La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
En una operación conjunta desarrollada en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, las Fuerzas Militares ubicaron un depósito ilegal que pertenecería a la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El resultado fue producto de labores de inteligencia y de una acción coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.Durante la operación fueron halladas aproximadamente 500 minas antipersonal improvisadas, 200 kilogramos de explosivo ANFO, 17 granadas artesanales de 60 milímetros, 20 granadas calibre 40 milímetros, un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro, 82 detonadores eléctricos, cuatro sistemas de iniciación y 2.500 metros de cordón detonante, además de mecha de seguridad y pólvora negra.“Las tropas también encontraron 2.521 cartuchos de diferentes calibres y dos proveedores para fusil. También se encontraron elementos de intendencia, comunicaciones, adoctrinamiento y propaganda alusiva a esta organización criminal. Con esta operación afectamos sus capacidades armadas, explosivas, logísticas, comunicacionales, e impedimos que este material fuera utilizado contra las comunidades rurales y la fuerza pública”, agregó el coronel Jorge Armando Niño Saavedra, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 1.De acuerdo con información de inteligencia militar, el material encontrado presuntamente sería utilizado para la instalación de artefactos explosivos en puentes, caminos veredales y vías de acceso frecuentadas por comunidades rurales y unidades militares en el departamento del Guaviare y la región del Yarí. Las Fuerzas Militares señalaron que el hallazgo representa una afectación a las capacidades logísticas, explosivas y de comunicaciones del grupo armado.Durante las operaciones, según las Fuerzas Militares, la comunidad intentó liderar una asonada contra las tropas para evitar la incautación y traslado del material de guerra, sin embargo este logró ser sacado sin inconvenientes.
La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que había hecho el abogado Mauricio Pava contra contra la Resolución 471 de 2025, con la que el Gobierno Petro creó tres Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para integrantes del Clan del Golfo, en el marco del proceso de conversaciones sociojurídicas que adelanta con esa organización. Esto significa que dichas zonas seguirán vigentes mientras se estudia de fondo la solicitud.Pava, en su pedido, aseguró que el presidente de la República no podía crear esas zonas sin que el Congreso hubiera aprobado antes una ley de sometimiento a la justicia, algo ya fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023; en otras palabras, Petro expidió la resolución sin tener la competencia legal para ello.Sin embargo, el despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existe una violación evidente de la sentencia mencionada o de otras normas superiores que justifique la medida catuelar de suspender de manera inmediata la creación de estas zonas.El punto central de la discusión estuvo en determinar si el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional es aplicable al caso del Clan del Golfo, denominado por el Gobierno en este proceso como Ejército Gaitanista de Colombia.La Sentencia C-525 de 2023 estableció que las Zonas de Ubicación Temporal para facilitar procesos de sometimiento a la justicia requieren una ley expedida por el Congreso cuando se trate de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.Sin embargo, ese condicionamiento no puede extenderse automáticamente al caso del EGC pues la resolución inicial del Gobierno Petro lo reconoció como un Grupo Armado Organizado, GAO, y no como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto."La anterior catalogación se efectuó mediante la Resolución 294 de 2025, acto administrativo que no fue demandado en este proceso y que, por tanto, se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, agregó el Consejo de Estado.En ese sentido, para el alto tribunal, no es posible concluir en esta etapa que el presidente esté actuando fuera de sus competencias al crear las ZUT aunque sí reconoció que la Sentencia C-525 de 2023 es obligatoria y vinculante para todas las autoridades y por ello el alcance será revisado con mayor profundidad pero sin aceptar la medida cautelar.Esta decisión llega mientras el proceso de conversación con el Clan del Golfo sigue estancado: el traslado de un primer grupo de miembros del grupo ilegal previsto para el pasado mes de juicio no se concretó en medio de cuestionamientos a la iniciativa.Además, Noticias Caracol a través de su unidad investigativa reveló polémicas conversaciones que habría sostenido el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde ofrecía parar operaciones militares a cambio de que este grupo siguiera en la conversación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reactivó el proceso de extradición contra alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización.
