ellos tienen es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.La exposición estará disponible y disponible al publico hasta el 28 de mayo de 2026 en el lobby de la JEP en Bogotá.
La JEP ha determinado que entre 1990 y 2016 hubo al menos 7.837 casos de falsos positivos en Colombia.Según las investigaciones que ha adelantado ese tribunal, entre los años 1990 y 1994 se habrían presentado al menos 470 falsos positivos. Entre 1995 y 1998 la cifra sería de 334 casos. Desde 1999 y hasta 2002 hubo 708 registros. De 2003 a 2010 se registran los números más altos, con al menos 6.053 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que de 2011 a 2016 empezaron a descender, con 272 registros. Estos datos aún están siendo consolidados y contrastados por la JEP y podrían tener una variación a medida que avanzan las indagaciones.Blu Radio obtuvo documentos oficiales entregados a este medio de comunicación tras una petición, en la que se aclara que se han adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados sobre víctimas de estos casos.La sección que ha estado encargada de esclarecer estas cifras es el Grupo de Análisis de Información, GRAI.Según la respuesta de la jurisdicción, el GRAI “ha adelantado varios procesos de revisión y depuración de los registros documentados como Muertes Ilegítimamente Presentadas como Bajas en Combate (MIPBC), y que hacen parte del patrón macrocriminal investigado en el macrocaso 03 de la JEP. Nótese que las MIPBC son un subconjunto de los homicidios atribuibles a la Fuerza Pública, ya que no todo homicidio de esta naturaleza fue presentado como una baja durante un combate legítimo”.Más de 20.000 homicidios y desapariciones por parte de la Fuerza PúblicaLa JEP también señala que el consolidado de víctimas no es un número estático, absoluto o cerrado, y aclaran que las muertes y desapariciones presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública durante el conflicto superan los 20.000 casos.“Bajo la última actualización, el GRAI ha documentado 20.728 homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública, de los cuales 7.837 han sido clasificados como MIPBC entre los años 1990 a 2016”.A este resultado se llegó después de que la Sala de Reconocimiento le ordenó al GRAI sistematizar todos los informes remitidos a la jurisdicción y consolidar un Catálogo de Informes y un Universo Provisional de Hechos, con base en cuatro criterios: metadatos de la fuente, información detallada de los hechos, características de las personas identificadas y la posibilidad de realizar conteo y análisis estadísticos relevantes”, dice el documento entregado a Blu Radio por la JEP.El GRAI, desde el 2020, ha desarrollado varios proyectos y ha procesado más de 1.000 informes, con cerca de 35.000 anexos aportados por las víctimas y algunas entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura.“Es preciso señalar que, a la fecha, la Sala de Reconocimiento, en el desarrollo de sus Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Macrocaso 03, ha esclarecido 1.952 víctimas de MIPBC (sin incluir aquellos NN: casos esclarecidos pero no identificados)”, explicó la JEP a este medio.¿Desde cuándo hay registros sobre falsos positivos?En esta respuesta oficial, la JEP también precisa que en la base de datos integrada por el GRAI se registra un primer caso de falsos positivos en 1962.“En las bases de datos integradas por el GRAI se registra una primera MIPBC ocurrida en el año 1962. En el marco del trabajo de esclarecimiento judicial adelantado por la Sala de Reconocimiento dentro del Caso 03, el primer caso determinado corresponde al año 1992”, dice la JEP en su respuesta.La concentración de casosDe acuerdo con el análisis realizado por el GRAI, el periodo de mayor concentración de falsos positivos se dio desde el 2001, cuando se registra el inicio de un crecimiento exponencial que empieza a decrecer en 2009, pero que no desaparece.“Se puede concluir que los departamentos con mayor número absoluto de víctimas de MIPBC incluyen, entre otros, Antioquia, Meta, Cesar, Casanare y Huila”, agrega la JEP.
Un pueblo francés se encuentra conmocionado este jueves después de que una chica de 14 años muriera apuñalada cuando se dirigía a clase. La adolescente fue encontrada gravemente herida el miércoles por la mañana en una calle de Fère-en-Tardenois, un pueblo de 2.800 habitantes en el norte de Francia, informó la fiscalía local.Murió a causa de múltiples puñaladas en el cuello antes de que llegaran los servicios de emergencia. Un hombre de 23 años fue detenido el miércoles por la noche. La fiscalía señaló que este joven desempleado, que vivía con sus padres, podría ser un exnovio.El jueves por la mañana se depositaron rosas blancas y velas frente a la entrada de la escuela secundaria donde iba la víctima. "Es absolutamente horrible", dijo una madre que acompañaba a sus hijas."Normalmente van en autobús, pero esta mañana quise venir por ellas", agregó a los medios presentes, entre ellos AFP.
