Cerca de 200.000 estudiantes hoy se encuentran afectados en el departamento de Córdoba por la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la cual según el Ministerio de Educación se debe a una falta de planificación de su Gobernación pese a tener los recursos necesarios desde el Gobierno nacional.Según el Ministerio, a la fecha la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar ha transferido $24.000 millones a la cuenta maestra correspondiente, garantizando los recursos necesarios para la prestación del servicio. Un esfuerzo nacional, que según dicen, contrasta con la falta de gestión efectiva a nivel territorial.“Durante una reunión con el director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, la Gobernación de Córdoba asumió dos compromisos fundamentales que siguen sin cumplirse: el primero es diligenciar correctamente el Plan Financiero Territorial (PFT), herramienta clave para la planeación y asignación eficiente de los recursos. La falta de información adecuada en este instrumento ha obstaculizado la estructuración de proyectos viables”, indicaron inicialmente en un comunicado.“El segundo fue radicar el proyecto para su financiación con recursos de regalías. Aunque este fue presentado en abril, no cumplió con los requisitos. El 15 de mayo se entregó una nueva versión para revisión”, agregaron.El Gobierno nacional incrementó la inversión nacional en alimentación escolar en Córdoba, pasando de $38.000 millones en 2022 a $47.000 millones proyectados para 2025. En contraste, el aporte departamental se redujo de $77.000 millones en 2024 a $63.000 millones en 2025, lo que representa una disminución de $14.000 millones.La situación se agravó a comienzos de este año con la falta de operación del PAE en 27 municipios no certificados, lo que impactó a más de 30.000 estudiantes que dependen del complemento como principal fuente de alimentación.“Aunque para el 31 de diciembre de 2024 se tenían $5.000 millones disponibles en cuentas de los 27 municipios, el servicio no se puso en marcha”, siguieron diciendo.La cartera apunta que actualmente nueve municipios aún no han iniciado la operación del Programa de Alimentación Escolar, a pesar de contar con $11.000 millones del Sistema General de Participaciones (SGP) sin ejecutar. En 2024, el programa solo funcionó durante 151 días del calendario escolar. En 2025, comenzó con una postergación de 15 días y actualmente permanece suspendido.
En el municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, se registró en las últimas horas el fallecimiento de Cristian David Medina Orozco, uno de los cuatro adolescentes que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 18 de mayo en el municipio de Malambo, tras salir de su hogar para un partido de fútbol agendado.El menor de 16 años perdió la vida, al parecer, tras caer de un camión en movimiento cuando aspiraba a regresar a casa junto con sus amigos Omar Andrés Suárez y Santiago Marchena Mantilla.Según se conoció recientemente, estos decidieron viajar a Bogotá como polizones para conocer la ciudad al lado de Duván Marchena Mantilla, de 17 años, quien ya se había reportado a su casa en la mañana de este viernes 23 de mayo explicando lo sucedido a su familia y dando calma por el estadoMarchena Mantilla pidió detener la búsqueda con las autoridades y sostuvo que llegó antes por montarse en otro vehículo a la altura de Santa Marta, donde menciona que se había encontrado con una fuerte congestión vial.Por ello, hay luto en estos momentos en el municipio por lo que la Alcaldía escribió en medio de un comunicado: “Nuestra más sinceras condolencias a su familia, que en este difícil momento, Dios les dé fortaleza para sobrevivir con la ausencia física de su ser amado, nuestra oración con ustedes”.
Hace solo un par de horas la Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Montería, Córdoba, Jorge Eliecer Doria Corrales (2016 - 2020), por presuntamente omitir la aprobación de la reforma de los estatutos con la que se modificaba la facultad que le permitía aprobar el Manual de contratación, compra y suministro, así como sus modificaciones y actualizaciones.En otras palabras, al parecer decidió no aprobar una reforma a los estatutos que le iba a quitar el poder exclusivo para decidir sobre contratos, compras y suministros en dicha corporación.La Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre señaló que “el entonces directivo también habría pasado por alto incluir en el documento un sistema de selección para la contratación que brindara garantías al cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, imparcialidad y pluralidad de oferentes, para evitar la discrecionalidad de quien ocupe la presidencia de la entidad”.Por otro lado, el ente de control también indicó que “Dorias Corrales no tuvo en cuenta que se trataba de una discusión en la que se aludía al manejo de recursos públicos, pese a lo cual, al parecer, se negó a aprobarla sin ninguna justificación”.Por los mismos hechos, la entidad profirió cargos a quien fungía en el mismo periodo como vicepresidente de la corporación, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, y los entonces vocales Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, quienes con su posible actuación se apartaron del cumplimiento de las obligaciones que rigen la función pública.La Procuraduría sostuvo que los disciplinables sabían que al no adoptar la reforma propuesta se perpetuaría en la entidad la selección y “adjudicación de los contratos a las mismas sociedades comerciales que los obtuvieron durante los últimos años”.Finalmente, la PGN adujo que por el supuesto bloqueo del mecanismo que se intentaba reformar, que impidió hacer más eficiente y transparente el manejo de los recursos, los cinco servidores pudieron quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo.
