La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, con inhabilidad para ejercer empleo público, quien participó en la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Vélez, Santander, tras detectarse graves fallas en la calidad de la obra.Según el Ministerio Público, durante la ejecución de los tramos en 2021 y 2022, se identificaron deficiencias significativas en los materiales utilizados, además de errores técnicos que obligaron a levantar y volver a construir el pavimento en varios sectores del municipio.Estos hechos evidenciaron un incumplimiento de los estándares mínimos de calidad exigidos para este tipo de obras de infraestructura en un municipio. “La intervención del particular comprometió la funcionalidad del sistema y la inversión pública realizada”, señaló el ente de control, al tiempo que advirtió que estos hallazgos afectan directamente a la comunidad y al acceso digno aagua potable servicios básicos como el agua potable.La Procuraduría destacó que la sanción busca enviar un mensaje claro contra la negligencia en la ejecución de proyectos públicos. Además, recordó que este plan ya había sido objeto de revisión por parte de la Contraloría y de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), debido a constantes retrasos y suspensiones en el contrato.
En Norte de Santander fue reportado el secuestro de Yuliana Lindarte Rolón, hija de un reconocido empresario del sector minero de la zona. La joven, de 20 años, fue raptada el domingo 22 de junio por un grupo de hombres armados que irrumpieron en la finca familiar ubicada en la vereda La Mutis, zona rural del municipio de Los Patios, al suroriente de Cúcuta.De acuerdo con testigos del hecho y videos difundidos en redes los criminales ingresaron por la parte trasera del inmueble, sorprendiendo a Yuliana y a su madre, quién era la única persona que la acompañaba. Los hombres armados con fusiles, intimidaron a la víctima y la obligaron a subir a una camioneta Toyota TXL blanca, que también fue hurtada en el operativo.Hasta el momento, las autoridades no han recibido comunicaciones ni exigencias económicas por parte de los captores. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de un secuestro con fines extorsivos, considerando que la familia posee varias minas de carbón en la región.Organismos de seguridad ya desplegaron operativos en la zona para tratar de dar con el paradero de Yuliana y esclarecer los motivos del secuestro.
Hasta el municipio de Albania llegaron equipos de la Gobernación de Santander y la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), para entregar ayudas humanitarias a 85 familias afectadas por la temporada de lluvias.Miembros de la Cruz Roja acompañaron el evento, enseñando el uso adecuado de cada uno de los kits entregados. Cada núcleo familiar recibió un kit de aseo personal, un kit alimentario y purificadores de agua.El municipio de Albania es uno de los sectores más afectados por la temporada de lluvias, según la OGRD; desbordamientos de quebradas podrían generar derrumbes, afectando la población. Es por eso que el gobierno departamental estará articulando más entregas de ayudas como parte de la respuesta inmediata ante las emergencias que se presentan en el territorio.Las autoridades y organismos de socorro permanecerán realizando monitoreos, en coordinación con los comités municipales, para emitir alertas tempranas.
Un caso de extorsión con tintes personales tiene consternados a los habitantes de Sabana de Torres, Santander, luego de que el Gaula de la Policía Nacional lograra la captura en flagrancia de una mujer que presuntamente venía extorsionando a un ciudadano con quien sostuvo una relación extramarital.Según el reporte de las autoridades, la capturada habría exigido un millón de pesos a su expareja sentimental bajo amenazas directas. De acuerdo con la investigación, lo que inició como un encuentro íntimo fuera del matrimonio terminó convirtiéndose en una pesadilla para la víctima, quien terminó siendo objeto de chantajes y presiones psicológicas.La mujer le enviaba constantes mensajes al hombre, asegurando que si no le entregaba el dinero, le contaría a su esposo sobre la relación y este tomaría represalias violentas en su contra. “La amenaza era directa: ‘si no me das el dinero, mi esposo sabrá todo y te va a quitar la vida’”, relató una fuente cercana al caso.Atemorizado por las posibles consecuencias, el ciudadano accedió en un primer momento a pagar $400.000 como un adelanto de la suma exigida. Sin embargo, ante la persistencia de la extorsionista y el incremento en la presión emocional, el hombre tomó la valiente decisión de acudir a las autoridades.Gracias a la denuncia oportuna, el Gaula activó un plan antiextorsión que permitió organizar un operativo controlado, en el que finalmente fue capturada la mujer justo cuando recibía parte del dinero exigido. En el procedimiento, los uniformados también incautaron un teléfono celular desde el cual se habrían enviado los mensajes intimidantes.La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.El teniente coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos: “No permitiremos que el miedo ni la intimidación vulneren la tranquilidad de las personas. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de extorsión a la línea 165 del Gaula”.Este caso se convierte en un llamado de atención frente a las nuevas formas de extorsión que pueden surgir incluso de relaciones personales, y demuestra la efectividad de la denuncia como herramienta clave para frenar estos delitos.
