El presidente electo Abelardo De La Espriella en compañía de sus ministros designados informó que en la reunión que se ha extendido por más de tres horas revisaron los asuntos prioritarios de cada cartera, así como el plan de acción para el inicio de su administración.Al término del encuentro, De La Espriella aseguró que el equipo ya trabaja en las decisiones necesarias para "construir entre todos la patria milagro" y defendió los nombramientos confirmados hasta el momento.“El mensaje que le quiero dejar al país hoy es que aquí hemos conformado un gabinete de las mejores calidades, humanas y profesionales, para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren. (...) un gobierno efectivo, un gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde”, agregó.El mandatario electo detalló que uno de los temas revisados fueron los informes sobre el empalme anticorrupción y el estado en que recibirán la administración pública.“Así que el mensaje es claro, unidad frente a la crisis, trabajo denodado y compromiso total con la República de Colombia, en la defensa de unos principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje”, dijo.El mandatario electo sostuvo que uno de los pilares de su administración será el combate frontal a la corrupción y el manejo responsable de los recursos públicos. En esa medida, hizo un llamado a la unidad nacional frente a los desafíos que enfrenta el país y aseguró que su equipo ha comenzado a trabajar, incluso antes de asumir oficialmente el poder para conformar los equipos de cada ministerio.Finalmente, el presidente electo envió un mensaje de optimismo a los colombianos y aseguró que su gobierno buscará responder con resultados concretos a las principales demandas ciudadanas."Estamos trabajando, colombianos, y vamos a sacar entre todos a esta gran nación adelante", concluyó.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, del que hacen parte el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, el grupo antiexplosivos y el Ejército, se desarrolla en el norte de Barranquilla la reunión del gabinete designado del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, fue uno de los primeros en arribar a la reunión, aproximadamente a las 5:15 de la tarde, en la sede de la oficina de abogados de Abelardo De La Espriella, ubicada en la calle 75 con carrera 55, barrio Alto Prado, en el norte de la ciudad.El futuro funcionario señaló que el Gobierno saliente, en lugar de presentar una nueva reforma tributaria este 20 de julio, debe recortar el gasto y corregir el presupuesto proyectado. Además, cuestionó la ética con la que se manejaron las finanzas públicas."Lo que debe hacer el ministro de Hacienda saliente es parar el gasto, que sigue desbordado, y corregir el problema del presupuesto que presentó a consideración del Congreso, que está desfinanciado en 13 billones de pesos. Hacer una gran parranda y pasarles la cuenta a los colombianos no es ético", dijo.Además de Miguel Gómez Martínez, han llegado al encuentro el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; Fabio Arjona, ministro de Ambiente; Rodrigo Lara, del Interior; Omar Bula, canciller; Jorge Mora, de Defensa; Elsa Noguera, de Transporte; Juliana Gutiérrez, de Deporte; Mauricio Gómez, de Comercio; Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda, así como Indalecio Dangond, quien podría llegar al Ministerio de Agricultura.Igualmente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, llegó a la reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, a quien le obsequió una camiseta del Junior de Barranquilla.El alcalde dijo que la conversación con el presidente electo se centró en los planes de seguridad que necesita la ciudad, "porque ese es el dolor de cabeza de todos los barranquilleros", así como en el legado que, según él, deja el Gobierno anterior, resumido en extorsión, delincuencia y robos.El mandatario local agradeció al nuevo presidente por tener como sede alterna a la capital del Atlántico para esta reunión, que sigue avanzando y a la que también llegó un servicio de catering, lo que indica que podría extenderse hasta altas horas de la noche.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.Lo que informó el alto tribunal es que la defensa del excongresista interpuso un recurso de reposición para evitar el desarrollo de la diligencia, sin embargo ese mismo fue discutido y rechazado este jueves. Así que, la acusación pasará inmediatamente a la Sala Especial de Primera Instancia.Char Chaljub está siendo procesado por la presunta existencia de una organización dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico y la cual estaría vinculada a irregularidades en las elecciones de octubre de 2017, cuando el propio Arturo buscaba su reelección en el Senado.De hecho, la Corte defiende que la aparente corrupción electoral sucedió desde la sede política Casa Blanca en Barranquilla, lo que ha sido negado por Arturo Char en reiteradas ocasiones, aunque la excongresista Aida Merlano fue condenada a 15 años de prisión. “Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó el año anterior, en la inscripción de candidatos al senado de la república del Cambio Radical.“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó en su tiempo.Arturo Char fue capturado por las autoridades y cobijado con medida de aseguramiento en 2023. No obstante, en enero del siguiente año (2024) fue dejado en libertad por vencimiento de términos tras un habeas corpus impulsado por el abogado Iván Cancino, hoy ministro de Justicia designado.
En una ofensiva contra la nueva banda que está sembrando el terror en el área metropolitana de Barranquilla fue capturado uno de sus principales sicarios, requerido con circular de Interpol e implicado en al menos tres asesinatos y dos intentos de homicidio en los últimos meses. La Policía y la Fiscalía allanaron una serie de inmuebles que eran utilizados como centros de operaciones delictivas y de acopio de armas de fuego y estupefacientes al servicio de la banda La Nueva Generación en el área metropolitana de Barranquilla, operativos en los que se logró la captura de alias ‘Jesucito’, quien sería uno de los principales sicarios de esta estructura criminal.A partir de las investigaciones, la Policía informó que alias ‘Jesucito’ estaría vinculado a tres asesinatos y dos tentativas de homicidio registrados entre 2025 y 2026, y que “su presunto accionar delictivo estaría relacionado con las disputas por el control territorial y las rentas criminales al servicio de ‘La Generación Los del Freseo’, estructura que viene siendo objeto de una ofensiva permanente por parte de las autoridades.Sobre hallazgos en el allanamientoDurante el desarrollo de los allanamientos, a esta persona le incautaron una pistola, 25 cartuchos para la misma, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, dos proveedores con capacidad para 32 y 15 cartuchos, 104 gramos de marihuana y cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.Asimismo, fueron capturadas en flagrancia otras dos personas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes.
