Descuidados, mientras esperaban que cambiaran la llanta a un automóvil azul en el que llegaron hasta la estación de servicios el Muñeco, en la calle 74 con la carrera 43, barrio Colombia, dos hombres fueron interceptados por sicarios que se acercaron en una moto y abrieron fuego contra ellos.Aunque las víctimas corrieron intentando escapar de las balas, uno de ellos cayó muerto al lado de una moto que estaba estacionada, y el otro, al fondo de un lavadero de carros. Estos fueron identificados como Kevin Humberto Videz Vera y Ramiro Sneider Ascanio Cuesta.Las voces de auxilio de la comunidad alertaron a las patrullas del cuadrante que llegaron al sitio e iniciaron la persecución de los señalados sicarios, quienes finalmente fueron capturados a unas cuadras tras un intercambio de disparos, detalló el general Edwin Urrego, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla.“Cuando nuestro cuadrante advierte la situación inicia una persecución y después de un enfrentamiento de disparos logra la captura de estos dos individuos, la incautación de una pistola y la incautación de la motocicleta en la cual se movilizaban”, puntualizó el oficial.El general Urrego indicó que la principal hipótesis de este crimen apunta a retaliaciones entre bandas criminales.“De acuerdo a actividades de inteligencia, hemos podido establecer que, al parecer, los hechos habrían ocurrido en retaliación y enfrentamiento entre estructuras criminales”, dijo el oficial.Los capturados fueron identificados como Fredy De Jesús Zabala, de 23 años, y Jonathan David Tirado De La Cerda, de 24 años. Entre los dos suman cinco anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y hurto.Sobre las víctimas, la Policía informó que también tienen registro en el Sistema penal Oral Acusatorio. Kevin Vides presenta anotaciones por fabricación o porte de armas de fuego, lesiones culposas y uso de documento falso, mientras que Ramiro Ascanio tiene ingresos al sistema por porte ilegal de armas de fuego, lesiones culposas y homicidio culposo.
Al finalizar un consejo de seguridad en Buga, Valle del Cauca, convocado de manera extraordinaria, debido a los recientes casos de homicidios registrados, las autoridades anunciaron el fortalecimiento la Fuerza Pública en este municipio con más presencia de uniformados y operativos especiales.La operación fue denominada ‘Anahí’ y tiene como objetivo contrarrestar la delincuencia que viene afectando, tanto a habitantes de zona urbana, como rural por el incremento de diferentes delitos.“Llegarán 80 policías más a Buga y también un grupo especial de Policía Judicial, van a tener motos y camionetas, además de un CAI móvil, grupos de operativos especiales. Las labores de control se van a realizar especialmente en los horarios y en los sitios donde más se vienen presentando homicidios”, manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.Con estos operativos también se busca capturar a los principales líderes de las bandas delincuenciales para debilitar su control en las rentas criminales de este municipio. Mientras que habrá un control especial con los menores de edad.“Se tendrá que definitivamente cerrar los establecimientos que dejen que menores de edad vayan a consumir en las discotecas”, explicó la gobernadora.
El más reciente pronunciamiento del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, ha generado un ambiente de incertidumbre entre los habitantes del Distrito, al dar a entender que la tregua entre las bandas criminales que operan en el puerto habría finalizado.Este llamado del obispo se debe al incremento de homicidios, pues en lo corrido del 2025 se han registrado 11 asesinatos en Buenaventura y aún están por esclarecerse tres muertes violentas más. Lo más preocupante es que ocho de estos casos se registraron durante la última semana. "Hago un llamado muy fraternal a las estructuras de Shottas y Espartanos para que retomen el camino del diálogo y reafirmen su verdadero compromiso por la paz en Buenaventura. Nos solidarizamos con las familias de quienes han sido víctimas de la violencia de los últimos días. También solicitamos a las autoridades compromiso para garantizar la seguridad y puedan permitir que nuestros ciudadanos podamos disfrutar de condiciones dignas en nuestro distrito", manifestó monseñor.Por su parte, la delegación del Gobierno nacional, en el diálogo socio jurídico de Buenaventura, publicó un comunicado refiriéndose al incremento de muertes violentas en el distrito."Los espacios de diálogo para la paz no eximen a las instituciones del Estado del orden Nacional, Departamental y Municipal o Distrital de su responsabilidad constitucional de velar por la garantía de la seguridad de la población civil y perseguir a la delincuencia. Convocamos a las estructuras de Shottas y Espartanos a honrar sus compromisos de desescalamiento de las violencias para una mayor tranquilidad y convivencia ciudadana", indica el documento.