La Fiscalía General de la Nación acusó y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Karen Cecilia López Avendaño, el homicidio de su hijo de 10 meses y el delito de alteración de elemento material probatorio, al considerar que habría simulado un accidente de tránsito para ocultar los hechos ocurridos en diciembre de 2025 en Bogotá.La investigación se originó tras el hallazgo de un vehículo colisionado contra un árbol en inmediaciones del Jardín Botánico, en el barrio Bosque Popular, donde organismos de socorro encontraron sin vida a una mujer y a un bebé, mientras que un hombre permanecía inconsciente dentro del automóvil.Sin embargo, las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal permitieron establecer que las muertes no correspondían a un siniestro vial. Según los dictámenes forenses, la mujer presentaba una herida causada con arma cortopunzante en el cuello y el menor, lesiones compatibles con el denominado síndrome del niño zarandeado, las cuales habrían sido ocasionadas antes del supuesto accidente.Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía reconstruyó los movimientos realizados por el procesado el día de los hechos y sostuvo que el menor permaneció únicamente bajo su cuidado durante varias horas.El fiscal del caso señaló: “Estando únicamente con el bebé, el señor Hugo Fernando habría zarandeado a su hijo, ocasionándole trauma cervical por mecanismo de aceleración y desaceleración, y su posterior muerte. Cuando corría a las diez treinta de la noche del once de diciembre, Hugo Fernando regresó a la casa de Karen, con silla y pañalera en mano, pero sin el bebé. La madre de Karen y abuela del menor le preguntó por el niño, y este le respondió que el bebé estaba dormido y que lo había dejado en la casa de su papá”.De acuerdo con la investigación, recogió a Karen Cecilia López para dirigirse a la vivienda de su padre con el propósito de recoger al menor. No obstante, para ese momento el niño ya habría fallecido.Sobre lo ocurrido después, el fiscal explicó: “Se desplazó en el vehículo de placas MSR-348, acompañado de Karen Cecilia López Avendaño y del cuerpo sin vida de L. López Avendaño. Una vez en el sitio, Silva Soto permitió que Karen Cecilia López Avendaño condujera el vehículo con el propósito de enseñarle a parquear, mientras él se ubicaba en el asiento del copiloto, permaneciendo en el fondo de la vía cerrada por un lapso aproximado de dos horas y nueve minutos. Producto de la desesperación que representaba enfrentar a Karen sobre lo acontecido al pequeño, Hugo Fernando decidió hacer uso de ese tiempo para dar muerte a Karen, quien se encontraba totalmente desprevenida cuando hizo uso de un arma blanca para lacerar directamente su arteria carótida”.La Fiscalía sostiene que, tras la muerte de la mujer, el procesado alteró la escena para hacer creer que ambos fallecimientos fueron consecuencia de un accidente de tránsito. Según el ente acusador, limpió el vehículo, hizo desaparecer algunos elementos que podrían comprometerlo, chocó el automóvil contra un árbol y acomodó el cuerpo de la víctima en el asiento del conductor para aparentar que ella manejaba el vehículo al momento del impacto.Como parte de la sustentación de la acusación, el fiscal expuso varios elementos que, a su juicio, desvirtúan la hipótesis del accidente.“El rodante era de propiedad de la novia de Hugo Fernando. La ciudadana Karen Cecilia López Avendaño no sabía conducir, tampoco tenía licencia para hacerlo, pero fue encontrada el día de su muerte en la silla del piloto del Volkswagen de placas MSR-348. La lesión en cuello de Karen Cecilia López Avendaño corresponde a una herida por elemento cortopunzante, siendo incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito. La lesión que presentó el menor también es típica del síndrome del niño zarandeado, igualmente incompatible con una lesión producto de accidente de tránsito. Dentro del rodante se encontró un elemento cortopunzante. Desde las 15:30 del 11 de diciembre de 2025 hasta el hallazgo de los cuerpos, el menor permaneció exclusivamente bajo el cuidado de Hugo Fernando Silva Soto”, indicó.
La liga colombiana quedó mal parada en un reciente informe del Observatorio del Fútbol del CIES sobre la intensidad de juego en el continente, un dato que para algunos aficionados confirma la sensación de que el fútbol colombiano se disputa a un ritmo inferior al de otras competencias.El estudio ubica al campeonato colombiano en el octavo lugar del continente, con un promedio de 575 metros recorridos por los futbolistas a velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora durante un partido, lejos del líder, la MLS, que registra 750 metros.En diálogo con Blog Deportivo, el preparador físico Hernando Arias explicó que estas cifras evidencian que la intensidad del fútbol colombiano es baja, aunque aclaró que no son suficientes para medir por sí solas la calidad de una liga. El especialista señaló que en el Mundial los equipos superaron, en promedio, los 800 metros de recorridos a máxima velocidad, pero enfatizó que el aspecto realmente determinante es dónde se realizan esos esfuerzos, ya que las aceleraciones en el último tercio del campo son las que más influyen en las posibilidades de ganar un partido."Si uno terminó de ver el Mundial y al otro día vio un partido de la liga colombiana, la diferencia en la velocidad de competencia es enorme", aseguró Aquien, quien dijo que el ritmo del campeonato nacional está muy por debajo de las principales ligas y eso termina reflejándose en el espectáculo.Sobre el hecho de que la MLS encabece el ranking por encima de Brasil y Argentina, Arias explicó que el dato no necesariamente significa que sea una liga de mejor calidad. A su juicio, el fútbol estadounidense se caracteriza por un estilo más directo y con mayor cantidad de carreras a máxima velocidad, en comparación con otras ligas.Finalmente, Arias respaldó los métodos de preparación física utilizados en la élite mundial y puso como ejemplo los trabajos de recuperación posteriores a los entrenamientos intensos, en contraste con declaraciones de James Rodríguez sobre su paso por el Bayern Múnich.