La Lotería de Manizales volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4954. En esta oportunidad, el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número 7002 de la serie 208, resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y reactivó el interés por uno de los sorteos tradicionales del país.Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente a través de los canales oficiales del sorteo.2 secos de $300 millones1260 – Serie 302 – Despachado a Manizales2139 – Serie 113 – Despachado a Manizales3 secos de $200 millones7331 – Serie 0761042 – Serie 0449144 – Serie 1165 secos de $100 millones4788 – Serie 2754427 – Serie 1769449 – Serie 2448649 – Serie 0210252 – Serie 26210 secos de $80 millones6460 – Serie 2593265 – Serie 2330898 – Serie 0913419 – Serie 2880370 – Serie 0094372 – Serie 1517024 – Serie 0578800 – Serie 2564290 – Serie 1875306 – Serie 06310 secos de $60 millones2766 – Serie 3042170 – Serie 0541701 – Serie 1221794 – Serie 2270143 – Serie 3121662 – Serie 2088318 – Serie 0981983 – Serie 0035883 – Serie 0304313 – Serie 03610 secos de $50 millones9375 – Serie 2057895 – Serie 2797073 – Serie 0878255 – Serie 0631939 – Serie 3253528 – Serie 1351224 – Serie 2049918 – Serie 3361626 – Serie 1032928 – Serie 11610 secos de $40 millones5444 – Serie 2272252 – Serie 0988218 – Serie 2481081 – Serie 1816356 – Serie 0125231 – Serie 0169428 – Serie 1931931 – Serie 0571931 – Serie 2201829 – Serie 030¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de días festivos, la fecha puede modificarse y trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.¿Cómo reclamar un premio?Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese periodo, el premio prescribe.Documentos necesarios para reclamar el premioBillete original en buen estado y sin alteracionesCédula de ciudadanía originalCopia ampliada al 150 % de la cédulaCertificado del RUT para premios mayoresUn sorteo que mantiene su tradiciónCon cada edición, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país. Su amplio plan de premios y la posibilidad de acceder a millonarias sumas siguen atrayendo a miles de apostadores en cada sorteo.Para quienes participaron en el sorteo 4954, es importante verificar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.
La Lotería del Meta volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2025 con la realización del sorteo número 3296. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número 5926 de la serie 096, combinación que convirtió a su poseedor en uno de los nuevos millonarios del país.Además del premio principal, el sorteo distribuyó más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a jugadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y Barranquilla, consolidando así el alcance nacional de este tradicional juego de azar.Secos principalesSeco de $300 millones0308 – Serie 037Seco de $200 millones2352 – Serie 0673 secos de $100 millones5563 – Serie 0058972 – Serie 1213911 – Serie 044Secos de $50 millones3373 – Serie 1256077 – Serie 1422925 – Serie 0316988 – Serie 0000667 – Serie 0656695 – Serie 1296698 – Serie 013Secos de $20 millones8716 – Serie 1409493 – Serie 0323564 – Serie 0192355 – Serie 1289939 – Serie 0292135 – Serie 1413676 – Serie 1433646 – Serie 0386406 – Serie 0860935 – Serie 116Secos de $10 millones4645 – Serie 0100772 – Serie 1234694 – Serie 0047756 – Serie 0172700 – Serie 1428320 – Serie 0815904 – Serie 0881426 – Serie 0973244 – Serie 0018503 – Serie 0415619 – Serie 1470900 – Serie 0025818 – Serie 1355868 – Serie 1108285 – Serie 1236644 – Serie 0353654 – Serie 0772048 – Serie 0831007 – Serie 0823334 – Serie 026¿Cómo verificar si un billete fue ganador?Para confirmar un premio, los jugadores deben revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Este paso es fundamental para iniciar el proceso de reclamación del premio.También se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Meta para evitar información errónea o no verificada.¿Dónde comprar la Lotería del Meta?Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados de todo el país, incluyendo tiendas, supermercados y droguerías. Además, existen plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten realizar la compra en línea de manera rápida y segura.Un juego que también aporta a la saludMás allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple una importante función social. Parte de los recursos recaudados con la venta de billetes se destina al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, contribuyendo al bienestar de miles de colombianos en cada sorteo.
La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4846. En esta ocasión, el premio mayor quedó en manos del número 7663 de la serie 160, combinación que se convirtió en la más buscada de la jornada.Además del premio mayor, el plan de premios incluyó varias categorías de premios secos, aumentando las posibilidades de ganar entre los participantes.Premio de $500 millones6762 – Serie 260Premios de $100 millones5486 – Serie 2860835 – Serie 281Premios de $60 millones2569 – Serie 2345639 – Serie 0751947 – Serie 209Premio de $40 millones0340 – Serie 03925 premios de $30 millones8134 – Serie 2975125 – Serie 1083092 – Serie 1255887 – Serie 0815211 – Serie 2205439 – Serie 1251365 – Serie 2610771 – Serie 2669638 – Serie 1399813 – Serie 1643796 – Serie 1570112 – Serie 1811040 – Serie 1119927 – Serie 0356773 – Serie 2396661 – Serie 2429414 – Serie 0624456 – Serie 2660832 – Serie 0484590 – Serie 0131796 – Serie 2655811 – Serie 0329786 – Serie 2458731 – Serie 1502393 – Serie 085Para reclamar cualquiera de los premios es indispensable que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para validar el acierto y autorizar el pago correspondiente.Recomendaciones para reclamar premiosLos resultados corresponden oficialmente al sorteo 4846 realizado el 6 de mayo de 2026. Para verificar premios o iniciar el proceso de reclamación, la recomendación para los jugadores es consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Valle.También es importante conservar el billete en buen estado, debido a que este documento es el único válido para hacer efectiva la entrega del premio.