Luego de confirmarse que solo hasta el 30 de junio se iniciarán los trámites para agilizar los estudios requeridos para obtener el licenciamiento ambiental en el megaproyecto del Canal del Dique, ahora se pronunció el alcalde del municipio de Santa Lucía, Edward Ecker Martínez, una de las poblaciones afectadas y quien afirma que están al borde de inundaciones ad portas de otra temporada de lluvias.Su mensaje fue claro para la Gobernación del Atlántico: se deben realizar obras de prevención en el municipio debido a que los niveles del río Magdalena están en 7.2 metros.Postura que fue apoyada por líderes sociales de la zona como Uriel Ávila, quien no escondió su preocupación."Nos encontramos preocupados debido a los altos niveles, no dejan hacer ni las obras de mitigación e intervención que ayudan a prevenir el riesgo y es una cuestión muy irresponsable, cómo es posible que un proyecto de 3.2 billones lo tengan paralizado, mientras aquí está en juego la vida de más de 1.500.000 personas, no es justo", expresó.El mandatario Edward Ecker fue fuerte en afirmar que la Gobernación debe dejar de decir que “Santa Lucía está blindada y que priorice las inversiones para el municipio”.Por su parte, en el municipio se iniciaron labores, pero por iniciativa de la Gobernación de Bolívar, cuyo líder Yamil Arana publicó en redes sociales con un mensaje que dice “Salvando al pueblo de Santa Lucía”.Sacyr, la firma seleccionada para llevar a cabo este megaproyecto, sostuvo que hasta el momento ha venido cumpliendo con las consultas previas a las comunidades, pero estas exigen la presencia de la ministra de Ambiente y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que conozcan de primera mano la urgencia de estas obras.
En las últimas horas, se dieron a conocer detalles acerca de una repentina gresca dentro de la cárcel La Dorada, en Caldas, que en este caso tuvo como protagonistas al máximo cabecilla de la banda Los Pepes, Digno Palomino, con gran influencia criminal en el Atlántico, y otros altos mandos de la también conocida estructura de Los Costeños.De acuerdo a versiones preliminares, Digno habría ido a buscar junto con dos de sus supuestos aliados a alguien de la banda Los Costeños, y fue allí cuando se dio el enfrentamiento múltiple en el que lo habían herido con un arma blanca.Sin embargo, fuentes oficiales le confirmaron a Blu Radio que en la contienda no fueron utilizados elementos cortopunzantes y que los guardias del penal tuvieron que intervenir para evitar que pasara a mayores.En esa línea, según el relato de la fuente, Palomino sí recibió un par de golpes, pero no fueron de gravedad para un traslado hasta el área de sanidad.La seguridad dentro de la cárcel La Dorada fue reforzada, al mismo tiempo que se abrió una investigación para determinar cuáles fueron las causas que motivaron esta violenta riña.Tanto la banda Los Pepes como Los Costeños están involucrados en un notorio enfrentamiento en el Atlántico por las rentas criminales producto de la extorsión y el tráfico de estupefacientes, teniendo recientemente como “invitado” al Clan del Golfo, con quien también se han registrado contiendas.Estas mismas estructuras están ad portas de una supuesta negociación de paz tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro en medio de una de sus recientes visitas a Barranquilla. La Gobernación del Atlántico se mostró interesada en propiciar los espacios, pero aún no recibe respuesta del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Hasta una zona residencial en la Comuna 7 llegó la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Nacional, quienes efectuaron un operativo que terminó con la desmantelación de una presunta planta ilegal de procesamiento de carne.En el sitio, las autoridades hallaron restos de reses, huesos, grasas y pechugas de pollo sin ningún permiso sanitario o control ambiental. Además, los olores ofensivos y la acumulación de aves de carroña encendieron las alarmas entre vecinos y en la Aeronáutica Civil, que advirtió sobre riesgo para los vuelos en el aeropuerto Yariguíes, especialmente en la pista 21.La intervención terminó con la suspensión inmediata de la actividad en la planta y la apertura de un proceso sancionatorio por contaminación ambiental e irregularidades. A su vez, en el mismo sector se detectó un punto adicional con almacenamiento inapropiado de hidrocarburos, lo cual elevó aún más las alertas de riesgo ecológico.