Para el segundo semestre de este año 2025 está prevista la demolición de los deteriorados edificios del conjunto residencial Privilegios, en el norte de Barranquilla, donde una de sus torres colapsó en noviembre de 2024 y provocó una tragedia que dejó a una mujer muerta y a cuatro niños heridos.Las obras de demolición de este conjunto, construido hace más de 20 años en un terreno que no resultó estar apto para su urbanización, tardarían dos meses según el proceso contractual que adelanta la Alcaldía de Barranquilla para elegir a la firma que realizará estos trabajos.En el proceso están participando ocho firmas, entre las cuales el Distrito estaría seleccionando un contratista el próximo 30 de mayo para firmar el contrato en los primeros días de junio por un valor superior a los 1.400 millones de pesos.De esta manera parece resuelto el futuro de Privilegios, pero el destino sigue siendo incierto para los propietarios y residentes de los apartamentos de este conjunto residencial, a quienes evacuaron por precaución el mismo día de la tragedia.Decenas de personas debieron salir de casa y dejar sus pertenencias en el conjunto, eso sí, bajo la custodia de las autoridades que acordonaron el sitio de inmediato. Sin embargo, al volver por sus enseres encontraron que el lugar había sido saqueado y todavía hoy nadie les responde a estas familias.“Dejamos eso ahí. Creíamos que, de verdad, eso no lo iban a cuidar y después cuando fui a buscarlas me tuvieron que llevar a la clínica porque se me subió la presión luego de ver cómo perdí todas mis cosas”, dijo a Rosiris Ariza Algarín, una de las mujeres de 60 años afectadas tras la emergencia.“La Alcaldía no nos respondió nada, se me perdieron todas mis cosas. Mis camas, mis abanicos, mis televisores. Todo completamente me lo destruyeron, se me perdió”, agregó a Blu Radio.Sobre el conjunto Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. No obstante, hasta el día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 23 de mayo:Las novedades que traerá Gemini de Google; beneficiará a los creadores de contenido.Google colocaría marcas de agua, pero dentro del código de la imagen o videos que hayan sido generados con inteligencia artificial.Impresiones positivas sobre Lilo & Stich luego de ser estrenada a todo el público el 22 de mayo.Juan Guillermo García, creador de 'Había una vez by Momo', habló sobre el contenido que realiza para niños.
La Policía de Hamburgo informó este viernes sobre la detención de una mujer de 39 años, presunta responsable de un ataque en la estación central de trenes de la ciudad, que habría dejado hasta 17 heridos, según reportes de medios alemanes.“Por ahora, todo indica que actuó sola”, indicó la Policía local a través de su cuenta en la red social X, donde también señaló que la investigación sigue en curso. Las autoridades precisaron que aún no se dispone de una cifra definitiva de víctimas, aunque confirmaron que varias personas se encuentran en estado crítico.El portavoz policial Florian Abbenseth declaró a los medios que, hasta el momento, no existen indicios de que la agresora actuara por motivaciones políticas. No obstante, señaló que hay elementos que apuntan a que la mujer podría padecer algún tipo de trastorno psicológico.La detenida, de nacionalidad alemana, no ofreció resistencia en el momento de su captura, según información proporcionada por Abbenseth a la televisión pública ARD.El ataque ocurrió en los andenes 13 y 14 de la estación ferroviaria, una de las más transitadas del norte de Alemania. Hacia las 19:30 GMT, medios locales informaban que hasta 17 personas habrían resultado heridas. El diario Bild aseguró que al menos cuatro de ellas luchan por su vida debido a la gravedad de las lesiones. El mismo medio reportó que la agresora también resultó herida, ya que presuntamente se habría apuñalado a sí misma antes del ataque.La radiotelevisión NDR indicó que el suceso ocurrió alrededor de las 16:05 GMT, lo que activó un amplio despliegue policial y de servicios de emergencia en la estación, que se encontraba especialmente concurrida debido al inicio de las vacaciones escolares de Pentecostés, previstas del 26 al 30 de mayo.Poco después del incidente, la Policía confirmó en X que estaba en marcha “una operación policial de gran envergadura”.Preocupación por aumento de ataques con cuchilloEste nuevo ataque se produce en medio de un creciente debate en Alemania sobre la violencia con armas blancas, tras una serie de recientes incidentes similares.El jueves, un niño de 12 años fue gravemente herido en Berlín tras ser atacado con un cuchillo por un compañero de 13 años, quien huyó del lugar pero fue localizado al día siguiente.Durante el fin de semana anterior, un hombre sirio de 35 años hirió a cinco personas —cuatro de ellas de gravedad— en un bar de Bielefeld, en el oeste del país. El domingo, otro ataque con cuchillo dejó tres heridos, incluido un menor de 12 años, en la ciudad de Halle, al este de Alemania.El criminólogo Dirk Baier explicó al semanario digital Focus que en Alemania se registran, en promedio, 40 robos o agresiones con arma blanca cada día.