Varios ciclistas, especialmente del equipo Lotto-Intermarché, se enfermaron en los últimos días tras participar el domingo en la Famenne Ardenne Classic, disputada en Bélgica. Las autoridades y equipos investigan si las heces de vaca presentes a lo largo del recorrido serían el origen de la infección que afecta al pelotón.Posible contaminación por estiércol y bacterias en la carreraSegún medios belgas, desde el equipo Lotto apuntan a una posible contaminación causada por los numerosos excrementos de vaca y restos de estiércol encontrados en las carreteras rurales por donde pasó la competencia. La situación habría empeorado debido a que el asfalto estaba húmedo durante la prueba.Las primeras hipótesis apuntan a infecciones por Campylobacter, una bacteria que provoca gastroenteritis y que suele transmitirse por contacto con alimentos o superficies contaminadas. Sin embargo, las autoridades sanitarias aún no han confirmado oficialmente el origen del brote.Varios equipos afectados por síntomas gastrointestinalesDe acuerdo con la televisión belga Sporza, varios equipos reportaron casos similares, entre ellos Alpecin, Flanders-Baloise y Roubaix-VanRysel, además del Lotto-Intermarché. El exciclista francés Maxime Bouet, actual director deportivo del Lotto, aseguró que “la mitad del pelotón está enfermo”, reflejando la magnitud de la situación en la previa del Giro de Italia 2026.El Lotto es la escuadra más afectada hasta ahora. Los corredores belgas Liam Slock y Milan Menten, junto al luxemburgués Mathieu Kockelmann, comenzaron a presentar desde el lunes fuertes dolores abdominales, diarrea, fiebre y vómitos.Los tres ciclistas tuvieron que ser hospitalizados brevemente, informó el equipo desde Bulgaria, país donde este viernes comenzará el Giro de Italia 2026. El belga Arnaud De Lie, ganador de la Famenne Ardenne Classic y principal figura del Lotto para el Giro, inicialmente no mostró síntomas. Sin embargo, durante el vuelo del martes hacia Bulgaria presentó náuseas.“No se siente bien, pero su participación en el Giro no está en riesgo por ahora”, indicó el equipo. La situación obligó incluso a modificar la nómina del Lotto para la competencia. Solo cinco de los ocho ciclistas previstos pudieron asistir a la presentación oficial del Giro este miércoles. Además, Liam Slock fue baja de última hora y será reemplazado por el británico Joshua Giddings.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 20 exintegrantes de las Farc a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado, en el marco del Caso 07.Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los comparecientes hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio, así como del Comando Conjunto Central, y fueron señalados como máximos responsables por su liderazgo regional o por su participación determinante en estos hechos.“Se trata de una verdad construida a partir de las voces de las víctimas. Sus testimonios han sido fundamentales para reconstruir mil quinientos cincuenta y nueve hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños, de los cuales ochocientos sesenta y tres han sido calificados como crímenes de guerra. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Según la JEP, los exFarc se aprovecharon de contextos de pobreza, ausencia de Estado y precariedad en zonas rurales, así como de situaciones de violencia intrafamiliar, para facilitar la vinculación de niños y niñas.A esto se sumaba el relacionamiento cotidiano con las comunidades y, en muchos casos, la presencia previa de familiares dentro de la organización, lo que generaba entornos propicios para el reclutamiento mediante presión, engaño o persuasión.De los 20 comparecientes llamados por la JEP, la mayoría corresponde a antiguos comandantes de bloque y estructuras regionales, mientras que otros ocuparon roles de coordinación interfrentes o jefaturas dentro de unidades específicas.Entre quienes ejercieron liderazgo regional y fueron llamados a responder como máximos responsables figuran Fabián Ramírez Cabrera (‘Fabián Ramírez’); Rodolfo Restrepo Ruiz (‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’); Ángel Alberto García Sánchez (‘Hernán Benítez’); Álvaro Guazá Carabalí (‘Kunta Kinte’); Darío Lee Díaz (‘Robledo’ o ‘Tatareto’); Floresmiro Burbano (‘Martín Corena’); Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’); Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Muñoz’, ‘Cancharina’); Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’); Luis Óscar Úsuga Restrepo (‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’); Martín Cruz Vega (‘Rubín Morro’); Jesús Mario Arenas Rojas (‘Marcos’, ‘El barbado’ u ‘Osama’); Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’) y Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’).A ellos se suman seis comparecientes señalados como máximos responsables por su participación determinante en hechos especialmente graves: Luis Eduardo Rayo (‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’); Henoc Capera Trujillo (‘Giovany Castro’); Elmer Caviedes (‘Albeiro Córdoba’); Jerminson Álvaro Noreña Camargo (‘Irson Córdoba’); Gustavo Gómez Urrea (‘Víctor Mejía Jecho’) y Álvaro García Velandia (‘Flaminio’).“Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques o interferentes como los anteriores, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macro criminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas”, aseguró la magistrada Lili Rueda, relatora del caso 07.De acuerdo con la investigación, entre 1971 y 2016 las Farc-EP reclutaron a 18.677 menores de edad. Los años más críticos fueron 1999, 2002, 2007 y 2013. El estudio concluye que el 64 % de los casos correspondió a reclutamiento forzado, mientras que el 22 % se dio mediante engaño y el 13 % a través de persuasión.El Bloque Oriental concentró la mayor parte del reclutamiento a nivel nacional, con cerca de la mitad de las victimizaciones documentadas y 611 casos de menores reclutados, lo que equivale al 39 % del total. De ellos, la mayoría, 379 niños y niñas, fueron vinculados con 14 años o menos, mientras que 228 tenían entre 15 y 17 años.“La decisión que hoy se presenta también constituye un llamado claro a los imputados. Reconocer su responsabilidad es imperativo y es un deber moral con las víctimas. Este es el momento decisivo para aportar verdad plena, asumir el papel que tuvieron en esos hechos y contribuir de manera efectiva a la reparación de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.En el Caso 07 participan 11.052 víctimas, de las cuales 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes y familias que aún buscan a menores reclutados desaparecidos.“La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.Tras esta decisión, los 20 exFarc deberán definir si aceptan o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso seguirá por la vía dialógica, lo que puede conducir a la imposición de sanciones propias.En caso contrario, quienes nieguen su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. De ser llevados a juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