En medio de la controversia por la publicación de los estados financieros de Nueva EPS, el agente interventor Jorge Iván Ospina rechazó los cuestionamientos sobre la validez de los reportes contables y aseguró que la intervención estatal ha permitido corregir un desorden financiero acumulado durante varios años, aunque reconoció que la entidad enfrenta una situación económica compleja.Durante una entrevista radial, Ospina respondió a las críticas surgidas tras la divulgación de los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, luego de que se afirmara que dichos documentos no contaban con el aval de la auditoría. El funcionario negó esa versión y sostuvo que los estados financieros sí corresponden al trabajo técnico realizado por el equipo contable de la EPS.“Está equivocado el doctor Vargas Lleras”, afirmó Ospina al referirse a quienes sostienen que los documentos publicados no son oficiales. Según explicó, lo que aún se encuentra en proceso es el dictamen de la revisoría fiscal y de la auditoría, pero ello no invalida la información financiera presentada.El interventor explicó que durante el último año se adelantó una reconstrucción de la información contable correspondiente a los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, debido a que durante ese periodo miles de facturas de servicios médicos no habían sido registradas oportunamente.“La estructura contable de nuestra entidad ha trabajado durante un año en la reconstrucción financiera... para poder depositarlos y entregarlos para que sean revisados”, señaló.Déficit histórico y reducción gradualFrente a las pérdidas reportadas, que alcanzan cerca de 4,8 billones de pesos en 2024, Ospina reconoció que los resultados son negativos, aunque insistió en que corresponden a un problema heredado y no exclusivamente a la gestión de la intervención.“Son inapropiados para la vigencia 2023 y 2024”, respondió al ser consultado sobre los estados financieros.Sin embargo, defendió que la situación ha venido mejorando progresivamente. Según explicó, el déficit reexpresado pasó de 6,8 billones de pesos en 2023 a 4,6 billones en 2024, y anticipó que los resultados de 2025 mostrarán una reducción adicional.“Año por año el déficit va cayendo y seguramente si continuamos por esta senda la Nueva EPS recuperará su estabilidad”, aseguró.El interventor atribuyó buena parte de la crisis a la existencia de cerca de 10 millones de facturas represadas que, durante varios años, no fueron incorporadas a la contabilidad de la entidad, lo que ocultó el verdadero tamaño de las obligaciones con clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud.Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue el informe de la Contraloría General de la República, que advierte un incremento de los anticipos pendientes de legalizar, los cuales habrían pasado de 8,6 billones de pesos a más de 15 billones durante 2025.Aunque el periodista insistió en que esas cifras demostrarían un agravamiento de la crisis bajo la intervención, Ospina rechazó esa interpretación.“Lo que es cierto es que hay un acumulado de cuentas por pagar que vienen desde vigencias muy anteriores”, sostuvo, al explicar que muchas obligaciones permanecieron ocultas durante administraciones anteriores y solo ahora están siendo reconocidas contablemente.Añadió que la estrategia actual busca formalizar las relaciones contractuales con los cerca de 3.800 prestadores de servicios de salud para disminuir el uso de anticipos y mejorar el control financiero.Consultado sobre las pérdidas correspondientes al ejercicio de 2025, Ospina indicó que todavía no existe un dato definitivo porque continúa el proceso de carga y verificación de las facturas.“Esa es una información que no se la puedo dar plena porque todavía no tenemos totalmente cargadas las facturas del 2025”, afirmó, al señalar que espera contar con esa información en las próximas semanas.Según explicó, el proceso será más ágil hacia 2026 gracias al fortalecimiento de los sistemas de información y a la regularización de los contratos con la red de prestadores.En la parte final de la entrevista, el interventor fue consultado sobre si los estados financieros demuestran que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente para financiar la atención de los afiliados.Ospina respondió que no es posible llegar a esa conclusión porque las cifras de 2023 y 2024 incorporan pasivos acumulados de años anteriores, lo que distorsiona cualquier evaluación sobre la suficiencia de la UPC.Además, planteó que el problema trasciende el monto de los recursos y está relacionado con el modelo actual del sistema de salud colombiano.“Tenemos que revisar nuestro modelo de salud, tenemos que orientarlo más en atención primaria”, afirmó. También cuestionó los incentivos económicos del sistema vigente al señalar que “nunca va a haber una UPC que avance” mientras el modelo continúe privilegiando la atención de la enfermedad sobre la prevención.
En diálogo con Mañanas Blu,Enrique Vargas Lleras respondió a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien lo responsabiliza del descalabro financiero de la Nueva EPS. Vargas Lleras, exmiembro de la junta directiva de la entidad, no solo descalificó las acusaciones, sino que denunció una toma política de la aseguradora por parte del actual Gobierno. Cuestionamientos a la veracidad de los estados financierosUno de los puntos centrales de la defensa de Vargas Lleras es la supuesta inexistencia de estados financieros certificados que respalden las denuncias de pérdidas millonarias. Según el exdirectivo, lo presentado por el actual interventor, Jorge Iván Ospina, carece de validez legal. “No hay estados financieros. Que el señor Jorge Iván Ospina haya producido un papel, unos asientos contables. Esos no son estados financieros”, afirmó Vargas Lleras, explicando que para que estos documentos sean legítimos deben ser auditados por la revisoría fiscal y aprobados por la junta directiva o la asamblea de accionistas, procesos que, según él, no han ocurrido.Vargas Lleras fue enfático al señalar que la administración actual está utilizando cifras sin sustento para desprestigiar a la gestión anterior. “No hay una base legal para que podamos hablar sobre esos temas. No hay estados financieros aprobados del año 24 ni 25”, puntualizó. Denuncias de politización y "saqueo" de la entidadEl exmiembro de la junta directiva lanzó una acusación directa contra el Gobierno sobre el manejo de la Nueva EPS tras su intervención. Aseguró que la entidad ha sido utilizada como un botín político para los aliados del presidente Petro. “Estos señores intervinieron la entidad y se la robaron por completo. Politizaron la entidad, cogieron