La Alcaldía de Bogotá presentó la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, una estrategia que comenzará a operar en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad, con el propósito de facilitar la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos médicos, la asignación de citas y otros trámites que hoy dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.La iniciativa, liderada por las secretarías de Seguridad y de Salud, busca que los usuarios obtengan soluciones administrativas antes de acudir a mecanismos judiciales como derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la estrategia apunta a prevenir los conflictos antes de que lleguen a los despachos judiciales. Según explicó, el acceso a la justicia también implica que el Estado elimine las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos y ofrezca respuestas oportunas a los ciudadanos. La ruta atenderá casos relacionados con la no entrega o entrega incompleta de medicamentos, demoras en autorizaciones de procedimientos médicos, dificultades para acceder a citas de medicina general o especializada, ayudas diagnósticas, continuidad de tratamientos, así como problemas de afiliación, movilidad y portabilidad dentro del sistema de salud.Por su parte, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, afirmó que la medida hace parte de la estrategia "Salud sin barreras" y del modelo MAS Bienestar. El funcionario señaló que el sistema de salud atraviesa una de las mayores crisis de su historia y destacó que el objetivo es intervenir antes de que las dificultades se conviertan en eventos que afecten a los pacientes.Las cifras del Distrito muestran la dimensión del problema. Durante 2025, las Casas de Justicia recibieron 6.199 requerimientos relacionados con salud, de los cuales 4.840 correspondieron a dificultades en la prestación de servicios, principalmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos, especialistas y citas médicas. Además, 1.874 casos requirieron acompañamiento jurídico para iniciar acciones legales.Así funcionará la atenciónCuando un ciudadano acuda a una Casa de Justicia o a una Unidad Móvil y su caso esté relacionado con servicios de salud, será remitido de inmediato a los agentes virtuales de la Secretaría Distrital de Salud, quienes asumirán la gestión del trámite.Si la solicitud corresponde a Capital Salud, la respuesta deberá entregarse en un plazo de tres a cinco días. Cuando involucre a otra EPS, el tiempo estimado será de hasta 15 días.La Secretaría de Seguridad realizará seguimiento periódico a los casos remitidos y, si no se obtiene una solución administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia evaluarán la presentación de derechos de petición, tutelas o desacatos para garantizar la protección del derecho a la salud.Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar las Casas de Justicia como espacios de atención integral, donde los ciudadanos puedan resolver de manera ágil los obstáculos que enfrentan para acceder a los servicios de salud, reduciendo la necesidad de acudir a procesos judiciales para obtener atención médica.
La Dirección de Protección de la Policía Nacional envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, en la que alertó sobre posibles manifestaciones, concentraciones ciudadanas o alteraciones del orden en distintos sectores de Bogotá, e incluso, cerca del Congreso de la República, durante el 7 de agosto.La comunicación, firmada por el Grupo de Protección del Congreso, señala que el dispositivo de seguridad previsto para la ceremonia de posesión del nuevo presidente obligará al traslado de un número importante de policías que habitualmente prestan servicio en el Capitolio, lo que reducirá temporalmente la capacidad operativa para atender situaciones extraordinarias, actividades protocolarias, visitas o requerimientos adicionales.Por ello, considera necesario “adoptar medidas anticipadas que disminuyan los factores de exposición y permitan concentrar los recursos institucionales en la protección de la infraestructura, el control de accesos, la preservación del orden interno y la capacidad de reacción frente a cualquier eventualidad”.Entre las recomendaciones formuladas a la Presidencia de la Cámara está suspender el ingreso de personas ajenas al funcionamiento esencial de la corporación, además de audiencias, reuniones presenciales, visitas protocolarias, recorridos institucionales y demás actividades que impliquen el ingreso de particulares al Capitolio. También propone abstenerse de programar eventos académicos, culturales o administrativos que generen concentración de público.El documento también sugiere implementar, en la medida que sea posible, trabajo en casa para funcionarios públicos y contratistas. Adicionalmente piden mantener solo al personal administrativo indispensable que garantice la continuidad de las actividades esenciales y restringir cualquier ingreso excepcional que no haya sido previamente coordinado y justificado con razones prioritarias.