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando actividades ilegales que pongan en peligro la salud pública y la seguridad aérea. “No puede justificarse el derecho al trabajo violando normas ambientales, incomodando a la comunidad o contaminando fuentes hídricas”, indicó Leonardo Granados, secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja.En la intervención, también se retiró basura acumulada en la vía que conecta el corregimiento de El Centro con el Puerto Petrolero, con el fin de evitar nuevos brotes por insalubridad.
Tres personas fueron capturadas por ser los principales señalados de realizar acciones extorsivas y criminales que tenían azotados a comerciantes y habitantes de municipios del Meta y Guaviare. De acuerdo con las autoridades, serían presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que tomaban el control de emisoras locales y comunitarias de forma transitoria para transmitir mensajes intimidatorios. Además, usaban redes sociales para ejecutar esta modalidad ilícita.Víctor Alfonso Umaña Portela, alias ‘JJ Umaña’; Telmo Niño Delgadillo; y Gilbert Alexer Barrera López, conocido como alias ‘Yasir Zapata’, fueron capturados en Villavicencio y San José del Guaviare. Durante los operativos, se incautaron cuatro relojes inteligentes, tres celulares y un dron.A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión. Aunque no aceptaron los cargos, debido a las evidencias y el material probatorio, deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Un total de 21 viviendas fueron consumidas en su totalidad o en un 80 % en un incendio estructural que se registró en un sector de invasión en el barrio Los Lagos de la comuna 13 de Cali, Valle del Cauca.El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo continúa brindando atención y acompañamiento a los ciudadanos damnificados. Al momento van 18 grupos familiares con un total de 61 personas afectadas, ya que aún quedan pendiente algunas familias por censar."Este incendio inició cerca de las 2:30 pm, y por eso vinimos al territorio para hacer la validación de las familias afectadas, y acá son más de 60 personas afectadas en esta emergencia, afortunadamente no tenemos personas lesionadas en este incendio, y seguiremos en la zona para garantizar la vida de las personas", dijo María Alexandra Pacheco, secretaria de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Cali.La emergencia fue controlada por los bomberos de Cali, quienes llegaron al sitio con tres máquinas extintoras, dos carros tanques, una máquina de comando y dos ambulancias. Actualmente, se adelantan labores de remoción de escombros por parte de los organismos de socorro.
Un conductor de servicio de transporte en plataformas digitales fue asesinado en la madrugada de este domingo en medio de un aparente caso de intolerancia, ocurrido en la vía que comunica los municipios de Floridablanca a Bucaramanga.La víctima fue identificada como Julián Esteban Corpas Ortiz, de 31 años. Según las autoridades, el hecho se registró hacia las 3:05 a. m., cuando el conductor realizaba un servicio solicitado desde un salón de eventos ubicado en el barrio Ruitoque Bajo, con destino al barrio Provenza.Según testigos, durante el trayecto el vehículo Julián fue interceptado por tres motocicletas, cuyos ocupantes iniciaron una discusión con el conductor. En medio del altercado, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. La víctima murió al interior del carro.Las primeras hipótesis apuntan a una riña producto de intolerancia social como posible móvil del crimen. Hasta el momento no se han reportado capturas.Efectivos del CTI realizaron el levantamiento del cuerpo y la inspección del vehículo en el lugar de los hechos. Las autoridades iniciarán la investigación para identificar a los responsables.