La Iglesia Católica expresó su preocupación por la situación de orden público en el país y centró su mensaje en las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.“La Iglesia, en primer lugar, expresa toda su cercanía con las víctimas. Hay que reconocer que aquí estamos hablando de personas con una historia, con un pasado, con una familia, personas que llevaban la vida, en su mayoría trabajadores de la zona, que de alguna manera serán afectados en su integridad física”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de las relaciones Iglesia-Estado, al insistir en que el país debe responder con “un alto nivel de solidaridad y cercanía” frente a quienes han resultado afectados.El pronunciamiento también puso el foco en los territorios más golpeados, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, donde, según la Iglesia, no solo se viven los impactos de la violencia, sino también esfuerzos comunitarios por salir adelante.“Sabemos que son regiones en las cuales hay numerosas iniciativas sociales que se están movilizando, que están tratando de buscar alternativas, soluciones, que están buscando crear puentes, y la Iglesia está allí también junto a ellos”, indicó Henao, al destacar el acompañamiento a las comunidades en estas zonas.En ese contexto, la institución fue enfática en calificar el momento actual como crítico: “Nosotros vemos esto como una crisis humanitaria de grandes magnitudes”, afirmó, al advertir que el país atraviesa una coyuntura que exige “mucha responsabilidad social de parte de todos los sectores” para garantizar el ejercicio democrático dentro del orden constitucional y el respeto por la dignidad de la población.Frente a los responsables de los hechos violentos, monseñor planteó la necesidad de mayor claridad sobre el escenario de negociación.“Habría que definir si realmente quienes están cometiendo estos hechos tienen diálogos en curso con el Estado colombiano, habría que mirarlo porque no todos los grupos armados están en diálogo con el Gobierno. Pero lo que nos parece muy importante aquí, ya desde la perspectiva nuestra, es la visión que tenemos sobre la compleja situación que tienen los pobladores del territorio”, señaló.Sin embargo, insistió en que el foco principal debe mantenerse en la situación humanitaria de los territorios.“Tenemos que mirar hacia esos territorios, identificar en ellos que son comunidades enteras las que están siendo afectadas. Entonces, el llamado es a que se respete el derecho internacional humanitario, a que se respeten los principios de humanidad que son vigentes, incluso en situaciones de violencia o de conflictos muy altos, y que se reconozca que hay límites, y esos límites están, en primer lugar, en el respeto por la población civil”, añadió.Finalmente, envió un mensaje a las comunidades afectadas, reconociendo el difícil momento que atraviesan.“Sabemos que pasan por momentos difíciles, por momentos complejos, por la pérdida de numerosas personas que fueron integrantes de las mismas, y que pasan también por momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho temor”, expresó, al tiempo que hizo una invitación a mantener la esperanza y a seguir fortaleciendo la vida comunitaria como camino para enfrentar la crisis.
Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre del 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron este jueves la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)."Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural", expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.En este contexto, los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.El confinamiento, según los organismos, "pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda"."Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes", expresó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.Agregó: "Hoy vemos desafíos importantes en la prevención del confinamiento, en su atención integral, en respuestas oportunas, sostenidas, en la presencia institucional, en las comunidades confinadas, con el agravio de las limitaciones continuas del acceso humanitario".La defensora Marín expresó, por su parte, que "si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía".Esto ocurre principalmente "en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos".
Miembros de la estructura 'Franco Benavides' de las disidencias al mando alias 'Iván Mordisco' ingresaron a un colegio rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño , para entregar útiles escolares a niños en una actividad de "propaganda", informaron fuentes oficiales.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó este lunes de "manera categórica" las acciones de intimidación hacia los niños de esa escuela y "su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados"."Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) y, por tanto, su ingreso constituye una grave infracción inadmisible", aseguró la Consejería Presidencial.En un video compartido en redes sociales, se ve a varios hombres y mujeres armados junto a niños y niñas con los que se toman fotografías después de entregarles material escolar en un salón de clases.En las fotografías difundidas fueron identificados alias 'Héctor', 'Cristian' y 'Mauricio', quienes hacen parte del grupo Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.Según los informantes, los disidentes entregaron mensajes impresos en los que se lee que hacen "felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados", como parte de una estrategia de adoctrinamiento social.Frente a este hecho, la Consejería Presidencial hizo un llamado "urgente a todos los actores armados a respetar de manera irrestricta los derechos de la niñez y a abstenerse de cualquier acción que los involucre directa o indirectamente en el conflicto".Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a iniciar las acciones legales correspondientes para garantizar que las escuelas sean entornos seguros para la infancia y la adolescencia.
La Iglesia Católica en Colombia reiteró su respaldo al Papa León XIV luego de su llamado firme a favor de la paz y la dignidad humana, en medio de los conflictos que persisten a nivel global.El pronunciamiento fue difundido por el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, quien invitó a los fieles a rodear al pontífice con oración y a acoger su mensaje como una guía frente a los desafíos actuales.“Quiero, con estas líneas, invitar a todos los católicos para que se unan solidariamente en torno al Papa León XIV, quien, como lo han hecho sus antecesores, ha repetido el grito de los que sufren, de las víctimas y de las personas de buena voluntad que anhelan la paz: ¡no más guerra, no más atentados contra la dignidad humana, no más sangre derramada de víctimas inocentes de todas las edades, condición social y pueblos!”, señala el mensaje.El arzobispo también hizo un llamado a las comunidades a fortalecer la oración en sus parroquias y a convertirse en “artesanos de paz”, en un contexto que exige respuestas colectivas frente a la violencia.“Al rodear al Sumo Pontífice, los invito para que en sus parroquias refuercen la oración por la paz del mundo y para que nosotros, con la parresía bíblica, seamos también artesanos y pregoneros de la paz que nos da el Señor Resucitado”.En esa misma línea, monseñor Rodríguez explicó que los llamados del Papa no responden a intereses políticos, sino a su misión pastoral, y destacó que su voz recoge el clamor de las víctimas y el anhelo de paz de los pueblos, en medio de la violencia que persiste en distintas regiones del mundo.
