La Defensoría del Pueblosolicitó este domingo al Gobierno Nacional tomar medidas de protección con enfoques étnico, de género, territorial y diferencial en los esquemas de seguridad para población víctima del conflicto que se desempeña como defensora de derechos humanos.
"En el acompañamiento que hacemos en los territorios, a través del equipo de profesionales (...) recibimos constantemente solicitudes de lideresas y líderes sociales víctimas que tienen dificultades con sus medidas de protección", aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
La solicitud la hizo Camargo por recientes hechos violentos que han dejado como saldo líderes asesinados, personas que tenían esquemas de seguridad y no fueron suficientes para salvaguardar sus vidas.
Camargo recordó el caso ocurrido con Ludivia Galindez en Florencia, capital del departamento del Caquetá, a finales de febrero pasado.
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La mujer fue asesinada dentro de su casa en un ataque armado que además dejó herido a su hijo y que ocurrió cuando ya no estaba disponible el esquema de protección en su lugar de residencia.
Las medidas deben tener una perspectiva diferencial y territorial, es el caso de los liderazgos indígenas, que solicitan personal de protección con enfoque étnico, ya que solo ellos tienen ingreso a algunos territorios, como en zonas de difícil acceso del sur del país, dijo Camargo.
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"Reiterar nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacerle a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades", recalcó.
Otras denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo tiene que ver con las dificultades mecánicas de los vehículos asignados a sus esquemas de protección, puesto que algunos sufren averías en los trayectos y otros no son aptos para las zonas en las que hacen su trabajo.
Camargo también dijo que las entidades territoriales "deben incorporar en sus planes de desarrollo acciones de prevención de riesgos contra la vida, libertad y seguridad con enfoque diferencial, garantizándoles atención a las víctimas del conflicto amenazadas y a personas defensoras de derechos humanos".
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