Tuvieron que pasar 10 años y, tras una dura batalla jurídica para que una juez del circuito especializado de Pasto, declarara inocente al exalcalde de Puerto Asís Jorge Coral Rivas, quien estuvo detenido en la cárcel judicial de Pasto, luego de que la Fiscalía general de la Nación lo acusaran de hacer parte de una organización criminal denominada La Constru.Blu radio conoció que los argumentos de la juez fueron que, para que se configure el delito de concierto para delinquir, tienen que existir unos elementos del delito, entre esos está la concertación del procesado con miembros del grupo armado ilegal.Así entonces manifestó la juez que los hechos fueron en el mes de julio de 2011, y hasta ese momento alias ‘Gárgola’ no había sido capturado ni tenía ninguna investigación, sino sólo 17 días después lo capturan por el delito de porte ilegal de armas de fuego.Además, no se pudo demostrar que los videos presentados por la Fiscalía hayan sido editados o alterados, razón por la cual la judicatura no demostró la responsabilidad delito Coral Rivas con la organización La Constru.En el proceso, la defensa, en cabeza de la abogada Jessica Guerrero, logró demostrar durante las audiencias que Coral Rivas fue objeto de un montaje judicial con falsos testigos que impidieron su participación en las elecciones a Gobernación en el 2015, en donde las encuestas lo daban como el candidato favorito para esa contienda democrática.Coral Rivas estuvo preso por cerca de 501 días, luego de que el fiscal 57 de crimen organizado lo acusara por los delitos de concierto para delinquir agravado y financiación de grupos delincuenciales y, tras recuperar su libertad por vencimiento de términos, emprendió una dura batalla jurídica para demostrar su inocencia.El proceso evidenció, según la abogada Guerrero, que después de una minuciosa investigación no se demostró con los testigos que llevó la Fiscalía que Coral Rivas participara en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y financiamiento al terrorismo por los testimonios de la supuesta entrega de cien millones de pesos a los comandantes de ese grupo armado ilegal para la compra de armas.“Yo nunca he negado una reunión con Miguel Bastidas, alias ‘La Gárgola’ que, a decir de las autoridades, era uno de los cabecillas de la banda La Constru. La tuve el 26 de julio en una finca propiedad de mi familia, en donde nunca se habló de hechos delictivos, nosotros no hablamos, absolutamente de nada de eso, hablamos un tema netamente comercial de la venta de la propiedad”, dijo Coral.“Tres días después de la reunión con esta persona a él lo capturan por porte ilegalmente de armas, siempre estuve dando la cara a la justicia, pero inexplicablemente cuando me lanzó a la Gobernación del Putumayo aparece en una conexión con esa estructura armada ilegal, montaje que lo hicieron casi cuatro meses antes del día de elecciones, aseguró”, coral Rivas.Todo ese entramado judicial lo hicieron con testigos amañados que, luego, ellos mismos dijeron que un investigador del CTI les habría ofrecido rebaja de penas si declaraban en contra de Coral Rivas.“Lo que decía la Fiscalía era falso”“Diez años después se logró demostrar que lo que estaba diciendo la Fiscalía era totalmente falso y hoy la justicia me da la razón de que nunca estuve involucrado directa ni indirectamente con esa organización delincuencial y por fin puedo estar tranquilo de que nunca engañamos a los habitantes del departamento del Putumayo, manifestó”, Coral Rivas.“Uno aprende a perdonar, pero no a olvidar. Esto es muy duro porque durante estos diez años vi crecer a mis hijos desde la cárcel y no es justo que la justicia en Colombia siga siendo engañada por algunas personas que solo quieren sacar provecho personal así sea mintiendo, esto se tiene que corregir para que casos como el mío no se repitan en ningún departamento del país”, aseguró Coral Rivas, tras advertir que la justicia debe estar por encima de los partidos políticos.