Hundimientos de gran magnitud ponen en grave riesgo importante vía que comunica Bucaramanga con Bogotá. La Gobernación de Santander, junto con autoridades locales, reiteraron el llamado urgente a INVÍAS y al Ministerio de Transporte, para que se realicen intervenciones inmediatas sobre esta vía de orden nacional.Desde el lugar de la emergencia, el alcalde del municipio de Güespa, Hernando Fontecha, advirtió sobre la pérdida de calidad de vida que podría enfrentar toda la población, si no se atiende con prontitud esta falla geológica. “Si no se actúa pronto, podríamos quedar incomunicados”, advirtió el mandatario municipal.La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander insiste en que los recursos recaudados por los peajes dentro de la jurisdicción santandereana deben reinvertirse en mejorar esta infraestructura vial, que es estratégica para la movilidad del país.La comunidad de los municipios aledaños se unen a la petición del gobierno departamental, para que prioricen esta intervención antes de que el colapso sea irreversible.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó hoy la absolución previa y sentenció a Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', a 52 años de prisión por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico y porte de estupefacientes y de armas.Camargo Ríos no podrá acceder a casa por cárcel y deberá pagar una millonaria multa equivalente a 4.281,33 salarios mínimos.Por varios años, Camargo Ríos fue reconocido como el “Pablo Escobar bumangués”, líder del grupo criminal 'Los de San Rafa', quien dirigió entre 300 y 400 miembros ubicados estratégicamente en barrios del norte de Bucaramanga.Se le responsabiliza de ordenar al menos cuatro asesinatos brutales, entre ellos el de alias 'Máscara', cuyo cuerpo fue enterrado con cemento tras una tortura sistemática. Su banda llegó a gestionar microtráfico de marihuana, bazuco y cocaína, además de poseer un arsenal de guerra.El tribunal se basó en reveladores testimonios de exintegrantes de su organización, quienes narraron cómo Camargo coordinaba desde la madrugada hasta pasado el cierre de negocios narcotraficantes.Mensajes de texto, vigilancia e interceptaciones a celulares fueron evidencias claves para demostrar su forma de operar. Esta sentencia marca un duro golpe contra una de las estructuras más temidas de la región.
En una apuesta histórica por la equidad y la sostenibilidad, 133 familias rurales de Barrancabermeja accederán por primera vez a energía eléctrica. La inversión, que supera los 4.200 millones de pesos, beneficiará a hogares en los corregimientos de Ciénaga del Opón, El Llanito y San Rafael de Chucurí, territorios históricamente desconectados del sistema eléctrico nacional.Rosario Simanca, una de las primeras en recibir la instalación de este sistema fotovoltaico, asegura que varias generaciones de su sector no llegaron a conocer este servicio en sus casas. “Nuestros abuelos y tatarabuelos se murieron sin conocer la luz. Para tener energía, hemos tenido que usar plantas de gasolina. Esta noticia cambia nuestras vidas”, expresó Simanca, también presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Ñeques.El proyecto, que durará ocho meses, contempla la instalación de paneles solares autónomos, baterías de litio, luminarias LED, interruptores y tomacorrientes, según confirmó la Secretaría de Ambiente y Transición Energética.Esta iniciativa hace parte del Plan de Desarrollo Distrital, que busca convertir a Barrancabermeja en la Capital Solar de Colombia.
El Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la validez de la elección de Luis Arnulfo Ramírez López como mandatario del municipio de Molagavita, Santander, para el periodo 2024-2027. La decisión se dio a conocer luego de que los votos denunciados como presuntamente irregulares no alteraron de forma concisa el resultado final de los comicios.El Alto Tribunal resolvió los documentos de apelación interpuestos por los ciudadanos Roberto Ardila Cañas y Nelson Alfredo Jaimes Camacho, quienes buscaban la nulidad del voto, argumentando la presencia de trashumancia electoral, es decir, la participación de votantes no residentes en el municipio, habría afectado la voluntad popular en las elecciones del pasado 29 de octubre de 2023.El tribunal de la Comisión Nacional Electoral encontró que algunas de las cédulas anuladas correspondían a ciudadanos con vínculos reales con Molagavita, lo que permitió al juez de primera instancia inaplicar parcialmente los actos administrativos por considerar que tenían una “falsa motivación”.En el análisis técnico se determinó que Ramírez López seguiría superando en votos a su contendor, así se le descontarán los presuntos 67 votos inválidos, debido a que no se logró “determinar con certeza a quién beneficiaron los votos trashumantes”, según la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, reiteró que el medio de control de nulidad electoral debe sustentarse en pruebas sólidas y verificables.Con esta decisión, Luis Arnulfo Ramírez López se mantiene como alcalde en ejercicio, cerrando así un proceso judicial que generó gran expectativa en la comunidad local.
Con la llegada del receso escolar y el incremento del flujo vehicular, las autoridades en Santander activaron el plan éxodo para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros en las principales vías del departamento.La Policía de Tránsito dispuso varios esquemas de seguridad vial, que estarán desplegados en 11 sectores de prevención ubicadas en los principales corredores como la vía Bucaramanga–San Gil, San Gil–Bogotá, Bucaramanga – Barrancabermeja, Bucaramanga – Medellín, entre otros de alta circulación. Estos puntos contarán con controles operativos, asistencia a conductores y acompañamiento permanente.Las autoridades viales del departamento reiteran el llamado especial a los viajeros para que conduzcan con precaución, debido a las lluvias que se han presentado en varias zonas de Santander.“Estas condiciones climáticas han incrementado el riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra, particularmente en vías como la que comunica San Gil con Bogotá, considerada de alta accidentalidad”, advirtió el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito en Santander.Otra de las recomendaciones que entrega la autoridad vial es revisar el estado técnico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo condiciones de fatiga o de sustancias psicoactivas. El plan se mantendrá activo durante toda la temporada de vacaciones.
En el marco del American Fest, que se lleva a cabo del 20 al 23 de junio en Cúcuta, la Organización La Esperanza participa con un stand dedicado a promover la tenencia responsable de mascotas y brindar servicios novedosos a los visitantes.Entre ellos, se destaca una iniciativa que permite registrar oficialmente a los perros como miembros de la familia, a través de una cédula con nombre, fotografía y apellido de la mascota.Isabel Cárdenas, coordinadora de comunicaciones de la Organización, explicó a que esta cédula simbólica, además de fortalecer el vínculo entre los humanos y sus mascotas, permite acceder a beneficios dentro del Club Esperanza y su red de aliados veterinarios. “Es una opción única para que las personas registren a su mascota y puedan acceder a múltiples beneficios que buscan su bienestar”, afirmó.Otro de los atractivos del stand es la presentación de Salma, una perrita labradora de 12 meses que está siendo entrenada para acompañar emocionalmente a personas que atraviesan procesos de duelo por la pérdida de un ser querido. La labor de Salma hace parte de una apuesta de la Organización por integrar a los animales en el acompañamiento terapéutico.“Salma está siendo entrenada por la escuela El Edén Canino. Fue seleccionada por su temperamento y habilidades para brindar compañía, consuelo y tranquilidad. Su nombre significa ‘calma’ en árabe, y representa valores como la paz, la esperanza y la serenidad, que queremos transmitir a las familias que atendemos”, señaló Cárdenas.La Organización La Esperanza extiende la invitación a los asistentes al American Fest a conocer su stand, participar en las actividades y acceder a los servicios destinados tanto al bienestar humano como al de los animales de compañía.