La mesa de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entró en una fase decisiva tras la suspensión del séptimo ciclo de conversaciones. La decisión se tomó luego de evidenciarse diferencias internas dentro del grupo armado frente a su compromiso de apartarse de las economías ilegales.Según explicó el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, el proceso atraviesa un momento de definiciones clave sobre el rumbo de la negociación. “Estamos entrando en un período de definiciones. Una de esas definiciones es el compromiso del grupo armado ilegal con el que estamos adelantando las conversaciones de separarse de las economías ilícitas”, afirmó.De acuerdo con Novoa, durante los recorridos en territorio se han identificado avances en algunas zonas, pero también retrocesos. En el caso de la laguna de Chimbuza, en Nariño, destacó resultados positivos en procesos de sustitución de cultivos.Sin embargo, esa disposición no es la misma dentro del grupo armado. “Lo que encontramos en el día de ayer es que algunos de los frentes de la coordinadora no tienen el mismo nivel de comprensión que hemos constatado en otros casos, y nosotros necesitamos como gobierno, como sociedad, como país, que estos grupos se separen de las economías ilegales y queden muestras efectivas de querer hacerlo. Así como han contribuido a copar de cultivos de hoja de coca estos territorios en donde la presencia del estado es muy precaria, de la misma manera nosotros demandamos del grupo acciones concretas para separarse de esas economías mediante acciones de transformaciones y de erradicación en sus zonas de influencia, y la respuesta que encontramos ayer no fue la más alentadora”, advirtió.El jefe negociador también expresó inconformidad por los cambios de postura del grupo armado en cuestión de días. “La respuesta que encontramos de parte del grupo no fue la más satisfactoria, lo cual nos generó muchísimo desconcierto e inconformidad, porque el día anterior habíamos encontrado que se habían comprometido de manera muy clara en ese proceso. Lo que vimos ayer fue lo contrario de lo que observamos antes de ayer”, dijo.Frente a este panorama, el Gobierno lanzó un ultimátum y exigió señales claras y verificables sobre la voluntad de avanzar en el proceso.“Necesitamos claridad, necesitamos seriedad, estamos entrando en una fase final de estos diálogos, y para avanzar de manera eficaz y decidida, es necesario que el grupo diga con claridad si quiere abandonar su actividad alrededor de los cultivos de la hoja de coca”, enfatizó.Además, insistió en que no habrá espacio para ambigüedades en esta etapa. “No vamos a aceptar que el grupo quiera adoptar un doble lenguaje y un doble comportamiento frente a estos diálogos”, subrayó.En ese sentido, Novoa dejó claro que la continuidad de la mesa dependerá de la respuesta que entregue el grupo armado en los próximos días. “Estamos a la espera de que el grupo dé una respuesta clara de si quiere avanzar o no en ese proceso”, explicó.Incluso, advirtió que el Gobierno evaluará el futuro de la negociación si no hay definiciones concretas, teniendo en cuenta el tiempo que resta del actual mandato. “O vamos por el camino de la paz apartándose de las economías ilícitas, o el gobierno tendrá que evaluar en forma concreta y responsable qué hacer con esta mesa restando tres meses del actual gobierno”, afirmó.En paralelo, el proceso había avanzado en medidas para facilitar un eventual traslado de sus integrantes a zonas de Ubicación temporal. “El domingo acordamos crear una zona de ubicación temporal en el municipio de Roberto Payán, en el área de la laguna Chimbuza. Ya se han adelantado estudios técnicos, ya se ha avanzado en la contratación para darle alcance a los acuerdos”, detalló.No obstante, la continuidad de estas iniciativas también queda condicionada a las decisiones que adopte el grupo armado en esta fase final del proceso.Por ahora, el Gobierno insiste en que este es un momento definitivo. “Esperamos una vez recibido esa respuesta evaluar el alcance de la misma para retomar el curso de los diálogos de paz”, concluyó Novoa.
Mientras continúan las operaciones militares ofensivas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, en la región del Catatumbo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, la Defensoría está alertando que el panorama en el municipio de El Tarra se ha venido agravando.Tras un ataque con drones y explosivos registrado en zona rural, que deja una persona muerta y otra herida y que sería atribuible al frente 33, la entidad alerta sobre el riesgo creciente para las comunidades campesinas, señalando que este tipo de hechos incrementa el temor, el confinamiento y la vulneración de derechos en medio del conflicto armado.“Advertimos el grave riesgo para la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas. Estas acciones profundizan el temor y la vulneración de derechos en el territorio. Ninguna conducta que exponga a la población civil en el marco del conflicto armado es admisible”.En ese sentido, insisten en que ninguna acción que ponga en peligro a la población civil es admisible y reiteran el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario.“Hacemos un llamado urgente a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a abstenerse de acciones que pongan en peligro a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias campesinas”.Asimismo, la Defensoría informó que mantiene presencia en la zona, haciendo seguimiento a la situación y acompañando a las comunidades afectadas, al tiempo que insta al Estado a adoptar medidas urgentes de prevención y protección.En esa misma línea, la entidad ha adelantado la caracterización de más de 410 familias en El Tarra para documentar casos de confinamiento y desplazamiento forzado, logrando incluso llegar a varias veredas que permanecían aisladas por las confrontaciones y las difíciles condiciones de acceso.