Un intento de “rebelión” es lo que tendría en vilo a varios barrios de Belén por una estructura delincuencial que busca dividirse y tiene injerencia en barrios como la parte baja de la vereda Manzanillo, en el sector de Los ‘Joaquinillos’, Las Mulas e, incluso, La Capilla, de Belén Rincón.La situación ha venido generando zozobra en los habitantes, quienes prefieren ir a sus casas temprano y cerrar los negocios, cuando entra la noche, por miedo a que se dé una balacera."En realidad, a nosotros nos da temor salir a las calles. En cualquier momento se puede dar una balacera y nosotros en la mitad de eso es correr riesgo, correr peligro. Hay niños, familias que tienen el mismo temor", narró. La situación se habría originado por una supuesta intención de Milton César Pérez Villa, alias 'Milton' o 'El Pecoso', de independizarse de Los Joaquinillos, quien, junto a un exconvicto, estaría reclutando extranjeros para fortalecerse militarmente y contener ataques del mismo grupo. A la par, alias 'Pipecito' representaría los intereses de quienes controlan esta zona.Ante ello, analistas del conflicto como Fernando Quijano le pidieron al espacio socio-jurídico que sostiene el Gobierno nacional con los cabecillas de la cárcel de Itagüí que adelanten una labor de mediación frente al tema."Hay que evitar una confrontación armada. Hay que pedir, en cabeza de la señora senadora Isabel Cristina Zuleta, en la misma oficina del alto comisionado o consejero, y pedirle al espacio socio-jurídico instalado en la cárcel de Itagüí que ayuden a mediar esta situación, porque lo que no necesita Medellín hoy es una nueva guerra urbana sectorizada en derecho", expuso.A más de una semana de que los familiares de alias 'Milton', que está en el cartel de los más buscados de la zona publicado por la alcaldía y la Policía, reportara su desaparición, el secretario de Seguridad Manuel Villa manifestó que este podría estar escondido, porque tiene una orden de captura vigente."Se tiene, por parte de algunos familiares de estas personas, el reporte ante la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la presunta desaparición. Se activa entonces la ruta, todas las labores investigativas siguen para dar con el paradero de estas personas, toda vez que existe una orden de captura vigente contra este y otros bandidos de la estructura", detalló el secretario.Quijano, por su parte, indicó que antes de que, como parte de la paz total se sentaran a la mesa cabecillas del Valle de Aburrá y delegados del Gobierno, comunas como Manrique y Robledo, vivieron “días de tensión y de guerra muy fuertes” que ojalá no se repliquen en Belén.Desde finales de 2024, también hay una tensión interna que se está viviendo en Belén Las Violetas, donde fue asesinado quien fungía como uno de sus jefes, que salió de la cárcel y fue asesinado.