Por tercera vez durante este gobierno, el Ministerio de Justicia llevó al Congreso la Ley Arles, un proyecto con el que busca endurecer las sanciones contra los funcionarios que no actúen de manera inmediata cuando exista información sobre el posible paradero de una persona desaparecida. La iniciativa pretende que esas omisiones dejen de ser simples incumplimientos y se conviertan en una falta disciplinaria gravísima.Con esta reforma se modificaría el Código General Disciplinario para castigar a los servidores públicos que omitan, nieguen, retrasen o entorpezcan las actuaciones necesarias para verificar el posible paradero de una persona desaparecida. El objetivo es fortalecer la respuesta de las autoridades, garantizar los derechos de las víctimas y sus familias y cumplir los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos. El proyecto vuelve a presentarse luego de que las dos iniciativas anteriores fueran archivadas en el Congreso. Por eso, durante la radicación, la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, pidió a los congresistas debatir y aprobar esta propuesta, al señalar que se trata de una obligación pendiente con la familia de Arles Guzmán y con todas las víctimas de desaparición forzada en el país.La Ley Arles tiene su origen en la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, ocurrida en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda que ya supera dos décadas y entregó a las autoridades un croquis en el que señalaba que Arles podría estar en La Escombrera.De acuerdo con el Ministerio de Justicia, las coordenadas entregadas por la familia coinciden con el punto donde la Jurisdicción Especial para la Paz ha reportado, hasta ahora, siete hallazgos de cuerpos. Sin embargo, durante todos estos años sus familiares denunciaron que el Estado no actuó con la rapidez y diligencia que exigía el caso.Esa falta de actuación fue precisamente la que llevó a que, en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no haber adoptado medidas efectivas e inmediatas para establecer el paradero de Arles Guzmán. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó adoptar medidas que impidan que otras familias vuelvan a enfrentar la misma situación.En respuesta a esa decisión, el Gobierno impulsó esta reforma, que además de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas busca garantizar la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. La ministra Cielo Rusinque aseguró que la búsqueda de una persona desaparecida no admite demoras, indiferencia ni omisiones por parte de las autoridades.Las cifras muestran la dimensión del problema. Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Colombia hay más de 137.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y más de 52.600 personas buscadoras continúan esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Con la Ley Arles, el Gobierno espera fortalecer la actuación del Estado frente a una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitó al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, consolidar los logros del acuerdo de paz de 2016.Guterres indicó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado”. Para este fin, su representante especial, Miroslav Jenča, quien presentará el informe el 15 de julio en Nueva York, se reunirá con las nuevas autoridades.La ONU advirtió que la violencia persiste en zonas con baja implementación del acuerdo, donde más de 11,000 excombatientes requieren apoyo socioeconómico.El informe de la Misión de Verificación advirtió que desde la firma del acuerdo, 493 firmantes han sido asesinados, incluyendo 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos, con cinco casos reportados en lo que va de 2026.Por estos hechos, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha logrado 109 condenas, detalló la ONU.El informe resalta que, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, se registraron 5,272 personas desplazadas y 9,553 confinadas, de las cuales el 58% pertenece a comunidades étnicas. Además, unas 316,000 personas sufrieron restricciones de movilidad en el departamento de Cauca y la región de la Amazonía, sumado al homicidio de 33 líderes sociales.Asimismo, el organismo multilateral constantò avances en el campo, donde la pobreza multidimensional rural disminuyó del 38.66% en 2018 al 22.4% en 2025.Al cierre del periodo electoral, Guterres pidió al saliente Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la nueva administración de Abelardo De la Espriella a unificar esfuerzos, señalando que “no hay lugar para la violencia política” y que es imperativo desescalar la retórica confrontacional para asegurar la estabilidad de la paz en Colombia.
A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
En medio del Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, hizo un llamado a mantener un tono moderado en los recientes debates sobre el acuerdo de paz y la situación jurídica de los firmantes.“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante”, afirmó el firmante de paz.Además, se refirió a la polémica que generó su viaje a España para participar en un seminario convocado por la organización política Izquierda Unida, especialmente por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Hay una estigmatización de quienes van a asumir la conducción del país en los próximos días hacia quienes estamos comprometidos con la paz y con los derechos humanos”, afirmó Londoño.En la misma línea del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, Londoño advirtió sobre la importancia de frenar las narrativas estigmatizantes que, según dijo, pueden alimentar mensajes de odio contra los firmantes y poner en riesgo sus vidas. “Y esa es la situación que estamos comenzando a vivir en este momento en Colombia. Entonces, la vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.Finalmente, Londoño reiteró su disposición a dialogar con el Gobierno entrante y recordó la carta enviada al presidente electo, que firmó junto con otros seis integrantes del antiguo secretariado de las Farc. En el documento expresaron su voluntad de trabajar con el nuevo gobierno y priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz por encima de las diferencias ideológicas o políticas.“Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”, concluyó Rodrigo Londoño.
La autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a Rodrigo Londoño, 'Timochenko', para viajar a Madrid, España, ha causado cuestionamientos de distintos sectores políticos. Sin embargo, la decisión no estaría contradiciendo lo dispuesto por las sanciones contra los máximos responsables del antiguo Secretariado de las FARC, dentro de la sentencia del pasado 25 de junio.La reciente imposición de las primeras sanciones no impide que los comparecientes viajen al exterior. La sentencia TP-SA-SP 620 de 2026, que comenzará a aplicarse desde el 15 de agosto, establece que los sancionados podrán desplazarse libremente dentro del espacio territorial definido para el cumplimiento de la sanción y que, cuando necesiten salir de ese espacio, deberán solicitar autorización previa a la JEP, específicamente de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR).En otras palabras, las restricciones de movilidad previstas en las sanciones no eliminan la posibilidad de viajar, sino que sujetan esos desplazamientos al control y supervisión de la Jurisdicción, que evalúa cada solicitud de manera individual para verificar que no afecte el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los comparecientes. Precisamente, ese fue el procedimiento que se siguió en este caso.La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad autorizó el desplazamiento de Londoño entre el 22 de junio y el 11 de julio de 2026 para asistir a un seminario organizado por el movimiento político español Izquierda Unida y participar en otras actividades relacionadas.Para conceder el permiso, la JEP verificó que el viaje tenía una justificación válida, que el exjefe de las extintas FARC-EP presentó toda la documentación exigida —lo que incluye a carta de invitación de la organización que lo convocó y las reservas de los tiquetes aéreos de Avianca—, que no tenía diligencias presenciales pendientes y que ha cumplido con las obligaciones derivadas de su sometimiento a la justicia transicional. Aunque tenía una audiencia programada para el 24 de junio, esta fue autorizada para realizarse de manera virtual.En la decisión, el tribunal también concluyó que el desplazamiento no representaba un riesgo de incumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP ni afectaba los derechos de las víctimas, razón por la cual autorizó la salida temporal y le ordenó presentarse nuevamente ante la Jurisdicción a más tardar el 14 de julio, una vez regresara al país.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno tuvo errores en su implementación, cuestionó la decisión de otorgar reconocimiento político a las disidencias de las Farc y pidió al gobierno entrante mantener los procesos de diálogo que actualmente siguen en marcha con distintos grupos armados.Aunque defendió la política de paz total, el funcionario admitió que la ausencia de un marco jurídico adecuado dificultó el desarrollo de las negociaciones. Además, fue crítico con una de las decisiones adoptadas durante el proceso. “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las FARC. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las Farc no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas”, afirmó. Cuervo también defendió algunos resultados obtenidos en las denominadas mesas urbanas de diálogo, especialmente en lugares como Quibdó e Itagüí, donde, según explicó, se han registrado avances en materia de seguridad. “Yo creo que, en el caso de Quibdó y habría que sumar el tema de Buenaventura, haya habido unos avances importantes en materia, por ejemplo, de distensión, en materia de delitos como el homicidio, delitos como la extorsión, que han traído lo que uno podría denominar paz social”, sostuvo.En ese contexto, reveló que durante el proceso de empalme manifestó su preocupación por la posibilidad de desmontar de manera inmediata las mesas de negociación. “Un levantamiento intempestivo, inmediato, de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad”, advirtió, al tiempo que señaló que la propuesta anunciada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre un marco de sometimiento y desmovilización no sería incompatible con algunos de los procesos adelantados por el actual Gobierno frente a organizaciones sin reconocimiento político. El ministro insistió en que las políticas de Estado no deberían desaparecer con cada cambio de gobierno. “La expresión fracasó completamente, levantemos todo y borremos de cero. Yo creo que hay cosas que deben trascender de gobierno a gobierno, que los estados tienen que ser muy responsables”, afirmó. Agregó que hablar de sometimiento implica necesariamente abrir espacios de conversación con los grupos armados.Finalmente, Cuervo también se refirió al futuro de la justicia transicional y envió un mensaje al presidente electo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. “La solución no es acabar la JEP”, señaló, e hizo un llamado para que Abelardo De La Espriella sostenga un encuentro con el presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, en medio de las diferencias planteadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia transicional.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía, por las recientes revelaciones relacionadas con los acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.La actuación judicial está relacionada con información y audios conocidos recientemente, en los que se menciona la posibilidad de suspender la ofensiva militar contra esa organización criminal y realizar una presunta “depuración en las Fuerzas Militares y la Policía”, en el marco de los acercamientos que buscaban el sometimiento del grupo armado a la justicia.La indagación fue abierta luego de que una investigación periodística revelara audios que corresponderían a una conversación entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. Según esa información, los diálogos hicieron parte de los contactos adelantados en 2022 dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional.De acuerdo con las revelaciones conocidas, en esas conversaciones se habría planteado la posibilidad de frenar operaciones de las autoridades contra el Clan del Golfo y realizar una “limpieza” en los organismos