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó un hombre, de 26 años, señalado de haber quemado siete motocicletas que se encontraban guardadas en un parqueadero improvisado ubicado en la carrera 34 con 16BN, sector cancha de microfútbol del barrio Los Ángeles, en el norte de la ciudad.Según señaló el mayor Diego Montealegre Fierro, comandante de la estación de Policía Norte, “los hechos ocurrieron cuando una ciudadana alertó a través del dispositivo PDA sobre la presencia de un hombre que, sin mediar palabra, prendió fuego a las motocicletas. De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en la zona y, tras labores de vecindario, fue identificado y señalado por la comunidad como alias ‘Pedro’”.La reacción rápida de la Policía permitió la ubicación y captura por los delitos de daño en bien ajeno e incendio. Posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía.Las autoridades investigan las razones que llevaron al hombre a quemar las motocicletas. Las pruebas determinarán si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, arremetió contra un congresista, dos concejales de Bucaramanga y un diputado, todos del Partido Verde, por 'tumbar' la tasa de seguridad que se pretende cobrar a partir del mes de septiembre en los recibos de energía. "Danovis Lozano, Carlos Parra y Cristian Avendaño celebran haberle quitado los recursos para la seguridad a Santander. Gracias a su demanda y presuntos vicios de forma, quedó suspendida la norma que nos permitía dotar a la Fuerza pública, reforzar su movilidad y aplicar inteligencia artificial contra el crimen", escribió en su cuenta de X el mandatario.La decisión del Tribunal Administrativo de Santander se dio tras considerarse que el proyecto presentaba presuntos vicios de forma al momento de ser aprobado por la Asamblea Departamental, tras demanda presentada por dirigentes del Partido Verde. El Tribunal argumentó que existen serios cuestionamientos jurídicos sobre el proceso de aprobación y viabilidad financiera de la tasa. Entre los puntos destacados por los demandantes se encuentra la posible violación de lo dispuesto en la Ley 819 de 2003, que exige estudios fiscales previos para cualquier creación de cargas tributarias, y de la sentencia C-340 de 2024, que regula el principio de legalidad tributaria y el respeto al derecho a la igualdad en la imposición de contribuciones.La tasa, avalada por la Gobernación de Santander, estaba destinada a financiar programas de seguridad ciudadana, como la adquisición de drones, instalación de cámaras de vigilancia, patrullas, centros de atención inmediata (CAI móviles) y fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía. Se tenía previsto incluir el cobro en las facturas del servicio de energía, aunque con exenciones para los estratos 1, 2 y 3.El gobernador de Santander dijo que este este año ya van 225 homicidios, 8 feminicidios, 1.659 casos de lesiones personales, 1.834 de violencia intrafamiliar, 126 extorsiones. "¿Eso es lo que celebran?", le preguntó el gobernador de Santander en sus redes sociales a los políticos del Partido Verde que demandaron la ordenanza que le dio vida jurídica a la tasa de seguridad. "Mientras los delincuentes avanzan, ellos frenan las soluciones. Los santandereanos no olvidamos lo que hemos vivido ni lo que hemos hecho para mejorar. Como gobernador, buscaré todas las salidas jurídicas para proteger a nuestra gente y conseguir los recursos que se requieren para seguridad e infraestructura", señaló el mandatario.
Un año y tres meses después del asesinato de María Sabina Solano Suárez, de 58 años, fue hallado responsable y condenado Israel Enrique Álvarez Pérez, quien aceptó el crimen de su exsuegra en venganza con su expareja sentimental.En audiencia un juez con función de conocimiento de Bucaramanga avaló el preacuerdo que suscribió Álvarez Pérez con la Fiscalía, luego de aceptar su responsabilidad en el feminicidio.Según informó la Fiscalía, “los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 15 de marzo de 2024 en la vereda Buenos Aires, sector El Pórtico del municipio de Lebrija (Santander). Allí, apareció abandonado el cuerpo de una mujer de 58 años, con signos de violencia. En el lugar fueron hallados elementos personales y la motocicleta del hoy condenado”.Israel Enrique debe responder por el delito de feminicidio agravado por el cual pagará una condena de 31 años y dos meses de prisión.“La investigación estableció que la víctima estuvo departiendo con Álvarez Pérez en un establecimiento comercial. Días antes, la compañera sentimental del hombre, hija de la víctima, había terminado la relación de pareja debido a los múltiples maltratos a los que era sometida. El ahora sentenciado fue capturado el pasado 18 de marzo, cuando se escondía en una vivienda”, señaló la Fiscalía.