La situación actual en el sistema de salud del Valle del Cauca es extremadamente crítica. Desde el cierre de varias clínicas y hospitales, que han tenido que ajustar sus servicios, debido a la falta de recursos, hasta la paralización de pagos por parte de las EPS, por lo que la crisis ha llegado a un punto crítico. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, advirtió sobre la situación del sector salud en el departamento."Nos están ahorcando si no nos pagan lo que nos deben. Nosotros ya no tenemos oxígeno. Durante la vigencia anterior se acumularon unas deudas muy importantes. Con la señora gobernadora y con la secretaria de Salud logramos conseguir 24.000 millones de pesos que les entregamos sólo a los hospitales de mediana complejidad, tratando de poner el recurso humano al día y se logró con una porción muy importante de personas. Además, como les digo, llegaron 48.000 millones, especialmente a los de mediana y alta complejidad, que logró equilibrar un poco las finanzas, pero nos dejan una cartera", dijo Lesmes.Desinterés del Gobierno y EPS La falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud y la continua acumulación de deudas por parte de las EPS, ha desencadenado una crisis de confianza en el sistema. Las EPS deben pagar a las IPS, y aunque es responsabilidad de cada una, la intervención del gobierno ha sido mínima. "Desde que entró el contralor en el proceso de toma de las EPS, los pagos se han aplazado y muchas clínicas se enfrentan al cierre definitivo", explicó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Hay que decir que, debido a este descalabro financiero, los proveedores de servicios médicos han comenzado a retirarse, ya que las compras tardan más de 180 días en ser remuneradas. Los hospitales no pueden operar con este tipo de retrasos y afectan drásticamente su capacidad para brindar atención adecuada a los pacientes. "Estamos viendo un impacto directo, donde los pacientes deben ser trasladados a hospitales públicos que ya están colapsando", dijo.Expectativas y futuro del sistema de salud La secretaria Lesmes señala que el gobierno del Valle ha hecho esfuerzos para aliviar la carga financiera mediante una asignación específica de recursos. Sin embargo, estos fondos no son suficientes para cubrir lo que realmente se necesita, especialmente cuando se enfrenta una población que se siente desprotegida. Además, el informe revela que el 90% de los usuarios del Valle del Cauca están en EPS que están siendo intervenidas, lo que solo agrava la situación. Escuche la entrevista completa:
Luego de cinco horas de audiencia del exdirector de Corpourabá, Alexis Cuesta, en el que su defensa solicitaba una audiencia pidiendo su libertad el Juzgado Segundo Penal con Función de Control de Garantías, se suspendió la diligencia.Al parecer, se registraron momentos de tensión por los argumentos contundentes del fiscal sobre la necesidad de mantener a Cuesta en medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones que lo señalan de llevar a una sobrina de 16 años a un hotel, darle sustancias, al parecer, psicoactivas y dejarla en estado de indefensión, para luego abusar de ella sexualmente, según lo indicó en su momento el ente acusador.Vale la pena recordar que, en días pasados, familiares y organizaciones de mujeres habían denunciado que el hombre es responsable del delito por el cual es procesado y que, además, habría intereses económicos y políticos para buscar este beneficio de enfrentar esta investigación en libertad. María Moreno, integrante de una de estas organizaciones, declaró que sería un mal precedente para la confianza en las instituciones judiciales que hubiera impunidad en un caso como estos."Esta situación es muy común en Colombia, que funcionarios queden en libertad por delitos graves, incluso, como si no fueran ciudadanos que infringieron la ley aun sabiendo lo que les puede ocurrir. En muchas situaciones esto hace que se desconfíe de nuestro sistema judicial", expuso Moreno.Han pasado ocho meses de la captura del exdirector de esa corporación ambiental. Por lo pronto, Cuesta continúa con su medida privativa en la cárcel Villa Inés de Apartadó y se desconoce la nueva fecha para continuar con la audiencia que fue declarada como reservada.