de inteligencia policial. Estos elementos son ahora objeto de verificación por parte de la Fiscalía dentro de la indagación preliminar.El caso fue asignado a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, además, fue unificado con otras investigaciones que adelanta el ente acusador por el presunto favorecimiento a grupos armados ilegales, como la supuesta filtración de información reservada a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá” y los presuntos encuentros con integrantes de esa estructura armada.Estas actuaciones involucran al general Juan Miguel Huertas, como jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, como alto mando de la Dirección Nacional de Inteligencia cuando se desarrollaron los presuntos hechos, a partir de elementos encontrados en dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” durante el año 2025.Con esta actuación, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas con relevancia penal relacionadas con los acercamientos entre funcionarios del Gobierno y estructuras armadas ilegales, así como el eventual favorecimiento de organizaciones criminales en el desarrollo de los procesos de negociación y sometimiento a la justicia.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
Casi veinte años después de que sus hijos, esposos y hermanos desaparecieran y fueran presentados como guerrilleros muertos en combate, sus familias se sentaron frente a quienes comandaban las unidades militares señaladas por esos crímenes. Durante una audiencia de reconocimiento de verdad de la JEP realizada en Barranquilla, comparecieron diez militares.Entre ellos los generales en retiro Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, además de antiguos comandantes y oficiales vinculados a unidades que operaron en Cesar y La Guajira durante los años en que ocurrieron los hechosLa investigación de la jurisdicción documentó al menos 604 víctimas en siete departamentos de la región Caribe, aunque las indagaciones abarcan cerca de 750 casos ocurridos entre 2002 y 2008.Entre las víctimas hubo campesinos, trabajadores informales y jóvenes de barrios populares, pero también 26 menores de edad, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo.Gran parte de los hechos investigados ocurrieron bajo la jurisdicción de la Décima Brigada Blindada y de unidades como el Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar.El magistrado Óscar Parra explicó que la investigación se ha concentrado en al menos 19 unidades tácticas y en la forma en que se consolidó un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos para aumentar resultados operacionales.“No son manzanas podridas, fueron crímenes cometidos en el marco de políticas de ataque masivo y sistemático contra la población civil”, aseguró.La audiencia también fue el escenario donde las familias volvieron a ponerles nombre y rostro a las víctimas.“Hoy, después de 20 años se cumple algo muy importante, tanto como para mí, como mujer, como esposa, como madre de 3 hijos que dejó. También se cumple un momento que yo he anhelado y la lucha de 20 años todo este tiempo, de que hoy se va a esclarecer, y ellos le van a decir públicamente que mi esposo no era un guerrillero. Hoy se va a limpiar el buen nombre de Walbert, excelente padre, excelente ser humano, excelente hijo”, dijo Gilma Mesa, esposa de una de las víctimas.La audiencia también estuvo marcada por cuestionamientos de algunas víctimas, que consideran que después de años de comparecencias y encuentros restaurativos aún no han recibido la verdad que esperaban.Marta Elena Díaz Ospina, madre de Douglas Alberto Tavera, asesinado en 2006 y presentado como baja en combate, expresó su inconformidad con la forma en que se ha desarrollado el proceso.“Pensamos que íbamos a encontrar verdad, pero aquí no hemos encontrado verdad. Sentimos que ha sido otra burla más”, afirmó la mujer, quien insistió en que su principal exigencia sigue siendo conocer en detalle qué ocurrió con su hijo y escuchar de los comparecientes una explicación completa sobre los hechos.Díaz Ospina también cuestionó el papel que han tenido las víctimas dentro del proceso y aseguró que, pese a que el acuerdo de paz las ubica en el centro del sistema, muchas veces sienten que no han sido escuchadas.Mientras tanto, Yoleides Johanna Montaño pidió a los comparecientes reconocer públicamente que las víctimas fueron escogidas precisamente por su vulnerabilidad"Que reconozcan que aprovecharon esas condiciones: la pobreza y la humildad. Ustedes pudieron tomar decisiones diferentes, pero, por el contrario, decidieron que nosotras cargáramos con ese peso. Hoy, queremos que públicamente reconozcan su responsabilidad, porque lo mejor que pueden hacer con la no repetición de estos hechos es dar ejemplo. Que la verdad que hoy se aporta permita sanar, recuperar restos, devolver identidades y cerrar heridas que llevan años abiertas", expresó Montaño.Frente a ellas, algunos de los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y en las dinámicas que permitieron la continuidad de los crímenes.“Con profunda vergüenza reconozco que mi manera de ejercer el mando, la presión por los resultados que transmití, la estructura que mantuve y los controles insuficientes que permití contribuyeron esencialmente a que esta práctica criminal continuara”, afirmó el general en retiro Adolfo León Hernández.Por su parte, el coronel en retiro Gustavo Ovidio Díaz Tamayo reconoció que durante su comandancia del Grupo Rondón en 2008 la mayoría de las operaciones terminaron convirtiéndose en ejecuciones extrajudiciales.“Existía una presión por los resultados y yo me sometí, o continué, con esa presión por los resultados que siempre estaba reflejada en unas tablas que, desde que llegué al Grupo 'Rondón', nos hacían ver cada quince días en programas radiales o, incluso, en las mismas visitas realizadas al Grupo 'Rondón' por las diferentes instancias superiores, como la brigada, la división y, en algunos casos, la Inspección del Ejército o el mismo Comando del Ejército”, señaló el exoficial, quien describió un sistema permanente de exigencia de resultados operacionales por parte de los distintos niveles de mando del Ejército.