Una racha de accidentes de tránsito se registró en Santander en las últimas 24 horas, dejando como saldo dos personas muertas y tres heridas.El primer caso ocurrió en Barrancabermeja, en el sector de Campo 45, vía al Zarzal, donde dos jóvenes de 19 años que se desplazaban en una motocicleta chocaron con un camión, por causas que aún son materia de investigación.Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro asistencial del puerto petrolero, donde se confirmó la muerte de Miguel Ángel Ochoa Melgarejo. Entre tanto, Víctor Manuel Melgarejo Cruz permanece hospitalizado en estado delicado.Horas después, también en Barrancabermeja, se registró otro accidente frente al centro de eventos, a la altura del hotel Olga Lucía. De acuerdo con las primeras versiones, dos jóvenes que participaban en una caravana de piques ilegales chocaron de frente. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo pronóstico reservado.El tercer accidente ocurrió en la madrugada de este viernes en el municipio de Girón. Jonathan Parra, de 35 años, se movilizaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, chocó con un andén y luego contra un poste de hierro. El impacto le causó la muerte de manera inmediata.El hecho se registró en el retorno ubicado a pocos metros del hotel San Juan, en la vía que conduce a Girón. Según las primeras hipótesis, el exceso de velocidad habría sido la causa del siniestro.También se conoció que murió en una clínica de Bucaramanga una mujer que el pasado martes sufrió un grave accidente en medio de un choque entre dos motocicletas en el centro de la ciudad.Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la prudencia, especialmente a los conductores de motocicletas, para que respeten los límites de velocidad y conduzcan con precaución.
En un hecho que genera alerta y preocupación, las autoridades confirmaron el hallazgo de 68 barras de explosivo tipo Emulind-E, marca Indumil, vencidas y en mal estado, en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la Calle 31 con Carrera 21 de Bucaramanga. El hallazgo se produjo cuando uniformados realizaron una inspección de rutina en el sector tras aviso de una persona dedicada al reciclaje en la zona. Los explosivos, diseñados para uso en explotación minera, fueron encontrados dentro de una caneca plástica azul abandonada entre escombros y material reciclable, a un costado de la estación de servicio DAGAR, lo que generó la inmediata activación de los protocolos de seguridad.Personal especializado de la Policía Nacional, adscrito al grupo antiexplosivos, inspeccionó la escena y determinó que el material hallado se encontraba en avanzado estado de deterioro y vencido desde el 1 de diciembre de 2024, por lo que no representa riesgo inmediato de detonación. No obstante, el solo hecho de su abandono en una zona urbana, cerca de un punto crítico como una estación de combustible, generó preocupación entre los residentes y comerciantes del sector.El Emulind-E es un tipo de explosivo de emulsión industrial fabricado por Indumil (Industria Militar Colombiana), destinado exclusivamente a fines autorizados como la minería y obras de infraestructura. Su comercialización y uso están estrictamente regulados, por lo que su presencia en condiciones irregulares puede representar un delito y una amenaza a la seguridad pública.Aunque el informe policial establece que los explosivos no eran funcionales para una detonación, el caso plantea varias dudas y preocupaciones: ¿Cómo llegaron estos materiales a una zona urbana sin supervisión?.Las autoridades no descartan que el material pueda haber sido descartado intencionalmente por organizaciones ilegales, mineros informales o terceros vinculados a procesos industriales que operan por fuera de los controles legales. También se investiga si este hallazgo guarda relación con otras incautaciones de explosivos vencidos en otras zonas del oriente del país. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha pedido a la ciudadanía mantener la alerta y reportar cualquier objeto sospechoso en zonas públicas, al tiempo que se coordinan nuevas inspecciones en zonas de alta sensibilidad, especialmente cerca de estaciones de servicio, bodegas y recicladoras.Este hallazgo expone la necesidad de una mayor rigurosidad institucional para evitar que explosivos caducos circulen de forma irregular y sean abandonados en zonas urbanas. Además de una respuesta policial, será crucial la articulación entre entidades militares, industriales, ambientales y civiles para garantizar la seguridad pública y evitar que este tipo de incidentes se repitan.