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la capital es “una ciudad que muere” por problemas relacionados con el agua y la movilidad. Galán aseguró que, lejos de estar en decadencia, Bogotá muestra avances concretos y medibles.Como parte de su réplica, el mandatario distrital destacó que, según cifras del Dane, 564.000 personas superaron la inseguridad alimentaria en 2023. Además, mientras esta problemática aumentó a nivel nacional, en Bogotá se redujo en un 2 % en su forma grave y en un 7,3 % en su forma moderada o grave.Galán también abordó el tema del agua, señalando que el sistema Chingaza alcanzó un 56 % de capacidad, superando en 42 millones de metros cúbicos el nivel esperado para la época. “Lejos de quedarnos sin agua, como usted ha pronosticado sin éxito, aquí las cosas sí pasan”, aseguró el alcalde de Bogotá.Finalmente, criticó que el presidente Petro enfoque sus discursos en Bogotá, mientras la Amazonía enfrenta una emergencia ambiental real. Citando datos de la Procuraduría, Galán alertó que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se deforestaron más de 88.000 hectáreas y se abrieron más de mil kilómetros de vías ilegales, situación que, según el alcalde, el presidente Petro no está controlando.Galán terminó su intervención diciéndole al presidente Petro: “No se preocupe tanto por Bogotá, que la ciudad está más viva que nunca”.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 23 de mayo de 2025:Este fin de semana se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay, con un último cupo para acceder a los cuadrangulares que buscarán el Pasto y Once Caldas.Mateus Uribe habló sobre la fortaleza de su equipo en el Atanasio Girardot. También pidió disculpas por su reacción en un partido anterior y se refirió a la expulsión de Cardona. Carlo Ancelotti fue homenajeado por el Real Madrid tras su salida como técnico. En rueda de prensa, habló del valor emocional del partido de despedida y las decisiones difíciles.En el Giro de Italia, Mads Pedersen ganó la etapa 13. Egan Bernal comentó sobre la dureza de la etapa, su recuperación tras una hernia y la confianza de su equipo.Kevin Londoño, jugador del Bucaramanga, criticó el nuevo formato de la Copa BetPlay, cuestionó la falta de vacaciones para los jugadores y denunció que el sistema prioriza lo comercial sobre lo humano.Escuche el programa completo aquí:
Un caso ha causado molestia en torno al trato del Servicio de Control de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Alex Valencia, de 23 años, fue capturado por estas autoridades en Alaska y estando en el centro de detención perdió el conocimiento, pero lo difícil fue que, en el momento que se despertó, se dio cuenta que le habían amputado su brazo, un pie y un dedo de la mano derecha.De acuerdo con el relato de su madre, Sandra Isabel Valencia, en diálogo con Recap Blu, el viajó a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades y buscando escapar de ola de violencia donde se ubica su familia. Según contó, él se fue por República Dominicana en lancha en 2023 y, primero, llegó a donde la hermana de un amigo, en donde estuvo en diferentes lugares y trabajó en diferentes partes.¿Por qué el ICE capturó a Alex Valencia?Él estaba viviendo con un amigo y la esposa. Estando con ellos tuvo un altercado y terminó en la correccional. Pero luego de varios días, una amiga de la madre fue a buscarlo para saber qué había sucedido y pidieron ayuda para poderle suminístrale medicamentos. La respuesta de la ICE era que él se encontraba bien y no quería ver a nadie en ese momento.Esta fue la razón por la cual lo terminaron amputando, según el ICELa madre vivió días de terror sin saber qué estaba pasando con su hijo y un día recibió una llamada en donde le explicaban que se encontraba muy mal, luego de ser operado del brazo porque había sufrido una infección bacteriana grave, la cual había adquirido en su celda del Centro de Reclusión de Fairbanks."Está en coma, me dijeron. No entendía nada. A los 3 días que lo amputan del codo para abajo del brazo izquierdo, a los 11 días el doctor me dice: 'Debe tomar una decisión, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había amputar (...) Si no tomaba una decisión, me decían que él se moría. A él se le dañaron los órganos y dijeron que era un milagro de Dios. Luego le quitan el respirador, el oxígeno se baja, se queda sin vida por un momento y sufre de una pulmonía muy severa por lo que tienen que trasladarlo a otro hospital. Allá, efectivamente sigue en coma, le hacen una serie de cosas y está más consciente, pero no podía hablar", contó.Su hijo le contó que el sitio no tenía buenas condiciones de salubridad y había negligencia por parte de las autoridades. Según contó la madre, allí no había ni agua ni cuidado alguno por su estado de salud.La familia pide ayudaAlex Valencia sigue en manos del personal médico y continúa en cirugías en "condiciones delicadas" tras estar en coma durante un mes. La madre de Valencia le pide a las autoridades que den explicaciones, o que respondan por lo sucedido. Al menos que le permitan estar allá en su rol de madre para no dejar solo a su hijo en momento tan crítico."Si ellos lo llevan en el primer momento que lo ven mal, esto no estaría pasando (...) Él tiene ilusión de esa prótesis, de caminar", añadió. Pidiendo también apoyo del Gobierno para que al menos puedan traerlo de vuelta a Colombia para su recuperación.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió a su tensa relación con el Gobierno nacional y los pocos recursos que recibe de este, reconociendo esto como una situación que, lejos de afectar a la ciudad, más bien la fortalece."Digamos, si hay un Gobierno nacional que es amigo o no es amigo, o no es de la corriente política nuestra, nos hace fuertes. Nos ha hecho muy fuertes", expresó el mandatario en medio de un conversatorio al cierre del 8vo Encuentro y Feria Renovables, realizado en la capital del Atlántico.Agregó que, en medio de todo, entiende que "hoy hay una situación fiscal muy difícil a nivel nacional"."Cuando se baja el impuesto de renta en 36 billones, que es lo que le está pasando a la Nación, por supuesto, no hay cómo acompañar a las ciudades, pero nosotros hemos entendido las dificultades y nos hemos hecho fuertes, muy fuertes", agregó.