cada territorial y la repartieron como pan a todos los aliados políticos de Petro”, denunció con severidad. Asimismo, calificó de "ridícula" e "insentido" la imputación de que él mismo hubiera escondido facturas para maquillar las cuentas de la compañía. Vargas Lleras argumentó que, en el sistema contable colombiano actual, es técnicamente imposible ocultar tal volumen de información. “¿Cómo hace una persona para esconder 5 billones de facturas que se producen electrónicamente, que pasan primero por el sistema de la DIAN para que yo las haya ocultado? Eso es demencial”, cuestionó. El rol de la Junta Directiva frente a la administraciónVargas Lleras también aclaró que las funciones de una junta directiva son de carácter consultivo y de orientación, mas no administrativas o de ejecución directa en la contratación. “Nosotros no éramos administradores, nosotros no manejábamos contrataciones... Nosotros somos un cuerpo consultivo que marcamos unos derroteros”, explicó, señalando que Petro desconoce el funcionamiento institucional al intentar culpar a los miembros de la junta por la gestión operativa. Acciones legales y críticas personales al mandatarioSobre el futuro de esta disputa, Vargas Lleras manifestó que ya tiene en curso varias acciones legales contra el presidente, incluyendo denuncias ante la Comisión de Acusaciones, la Procuraduría y organismos internacionales como la CIDH. No obstante, descartó interponer nuevas tutelas, argumentando que una rectificación de Petro "no sirve para nada" frente a los fallos del Consejo de Estado que ya le han dado la razón. Escuche aquí la entrevista:
Tras la publicación de los estados financieros de Nueva EPS, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, se pronunció sobre la situación financiera de la entidad y sostuvo que la información conocida confirma que el deterioro económico de la EPS ya era considerable antes de la intervención ordenada por la Superintendencia en 2024.Según explicó, cuando se tomó la decisión de intervenir la entidad ya se habían reportado pérdidas por $4,8 billones, aunque en ese momento no existían estados financieros aprobados correspondientes a 2023. Con la información revelada recientemente, indicó que las pérdidas de ese año finalmente superaron los $6,5 billones, lo que, a su juicio, evidencia que la situación financiera era más compleja de lo que se conocía al momento de la intervención.Respecto a los resultados de 2024, Quintero señaló que Nueva EPS registró pérdidas cercanas a los $4,8 billones, cifra que representa una reducción frente al año anterior, aunque advirtió que el resultado sigue reflejando un escenario financiero delicado para la entidad.El funcionario también informó que la Superintendencia otorgó un plazo de 15 días para que Nueva EPS presente los estados financieros definitivos de 2025. De acuerdo con los reportes preliminares, las pérdidas podrían ubicarse alrededor de los $2 billones, aunque aclaró que el organismo esperará la información oficial antes de emitir una evaluación sobre esos resultados.En su pronunciamiento, Quintero aseguró además que durante su gestión se ha avanzado en la publicación y actualización de la información financiera de la EPS y afirmó que se ha registrado una disminución en la radicación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), especialmente en los casos relacionados con la entrega de medicamentos y la atención de menores de edad.Finalmente, el superintendente se refirió al futuro de Nueva EPS y advirtió sobre los efectos que, según él, tendría una eventual liquidación de la entidad. Señaló que trasladar los afiliados a otras EPS podría afectar el pago de las deudas pendientes con clínicas, hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), situación que, afirmó, pondría en riesgo la estabilidad financiera de numerosos prestadores, particularmente de hospitales públicos.Asimismo, indicó que la Superintendencia continuará evaluando los estados financieros conocidos y los que están pendientes para adoptar las decisiones que considere necesarias en protección de los afiliados.
La fuerte temporada de lluvias sigue causando graves estragos en Arauca. El departamento quedó incomunicado por vía terrestre con Norte de Santander y Santander debido a la pérdida del puente ubicado en el sector de Caño Negro, en el corredor vial que comunica a Saravena con Cubará (Boyacá), mientras las inundaciones y desbordamientos continúan afectando a comunidades rurales del Piedemonte Araucano.De acuerdo con los reportes conocidos en la mañana de este viernes, el paso por la denominada Vía de la Soberanía permanece totalmente suspendido, luego de que la estructura del puente en Caño Negro colapsara tras las intensas lluvias que han golpeado la región durante los últimos días.La emergencia interrumpió la conexión terrestre entre Arauca y los Santanderes, afectando el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros por uno de los corredores más importantes para el abastecimiento y la movilidad del departamento.Mientras las autoridades adelantan la evaluación de los daños y analizan las acciones necesarias para restablecer la conexión vial, se mantiene la recomendación a los viajeros de consultar únicamente la información oficial sobre el estado de las carreteras y evitar desplazamientos por este sector.Inundaciones agravan la crisisA la par del cierre vial, las lluvias continuaron generando emergencias en el Piedemonte Araucano. Antes del amanecer de este viernes, habitantes de diferentes municipios reportaron el desbordamiento de ríos y quebradas, cuyas crecientes súbitas inundaron predios rurales y ocasionaron pérdidas económicas para numerosas familias campesinas.Según los reportes de la comunidad, la fuerza de las corrientes arrastró varios animales y dejó extensas áreas de fincas y potreros bajo el agua, aumentando la preocupación entre los productores agropecuarios que temen nuevas crecientes por la continuidad de las precipitaciones.Las afectaciones se suman a los derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes registrados durante los últimos días en diferentes sectores del departamento, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento de varias poblaciones.Los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente sobre el comportamiento de los principales afluentes e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación que represente riesgo para la vida o los bienes.La emergencia invernal continúa evolucionando en Arauca, mientras las comunidades afectadas solicitan una pronta intervención para atender las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y recuperar la conectividad vial del departamento.