Un juez del Circuito de Bucaramanga condenó a siete años y seis meses de prisión a José Enrique Miranda Cruz, quien fue personero del municipio de Floridablanca durante el periodo 2008-2012, tras ser hallado culpable del delito de concusión.La Fiscalía General de la Nación demostró que el exfuncionario incurrió en actos de corrupción al exigir parte del salario de una funcionaria que él mismo había nombrado como directora financiera en su despacho. Aunque el cargo tenía una remuneración mensual establecida en 2’250.654 pesos, la mujer recibió únicamente 1’500.000 pesos durante más de dos años, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2011.De acuerdo con el ente acusador, la víctima, quien además se encontraba en estado de embarazo durante parte del tiempo en que ocurrieron los hechos, se vio obligada a entregarle personalmente a Miranda Cruz la diferencia mensual de 750.000 pesos.Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al condenado una multa equivalente a 80 salarios mínimos legales vigentes.La Fiscalía destacó que este caso refleja su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los servidores públicos.“Este tipo de conductas son absolutamente inaceptables y más aún cuando se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes están bajo su cargo”, señaló un vocero del ente investigador.
La Alcaldía de Barrancabermeja y el Partido Liberal Colombiano condenaron de manera enérgica el ataque a bala perpetrado en la noche del martes contra la vivienda de la concejal Tania Mogollón, presidenta del Directorio Distrital del Partido Liberal en el puerto petrolero.Según confirmaron las autoridades, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la residencia de la cabildante, ubicada en un sector residencial del municipio. Aunque no se reportaron personas heridas, el hecho generó alarma y rechazo en distintos sectores políticos y sociales.El Partido Liberal emitió un comunicado en el que calificó el atentado como un "acto cobarde" que busca silenciar a quienes alzan su voz contra las extorsiones, amenazas y hechos de sicariato que han afectado a líderes, empresarios y comunidades en Barrancabermeja.“Atentar contra ella es atentar contra el ejercicio democrático y la defensa ciudadana”, expresó el partido, que exigió una investigación pronta y efectiva.Por su parte, la Alcaldía de Barrancabermeja también se pronunció.La Policía Nacional informó que avanzan en la identificación de los presuntos autores materiales del ataque y que actualmente se desarrollan operativos en distintos puntos del municipio para lograr sus capturas.Tania Mogollón, reconocida por su liderazgo en defensa de los derechos ciudadanos, ha sido una de las voces más activas contra la violencia que afecta al distrito. El atentado contra su vida se da en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad de líderes políticos y sociales en el Magdalena Medio.
En el barrio Pueblito Viejo del municipio de Cimitarra, Santander, fue capturado un hombre de 34 años condenado a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.El operativo de captura fue adelantado por la Policía de Santander, en articulación con la Fiscalía General de la Nación. La detención se produjo en vía pública del barrio Pueblito Viejo, como parte de la estrategia Plan Cazador y la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Seccional de Protección y Servicios Especiales.La orden de captura fue emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil, tras una investigación que reveló que los hechos ocurrieron en el año 2014, cuando el ahora capturado abusó sexualmente de una menor de 13 años. La denuncia fue interpuesta por el padre de la víctima.De acuerdo con las autoridades, el proceso judicial se adelantó con base en un sólido acervo probatorio que permitió demostrar la responsabilidad del hoy condenado, señaló la mayor Jenny Marcela Osses Patiño, jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía en Santander.“Esta captura es una muestra del compromiso inquebrantable que tenemos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No descansaremos hasta llevar ante la justicia a quienes atenten contra su integridad”, dijo la mayor Osses.