Hasta la denominada “casa de las operaciones criminales del Clan del Golfo”, en la capital del Atlántico, llegaron agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla en medio de un gran operativo que derivó en la incautación de un arsenal de armas y 189 paquetes de droga. La mayor parte de los mismos listos para ser traficados a carteles mexicano.De esa manera lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Edwin Urrego, en medio de una rueda de prensa realizada en la tarde de este viernes 23 de mayo.“Gracias a una orden de allanamiento se logró la incautación de 15 armas de fuego. Asimismo, se logró la incautación de 196 paquetes, cuyo contenido corresponderían 91 de ellos a clorohidrato de cocaína y 105 paquetes dieron positivo preliminarmente para alcalohoides y sus derivados”, afirmó a medios.87 paquetes de cocaína, según conoció Blu Radio, iban a ser traficados para carteles mexicanos y el resto quedarían para distribuir en la ciudad, de la misma forma dicho paquetes tendrían marcas como "Ley 57", Simón Bolívar" y "distintos dibujos animados", los cuales son materia de investigación.El general Edwin Urrego especificó que, al parecer, estos estupefacientes llegaron a la ciudad vía terrestre desde Santa Marta. Además, en dicho lugar se cree que residen un hombre y dos mujeres, quienes al momento del operativo no estaba en el recinto.Entre el armamento decomisado están 10 pistolas marcas Jerichó, Pietro Beretta, .357 Magnum, Taurus y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; tres revólver marcas Colt, Llama Martial y Smith and Wesson; un fusil Smith & Wesson; una escopeta Franchi calibre 12; 20 proveedores 9mm; un chaleco balístico; nueve cargadores de tambor para pistola; nueve cargadores de tambor para pistola; 75 cartuchos para escopeta calibre 12; 38 cartuchos calibre .40; 97 cartuchos calibre .357; un kit de conversión Roni para pistola.Tras este operativo, las autoridades lograron una importante afectación financiera a esta estructura criminal, dado que según la Policía se hablan de pérdidas que superan el millón de dólares.En esa línea, el lugar ubicado en el barrio El Tabor, norte de Barranquilla, al parecer era utilizado para “el almacenamiento de las armas de fuego, dosificación de sustancia estupefaciente y como tránsito para la salida al exterior del clorhidrato de cocaína”.
La alarmante situación en Nueva Venecia, un corregimiento de Santa Marta, ha escalado a niveles críticos, debido a la invasión de una planta acuática invasora llamada Hydrilla verticillata, originaria del sudeste asiático. Desde hace aproximadamente tres meses, la comunidad ha observado una mortandad masiva de peces en la Ciénaga Grande, lo que ha generado preocupación y un llamado urgente a la acción para abordar esta crisis ambiental. César Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Venecia, explicó que la planta ha invadido una extensión de alrededor de ocho kilómetros cuadrados, afectando así, no solo al ecosistema, sino también a la economía local, que depende en gran medida de la pesca. "Esto lo que está generando en nuestro pueblo es pobreza, porque si la gente no tiene que pescar, no tiene qué llevarle a sus hijos", dijo Rodríguez.La llegada de esta planta invasora se ha atribuido a sedimentos y desechos que arrastra el río Magdalena, que se conecta con la Ciénaga Grande, situación que ha llevado a muchos pescadores a cuestionar cómo se permitirá que esta invasión continúe y qué medidas se están tomando por parte de las autoridades. "El pueblo está topado de algas y de madera, proveniente del río Magdalena. Aquí no hay alcantarillado y todo lo que se bota en el pueblo está estancado. Se podrán imaginar a nivel nacional los olores putrefactos que hay en la comunidad, lo que afecta a niños y ancianos, a todo el mundo, porque no podemos soportar los olores y encima de eso se ha provocado mortandad de peces", indicó Rodríguez.Hasta la fecha, la respuesta del gobierno y de las autoridades ambientales ha sido insuficiente. Aunque algunos representantes de la Corporación Autónoma Regional han visitado la zona, la falta de acción concertada ha dejado a la comunidad en gran desamparo. "Le solicito al Estado a nivel departamental, municipal y nacional, poner los ojos aquí, porque somos pobladores de 200 años asentados aquí y si tenemos que emigrar por la falta económica, sería un problema mayor para las ciudades", enfatizó. La comunidad de Nueva Venecia está haciendo esfuerzos significativos para intentar redirigir el flujo de agua y asegurar que las condiciones del ecosistema mejoren, pero enfatizan que se requiere un abordaje más fuerte por parte de las entidades gubernamentales para enfrentar con seriedad la amenaza de esta alga invasora. Escuche la entrevista aquí:
Con la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana y organismos de inteligencia de Venezuela se encuentra la frontera entre Colombia y el vecino país en Paraguachón; todo se debe a las elecciones regionales qué se realizarán este domingo en Venezuela.Sin embargo, son largas las filas de ciudadanos venezolanos intentando salir de Colombia para llegar hasta el estado Zulia para ejercer su derecho al voto o simplemente llevar comida que compran en el municipio de Maicao."Voy hasta Maracaibo para ver si votamos y estamos aquí en la cola para ver qué es lo que es; esto está cerrado todo, dejan pasar de aquí para allá, pero de allá para acá nada", dijo Richard Ramírez, un ciudadano venezolano que intenta ingresar para ejercer su derecho al voto en su país.Debido a esta cierre, también han surgido molestias de parte de quienes intentaban cruzar con niños y no han podido."Para mí es una sorpresa, yo no sabía que estaba cerrado y digo que no es justo porque uno tiene derecho a pasar a su tierra, a su país, para visitar a su familia y no le permiten el ingreso, más que todo por lo niños en estas filas, esto es inhumano para nosotros", dijo Aisquer González, un mujer venezolana que intenta ingresar a su país con sus dos hijos.Las autoridades venezolanas cedieron a habilitar el paso de diez personas cada media hora, pero con la condición que no lleven equipaje tipo carga o grandes cantidades de alimentos.