Sin duda, por el tour de Shakira, ‘Las mujeres ya no lloran’, quienes también están facturando son los hoteles del Atlántico, donde los fanáticos de todo el mundo, desde ya, han comenzado a hacer sus reservas.Así lo confirmó el presidente de Cotelco, Mario Muvdi, para quien el concierto de la artista barranquillera en la ciudad el próximo jueves 20 y viernes 21 de febrero, previo al Carnaval, ha impulsado al sector, que estima una ocupación del 95% para esas fechas en las 8.600 habitaciones disponibles, de acuerdo con el registro nacional de turismo.Resaltó que hoy los hoteles cinco estrellas son lo que registran mayores reservas entre el 50 y el 90%, principalmente de extranjeros."Esperamos tener una gran afluencia de personas de distintos países. Han estado llamando mucho de Estados Unidos, principalmente, preguntando por el concierto de Shakira, esto sumado al Carnaval, lo que nos da muy buenas expectativas", comentó Muvdi. Añadió que los 250 hoteles en Barranquilla también están usando estrategias para impulsar la ocupación del sector hotelero.En cuanto a precios, consideró que, debido a la alta demanda, sí se puede registrar un aumento en las tarifas, debido a la temporada.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Velásquez Giraldo, presunto autor material del homicidio de una pareja de adultos mayores, de 73 y 75 años, en el municipio de San Pedro de Los Milagros.Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero, en una finca de la vereda La Pulgarina, de esa localidad del Norte de Antioquia, donde las víctimas, identificadas como Fidel de Jesús Rodríguez y Elvira Rosa Tamayo, habrían sido atacadas por este hombre con un arma cortopunzante y, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron.Velásquez Giraldo, de 27 años, fue capturado dos días después del crimen mediante orden judicial por la Policía Nacional. Según el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante encargado de la Policía en Antioquia, para identificar al presunto responsable se utilizaron técnicas forenses avanzadas, como el reactivo Bluestar Forensic para detectar la presencia de sangre en escenas de crimen."Gracias a un trabajo arduo y especializado de investigación e inteligencia policial, a través de dos diligencias de allanamiento y registro, logró la captura de Juan David Velázquez Giraldo, presunto autor material de este crimen", dijo.Un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por Velásquez. Durante una diligencia de allanamiento y registro practicada a su casa, fueron incautados por las autoridades dos cuchillos y unas sandalias que tenían rastros de sangre.Esclarecen homicidios En lo corrido de enero, la Policía en el departamento destacó el esclarecimiento de ocho homicidios, entre ellos, el de un hombre de 49 años en El Carmen de Viboral a manos de una mujer de 52 años en medio de denuncias de maltrato y abuso sexual hacia la hija de la presunta victimaria, una joven con discapacidad.También, en el municipio de Rionegro, aprehendieron a un adolescente de 15 años por el homicidio de otro de 16 años, tras recibir varios impactos de arma de fuego. Cuatro casos más de homicidio en el departamento continúan en investigación.
Con al menos 30 negocios derrumbados por las fuertes brisas que azotan el Caribe, prácticamente sin playas y con mar de leva, por el que hay pocos bañistas, a decenas de caseteros en el sector del Muelle, en el municipio de Puerto Colombia, les ha tocado pasar la temporada de vacaciones con los brazos cruzados.La alerta naranja del Ideam, que se ha mantenido por varias semanas, justo es la razón por la que estos comerciantes hoy registran pérdidas que superan el 100% de sus ventas.Doralba Osorio, comerciante del sector, lamenta que no han podido trabajar en la temporada de vacaciones."Ninguno ha podido trabajar, todo está hecho un desastre, las casetas se han caído. Esto ha hecho mucho daño. Yo no he podido atender a ningún turista, porque no hay playa y el mar saca mucha piedra, lo que es peligroso", indicó.Omar Restrepo es otro de los afectados y cuenta que mientras en un fin de semana, antes de noviembre, atendían hasta 300 clientes, ahora escasamente reciben a 20."Hubo una reunión con las autoridades que dijeron que iban a ayudar y nada de nada. Aquí todos brillan por su ausencia", cuestionó.Asimismo, hizo un llamado a la Gobernación del Atlántico para que les ayuden a reconstruir sus casetas y buscar otras opciones productivas.Otra de las solicitudes que han hecho es la construcción de espolones para detener el daño que produce el oleaje en la playa.