El Ejército Nacional informó la neutralización de alias ‘Bola Ocho’, señalado como cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Luis José Solano del ELN, durante operaciones militares desarrolladas en zona rural del municipio de Morales, en el sur de Bolívar.De acuerdo con la institución, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N• 9 sostuvieron combates contra integrantes de esa estructura armada, una operación en la que fue neutralizado el presunto cabecilla, a quien las autoridades responsabilizan de coordinar múltiples acciones terroristas mediante el uso de drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública en Bolívar, Cesar y otras regiones del país.Según el Ejército, alias ‘Bola Ocho’ sería el presunto responsable del ataque ocurrido el pasado 28 de febrero de este año contra un helicóptero militar que desarrollaba operaciones en el sur de Bolívar, hecho que dejó ocho militares heridos.Además, las investigaciones lo vinculan con otros atentados de alto impacto, entre ellos un ataque con drones registrado en agosto de 2025, en el que murió un soldado y siete más resultaron heridos y también el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fallecieron dos militares, y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14, en Aguachica, Cesar, que dejó siete soldados muertos y 30 uniformados heridos.Durante la operación fueron incautadas armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, más de siete millones de pesos en efectivo y documentación de interés para las labores de inteligencia, además de teléfonos celulares que serán analizados dentro de las investigaciones.
La JEP señaló que está presta a iniciar el proceso de empalme con el equipo que designe el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Aunque indicó que hasta el momento no ha recibido una comunicación oficial, manifestó la disposición de la jurisdicción para sostener un diálogo con la nueva administración.El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, manifestó este jueves que el tribunal está presto para iniciar el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.El presidente de la JEP señaló que, por ahora, la entidad no ha recibido una comunicación oficial por parte del gobierno entrante. Sin embargo, aseguró que existe disposición para reunirse con el equipo que sea designado y avanzar en una conversación sobre el funcionamiento de la jurisdicción.“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designe el señor presidente electo. Por el momento, no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y sostener un diálogo técnico sobre los avances, los retos y los desafíos que tiene la jurisdicción”, afirmó Ramelli.El magistrado explicó que ese eventual encuentro buscaría exponer el estado actual de la JEP y los principales retos que enfrenta la entidad.Las declaraciones se producen en medio de las críticas que el presidente electo ha expresado en distintas oportunidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En diferentes entrevistas, Abelardo De La Espriella ha asegurado que “la JEP es fruto de la burla de la voluntad popular del constituyente primario, que dijo no”. También ha sostenido que “la JEP no es un tribunal judicial; es un directorio jurídico disfrazado de tribunal”.Además, desde su campaña se ha señalado que durante su gobierno no se promovería una extensión del mandato de la jurisdicción, ya que “fue creada como un mecanismo transitorio, no como una institución permanente”.
El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
A 12 días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en el departamento de Caquetá por las denuncias de presunto constreñimiento electoral ejercido por las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'.En diálogo con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de distintos municipios estarían siendo presionadas para orientar su voto hacia un candidato específico, situación que, según afirmó, pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.Según Ruiz, las presiones serían ejercidas principalmente por la estructura armada ‘Jorge Suárez Briceño’, al mando de alias 'Calarcá', cuyos integrantes estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones dirigidas a juntas de acción comunal, donde presuntamente se exige a los habitantes votar por un determinado candidato.“Lo digo sin tapujos en la lengua, están de una manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les están exigiendo que tienen que tomarle foto al voto, que todo aquel que sospeche que no vota por el candidato que ellos le están diciendo, les iban a cobrar una multa de hasta $2.000.000 o que tendría que abandonar la región”, detalló el mandatario.El gobernador señaló que las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.Dichos reportes, reseñan que los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades lo que representa una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a ejercer un voto libre y secreto.Frente a este panorama, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con la participación de autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el mandatario consideró que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y a las dificultades para garantizar presencia institucional efectiva en las áreas rurales.Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial ejercido por estas estructuras continúa afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.