El homicidio del defensor de derechos humanos y líder indígena Reinaldo José Campo Cucubana, ocurrido en el municipio de Tame, Arauca, fue condenado por la ONU Derechos Humanos Colombia, que alertó sobre la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen labores de liderazgo y defensa de derechos en esta región del país.De acuerdo con la información conocida, el líder indígena fue privado de la libertad en horas de la mañana y posteriormente asesinado.Campo Cucubana era una autoridad reconocida dentro del pueblo indígena Makaguán. Se desempeñó como gobernador del Resguardo Indígena San José de los Macarieros y tuvo un papel activo en la defensa de los derechos de su comunidad.Además, ocupó cargos como fiscal encargado y presidente de la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASOCATA), y fue delegado ante el Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).Tras el crimen, la Oficina de la ONU hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que adelanten una investigación pronta, exhaustiva y efectiva que permita esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar justicia. Asimismo, instó a fortalecer de manera inmediata las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas, especialmente en el departamento de Arauca.“Instamos a las autoridades a investigar de manera pronta y exhaustiva estos hechos, a garantizar justicia y redoblar las medidas de protección para líderes y lideresas indígenas y comunidades en el departamento de #Arauca, donde persisten graves riesgos para quienes ejercen la labor de defensa de #DDHH”, señalaron.El organismo también recordó que el pueblo indígena Makaguán cuenta con medidas de protección especiales ordenadas por la Corte Constitucional de Colombia, a través del Auto 382 de 2010, en el que se reconoce el riesgo de extinción física y cultural de esta comunidad.En ese sentido, advirtió que este nuevo hecho de violencia refuerza la urgencia de adoptar acciones integrales y efectivas que garanticen su supervivencia y el respeto por sus derechos colectivos.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en un documento que advierte sobre decisiones urgentes que el próximo Gobierno deberá asumir para evitar un deterioro en la garantía de los derechos humanos en el país.El informe pone sobre la mesa un panorama marcado por desigualdades sociales, brechas en el acceso a derechos básicos y fallas estructurales que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.Según advierte la entidad, problemas como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, las dificultades para acceder a empleo digno y las limitaciones en conectividad siguen evidenciando rezagos estructurales que impactan directamente la calidad de vida de millones de colombianos.En ese contexto, el documento aborda distintos temas críticos, entre ellos los diálogos con grupos armados ilegales, la crisis del sistema de salud, el hacinamiento en las cárceles y otros desafíos estructurales que siguen sin resolverse.Diálogos con grupos armados: sin “incentivos perversos”Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con los procesos de diálogo con grupos armados ilegales, un tema que hoy atraviesa el debate político de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.La entidad advierte que cualquier negociación debe respetar el Acuerdo de Paz de 2016 y, sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas. En ese sentido, insiste en que estos procesos no pueden convertirse en un incentivo para quienes siguen en la ilegalidad.La entidad alerta sobre el riesgo de generar lo que denomina “incentivos perversos”, es decir, beneficios que puedan fortalecer a estos grupos o motivar su permanencia en armas.Por eso, recomienda evitar reconocimientos políticos o simbólicos a disidencias o desertores de acuerdos previos, así como ejercer un control estricto sobre beneficios judiciales, como la suspensión de órdenes de captura, para impedir que sean utilizados con fines de expansión territorial.Además, subraya que los acuerdos no pueden terminar favoreciendo a quienes han incumplido compromisos anteriores, ni otorgarles beneficios iguales o superiores a quienes sí avanzaron en procesos de paz.Salud: fallas estructurales y crisis en medicamentosOtro de los puntos centrales del informe es la crisis del sistema de salud, que la Defensoría califica como estructural. La entidad advierte sobre problemas persistentes como la falta de transparencia en el manejo de recursos, las dificultades en el acceso a medicamentos y las demoras en la atención de servicios.Estas fallas, según señala, se reflejan en el aumento de tutelas, quejas ciudadanas y reclamos administrativos, especialmente por la falta de entrega oportuna de tratamientos.El llamado para el próximo Gobierno es avanzar en una reforma integral que garantice la sostenibilidad del sistema, mejore la atención y reduzca las brechas en el acceso, especialmente para las poblaciones más vulnerables.Cárceles: hacinamiento y crisis humanitariaLa Defensoría advierte que el hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas, con niveles críticos en distintos centros de reclusión del país.En particular, señala que los centros de detención transitoria presentan un hacinamiento cercano al 99 %, lo que evidencia una presión desbordada del sistema y graves afectaciones a la dignidad humana, la salud y las condiciones básicas de las personas privadas de la libertad.Frente a este panorama, recomienda avanzar en un plan integral que permita reducir el hacinamiento, racionalizar el uso de la detención preventiva y fortalecer alternativas a la privación de la libertad.Medio ambiente, juventudes y desigualdadEn materia ambiental, la Defensoría advierte sobre los efectos cada vez más frecuentes de desastres naturales y la falta de preparación institucional para enfrentarlos, lo que ya está generando desplazamientos, pérdida de medios de vida y afectaciones en la salud de miles de personas.En cuanto a las juventudes, el documento señala que enfrentan barreras importantes en el acceso a empleo, educación y oportunidades, en un contexto marcado por la violencia y el deterioro de la salud mental. Esta situación, advierte la entidad, aumenta su exposición a dinámicas de criminalidad y limita su papel como actores del desarrollo del país.Asimismo, la Defensoría alerta sobre las brechas que afectan a otros grupos poblacionales. En Colombia, solo una parte de las personas mayores logra acceder a una pensión, mientras que las personas con discapacidad enfrentan mayores niveles de exclusión en educación, empleo y acceso a servicios básicos.A esto se suma la persistencia de desigualdades territoriales y sociales que afectan de manera más intensa a comunidades rurales, étnicas y en condición de vulnerabilidad, lo que, según señala la Defensoría, evidencia la necesidad de políticas públicas más integrales, sostenibles y enfocadas en cerrar estas brechas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un recorte presupuestal para la entidad en 2027, equivalente al 11 % del presupuesto total, lo que, según advirtió, tendría un impacto directo en su capacidad de operación y atención en el país.De acuerdo con las cifras, en el presupuesto total para funcionamiento, los recursos bajarían de más de 1,10 billones a alrededor de 995 mil millones de pesos, mientras que en inversión se registraría una reducción de 85.610 millones a 66.403 millones de pesos.