Las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela ya comienzan a sentirse en la economía santandereana. El sector del calzado confirmó la cancelación de pedidos comerciales y la ausencia de compradores venezolanos que tenían previsto asistir a la Feria del Cuero y el Calzado organizada por Asoinducals, uno de los eventos más importantes de la industria que se realizará del 14 al 17 de julio en Bucaramanga.Wilson Gamboa, presidente de Asoinducals, informó que cerca del 50 % de los empresarios venezolanos invitados al encuentro desistieron de viajar debido a la situación que atraviesa ese país tras la emergencia sísmica.Según explicó, la organización había trabajado junto con la Cámara Colombo-Venezolana para seleccionar a más de 30 grandes compradores pertenecientes a importantes cadenas comerciales de Venezuela, con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales durante la feria."De ese grupo ya nos cancelaron 16 empresas. Esperamos que quienes aún no han desistido puedan acompañarnos, porque se trata de compradores muy importantes para la distribución de calzado en Venezuela", señaló el dirigente gremial.Gamboa recordó que Venezuela continúa siendo uno de los principales mercados para el calzado fabricado en Bucaramanga y Santander, por la histórica relación comercial entre ambos países."Existe un vínculo muy fuerte entre Bucaramanga y Venezuela en materia de calzado. Nuestra ciudad ha sido durante muchos años un proveedor importante para ese mercado y por eso esta situación nos afecta", afirmó.Pese al impacto generado por las cancelaciones, el presidente de Asoinducals aseguró que el gremio mantiene abiertas las puertas para los empresarios venezolanos y continúa buscando alternativas que faciliten su desplazamiento y participación en la feria.Al mismo tiempo, destacó que la coyuntura ha abierto nuevas oportunidades comerciales con Ecuador, país que, tras la eliminación de aranceles para este tipo de productos, representa un mercado con alto potencial para la industria santandereana."Con Ecuador no solo se abre una puerta, sino un gran portón. El calzado colombiano tiene muy buena aceptación por su diseño, confort y calidad, y las condiciones comerciales actuales representan una oportunidad importante para nuestros empresarios", indicó.La Feria del Cuero y el Calzado reunirá durante cuatro días a fabricantes, comercializadores y compradores nacionales e internacionales, con la expectativa de fortalecer nuevos mercados en medio de un panorama internacional marcado por la incertidumbre generada tras los terremotos en Venezuela.
Desde Barranquilla la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental anunció que está atendiendo a través de la línea celular 3116777722 a las víctimas del terremoto en Venezuela, sus familias en Colombia y en otras partes del mundo que necesitan atención psicológica. Más de 30 personas ya han recibido atención psicológica.Así lo informó el psicólogo Eduardo Escorcia, fundador de la Red, quien destacó que muchas de las personas a las que han podido ayudar presentaban episodios de insomnio, crisis de ansiedad, miedo e incluso ideas de acabar con sus vidas.Dijo el profesional que desafortunadamente este tipo de secuelas suelen presentarse en las víctimas y sus familiares después de desastres naturales como el ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Según cifras de las autoridades venezolanas, el número de personas fallecidas supera las 3.300 víctimas, mientras que 16.740 resultaron heridas.Escorcia, fundador de la Red que empezó a operar en la pandemia del Covid-19, afirma que la atención a las personas la están prestando las 24 horas del día, los siete días a la semana, bien sea por llamada o mensajes de whatsapp.Precisamente uno de los casos que atendieron fue el de un joven venezolano que vive en Barranquilla y perdió a su madre en La Guaira, y un hermano que logró sobrevivir, le tuvieron que amputar sus dos piernas.“Él es un joven que vive en el suroccidente de la ciudad y por fortuna lo logramos atender. Él tenía la esperanza de encontrar con vida a su madre, pero fue hallada muerta entre los escombros. Después llegó la noticia que encontraron vivo a su hermano, pero cuando lo sacaron tuvieron que amputarle las dos piernas, entonces es una situación muy traumática, muy difícil. Barranquilla es una de las ciudades de Colombia con más migración venezolana por lo que ya son varios los casos que hemos podido recibir”.También destacó Eduardo Escorcia que así como se están organizando campañas para llevar alimentos, medicinas o agua, desde la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental están poniendo su granito de arena para que las víctimas del terremoto en Venezuela tengan un servicio gratuito de apoyo psicológico.Agregó que en algunos casos en los que se han comunicado con ellos personas desde Venezuela, la llamada se ha caído porque los teléfonos se descargan ante los problemas que hay en el vecino en la prestación del servicio eléctrico, pero desde la Red se les hace seguimiento y se les devuelve la llamada para continuar con la consulta una vez carguen sus baterías.“Repetimos el número habilitado de la Red, 3116777722, en el que están disponibles para la atención gratuita profesionales en salud mental de Colombia y otras partes del mundo”, recordó el psicólogo de la Red Internacional de Profesionales en Salud Mental.
César Cañizares, técnico de un equipo de fútbol, aclaró en Mañanas Blu con Néstor Morales la polémica por la caravana con símbolos nazis realizada en Valledupar. El evento, ocurrido el pasado 16 de mayo, se volvió viral luego de que fuera interpretado como un presunto acto de proselitismo político."Lo vimos como una parodia", afirmó el organizador al explicar que el uso de banderas con esvásticas tuvo, según él, un propósito exclusivamente teatral y deportivo. El objetivo era "ambientar" la final de un torneo local y simbolizar que iban a "destruir" deportivamente al equipo rival.Cañizares justificó la representación al señalar que en la costa Caribe es común realizar desfiles y caracterizarse como distintos personajes, entre ellos faraones o King Kong. Además, indicó que aprovecharon los vehículos militares tipo Willys, habituales en los desfiles de Valledupar, para desarrollar la puesta en escena.Según explicó, la inspiración para el polémico desfile surgió de un episodio de Chespirito en el que se hacía una parodia de Adolf Hitler. Aunque reconoció conocer la historia del Holocausto, insistió en que la actividad no tuvo la intención de hacer apología al nazismo ni de exaltar esa ideología.Frente a la reacción del presidente Gustavo Petro, Cañizares aseguró que los participantes son trabajadores del sector privado y que no tienen ninguna vinculación política. También afirmó que el evento no guarda relación con las elecciones ni con movimientos extremistas, sino que respondió, según dijo, a un contexto exclusivamente deportivo.Finalmente, aprovechó el espacio en Blu Radio para ofrecer disculpas públicas a las personas que se sintieron ofendidas o afectadas por la representación. Reconoció que se trató de un desacierto y aseguró que nunca pretendieron revivir episodios dolorosos de la historia ni herir la sensibilidad de la comunidad internacional.