Un bombardeo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’ dejó tres integrantes de esa estructura armada muertos y permitió recuperar a un menor de edad que había sido reclutado por el grupo ilegal.La acción se desarrolló en zona rural de San José del Guaviare, a unos 22 kilómetros al suroriente del lugar donde ocurrió la reciente confrontación entre las estructuras de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que durante la operación también fueron incautadas 15 armas de fuego, abundante munición y material de comunicaciones e intendencia utilizado por la organización ilegalEl bombardeo, el número 23 contra esas estructuras, se produjo días después de los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare, entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc al mando de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esos combates murieron 48 personas.De ese total, 11 eran menores de edad reclutados forzosamente por los grupos armados. Medicina Legal estableció que se trataba de ocho hombres y tres mujeres con edades entre los 15 y 17 años, quienes fallecieron por impactos de arma de fuego.De acuerdo con información de inteligencia conocida por el Ministerio de Defensa, varios integrantes de las estructuras enfrentadas han manifestado interés en abandonar las armas y acogerse a la legalidad. Las autoridades sostienen que algunos de ellos han recibido amenazas de muerte por parte de sus propios comandantes para impedir su desvinculación.Por esa razón, las operaciones militares se mantienen en esta zona del departamento del Guaviare con el objetivo de recuperar menores reclutados y facilitar la salida de quienes buscan abandonar estas organizaciones criminales.Al mismo tiempo, la Policía Nacional reportó la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en la vía que comunica a Ibagué con Melgar. Entre los detenidos figura alias “Mona” o “Katherine”, señalada por las autoridades de coordinar actividades contra la Fuerza Pública y gestionar el traslado de menores reclutados desde el Cauca hacia el Guaviare.En el mismo procedimiento también fue detenido un ciudadano ecuatoriano. Las autoridades incautaron material de guerra, incluido un cañón para ametralladora, que presuntamente iba a ser enviado hacia los departamentos de Meta y Guaviare.
El jefe de La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos en Colombia, Roberto Menéndez, durante la entrega de su informe número 40 sobre la situación de paz en Colombia, habló sobre la segunda vuelta presidencial e invito a las candidaturas presidenciales a asegurar un proceso libre y en paz.En medio de este informe reiteró que el diálogo sigue siendo una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad que vive el país. La misión destacó que, pese a los esfuerzos institucionales y a los distintos procesos de negociación con grupos armados, persisten graves afectaciones contra las comunidades en varias regiones del territorio nacional."En este contexto electoral, la secretaria general insta a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas para garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales en primera vuelta del pasado domingo. La MAPP/OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento del compromiso por el cumplimiento del compromiso por un proceso libre y en paz. El derecho a elegir y ser elegido de manera autónoma constituye una condición esencial para la democracia y la paz”, señaló Menéndez.El jefe de la Misión señaló que, si bien hay avances desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la organización sigue identificando casos de homicidios colectivos, secuestros, extorsiones, confinamientos, desplazamientos y violencia sexual. La preocupación está hoy con el reclutamiento de menores entre los 10 y 17 años por parte de los ilegales.La MAPPOEA también reconoció la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación entre el Gobierno, las comunidades y los diferentes actores involucrados en los procesos de paz, al considerar que estos mecanismos permiten construir soluciones sostenibles y fortalecer la confianza en los territorios.Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“Al período comprendido entre julio y diciembre de 2025. En el período que se reporta, la misión llevó a cabo 967 misiones en terreno, recorrió más de 260000 kilómetros por vía terrestre y más de 3000 kilómetros por vía fluvial, lo que permitió cubrir 272 centros poblados en 169 municipios de 20 departamentos del país”, señaló el jefe de la Misión en Colombia.La MAPP-OEA también advirtió que la violencia continúa impactando especialmente a comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, que siguen enfrentando fenómenos como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y restricciones a su movilidad por cuenta de la presencia y disputa de grupos armados ilegales.Según la misión, uno de los principales retos para el país sigue siendo garantizar la protección de la población civil y de los líderes sociales, así como fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por el conflicto. Además, insistió en la necesidad de consolidar las iniciativas de paz territorial y avanzar en la implementación de medidas que permitan reducir los factores que alimentan la violencia.“La experiencia de Colombia es clara, la paz no depende únicamente de los resultados de los procesos de diálogo, sino también de la implementación de políticas públicas capaces de cerrar brechas de desigualdad y garantizar derechos en los territorios más afectados por el conflicto armado”, agregó.Finalmente, la OEA reiteró que la construcción de paz requiere esfuerzos coordinados entre el Estado, las autoridades locales, las comunidades y la cooperación internacional, y aseguró que continuará acompañando los procesos que buscan generar condiciones de seguridad, convivencia y desarrollo en los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano.