Cinco meses después de la adjudicación del contrato por cerca de 28.000 millones de pesos para la construcción de cuatro granjas solares en Barrancabermeja, el proyecto aún no inicia su fase de ejecución debido a la falta de los puntos de conexión eléctrica requeridos para su funcionamiento.La iniciativa fue adjudicada el 2 de marzo de 2026 por la Alcaldía de Barrancabermeja a través de Foncolombia, entidad que ha sido objeto de cuestionamientos por la Procuraduía por la adjudicación de contratos públicos. El contrato quedó en manos de la Unión Temporal Solar Barranca 2026, cuyo principal integrante es el contratista Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "Bachiller", reconocido por ejecutar millonarias obras públicas en Santander y el Magdalena Medio.En su momento la Alcaldía de Barrancabermeja señaló que la obra es "un paso histórico hacia la sostenibilidad y el bienestar económico de sus ciudadanos". El proyecto consiste en la construcción de cuatro granjas solares denominadas: El Tiburón y Galias 1, 2 y 3; que estarán estratégicamente ubicadas y diseñadas para transformar la matriz energética local. "Cada una de estas infraestructuras tendrá una capacidad de producción de 993 KWP (Kilovatio-pico), generando un total de 1.750.000 kWh/año (kilovatio-hora al año). Esta energía limpia se traducirá en un alivio directo al costo de las facturas de luz para 5.000 familias barranqueñas", informó a través de un comunicado la Alcaldía de Barrancabermeja. "Con el programa Viviendas Solares, Barrancabermeja se consolida como la capital energética de Colombia, ahora desde la vanguardia de las energías renovables", dijo el alcalde Jhonatan Vásquez. Este proceso con recursos públicos también ha generado controversia porque la adjudicación se realizó seis días antes de las elecciones al Congreso de la República, en las que participó como candidato a la Cámara por el Partido Liberal Jorge Arguello, hijo de Jorge Humberto Arguello Beltrán. El aspirante obtuvo más de 16.000 votos en Barrancabermeja, situación que ha sido cuestionada por veedores ciudadanos, quienes piden esclarecer si existieron garantías suficientes de transparencia durante el proceso contractual.La Electrificadora de Santander confirmó que actualmente se adelanta el trámite para autorizar los puntos de conexión del proyecto. Sin embargo, precisó que el contratista deberá subsanar algunas inconsistencias técnicas antes de que pueda emitirse la aprobación correspondiente, requisito indispensable para iniciar la operación de las granjas solares.Por su parte, la Administración Distrital de Barrancabermeja aseguró que el contratista ya adelantó la importación de los paneles solares y mantiene la meta de entregar las cuatro granjas en febrero de 2027, una vez se superen los trámites pendientes.
Un juez de conocimiento condenó a 30 años de prisión a Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que fue hallado responsable de abusar sexualmente de siete adolescentes entre los años 2014 y 2022 en Bucaramanga.La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar que el entrenador sometió a las víctimas, quienes tenían entre 15 y 17 años, a múltiples agresiones sexuales mientras hacían parte del club deportivo que dirigía y se encontraban en proceso de formación con la expectativa de alcanzar reconocimiento en competencias nacionales e internacionales.El juez lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado. Además de la pena de prisión, fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.Le puede interesar: Entrenador recaudó $30 millones para llevar a niños a un torneo y desapareció con el dineroDe acuerdo con la investigación, la mayoría de las adolescentes se encontraba en condición de vulnerabilidad y, además de los abusos sexuales, fueron sometidas a maltratos psicológicos y verbales mediante humillaciones, descalificaciones e intimidaciones que les ocasionaron graves afectaciones emocionales.Durante el juicio, la Fiscalía expuso que Vega Blanco aprovechó la relación de autoridad y confianza que tenía como entrenador y cuidador para ejercer un control permanente sobre las víctimas e impedir que denunciaran lo ocurrido.En el caso de una de las adolescentes, el fiscal explicó que el hoy condenado creó un ambiente de coacción dentro de los escenarios deportivo, escolar y hasta en el domicilio de la menor, aprovechando la marcada relación de poder que existía entre ambos.Según el representante del ente acusador, el entrenador utilizó violencia física, psicológica y sexual para someter a la víctima, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía expresar un consentimiento libre.La investigación estableció que Vega Blanco "intimidaba a la adolescente exigiéndole esfuerzos excesivos durante los entrenamientos y, cuando ella no accedía a sus pretensiones, aumentaba deliberadamente las cargas físicas como mecanismo de presión. También la amenazaba diciéndole que estaba sola y que no tenía familia, además de recurrir a comportamientos agresivos tanto en el escenario deportivo como en el ámbito académico para mantenerla bajo su control", relató el Fiscal del caso.Para la Fiscalía, estas conductas evidenciaron que el entrenador se valió de su trayectoria deportiva y de su condición de formador para ejercer poder sobre las menores y someterlas a los abusos durante varios años.Con esta condena, la justicia concluyó que el entrenador utilizó el vínculo de confianza construido con las deportistas para cometer los delitos, aprovechando la dependencia que tenían de él dentro de su proceso de formación deportiva.
Cinco cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en una zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar, durante una misión humanitaria que también permitió ubicar tres nuevos sitios donde podrían encontrarse más víctimas.El hallazgo se produjo en un sitio de interés forense ubicado a campo abierto, como resultado de una investigación humanitaria y extrajudicial adelantada en el marco del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar. Las indagaciones permitieron reconstruir información sobre desapariciones ocurridas entre los años 2000 y 2003, recopilar testimonios de las comunidades y orientar las labores de prospección y recuperación.Le puede interesar: Unidad de Búsqueda inició intervención en cementerio de Donmatías para buscar desaparecidosLos cinco cuerpos serán trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI), donde se realizarán los análisis científicos que permitan establecer su identidad y avanzar en su posterior entrega digna a las familias.La operación se desarrolló en una zona de difícil acceso, cercana al río Magdalena, por lo que fue necesario habilitar un corredor humanitario y recorrer durante varios días rutas fluviales para transportar al equipo especializado y los equipos técnicos hasta el lugar de la intervención."A partir de un esfuerzo interinstitucional realizado por el equipo humanitario de la Unidad de Búsqueda en Barrancabermeja logramos la recuperación de cinco cuerpos en zona rural de Cantagallo, gracias a las estrategias del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar", explicó Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio.La misión contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), organizaciones sociales, familias buscadoras y líderes comunitarios, cuyo apoyo fue clave para ingresar al territorio y desarrollar la intervención.Además del hallazgo de los cinco cuerpos, la Unidad de Búsqueda identificó tres nuevos sitios de interés forense, que serán intervenidos en futuras misiones. La entidad señaló que este avance fue posible gracias a la información entregada por las comunidades y al trabajo de documentación realizado previamente en la región."La reconstrucción histórica con las comunidades, su solidaridad y el acompañamiento permanente de las familias buscadoras hicieron posible esta misión humanitaria. A pesar de los retos logísticos y técnicos, fortalecimos la confianza con quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos", afirmó la investigadora de la UBPD, Nelly Güeto.Cantagallo hace parte del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar, donde la Unidad de Búsqueda registra 1.188 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Con este tipo de intervenciones, la entidad busca avanzar en la localización de las víctimas y ofrecer respuestas a sus familias después de años de incertidumbre.
Una nueva jornada de violencia sacudió a Bucaramanga durante las últimas horas. Tres atentados sicariales registrados en distintos sectores de la ciudad dejaron un saldo de cuatro personas muertas y dos más heridas, hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.Uno de los ataques ocurrió entre los barrios Ciudad Bolívar y Los Naranjos, donde hombres armados dispararon contra dos personas. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece bajo atención médica. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.Un segundo homicidio se registró en el barrio Bavaria, en el norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Edward Jair Chaparro Díaz, un migrante de nacionalidad venezolana, quien, según la información preliminar, fue perseguido por desconocidos que se movilizaban en motocicleta. El crimen habría sido perpetrado por tres hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.El tercer hecho violento ocurrió en inmediaciones de la glorieta del Caballo de Bolívar, cerca de la Universidad Industrial de Santander (UIS). En este ataque fue asesinado Pablo Andrés Rodríguez, conocido con el alias de "El Cóndor", tras recibir varios impactos de bala. En el mismo atentado resultaron heridas Julio Mayorga, de 26 años, y Yenifer Velasco, de 25, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.Las autoridades recopilan elementos materiales probatorios, revisan cámaras de seguridad y adelantan entrevistas para establecer los móviles de los ataques y determinar si existe alguna relación entre estos hechos violentos registrados en diferentes sectores de la capital de Santander. La seguidilla de homicidios vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Bucaramanga. En las últimas semanas se han incrementado los casos de ataques con arma de fuego, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariato, lo que ha motivado el fortalecimiento de las investigaciones por parte de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para identificar a las estructuras criminales responsables y evitar nuevos hechos de violencia.
La ausencia de Arelis María Bertel Hernández en su lugar de trabajo fue la primera señal de que algo no estaba bien. La mujer, de 41 años, laboraba en el área de oficios varios de un instituto de salud en Medellín y, al no presentarse a su jornada ni responder las llamadas, sus compañeros avisaron a la empresa y posteriormente a sus familiares. Horas después, su hija la encontró sin vida en el baño de su vivienda, en el municipio de Itagüí, Antioquia.El hallazgo ocurrió sobre las 8:00 de la noche del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio San José. De acuerdo con las autoridades, la joven ingresó al inmueble con ayuda de una empresa de cerrajería tras no lograr comunicarse con su madre durante varias horas.¿Qué se sabe del asesinato de Arelis María Bertel Hernández?Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y establecieron que la víctima presentaba dos heridas ocasionadas con arma blanca: una en el abdomen y otra en la espalda, a la altura del cuello.Las primeras investigaciones indican que, la noche anterior al hallazgo, un hombre ingresó a la vivienda junto con la mujer. Cámaras de seguridad del sector registraron que esa persona abandonó el inmueble unas horas después y huyó con rumbo desconocido.Las autoridades avanzan en las labores para identificar al responsable y establecer cuál fue el móvil del crimen.¿Qué hipótesis investigan las autoridades?Los investigadores analizan diferentes líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.Entre las principales hipótesis se encuentran:Un posible feminicidio.Un intento de hurto.La participación del hombre que ingresó a la vivienda la noche anterior.El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, informó que desde el momento en que se conoció el caso se activó la ruta de investigación. "Se activó la ruta de investigación con todas las autoridades pertinentes y las capacidades tecnológicas para dar con el paradero de esta persona", señaló el funcionario.¿Hay recompensa por información sobre el responsable?La Alcaldía de Itagüí anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al presunto responsable del homicidio.Por su parte, la secretaria de Familia de Itagüí, Leidy Yohana Castaño Vanegas, indicó que no existían denuncias ni solicitudes de medidas de protección por parte de la víctima o de sus familiares relacionadas con situaciones de riesgo.Los allegados de Arelis María también manifestaron que desconocían conflictos con alguna pareja o expareja, por lo que aseguran que las circunstancias del crimen son un misterio.Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas en Antioquia ascendió a 70 en lo corrido del año. Según las autoridades departamentales, cerca del 45 % de estos hechos podrían estar relacionados con presuntos feminicidios, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de cada uno de los casos.
El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.Resultado del Chontico Día hoy, domingo 2 de agosto de 2026El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 2 de agosto de 2026 es el 2067 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los participantes deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.Número ganador: 2067Dos últimas cifras: 67Tres últimas cifras: 067La quinta: 2Cómo jugar el chance Chontico DíaEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifraEstas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.Cuánto cuesta apostarEl Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosCómo reclamar un premio del Chontico DíaEl proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadSegún el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFTMayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.