La indignación de una usuaria de transporte público que grabó el momento exacto en que un conductor de una buseta de la ruta Socorro-Bosque-Manga, manejaba mientras jugaba en su celular, permitió que las autoridades de tránsito en Cartagena sancionarán al hombre.En las imágenes se observa como el conductor manipula de manera irresponsable el timón de vehículo con el antebrazo y los codos, al tiempo que usa las manos para manipular el celular y continuar jugando.Tras conocer el video, el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, José Ricaurte, rechazó el comportamiento del conductor, quien fue identificado y sancionado con una multa de 15 salarios mínimos legales diarios Vigentes, correspondiente a 711.750 pesos.“La conducta de este conductor puso en riesgo su vida, la vida de los usuarios del sistema de transporte y también de los ciudadanos de a pie, no se puede estar repitiendo este tipo de conductas. Invitamos a la ciudadanía a que evidencie y denuncia al departamento de tránsito, situaciones como esta, que consideren ponen en riesgo su vida y la de otras personas, esta es un falta que está tipificada por lo que hcimos todo el proceso sancionatorio con este conducto”, sostuvo el funcionario.El comparendo que le fue interpuesto al conductor, explicó el director del departamento de tránsito, es por cometer una infracción C38 del Código Nacional de Transito, es decir, usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, sin utilizar accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.El Departamento de Tránsito y Transporte de Cartagena informó que, a través de la asistente virtual de la Alcaldía: Catalina, cualquier persona puede reportar estas infracciones de tránsitoen la línea de Whatsapp 323 319 0810.
La Gobernación del Magdalena encendió las alarmas tras recibir una denuncia ciudadana sobre el funcionamiento de un ferry en una zona afectada por un grave proceso de erosión fluvial entre los municipios de Salamina y El Piñón, al norte del departamento.Según registros aportados por la comunidad, la embarcación opera hoy en un punto altamente erosionable, a solo 600 metros de la cabecera municipal de Salamina, lo que representa un riesgo inminente tanto para la integridad de los usuarios como para la estabilidad del terreno.Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Magdalena convocó de manera urgente a una mesa técnica con las principales entidades nacionales y órganos de control. Entre ellas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Invías, Ministerio de Transporte, Cormagdalena, Corpamag, Procuraduría, Contraloría Departamental y la Alcaldía de Salamina.“Esta es una alerta que surge de la ciudadanía y que hemos tomado con total seriedad. El ferry estaba operando en una zona estable, pero luego es movido a un punto de alta erosión. Esto puede agravar aún más la situación y necesitamos respuestas inmediatas de las entidades responsables”, afirmó Vanessa Cárdenas, secretaria de Ambiente del Magdalena.La funcionaria también indicó que se trata de una emergencia en evolución que debe ser atendida con criterio técnico y coordinación interinstitucional. “Desde la Gobernación estamos haciendo el llamado para que cada entidad asista con su representante legal o director, con capacidad de tomar decisiones, porque las medidas que se acuerden en la mesa de trabajo deberán implementarse de inmediato”, resaltó.La situación cobra especial relevancia, dado que esta zona ha sido históricamente golpeada por la erosión del río Magdalena. En años anteriores, eventos similares han puesto en riesgo la conectividad de la región y la seguridad de comunidades ribereñas.La comunidad insiste en que la ubicación actual del ferry compromete no solo la estabilidad del terreno, sino también la seguridad de quienes lo usan a diario. Se espera que la mesa técnica permita tomar acciones concretas y evitar que esta nueva alerta termine en una tragedia anunciada.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una advertencia contundente: los cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Ennaka, enfrentan un riesgo real de extinción física y cultural por cuenta de la violencia que se vive en el territorio.Así lo expresó Scott Campbell, representante del organismo en Colombia, luego de una visita de campo realizada los días 13 y 14 de mayo en esta región.“El riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”, señaló Campbell, quien hizo un llamado directo a los gobiernos nacional, departamental y local para actuar de forma urgente y coordinada.Durante su visita, la ONU verificó múltiples afectaciones que van desde control territorial por grupos paramilitares, reclutamiento forzado de jóvenes y niños, restricciones a la movilidad, hasta la desaparición forzada, masacres y violencia sexual, particularmente contra mujeres indígenas.La situación es alarmante. Solo en el 2024, según el informe, al menos 600 personas del pueblo wiwa fueron desplazadas y se documentaron los asesinatos de líderes como Wilfrido Segundo Izquierdo, indígena arhuaco, y Manuel Moya, presidente de una Junta de Acción Comunal en El Banco, Magdalena.En lo que va de 2025, el organismo ha recibido denuncias sobre cinco homicidios de personas defensoras de derechos humanos y ha documentado una masacre en La Guajira. “Las mujeres indígenas nos dieron un testimonio valiente y angustioso. Nos pidieron que exigiéramos al Estado condiciones mínimas para seguir existiendo como pueblos”, agregó Campbell.La Oficina también advirtió sobre la venta de tierras en Santa Marta para proyectos turísticos sin consulta previa, y el aumento de homicidios: solo en la capital del Magdalena se pasó de 242 homicidios en 2022 a 311 casos en 2024.Frente a este panorama, la ONU recomendó priorizar los derechos de los pueblos indígenas en los diálogos con grupos armados ilegales y fortalecer la presencia estatal en la región. “La tragedia que enfrentan estos pueblos puede contenerse. El Estado colombiano debe actuar, y nuestra Oficina seguirá apoyando los esfuerzos para lograrlo”, concluyó Campbell.