Naín Pérez Toncel, conocido en el mundo criminal como alias 'Naín' o alias 'El Bendito Menor', es un joven que ha escalado rápidamente en un grupo paramilitar que hoy tiene el control delictivo en La Guajira, Magdalena y Cesar.Alias 'Naín' volvió a ser tema principal en el país luego de que, a través de sus redes sociales, publicara un video en el que se burlaba de las autoridades, que ofrecen hasta $1.000 millones por información que conduzca a su captura.En los videos se observa a alias “El Menor” paseándose en moto junto a un grupo de su anillo de seguridad por las zonas turísticas de Riohacha, la avenida La Marina, liderando caravanas de motociclistas e incluso pasando frente a un CAI de la Policía ubicado en la calle 15 de Riohacha.El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio la instrucción a su designado ministro de Defensa para que alias 'Naín' sea un objetivo de alto valor: “Señor ministro de Defensa designado, general Jorge Mora: este criminal, que azota a La Guajira, debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturarlo o darlo de baja”, se lee en la cuenta de X del presidente electo.La Policía de La Guajira no ha podido capturar a alias 'El Menor' debido al gran poderío que este tiene en el departamento. “Prefiero no hablar de este sujeto porque todos sabemos que verdaderamente él lo controla todo”, dijo una fuente de la Alcaldía de Riohacha.Alias 'El Bendito Menor' es líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar que también mantiene el control de las zonas turísticas de la Troncal del Caribe y es considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades en el país.
Con quema de llantas y palos atravesados sobre la vía La Cordialidad, desde esta madrugada la comunidad del barrio Ciudadela La Paz del municipio de Baranoa, Atlántico, mantiene bloqueado el paso por este importante corredor Cartagena- Barranquilla.La manifestación impide el tránsito de toda clase de vehículos, incluidos los buses intermunicipales que a esta hora transportan a trabajadores entre Barranquilla y municipios del centro del Atlántico, así como los vehículos de carga que usan este corredor para movilizar mercancía desde y hacia el interior del país. Para ellos ahora la Policía recomienda aplicar desvíos para continuar su tránsito entre Atlántico y Bolívar."Para los actores que vienen de Barranquilla hacia Cartagena, pueden tomar la vía La Prosperidad para salir a la Vía Oriental, o tomar la vía Caracolí, la sexta entrada, para salir a la Oriental. Los que vienen en sentido Cartagena hacia Barranquilla que tomen la variante Sabanalarga - Palmar o, en su defecto, Baranoa - Polonuevo - Santo Tomás", explicó la capitán Lisbeth Herrera, comandante de la Policía de tránsito del Atlántico.El bloqueo se registra en el km 98+350, esto es a la altura del municipio de Baranoa a pocos metros del peaje de Galapa, donde unas 40 personas reclaman un mejor servicio de agua potable, pues aseguran que hace dos meses están teniendo fallas en el suministro del líquido, tan esencial en esta temporada de calor extremo."No tenemos servicio de agua. Llega a la 1 o 2 de la madrugada y a las 6 o 7 de la mañana ya no hay agua. La gente tiene que salir a trabajar, tienen niños, pero es desastroso el ambiente que estamos viviendo, porque estamos sin agua todos los días y el recibo va en un aumento, nos cobran hasta 150.000 pesos", contó una manifestante.Afirmó que son siete barrios los que están padeciendo por los cortes prolongados de agua sin que a la fecha hayan podido ser escuchados por las autoridades, ni tener una solución por parte de la empresa de acueducto Triple A.
Este miércoles fue confirmada la noticia de que la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideraba los procesos judiciales contra el hijo del Presidente, Nicolás Petro, saldrá de esta entidad por no participar en el concurso de méritos que proveía cerca de 4.000 vacantes en la Fiscalía General de la Nación, incluida la suya en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.Por un momento se pensó que los dos casos que adelanta contra el exdiputado del Atlántico por presunto enriquecimiento ilícito y aparente interés indebido en la celebración de contratos con la fundación Fucoso, garantizarían su permanencia en el ente acusador. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía le indicaron a Blu Radio en las últimas horas que una persona ganó esa plaza por concursar y tendrá el derecho a ocuparla.La Resolución No. 30000-03611 del lunes 6 de julio de 2026 que hace oficial su salida no da oportunidad a recursos de apelación, debido al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por ende, se ordenó “dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados, a partir de la fecha de posesión de los elegibles ordenados”.Hay que recordar que este sería el segundo cambio de fiscal en el caso, ya que el primer encargado fue Mario Burgos, reemplazado justamente por Laborde. Ya se suman tres años sin que el proceso llegue a su juicio oral, dado a que hoy se está a la espera de que el Tribunal Superior de Barranquilla resuelva más de 800 apelaciones de pruebas presentadas para esa diligencia final, misión que fue puesta en manos del magistrado Demóstenes Camargo.Mientras tanto, Lucy Laborde tuvo el año anterior una polémica con la fiscal general Luz Adriana Camargo por enviarle una carga en la denunciaba presiones en el manejo del caso Nicolás Petro, al asignarle una fiscal de apoyo no solicitada y ser citada a presuntas reuniones en los que debía dar detalles de la imputación y la medida de aseguramiento que en su tiempo pensaba solicitar.
Total rechazo despertaron en Valledupar los videos que se viralizaron por las redes sociales este martes en los que se puede apreciar una caravana de cinco vehículos tipo Jeep Willys, en la que al menos 15 personas ondeaban banderas nazis, en lo apuntaba a ser una apología al líder Adolf Hitler y su violento régimen alemán.Aunque inicialmente se pensó que era una polémica de tinte político, Blu Radio conoció en primicia luego de varias indagaciones que, en realidad, el recorrido fue producto del triunfo de un campeonato aficionado de un equipo en Valledupar llamado Jairo Hoyos.Su propietario, que lleva ese mismo nombre (Jairo Hoyos), salió a aclarar que los hechos en realidad sucedieron en el mes de mayo y según su testimonio, no tenían intenciones de despertar dolores del pasado.“Un día antes del encuentro me estaba viendo un capítulo del Chapulín Colorado en el que estaban haciendo la parodia de Adolf Hitler. Eso me llamó la atención y me motivé para hacerlo. Llamé a un amigo para que me ayudara a realizar ese disfraz pero sin mala intención, sin ánimo de ofender o de pronto herir susceptibilidades. En mi consideración, fue algo muy sano y con el propósito ir a la cancha para hacer deporte. Íbamos a jugar una final. Fue todo lo que sucedió”, declaró a Blu Radio.Precisamente, esa final fue ganada por un marcador de 3-1 sobre Hi School FC. Y en otros videos de redes se puede ver a Jairo con un conjunto de militar cuerpo completo, bigote y hasta corte de cabello similares a los del dictador alemán Adolf Hitler.Desde la Alcaldía de Valledupar dieron a conocer desde un inicio que la caravana, adelantada sobre la calle 12 en cercanías al barrio Sicarare, en la capital del Cesar, nació de forma espontánea a los ocupantes de esos vehículos, y que no fue ni autorizada ni vigilada por ellos. Además, rechazaron que haya actos cuyo discurso lleve consigo odio, segregación o pretenda revivir dolores.