Un juez de control de garantías envió a prisión a Yulieth Cecilia Angulo Escobar y a otros cuatro presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país. La decisión se produjo tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la investigación para esclarecer completamente los hechos registrados el pasado 16 de julio en Cali.La medida de aseguramiento en centro carcelario cobija también a Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes, según la investigación, habrían desempeñado distintos roles dentro del plan criminal.Fiscalía sostiene que existió un plan para engañar a la víctimaDe acuerdo con el ente acusador, los cinco procesados se habrían concertado para engañar a María Camila Potosí y trasladarla hasta un inmueble ubicado en el sector de Alto de Polvorines.La investigación señala que Yulieth Angulo logró ganarse la confianza de la joven tras fingir durante varios meses que también estaba embarazada. El día de la desaparición la recogió en una motocicleta con el supuesto propósito de acompañarla a una pañalera, pero, presuntamente, cambió el recorrido y la llevó hasta la vivienda donde se habría ejecutado el crimen.Según la hipótesis de la Fiscalía, una vez en el inmueble la víctima fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante y posteriormente le fue extraída la bebé que esperaba.Los delitos imputados y la decisión del juezCon base en los elementos de prueba recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó a los cinco procesados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.Tras analizar la solicitud de la Fiscalía y los argumentos expuestos durante las diligencias, el juez de control de garantías resolvió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.El caso de María Camila Potosí ha generado una profunda conmoción en Colombia desde que la joven fue reportada como desaparecida el 16 de julio, luego de salir hacia un control prenatal.Días después, su cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana al río Meléndez, en Cali. Posteriormente, las autoridades confirmaron el hallazgo de los restos de la bebé, Alahia, mientras avanzaban los operativos que permitieron identificar y capturar a los cinco presuntos responsables.En el curso de la investigación, la Fiscalía ha sostenido que el crimen habría sido planeado con antelación y que cada uno de los implicados cumplió un papel específico dentro del supuesto entramado criminal.Aunque con la decisión judicial los cinco permanecerán privados de la libertad, el proceso continúa en etapa de investigación y serán los jueces de conocimiento quienes, una vez concluya el juicio, determinen si existe responsabilidad penal de los acusados por uno de los casos que más ha impactado al país en los últimos años.
De acuerdo con la Policía Nacional, los capturados serían presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización criminal a la que las autoridades atribuyen acciones de intimidación y expansión hacia diferentes regiones del país.Según el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, alias 'Manuel' y alias 'García' estarían implicados en homicidios, extorsiones y amenazas contra comerciantes, ganaderos y palmicultores, además de realizar labores de observación e inteligencia criminal contra la fuerza pública.Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, una subametralladora, dos pistolas y tres proveedores, material que quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte de la investigación.Tras este operativo, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que el departamento ha fortalecido las acciones de inteligencia y presencia institucional para impedir que organizaciones criminales se establezcan en la región."Desde el mes de julio y con la entrada en los próximos días del nuevo Gobierno, hemos venido intensificando en la región acciones con nuestra Policía y el Ejército en materia de inteligencia y mayor cobertura para evitar que grupos armados ingresen al territorio", afirmó el funcionario.Hernández explicó que las estrategias se concentran en municipios considerados estratégicos por su ubicación geográfica y corredores de movilidad, donde se ha incrementado la presencia de uniformados y las labores de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de expansión de estructuras armadas ilegales.Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas entre la Policía y el Ejército para neutralizar las actividades de organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en Santander.
El Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, anunció la suspensión de los servicios de segundo nivel para los usuarios afiliados a Nueva EPS, medida que comenzó a regir desde el 1 de agosto de 2026.De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, la decisión obedece a situaciones administrativas relacionadas con la falta de pago por parte de Nueva EPS al centro asistencial, lo que impide continuar prestando este tipo de atención a sus afiliados."Invitamos a los usuarios de Nueva EPS que requieran atención de segundo nivel a comunicarse con su EPS para recibir orientación sobre la red de prestación de servicios habilitada. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando una atención oportuna y de calidad dentro de nuestras competencias", señaló el hospital en el documento.Según Rodolfo Borja Nieto, presidente del Sindicato de Hospitales Públicos del Valle del Cauca, la deuda de Nueva EPS con el Hospital Sagrada Familia asciende a cerca de 5.000 millones de pesos, situación que afecta la sostenibilidad financiera de la institución y la continuidad en la prestación de estos servicios especializados. La medida impacta a alrededor de 7.000 usuarios afiliados a la EPS en el municipio de Toro."Se toma esta decisión de suspender todo lo relacionado con el segundo nivel. Se atenderá lo correspondiente a la cápita, pero, de verdad, se verán afectados todos los habitantes del municipio de Toro. Todo el mundo conoce la lejanía que tiene el municipio con otras ciudades y, por eso, toda la comunidad y sus usuarios se verán gravemente afectados", explicó Borja.El dirigente sindical indicó que la suspensión obligará a los pacientes que requieran atención de mediana complejidad a ser remitidos a otros municipios, lo que incrementará los tiempos de desplazamiento y podría dificultar el acceso oportuno a los servicios de salud. Este caso se suma a situaciones similares registradas en otros municipios del Valle del Cauca, donde hospitales públicos han advertido sobre las dificultades financieras derivadas de las millonarias deudas de las EPS.
Una acción de tutela interpuesta por habitantes del municipio de Vetas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue admitida por un juez, en medio de la controversia que ha generado el nuevo procedimiento para la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.Los accionantes son Rosa María Galvis, Karina Andrea Rodríguez, Cristianísimos Ramírez y Alfonso Gelves, quienes dirigieron la acción constitucional contra el Ministerio de Ambiente, representado por la ministra encargada, Irene Vélez Torres.La tutela cuestiona la Resolución 863 del 10 de julio de 2026, mediante la cual el Ministerio creó el procedimiento para adelantar una delimitación progresiva del páramo de Santurbán. Los demandantes sostienen que ese mecanismo desconoce lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que estableció las condiciones para desarrollar un nuevo proceso de delimitación con amplia participación ciudadana.Entre las pretensiones de la tutela está que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la participación ciudadana en asuntos ambientales, el acceso a la información pública, la igualdad y el derecho de petición, al considerar que el procedimiento adoptado por el Ministerio amenaza esas garantías.Además, solicitan que no se aplique la metodología contemplada en la Resolución 863 mientras no se ajuste a los parámetros fijados por la Corte Constitucional, que se dejen sin efectos las actuaciones adelantadas dentro de la consulta pública del proyecto de delimitación progresiva y que el proceso regrese al estado anterior a la expedición de esa resolución.Los accionantes también piden que, antes de adoptar cualquier decisión definitiva, se adelante un proceso integral de concertación y participación con las comunidades de todos los municipios involucrados y que el Ministerio explique de manera expresa cómo fueron analizadas las observaciones presentadas por la ciudadanía.En la tutela argumentan que el Gobierno modificó el alcance de la Sentencia T-361 al cambiar una delimitación integral por un esquema progresivo. Asimismo, aseguran que la consulta pública no garantiza una participación efectiva y que la información técnica fue publicada en formatos especializados que dificultan su comprensión por parte de las comunidades.Los demandantes aclaran que la acción no busca anular una delimitación ya expedida, sino frenar el procedimiento actual antes de que se adopte una decisión definitiva que, según sostienen, podría vulnerar nuevamente los derechos protegidos por la Corte Constitucional.La abogada Gloria Lucía Álvarez, representante de los habitantes de Vetas, afirmó que la tutela fue presentada porque consideran que el Ministerio pretende modificar las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la delimitación del páramo."Líderes de la comunidad han decidido emprender acciones legales contra la ministra de Ambiente saliente, Irene Vélez, porque a menos de seis días de dejar el cargo quiere cambiar las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional para delimitar Santurbán", señaló.Según Álvarez, la Resolución 863 "autofaculta" al Ministerio para delimitar los páramos por partes, lo que, a su juicio, resulta contrario a la integralidad del ecosistema y busca aplicar ese modelo únicamente en Santurbán para delimitar primero los municipios donde existe actividad agropecuaria y minera tradicional.Sostuvo además que la delimitación propuesta extendería la línea hacia zonas que, según la posición de las comunidades, no corresponden a ecosistemas de páramo y que la medida desconoce los acuerdos construidos durante años en el proceso participativo ordenado por la Corte Constitucional.La representante de los accionantes aseguró que la decisión dejaría en condición de ilegalidad a personas que históricamente han desarrollado actividades económicas en la región, mientras, según dijo, persisten problemas de minería ilegal dentro del ecosistema.Finalmente, expresó que esperan un pronunciamiento del juez en los próximos días y que la decisión garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de las comunidades que consideran podrían verse afectadas por la delimitación progresiva propuesta por el Ministerio.
Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 44 años, fue retenido por las autoridades en Bucaramanga tras ser identificado como requerido mediante una Notificación Roja de Interpol por el presunto delito de defraudación informática, informaron la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Migración Colombia.El procedimiento durante un operativo conjunto adelantado por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y funcionarios de Migración Colombia.Según el reporte oficial, la retención se produjo luego de labores de verificación y control a un bus de servicio público que cubría la ruta entre Cúcuta y Medellín.Durante la inspección, las autoridades identificaron al ciudadano y consultaron su información migratoria a través del Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia. Tras la verificación, se estableció que el extranjero tenía vigente una Notificación Roja de Interpol.Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Migración Colombia, donde se confirmó que la Circular Roja había sido emitida por el Juzgado de Garantías N.° 1 del Departamento Judicial de San Martín, en Argentina, por el presunto delito de defraudación informática, lo que permitió formalizar su retención.El coronel Harvey Augusto Silva, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que este resultado evidencia el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y Migración Colombia para fortalecer los controles migratorios y la cooperación internacional en la ubicación de personas requeridas por la justicia."Este resultado refleja el trabajo articulado entre la Policía Nacional y Migración Colombia para fortalecer los controles migratorios y contribuir a la cooperación internacional en la ubicación de personas requeridas por la justicia. Continuaremos desarrollando acciones conjuntas que permitan garantizar la seguridad, combatir la criminalidad transnacional y hacer cumplir la ley", afirmó el oficial.Finalmente, la Policía informó que el ciudadano fue dejado a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán el procedimiento correspondiente de acuerdo con la legislación vigente y los protocolos nacionales e internacionales aplicables a este tipo de requerimientos.
El incendio forestal que se registró durante la tarde y noche de este domingo en el corregimiento de Virolín, zona rural del municipio de Charalá, Santander, fue controlado y extinguido en su totalidad gracias al trabajo conjunto del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Charalá y la comunidad del sector.La emergencia movilizó a los organismos de socorro y a decenas de habitantes de la zona, quienes apoyaron las labores para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas de vegetación o afectara viviendas cercanas.Después de varias horas de trabajo, los bomberos lograron apagar completamente el incendio y realizaron labores de verificación para descartar puntos calientes que pudieran provocar una reactivación de la emergencia.Aunque las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas, recordaron que las altas temperaturas y las condiciones secas que atraviesa gran parte del departamento incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.Entre las principales recomendaciones se encuentran no realizar quemas para la preparación de terrenos o eliminación de residuos vegetales, evitar arrojar colillas de cigarrillo o fósforos encendidos en zonas con cobertura vegetal, no dejar fogatas encendidas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia o al cuerpo de bomberos más cercano.Los organismos de gestión del riesgo también invitaron a los habitantes de las zonas rurales a mantenerse atentos a cualquier señal de humo y a dar aviso oportuno, ya que una respuesta temprana es fundamental para evitar que las llamas se propaguen y ocasionen mayores afectaciones ambientales.Las autoridades reiteraron que, durante la influencia del fenómeno de El Niño y los periodos de bajas precipitaciones, la prevención y la colaboración de la comunidad son fundamentales para proteger los bosques, las fuentes hídricas y la fauna silvestre, además de reducir el riesgo para las poblaciones cercanas a las áreas afectadas.
Las autoridades investigan la procedencia de un video que comenzó a circular en redes sociales durante el fin de semana y en el que aparecen seis hombres armados, vestidos con prendas oscuras, pantalón jean y con el rostro cubierto, lanzando amenazas de muerte contra varias personas en el municipio de Piedecuesta, Santander.En la grabación, los encapuchados se identifican como un supuesto grupo de "limpieza social" y declaran como "objetivo militar" a quienes, según ellos, tendrían vínculos con un hombre al que señalan de participar en actividades delictivas. Además, profieren amenazas contra familiares de esa persona y contra un periodista de un portal de noticias local.Tras conocerse el video, la Policía Metropolitana de Bucaramanga emitió un comunicado en el que informó que activó de inmediato los protocolos institucionales y dispuso todas sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y operativas para establecer el origen de la grabación, verificar su autenticidad e identificar a los responsables.De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, el contenido estaría relacionado con la confrontación entre dos actores delincuenciales que actualmente permanecen privados de la libertad y que, pese a esa condición, continuarían promoviendo acciones de intimidación en medio de disputas por el control de actividades criminales, principalmente en el municipio de Piedecuesta.Según la institución, la difusión del video haría parte de una estrategia para generar temor y zozobra entre la comunidad.Le puede interesar: La Fundación para la Libertad de Prensa denunció amenazas a 4 periodistas en Apartadó, AntioquiaComo parte de la respuesta, la Policía conformó un equipo especial integrado por unidades de Inteligencia, Policía Judicial y el Gaula, que adelanta las labores investigativas y operativas para identificar a los responsables, prevenir posibles afectaciones a la seguridad ciudadana y evitar que este tipo de amenazas se materialicen.La institución también confirmó que estableció contacto con las personas mencionadas en el video para evaluar su nivel de riesgo y, de ser necesario, activar las rutas institucionales de protección y brindar el acompañamiento correspondiente.Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva de la identidad de quienes colaboren con la investigación.
Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en máxima alerta a las autoridades en la vereda Pantanos, jurisdicción del municipio de Charta, Santander, donde las llamas ya han consumido más de 60 hectáreas de cobertura vegetal en una zona del páramo de Santurbán.La emergencia, que permanece activa, es atendida mediante un operativo interinstitucional liderado por el Cuerpo de Bomberos de Matanza y coordinado desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Charta y los organismos de socorro desplegados en el terreno.En las labores de control participan cerca de 50 personas, entre unidades de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de integrantes de la Brigada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la comunidad.Los organismos de emergencia han utilizado herramientas manuales especializadas como batefuegos, bombas de espalda, rastrillos forestales, azadones y machetes para intentar contener el avance de las llamas y proteger las zonas aledañas. Sin embargo, las altas temperaturas y las fuertes corrientes de aire han dificultado las labores de extinción y favorecido la propagación del fuego."Le estamos pidiendo apoyo a la comunidad y a la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento para poder atender esta emergencia lo más rápido posible y evitar un daño mayor", señaló el alcalde de Charta, Andelfo Portilla. Para la atención de la emergencia se dispuso de un amplio componente logístico conformado por vehículos de los diferentes cuerpos de bomberos, las alcaldías de Charta y Tona, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la Policía Nacional.Le puede interesar: Emergencia en Soto Norte: incendio forestal avanza sin control en Charta, SantanderComo parte del fortalecimiento de la respuesta, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apoyo aéreo con un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, que permitiría acelerar las labores de control y contención de la conflagración.El incendio se registra en una zona de alta importancia ambiental del páramo de Santurbán, ecosistema estratégico que abastece de agua a cientos de miles de habitantes de Santander y Norte de Santander. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y hacen un llamado a la ciudadanía a evitar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo u otros elementos que puedan provocar incendios forestales y reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de socorro.
Lo que comenzó como una medida preventiva por la emergencia en el corredor vial hoy tiene al borde del colapso a los negocios que dependen del tránsito de tractocamiones y vehículos de carga.Los comerciantes aseguran que, desde que Invías restringió el paso de vehículos pesados por el sector de Pescadero, la economía de la zona prácticamente se paralizó.Luis Romario Beltrán, administrador de un lavadero de tractomulas, afirmó "las pérdidas van en un 90 % lo que mueve la economía aquí es el transporte pesado, antes recibíamos uno o dos carros diariamente y ahora no llega ninguno. Por eso este lunes vamos a un plantón. No podemos esperar diez meses para una solución mientras nuestros negocios quiebran", aseguró.Por ello, una de las principales solicitudes al Gobierno Nacional e Invías es la instalación de un puente militar que permita restablecer el paso de vehículos de carga mientras se ejecutan las obras definitivas."Lo que pedimos como afectados restaurantes, lavaderos y demás comerciantes, es un puente militar que habilite nuevamente el tránsito de carga pesada", insistió Beltrán.La preocupación también fue expresada por Adrián Antonio Moreno Mancilla, comerciante del sector, quien aseguró que cientos de familias dependen de la actividad económica que genera esta carretera "estamos totalmente damnificados, vivimos de lo que trabajamos y todos tenemos pérdidas, solo le echaron unos viajes de piedra y si vuelve a llover, el río se las lleva otra vez, además, los sábados retiraron el personal que estaba trabajando en el corredor y eso genera más incertidumbre", manifestó.Gonzalo Arenas aseguró que antes de la emergencia llegaban hasta 120 tractomulas diarias, mientras que hoy la actividad desapareció. "Los carros pequeños pasan, pero no se detienen, quienes realmente sostenían nuestros negocios eran los conductores de tractomulas, antes se lavaban cerca de 120 mulas al día y hoy no llega ninguna, pagamos arriendos, servicios y empleados, pero las ventas están por el piso", afirmó.Los comerciantes confirmaron que este lunes 3 de agosto realizarán un paro con bloqueo de la vía Bucaramanga-San Gil, en el punto conocido como el Buey, con el propósito de exigir una respuesta inmediata del Gobierno Nacional e Invías.La afectación en este importante corredor vial, que comunica a Santander con el centro del país, ya completa tres semanas, periodo durante el cual las restricciones al transporte pesado han impactado no solo a los comerciantes de Pescadero, sino también a transportadores de carga y empresas que utilizan esta vía para movilizar mercancías.