Siendo las 11:30 de la noche de este jueves se confirmó el fallecimiento de Lissi Judith Camargo Noriega, la mujer de 63 años que recibió un disparo en su cabeza por parte de los escoltas del exsenador Gerardo Vecino, quienes pensaron que atentarían contra la vida de su protegido en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.Así se lo confirmó a Blu Radio hace unos momentos, Milton Angulo, hijo de la víctima, declarando que pone todo en manos de las autoridades para que se haga justicia.“El mensaje que enviamos a las autoridades es que logren hacer justicia y capturar a las personas que cometieron este hecho tan atroz con mi mamá. Lo dejamos todo en manos de la justicia colombiana y en manos de Dios”, dijo inicialmente“Hasta el momento no sé nada, mi mamá iba preciso atrás de ese carro en un momento inoportuno. Ella era una docente pensionada que no iba a atentar contra nadie, yo soy un profe universitario y tampoco creo que tengamos algo que ver con atentar contra alguien”, agregó.Milton aseguró que Lissi Judith se montó en la camioneta Duster para ir con su yerno Ángel José Daza Cuello a comprar una medicina y otro par de cosas en Puerto Colombia, luego volverían a su vivienda.Finalmente, Angulo Camargo dijo que recordará a su mamá como una persona alegre y que era muy especial con sus estudiantes.
Un nuevo ataque violento contra una integrante de la población LGTBI+ causa consternación en el país. La lideresa y activista trans de los Montes de María, Nawar Jiménez, de 28 años, fue encontrada muerta en una cuneta a las afueras del municipio del Carmen de Bolívar en un sector conocido “el Blacho”.Según el reporte de la Policía de Bolívar, la víctima, que registra denuncias de amenazas en los años 2019 y 2024, recibió, al parecer, dos golpes en la cabeza con un objeto contundente.“El cuerpo fue hallado en zona boscosa, a unos 30 metros de la vía nacional sobre una cuenta en el municipio del Carmen de Bolívar. La Policía Nacional desplegó un componente especial de Policía Judicial que se desplazó hasta el sitio para recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan determinar el modo tiempo y lugar de este hecho”, señaló el teniente coronel Carlos Vidal, comandante operativo y de seguridad ciudadana de la Policía Bolívar.Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, aseguró que Nawar era víctima del conflicto armado, y lideraba procesos de reparación integral a las personas LGBTIQ+ en este territorio.“Este asesinato, además de que nos tiene muy tristes, nos preocupa por cuatro asuntos. El primero es que es la segunda mujer trans del sujeto de reparación colectiva que es asesinada en el Carmen de Bolívar. Hace dos años fue asesinada La Pola, otra mujer trans en circunstancias muy similares y, pese a que el sujeto de reparación colectiva debe tener una protección especial de la unidad de protección y del Estado, se nota que no lo están haciendo”, precisó.Castañeda pidió a las autoridades que este asesinato sea reconocido como un feminicidio agravado.“Esta situación nos preocupa altamente. Esperamos que este asesinato se investigue con contundencia, pero, sobre todo, que se ponga fin a esta práctica sistemática de violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, que se reconozca que el asesinato de Nawar es un feminicidio. Es un feminicidio agravado porque se trata de una lideresa trans que estaba en alto riesgo en razón de su activismo por las causas LGBT en la región”, sostuvo.El director de Caribe Afirmativo también cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades municipales y departamentales para proteger la vida de las lideresas trans.“En el año 2023 y 2024, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas advirtiendo que las lideresas trans, entre ellas Nawar, estaban en alto riesgo en el territorio, porque se dedicaban al trabajo sexual y no hubo ninguna acción por parte del gobierno territorial ni la Gobernación de Bolívar ni la alcaldía del municipio para responder a esto”.A su vez, la Procuraduría General de la Nación se pronunció pidiendo a las autoridades que identifiquen, individualicen y judicialicen, en el menor tiempo posible, a los autores materiales e intelectuales de este asesinato que calificaron como “horrendo”.“El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reiteró el compromiso de la entidad en la protección de todas las personas en Colombia, sin importar su orientación sexual e identidad de género, e invitó a toda la institucionalidad a trabajar coordinada y articuladamente en procura de defender la vida, justicia y seguridad de la sociedad”, agregó el Ministerio Público.
El gerente general de Afinia, Ricardo Arango, ratificó durante su visita a Barranquilla la crisis financiera en la que se encuentra la compañía, sin embargo declaró que eso no es excusa para pensar en una intervención del Gobierno Nacional.Arango especificó que las dificultades se derivan de un bajo nivel de recaudo, hoy en un 78.5%, y las pérdidas que crecen hasta el 28% por el no pago de los usuarios, aunque tienen positivismo de encontrar una solución.“Llevamos 70 años como grupo económico prestando los mejores servicios públicos en este país y en los departamentos en los que operamos. Tenemos a Quindío, Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander, incluyendo a los cuatro de la región Caribe en los que sirve Afinia. Por lo tanto, EPM ha enviado un mensaje de permanencia”, dijo inicialmente.“Nuestra motivación o compromiso es ser un gestor eficiente de servicios públicos domiciliarios. Entregar Afinia al Gobierno nacional no se ha contemplado en el panorama”, agregó.El gerente de Afinia también se refirió al pago parcial de los subsidios prometidos por el Gobierno nacional, sosteniendo que es un alivio por el momento, pero no soluciona los problemas estructurales a mediano y largo plazo.“El hecho de que hayamos recibido, como efectivamente sucedió esta semana, los subsidios por el periodo 2024 por parte del Gobierno nacional que estaban impagos desde hace mucho rato, pues alivia de cierta manera, pero en términos de mediano y largo plazo no soluciona el problema estructural”, apuntó.“El problema es mucho más profundo. Tiene que ver con la cultura, con las pocas inversiones que hicieron en el pasado los operadores”, agregó.Arango le confirmó a Blu Radio que los usuarios en los departamentos en los opera tienen una deuda con la empresa de hasta 5 billones de pesos, incluyendo los compromisos financieros heredados de Electricaribe, por ello, insistirán en su iniciativa de que la comunidad de los barrios populares consuma energía dependiendo a su poder adquisitivo.En el Cesar se representan la mayor cantidad de las pérdidas, con un 39%.