“Para el próximo año, el Gobierno Nacional ha puesto un nuevo techo para la Defensoría que implicaría, de mantenerse, una nueva reducción del presupuesto. Esto quiere decir que pasaríamos de tener en inversión 85.610 millones a 66.403 millones de pesos”, explicó la defensora.Este comportamiento, según la Defensora, mantiene una tendencia de reducción que comenzó en 2024, luego de más de una década de crecimiento sostenido en los recursos de la entidad. En ese sentido, advirtió que, de mantenerse este escenario, la Defensoría contaría apenas con el 40 % del presupuesto de inversión que tenía en 2024.Marín también explicó cómo este recorte ya se está reflejando en el territorio. “La primera restricción es en misiones a terreno. Esto se refleja en viáticos y comisiones de los equipos humanitarios que se desplazan a las zonas más apartadas del país, y eso ya se ha venido reduciendo”, señaló.Además, indicó que se han frenado proyectos clave, como la apertura de nuevas casas de derechos, espacios de atención comunitaria en zonas vulnerables, y que algunas de las existentes operan con menos personal del requerido.También advirtió que podría haber una reducción en el número de defensores públicos, lo que tendría un impacto directo en el sistema judicial. A esto se suma el riesgo para programas dirigidos a jóvenes en contextos de vulnerabilidad, especialmente aquellos enfocados en prevención de reclutamiento y acompañamiento en salud mental.Ante este panorama, la defensora envió una carta al ministro de Hacienda, Germán Ávila, solicitando reconsiderar el techo presupuestal asignado y mantener, al menos, los niveles de 2024.En el documento, la entidad advierte que “la asignación informada no permite garantizar la sostenibilidad operativa, la continuidad en la prestación de los servicios misionales ni el cumplimiento efectivo de los compromisos institucionales”.Asimismo, señala que la reducción de recursos “impacta de manera directa el cumplimiento de las funciones misionales y limita la capacidad institucional para garantizar la atención y protección efectiva de derechos”.La Defensoría también enfatiza que este recorte se da en un contexto de aumento en la demanda de sus servicios, asociado a mayores vulneraciones de derechos humanos y conflictividades territoriales, lo que, advierte, podría traducirse en menor cobertura, reducción de presencia institucional y afectaciones directas a poblaciones vulnerables.Finalmente, señaló que ya hubo un primer acercamiento con el Gobierno Nacional para revisar la situación y expresó su expectativa de que se reevalúe la decisión.
Alias Yako, identificado como Kendry Téllez Álvarez y señalado por las autoridades como principal enlace entre alias ‘Zarco Aldinever’ y alias ‘El Viejo’, recibió un beneficio de libertad condicionada en 2021 en el marco de la JEP, tras su sometimiento al sistema como exintegrante de las antiguas Farc-EP.Así se conoció a través de un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz, fechado el 25 de marzo de 2026, en el que además se advierte que actualmente se encuentra en revisión el cumplimiento de las condiciones que le permitieron acceder a ese beneficio.De acuerdo con el documento, la jurisdicción no ha logrado ubicar a alias Yako en los últimos meses, no ha respondido a los llamados realizados por la JEP, su defensa tampoco ha podido establecer contacto con él y, además, aparece registrado como “ausente” durante al menos seis meses en el sistema de reincorporación.A esto se suma información reciente, citada en el documento, según la cual la Fiscalía General de la Nación habría solicitado órdenes de captura en su contra, en el marco de una investigación por el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay. En ese contexto, Téllez Álvarez es señalado como presunto integrante de la Segunda Marquetalia y habría cumplido un rol de enlace y articulación dentro de la estructura criminal que, según las autoridades, estaría detrás del hecho.Frente a estos elementos, la JEP advierte que se trata de hechos que, de confirmarse, podrían constituir un incumplimiento del régimen de condicionalidad, e incluso dar lugar a una eventual declaratoria como desertor del sistema de paz.Por ahora, la Sección de Revisión no adoptó una decisión de fondo, pero sí ordenó remitir el caso a la Sala de Amnistía o Indulto y a la Sala de Reconocimiento de Verdad para que verifiquen la situación del compareciente y determinen si procede la pérdida de los beneficios otorgados.Además, la jurisdicción requirió de manera urgente a la Fiscalía para que informe formalmente sobre los procesos que se adelantan en su contra, así como la existencia de órdenes de captura vigentes, y solicitó a ‘Yako’ y a su abogado que se pronuncien sobre los hechos conocidos.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Farc-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos perpetrados en varios departamentos del país, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.De acuerdo con la decisión judicial, los 11 exintegrantes fueron declarados responsables por diferentes conductas delictivas que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.Entre los hechos ilícitos documentados por las autoridades se encuentra la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Miraflores, ocurrida el 3 de agosto de 1998. Según lo establecido dentro del proceso judicial, este ataque dejó como resultado la muerte de 19 uniformados y el secuestro de 131 integrantes de la fuerza pública, en uno de los episodios más graves registrados en esa zona del país durante el conflicto armado.Asimismo, dentro de la sentencia se les atribuye la incursión armada al municipio de Mitú, registrada el 26 de octubre de 1998. De acuerdo con la investigación judicial, aproximadamente 1.500 integrantes del entonces Bloque Oriental de las Farc-EP atacaron la estación de policía utilizando armas no convencionales. Como consecuencia de esta incursión armada, fueron asesinados 38 integrantes de la fuerza pública y ocho civiles, mientras que otros 61 policías fueron secuestrados por los insurgentes.La decisión judicial identificó como responsables de estos hechos a los exintegrantes Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, Críspulo Efraín Quiñónez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Berny Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, quienes fueron hallados responsables de los delitos investigados dentro de este proceso judicial.