Contra el hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, Luis Mariano Díaz, y los otros cinco cobradiarios que hacen parte de su violenta red de cobros en Barranquilla, es decir Stiven Bolaño, Keiner Rocha, Dairo Tirado, José Martínez y Alexis Jiménez, fue ordenada una medida de aseguramiento domiciliaria de forma preventiva, dentro del caso que se les sigue por secuestrar y torturar a uno de sus trabajadores, con el que al parecer querían recuperar la presunta pérdida de más de 15 millones de pesos.La vigilancia electrónica por parte del Inpec para estos procesados será adelantada, solo hasta que un juez de conocimiento apruebe el preacuerdo realizado con la Fiscalía, en el que se dará una condena de cinco años y 10 meses de cárcel.“El Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, en el lugar de residencia, contra los señores Alexis Rafael Jiménez, Dairo Andrés Tirado, Keiner Enrique Rocha, Luis Mariano Díaz González, Stiven Rafael Bolaño y José David Martínez. ¿En cuál residencia? Pues en la que aportaron respetándose la publicidad de esa información”, acotó.Precisamente, para la decisión fue importante la legalidad de cada una de las pruebas aportada por el fiscal Rodrigo Alberto Restrepo, pues mencionó la togada que pudo verificar que hubo una denuncia en mismo día de los hechos y un reporte de Medicina Legal que dio claridad sobre las heridas con las que terminó la víctima.Agregó la jueza Ortega que no existen razones para dudar de los testimonios entregados por Carlos Alfredo Mejía Vargas, su pareja, su padre y su esposa, ya que en las fotografías y posteriores entrevistas hubo coincidencia en las versiones y en los roles que desempeñó cada uno de los implicados.Asimismo, dice que hubo afectaciones para otros allegados de la víctima en el barrio —algunos de ellos adultos mayores—, cuya residencia queda diagonal a donde se desarrolló el secuestro, pues el presenciar lo ocurrido los llenó de miedo y preocupación.
En un reciente vídeo publicado por Naín Pérez Toncel, alias El Menor, una de las cabezas visibles de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra, se observa cuando pasea por la calle 15 de Riohacha en una motocicleta de alto ciclindraje junto a su pareja sentimental alias La Bebecita, vestidos con la camiseta de la Selección Colombia y liderando una caravana de motos.De acuerdo al vídeo, alias El Menor pasó frente a una CAI de la Policía de La Guajira ubicado en las instalaciones del Terminal de Transportes de la capital de La Guajira.“Es increíble que esa persona se les pase por la nariz a las autoridades y aquí nadie hace nada, estamos expuestos al peligro y a la delincuencia”, expresó un comerciante quien evitó entregar su nombre por miedo a represalias.No es la primera vez que alias El Menor desafía a las autoridades. En oportunidades anteriores también se ha mostrado burlándose de las recompensas que han ofrecido por él las fuerzas militares.Aunque en varias oportunidades Blu Radio ha intentado hablar con el comandante de la Policía de La Guajira, hasta el momento este ha preferido no tocar el tema. Lo mismo ha sucedido con el secretario de Gobierno de Riohacha quien manifestó evitar dar declaraciones con respecto a alias Naín.Vea el video:guajira
Tendido en una zona enmontada, a un costado de la vía que comunica el municipio de Juan de Acosta con el corregimiento de San José de Saco (Atlántico), apareció el cuerpo sin vida de Iván Darío Arteta Jiménez, conocido en la zona como ‘Ivancito’ y a quien, tal como lo evidencian sus heridas, torturaron hasta hacerlo morir.El hallazgo lo hizo la comunidad la noche del martes, cuando el olor y las manchas de sangre los alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el sector conocido como Trocha Villa Feliz. Al informar a las autoridades y cumplirse las labores de levantamiento del cadáver, se pudo establecer que la víctima tenía múltiples heridas con arma blanca.Además, a alias ‘Ivancito’ le fracturaron un brazo y le cercenaron la mano izquierda, lo que demuestra la sevicia con la que fue asesinado.Los móviles de este atroz crimen que hoy sacude a la tranquila población de la zona costera son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes buscan establecer quiénes son los responsables y si el caso guarda relación con el prontuario de la víctima.La víctima tenía antecedentesAlias ‘Ivancito’, según reposa en el sistema penal, registraba 12 anotaciones judiciales: cinco por hurto, cinco por porte de estupefacientes y dos por porte ilegal de armas de fuego.
Una espesa columna de humo ha estado cubriendo amplios sectores del norte y centro de Barranquilla desde la tarde del pasado martes, como consecuencia del incendio forestal que se registra al otro lado del río Magdalena, en inmediaciones del Vía Parque Isla Salamanca.Todavía no se precisa si las llamas están afectando el área protegida de esta reserva natural, pero, de manera preliminar, los bomberos de Sitionuevo y los brigadistas del parque han podido detectar que son dos los focos que están activos, los cuales serán atacados desde la mañana de este miércoles, en cuanto las condiciones de luz así lo permitan.Debido a la complejidad para acceder a la zona, este martes no fue posible comenzar la atención del incendio, por lo que en Barranquilla, la ciudad vecina, a más de uno le tocó cerrar puertas y ventanas para no verse afectado por el humo."Una cantidad de humo desesperante, no se soporta. Estoy en mi casa y me arden los ojos de la cantidad de humo que se ha metido en mi vivienda", contó un habitante.Y es que al incendio de Isla Salamanca se sumó otro incendio forestal en inmediaciones al Malecón del Río, cerca de la aleta del Tiburón, donde cuatro máquinas de bomberos de Barranquilla estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche para controlar la emergencia.Altas temperaturasAmbos casos serían consecuencia de las altas temperaturas que azotan al Caribe, donde esta semana el termómetro ha marcado 38, 39 y hasta 40 grados Celsius en zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.Para este miércoles, incluso, de nuevo se esperan temperaturas por encima de los 36 grados, sobre todo, en Córdoba, La Guajira y Sucre, informó William Riaño, meteorólogo del Ideam."Las temperaturas más altas las esperamos en los departamentos con menor nubosidad, como el centro y norte de Sucre, el norte de Atlántico, algunos sectores del centro y norte del Cesar y La Guajira. En el norte de Córdoba también esperamos más de 35 grados Celsius y en Sucre, es decir, 1 o 2 grados por encima de lo normal", explicó Riaño.Por eso se mantienen alerta roja por incendios forestales en Magdalena y Cesar, y alerta naranja por esta misma condición en Atlántico y La Guajira.