Tras cinco días de búsqueda en el mar con un robot sumergible de alta tecnología , la Alcaldía de Cartagena confirmó que no se encontraron hallazgos relacionados con la estudiante de medicina Tatiana Hernández, desaparecida hace más de un mes en esta ciudad.El secretario del interior, Bruno Hernández, explicó que se exploraron cerca de 8 kilómetros en inmediaciones de los espolones donde fue vista por última vez la estudiante de medicina, además de otras zonas cercanas a Tierrabomba y Punta Arena.“Es preciso resaltar que lo más importante de esta zona donde se concentró la búsqueda fue en aquellos lugares de difícil acceso para la cual, justamente, requerimos los servicios de esta empresa internacional. Todas las zonas delimitadas para esta búsqueda fueron bajo el criterio de nuestra Armada Nacional que también realizó el acompañamiento, con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Cartagena. En ese orden de ideas, la empresa terminó la búsqueda el día de ayer (miércoles) y entregó su informe final. Ese es el resultado: no se encontró ningún cuerpo”, precisó el funcionario.Entretanto, el secretario del interior señaló que, por ahora no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas que la joven sí haya ingresado al mar, por lo que que las autoridades mantendrán la búsqueda en tierra y agua, igual que la recompensa de hasta de 200 millones de pesos por información.“Esta semana tuvimos cuatro alertas de información, las cuales fueron verificadas por la Policía Metropolitana y que no arrojaron resultado positivo alguno. Vamos a seguir, no vamos a descartar ninguna hipótesis. Con la Fiscalía continuaremos en comunicación constante. Ayer se sostuvo una reunión con la Dirección Seccional de Fiscalías y entendemos que ellos tienen bajo su liderazgo la investigación de este proceso y, cuando lo consideren pertinente, también es posible que emitan algún pronunciamiento sobre aspectos nuevos relevantes del caso”, sostuvo.Por su parte, el capitán de Fragata, Felipe Portilla, comandante de Guardacostas de Cartagena, dijo todas las capacidades de la autoridad marítima se mantendrán disponibles para continuar con la búsqueda.“El comportamiento de un cuerpo de una persona que cae al agua, por lo general tiene un rango de salida en cuatro días aproximadamente. En este momento cada día que pasa es cada vez más complicado encontrar un cuerpo completo”, detalló.Tatiana Hernández, quien realizaba sus prácticas de internado el Hospital Naval de Cartagena, desapareció el pasado 13 de abril luego de salir a “tomar aire” al finalizar su turno.Un video aficionado, sobre las 4:45 de la tarde, captó la ultima imagen que se conoce públicamente de la joven de 23 años. Tatiana, aparece sentada en uno de los espolones frente al mar, a pocos metros del cordón amurallado.
Bajo investigación se encuentra un ataque a bala en el que una docente pensionada resultó herida con un disparo en su cabeza, luego de que escoltas del exsenador Gerardo Vecino abrieran fuego contra el vehículo en el que se movilizaba, en el sector de Punta Roca, perteneciente al municipio de Puerto Colombia, Atlántico.Los hechos se presentaron en la mañana de este jueves 22 de mayo, luego de que Vecino alertara a su equipo de seguridad de que venía siendo, presuntamente, seguido por un carro durante el trayecto hacia su casa, el cual encendió las alarmas cuando se detuvo frente a su casa.Fue entonces cuando los escoltas abrieron fuego contra el vehículo una vez este se estacionó frente a la casa de Vecino, lo que dejó a la mujer de 63 años gravemente herida y a una segunda persona afectada con un disparo en su pierna.El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, asegura que, tras el incidente, verificaron que no había personas armadas dentro del carro y que, además, se encontraban bajo los efectos del alcohol.“La señora se encuentra en delicado estado de salud. De acuerdo con la investigación, tenemos un video en el que se observa lo que sucedió y que, al parecer, fueron tres las personas que dispararon contra el vehículo: los dos vigilantes y, al parecer, el conductor del excongresista. Inicialmente, no se manifestó esa versión, pero se ve que él también sacó su arma de fuego y preliminarmente también vimos los impactos de una pistola que no se tenía inicialmente”, explicó el comandante.Según las versiones que entregaron las personas del vehículo, estas iban con su suegra a visitar a un familiar, pero todo fue interrumpido cuando los vigilantes los atacaron.