Durante Domingo de Resurrección, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, habló sobre la situación actual de Colombia y el significado espiritual de esta fecha en medio de enfrentamientos, acusaciones y polémicas declaraciones políticas. Monseñor Henao fue contundente al explicar que la Pascua, cuyo significado etimológico es "paso", debe invitar a los colombianos a una transformación social y personal. Según recalcó, esta fecha significa que “toca dar paso del insulto al respeto, de la descalificación al diálogo, del odio que a veces permea tanto a la sociedad hacia la confianza”.Y es que este llamado surge como respuesta a un clima de polarización y agresividad en el lenguaje que afecta al país. Respecto a la confrontación política y los escándalos actuales de infiltraciones, el delegado episcopal advirtió sobre los peligros de la división extrema.Afirmó con claridad que “un país no puede construir su futuro si se dedica a crucificarse a asimismo”.“No podemos dedicarnos a crucificarnos los unos a los otros”, insistió monseñor en diálogo con Sala De Prensa Blu. En este sentido, señaló que la política no debe ser un campo de batalla donde se deshumanice al oponente.“El que piensa distinto no es nuestro enemigo. Puede ser un contrincante político, pero no tenemos que dibujarlo, identificarlo como enemigo y la política no se puede convertir en un escenario de odio donde todo vale. Eso no es posible”, subrayó.Para monseñor Henao, no todo es aceptable cuando está en juego la dignidad de las personas. En ese sentido, también abordó la historia de violencia en Colombia; dijo que el miedo ha sido una pauta constante en el comportamiento social.Ante esto, propuso un cambio de paradigma: “Necesitamos poner la vida por encima de los intereses”. Por eso, resaltó además el papel fundamental de la mujer en la construcción de paz, recordando que ellas fueron las primeras en anunciar la esperanza en el relato bíblico.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó los cuerpos de 10 personas en el departamento de Nariño, en medio de acciones humanitarias que contaron con aportes de información de firmantes del Acuerdo de Paz, del grupo Comuneros del Sur y de comunidades.Las intervenciones se desarrollaron en municipios como La Llanada, Cumbal, Samaniego y Santacruz de Guachavés, territorios donde, por primera vez en algunos casos, se pudo ingresar con el apoyo de autoridades indígenas para adelantar labores de búsqueda en zonas rurales y resguardos.En el centro de Nariño, dos de los cuerpos fueron hallados en el resguardo de Santacruz de Guachavés, donde ya existen hipótesis de identidad gracias a la información entregada. En Samaniego, otros dos cuerpos fueron recuperados y trasladados a Bogotá para avanzar en su identificación forense.“Fue muy motivante cuando la Unidad de Búsqueda me llamó para contarme que querían sacar personas en el territorio que están quedadas por el conflicto armado. Hubo un poco de incertidumbre en la comunidad porque nunca se había visto esto dentro del territorio. Yo concienticé a las personas sobre la entidad para así avanzar y que les entreguen los cuerpos a sus familiares”, subrayó Sandra Cuastumal, gobernadora del resguardo Colonial de Santacruz.A esto se suman hallazgos en La Llanada, donde el trabajo comunitario permitió ubicar uno de los puntos de inhumación, y en el resguardo indígena de Cumbal, donde se recuperaron cuatro cuerpos más, en un proceso que combinó investigación humanitaria con aportes de civiles y exintegrantes de grupos armados.“En el resguardo indígena del Gran Cumbal se recuperaron cuatro cuerpos de personas que desaparecieron a causa del conflicto armado. Para el hallazgo de una de ellas, se recibieron aportes de información de al menos seis personas civiles, lo que permitió su recuperación. Sin embargo, en 2023, momento en que inició la investigación humanitaria y extrajudicial, aún no se contaba con su identidad”.Uno de los casos más relevantes es el de una persona cuya identidad pudo establecerse gracias a la información suministrada por Comuneros del Sur, lo que permitió ubicar a sus familiares y avanzar en el proceso de búsqueda.En total, fueron intervenidos cuatro sitios y recuperados 10 cuerpos. Las acciones estuvieron acompañadas de rituales de armonización propios de las comunidades étnicas, como parte de los procesos de sanación colectiva y dignificación de las víctimas.