Después de ocho días operando al 75%, Cerro Matoso debió reducir aún más su productividad y trabajar ahora en un 50%, con apenas una de sus dos líneas de operación, como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, que desde la semana pasada apenas le está entregando entre 5.000 y 6.000 MBTU por día, lo cual corresponde a una tercera parte del volumen contratado.Asimismo, la compañía, que es una de las minas de níquel más grandes de Colombia y de América Latina, anunció que ha tenido que reducir un 25% de los contratos de bienes y servicios, y disminuir el personal del turno nocturno en la operación minera, tanto en la operación principal como en Queresas y Porvenir, y limitar el número de equipos en esta última. En este sentido, se han visto afectados 220 puestos de trabajo, personas que han dejado de laborar de manera temporal dada esta situación.La preocupación crece porque, de mantenerse estas restricciones o de presentarse nuevas reducciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, Cerro Matoso afirma que se verá obligada a extender estas medidas operativas y laborales de manera indefinida, limitando a su vez los aportes que realiza al país y a la región por concepto de impuestos, regalías y encadenamientos productivos, lo que se traduce en pérdidas de unos $3.000 millones diarios.Cerro Matoso compra a Canacol el gas necesario para fundir el níquel, mediante un contrato vigente hasta 2029. Sin embargo, a comienzos de mayo Canacol presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar de forma anticipada los contratos de suministro que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.La Corte de Alberta avaló esa solicitud en primera instancia y ahora la empresa pide con urgencia a la Superintendencia de Sociedades que evalúe y defina si la decisión de la justicia canadiense debe aplicarse en el país, considerando la soberanía nacional. El llamado de urgencia también se extiende al Ministerio de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que está en riesgo la seguridad energética.
La red pública hospitalaria del Magdalena enfrenta uno de los momentos más críticos de los últimos años. La gobernación del departamento alertó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) adeudan cerca de 500.000 millones de pesos a los hospitales públicos, una cartera que, según las autoridades, compromete la continuidad de los servicios y la estabilidad financiera de todo el sistema.El panorama preocupa porque la disminución de los giros ha reducido la capacidad operativa de los centros asistenciales, dificultando el pago del personal de salud, la compra de medicamentos e insumos y el sostenimiento de los servicios médicos en los 26 hospitales públicos del Magdalena.De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, más del 82 % de la deuda está concentrada en Coosalud, Nueva EPS y Proteger, las EPS que mantienen las mayores obligaciones con la red hospitalaria."La red pública no puede seguir soportando esta carga financiera. Los hospitales necesitan liquidez para continuar prestando un servicio oportuno y garantizar el derecho a la salud de los magdalenenses", aseguró el secretario de Salud del Magdalena, Fernando Gómez.Ante la magnitud de la crisis, la gobernadora Margarita Guerra pidió al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud convocar, de manera urgente, una mesa de trabajo con los directivos nacionales y los agentes interventores de las EPS involucradas para definir un plan que permita sanear la cartera y evitar un mayor deterioro del sistema.La administración departamental advirtió que, si no se adoptan medidas inmediatas, la situación podría traducirse en mayores dificultades para la atención de los usuarios, especialmente en los municipios donde los hospitales públicos representan la única oferta de servicios de salud.Aunque la gobernación reconoció el acompañamiento que han brindado el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, insistió en que las acciones de seguimiento deben materializarse en el pago efectivo de las obligaciones pendientes.Para las autoridades, el problema ya no es únicamente financiero. La millonaria deuda de las EPS se ha convertido en una amenaza directa para el funcionamiento de la red hospitalaria y para la atención de miles de pacientes que dependen exclusivamente del sistema público de salud en el Magdalena.
Hasta la sede principal de Comfamiliar Atlántico, en el centro de Barranquilla, se adentró de manera sorpresiva un grupo de funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar que, con resolución en mano, llegó y anunció la intervención de esta caja de compensación, la suspensión por un año de su director Herber Mantilla y del Consejo Directivo, y la designación de María Teresa Carvajal Aguirre como nueva agente interventora.Comfamiliar, que hoy cuenta con más de 601.000 afiliados y beneficiarios, fue objeto de una inspección en la que, según la Superintendencia, se detectaron hallazgos que dieron lugar a esta intervención, como por ejemplo aparentes incumplimientos de requisitos legales e irregularidades en contratación por parte de algunos miembros del Consejo directivo, y también posibles irregularidades en la ejecución de subsidios en especie, en el manejo de recursos entre distintos programas y la trazabilidad de movimientos bancarios, por citar algunos aspectos.Sin embargo, horas después de iniciada la intervención, se conoció la declaración jurada que rindió ante una notaría el director suspendido Herber Mantilla, en la que deja ver que aquella actuación de la Supersubsidios, en cabeza del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, podría tratarse, según su testimonio, en un acto de represalia.En el documento, el abogado Mantilla se refiere a una reunión a puerta cerrada que sostuvo con el ministro Sanguino el pasado 12 de junio, nueve días antes de la segunda vuelta presidencial, en las instalaciones de Comfamiliar."En el transcurso de dicha reunión, me manifestó su molestia por mi respaldo a la campaña política del señor Abelardo De La Espriella; me atribuyó un supuesto parentesco con el señor Mauricio Gómez, a quien identificó como opositor del Gobierno Nacional; y me expresó que había recibido diversos comentarios negativos en mi contra, sin sustento ni fundamento alguno", indicó el abogado Herber Mantilla.Mantilla contó que luego de esto, el 30 de junio, apareció el Superintendente Delegado para la Gestión, Miguel Salomón Fuentes, quien por cierto en 2025 se postuló al cargo de secretario general de Comfamiliar, pero el consejo directivo no lo aceptó. Él, en calidad de superintendente delegado, remitió un informe con 54 observaciones y 23 recomendaciones que Comfamiliar debía acoger para su mejoramiento; aspectos que ahora derivaron en la intervención, pero que, según el director suspendido, hay algunos que datan de hace 20 años.Vale decir que el director Mantilla había sido elegido por el consejo en 2025, pero desde entonces la Supersubsidio había negado la aprobación de este abogado para asumir el cargo.Ahora, con la designación de una agente interventora, la Superintendencia afirma que buscará garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los recursos del subsidio familiar; sin embargo, Comfamiliar rechazó la intervención y sostuvo que tomarán las acciones legales correspondientes por violación al debido proceso.