La Fiscalía continuó interviniendo este jueves en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En esta diligencia, el ente dejó claro que rechaza "muchísimas de las solicitudes probatorias de la defensa" por no mostrar dichos elementos de prueba "en la etapa o plazo correspondiente", o "por no trasladarlo" al acusador como debe hacerse en el proceso.La fiscal del caso, Lucy Laborde, también insistió al juez que "rechace toda prueba que no haya sido especificada o que carezca de certeza para llevar a juicio", como por ejemplo la solicitud que hizo la defensa para usar una declaración jurada de Day Vásquez. Dice la fiscal que no recibió este elemento por parte del abogado de Petro o por lo menos este defensor no precisó de qué declaración se trata.La Fiscalía también pidió que se inadmita como prueba de la defensa las declaraciones de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, sobre el principio de oportunidad de Day Vásquez.La fiscal dice que la defensa no fue clara en exponer esta prueba, pues daba por hecho que el ente acusador tiene estas declaraciones, siendo que la Fiscalía cuenta con “2.400.000 evidencias recaudadas” y necesita más detalles para saber a cuál testimonio se refiere el abogado de Petro.En esa misma vía, la fiscal rechazó que la defensa quiera usar el juicio para tumbar el principio de oportunidad que firmó Day Vásquez, siendo que este “no es el escenario” para ello. Dice la fiscal Laborde que hay “inexactitud” y falta de veracidad "en la narrativa de la defensa cuando manifiesta que Laura es víctima en el principio de oportunidad de Vásquez", pues Ojeda es reconocida como víctima "en otro proceso diferente".Agrega el acusador que si se pretenden usar declaraciones de Laura Ojeda, el camino sería citarla para que entregue su testimonio.Más declaraciones rechazadasLa Fiscalía, a su vez, pidió no avalar como prueba las supuestas declaraciones que rindió la señora Blanca Gutiérrez bajo gravedad de juramento y que estarían relacionadas con la compraventa de un vehículo Mercedes Benz. Afirma la fiscal que la defensa nunca le trasladó esta prueba y que entre el material que recibió el ente acusador “no existe ningún testimonio de Blanca Gutiérrez”.La Fiscalía también pide que, "por impertinente", se desautorice como prueba de la defensa la entrevista que concedió a un medio de comunicación el investigador Víctor Forero Cortés después de que este salió de la Fiscalía y en la que supuestamente asegura que su salida de la entidad se debió a una persecución política en su contra por liderar la investigación al hijo mayor del presidente.Laborde dice que no le dieron traslado de esta entrevista y que no la conoce; sin embargo, aclara que la Fiscalía sí espera que Forero sea llamado como testigo del ente acusador, ya que él precisamente fue quien lideró al grupo de tareas que adelantó la investigación.La Fiscalía fue insistente en que la defensa, por orden del juez, debía trasladar a la Fiscalía y a la procuraduría todo su material probatorio a más tardar el 23 de abril de 2025, pero según la fiscal Laborde el abogado no lo hizo, sino hasta el pasado 20 de mayo en horas de la noche.
La directora de la ANLA, Irene Vélez, confirmó en su visita a Barranquilla que el proyecto de la línea de transmisión eléctrica Alférez-La Virginia fue adjudicado al Grupo Energía Bogotá, con lo que se robustecerá la “interconexión eléctrica en el suroccidente del país”. Se trata de uno de los proyectos ambientales que estaban frenados y cuya demora ponía a Bogotá en riesgo de un posible desabastecimiento de energía.Pese a que el proceso de licenciamiento inició en el año 2022, Vélez aseguró que “solo hasta 2025 lograron levantarse todas las restricciones para su viabilidad de construcción”.Sobre este tema, la directora de la ANLA explicó que en su momento la iniciativa fue pausada por la realización de una consulta previa, que solo pudo concluirse hasta noviembre de 2024. Sin embargo, aún quedaban algunas restricciones de tipo ambiental, así como otras asociadas a una actividad de parapente que impedían la construcción de 16 de las torres.Por ello, en las últimas horas se logró determinar, a partir de un nuevo análisis, “la viabilidad para construir 14 de esas 16 torres”.Finalmente, Irene Vélez reconoció que aún tienen muchos proyectos pendientes, como las líneas de transmisión en la sabana de Bogotá, algunas de las cuales atraviesan otros departamentos. No obstante, varias de estas líneas están suspendidas debido a la sustracción de áreas de ley segunda, competencia del Ministerio de Ambiente.Vale la pena mencionar que, a inicios de semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que este era uno de los tres proyectos que estaban pendientes por recibir licencia ambiental, y que la no ejecución de los mismos ponía en riesgo el abastecimiento de energía para la ciudad.
A través de un video en el que se observa a maquinaria amarilla operando en el Canal de la Esperanza, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que en las últimas horas se reanudaron las obras de emergencia en La Mojana para mitigar el impacto de las inundaciones provocado por el boquete de ‘Caregato’.La UNGRD insistió en que nunca ordenó la suspensión de estas obras y que, por el contrario, el contratista reanudó los trabajos por instrucción de la entidad, la cual reconoce "la urgencia" de estas labores "para reducir el flujo de agua hacia 'Caregato'".El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, enfatizó en que "esta obra va porque va", pues deben prevalecer los derechos colectivos sobre los particulares."Esta es una obra prioritaria para La Mojana y debe ejecutarse con celeridad. La comunidad no puede esperar. Aquí deben prevalecer los intereses generales por encima de los particulares. Nosotros hemos hecho las cosas bien, mantenemos el diálogo abierto con los propietarios y avanzaremos en las ofertas económicas con quienes acrediten la propiedad en la zona de intervención", afirmó Carrillo.Las obras se habían suspendido debido a las trabas que habían estado poniendo supuestos dueños de predios que reclaman pagos al Gobierno. Según la UNGRD, estas personas no han logrado acreditar la propiedad y estarían exigiendo pagos por predios que no están en el polígono de intervención.En este sentido, la entidad reiteró que “previo al inicio de las obras, la UNGRD había sostenido procesos de diálogo y alcanzado acuerdos con quienes demostraron legalmente ser propietarios de los terrenos”, y dejó claro que “las ofertas económicas continuarán su curso con quienes acrediten dicha propiedad”.