La Superintendencia del Subsidio Familiar realizó este lunes una intervención total de la caja de compensación Comfamiliar Atlántico y suspendió por 12 meses a su director administrativo, Herber Mantilla, así como a todos los miembros del Consejo Directivo. Cómo directora encargada fue nombrada María Teresa Carvajal Aguirre.La medida fue adoptada después de las inspecciones que realizaron varios funcionarios a las 5 de la tarde de este lunes a la sede de la caja de compensación que queda ubicada en la calle 48, número 43-104, en el centro de Barranquilla.Hasta el momento se desconocen las razones de la intervención, sin embargo Comfamiliar afirmó en un comunicado que funcionarios de la Superintendencia ingresaron a las instalaciones de la Caja manifestando la existencia de la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se ordena la intervención administrativa total de la entidad.Asimismo, manifestaron su preocupación por la forma en que se adelantó el procedimiento y cuestionó aspectos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso, los cuales serán objeto de revisión y defensa por parte del equipo jurídico de la Caja.“Entre los principales aspectos que sustentan esta posición se encuentran: La resolución produce efectos desconociendo la suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto del artículo 97 del Decreto 341 de 1988, situación que, a juicio de la Caja, debe ser objeto de control judicial. El acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso”, detalla el comunicado de Comfamiliar.Comfamiliar Atlántico registró un crecimiento del 3,8 % frente a 2024 y alcanzó cerca de 19.500 empresas afiliadas, cuyos aportes representan alrededor de $310.000 millones, según el balance de gestión en el 2025 que presentó recientemente.Actualmente la caja agrupa a más de 278.000 trabajadores afiliados que, junto a sus beneficiarios, representan una población cercana a las 601.000 personas.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) consolidaron un modelo de gobernanza criminal que les ha permitido ejercer control sobre comunidades, economías locales y corredores estratégicos del Caribe colombiano. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que además advierte que el proceso de conversaciones adelantado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro quedó congelado y su futuro dependerá de la próxima administración.El estudio señala que las ACSN operan principalmente en Magdalena, Cesar y La Guajira y que, desde agosto de 2025, son consideradas un Grupo Armado Organizado (GAO). Según cifras de la Fuerza Pública citadas por la FIP, la organización cuenta con 594 integrantes, de los cuales 334 hacen parte del componente armado y 260 integran redes de apoyo o milicias. Sin embargo, otras fuentes consultadas por ese centro de pensamiento estiman que el grupo podría tener entre 800 y 1.000 miembros. El informe concluye que el poder de las ACSN no depende únicamente de las armas. La organización ha construido un sistema de gobernanza criminal basado en el arraigo territorial, las redes familiares, la coerción y la sustitución de funciones estatales, como la regulación de conflictos y la provisión de seguridad en zonas donde la presencia institucional es limitada.Según el documento, el grupo asegura que el 95 % de sus integrantes son originarios de la Sierra Nevada, un factor que fortalece su legitimidad y capacidad de control sobre las comunidades.Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con las finanzas de la organización. La FIP estima que las ACSN obtienen entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales mediante la extorsión a comerciantes, empresarios turísticos, transportadores y otros sectores productivos. Los cobros pueden ir desde 30.000 pesos hasta 30 millones de pesos, dependiendo de la actividad económica.El informe añade que cerca del 95 % de los prestadores de servicios turísticos, entre hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes y transportadores, pagan extorsiones. Solo la plaza de mercado de Santa Marta les representaría más de 10.000 millones de pesos al año.La investigación también reitera que el narcotráfico es otra de las principales fuentes de ingresos del grupo. Las ACSN controlan corredores para la salida de cocaína por la costa Caribe y cobran impuestos a otras organizaciones criminales que utilizan esas rutas.De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa citadas en el informe, durante 2025 fueron incautadas 35 toneladas de cocaína en Magdalena y La Guajira, de las cuales el 85 % correspondieron a decomisos realizados en Santa Marta (15,9 toneladas) y Uribia (14,2 toneladas). Además, entre 2020 y 2025 fueron decomisadas 81 toneladas de cocaína en Santa Marta y otras 96 toneladas en Uribia, Riohacha, Manaure y Dibulla, lo que refleja la importancia estratégica de la región para las redes del narcotráfico internacional.La FIP también analiza la confrontación entre las ACSN y el Clan del Golfo, una disputa que, según el informe, ha intensificado la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Citando cifras de OCHA, el documento señala que entre 2024 y 2025 se registraron más de 6.000 víctimas de confinamiento y 486 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos, además de un aumento en homicidios, amenazas y restricciones a la movilidad de comunidades indígenas y campesinas.La Fundación Ideas para la Paz recuerda que, aunque el Gobierno Petro abrió un espacio de conversaciones con las ACSN, nombró un equipo negociador y alcanzó un acuerdo de desescalamiento en febrero de este año, la mesa nunca logró consolidarse. A pocas semanas del cambio de gobierno, el proceso permanece suspendido y será la próxima administración la encargada de definir si mantiene o no el diálogo con este grupo armado.