Ante la magnitud del incendio, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bucaramanga desplazó un equipo conformado por cuatro unidades bomberiles, quienes viajaron con equipos especializados para enfrentar la conflagración en una zona donde el acceso vehicular es prácticamente imposible.La directora del organismo de socorro, Mónica Avellaneda, explicó que, debido a las condiciones del terreno, no fue posible enviar una máquina extintora."Cuatro unidades bomberiles salieron en apoyo, en la medida en que el incendio ha venido creciendo y requiere ser controlado lo más pronto posible. No pudimos enviar un carrotanque porque nos informaron que por la vía no puede ingresar. Por eso el personal se desplazó en una camioneta con bombas de espalda, oxígeno y las demás herramientas necesarias para atender la emergencia", indicó.La funcionaria explicó que los bomberos solo pueden avanzar en vehículo hasta un punto del recorrido y, desde allí, deben continuar el desplazamiento a pie."Es una zona de muy difícil acceso. Llegan hasta cierto punto en vehículo porque la vía es bastante empinada y el carrotanque no puede ingresar. A partir de ahí deben caminar cerca de 40 minutos con todos los equipos para llegar hasta donde está el incendio", señaló Avellaneda.Las labores se desarrollan de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos de Matanza, que también atiende la emergencia, mientras la coordinación general está a cargo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.Según la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, no se descarta la implementación de nuevas estrategias para contener el incendio, teniendo en cuenta que las llamas continúan activas y amenazan con extenderse sobre una amplia zona de vegetación.La emergencia comenzó sobre las 6:00 de la tarde del sábado y, de acuerdo con las autoridades locales, ya deja más de 20 hectáreas consumidas, principalmente de bosque de pino y cobertura vegetal, lo que representa un grave impacto sobre la fauna y la flora de la región.Mientras avanzan las labores para controlar los tres frentes activos del incendio, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar quemas o cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de incendio, en medio de las altas temperaturas y las condiciones secas que enfrenta el departamento.
El Club Atlético Bucaramanga dio a conocer las medidas que regirán el ingreso al estadio e hizo un llamado a la afición para que el regreso del clásico regional a la capital santandereana se viva en un ambiente de respeto y tolerancia.Entre las principales disposiciones se encuentra el cierre de fronteras, este lunes 3 de agosto en el estadio Américo Montanini. por lo que no habrá ingreso de hinchas del Cúcuta Deportivo, además, estará prohibido el acceso con camisetas, prendas o cualquier elemento alusivo al equipo visitante, tampoco se permitirá el ingreso con prendas de color rojo, negro o vinotinto, ni con dos camisetas superpuestas. Las puertas del estadio serán habilitadas desde las 5:00 de la tarde.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que la medida fue adoptada durante la Comisión Local de Fútbol con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes."En el marco de la Comisión Local de Fútbol se ha tomado la decisión del cierre de fronteras, es decir, no permitir el ingreso de hinchas del equipo visitante. Queremos evitar repetir los hechos que se presentaron en Cúcuta y hacemos un llamado a los hinchas a vivir la fiesta del fútbol en paz", manifestó el funcionario.Las medidas llegan seis meses después de los graves hechos de violencia registrados el 27 de enero de 2026, cuando, tras el empate 2-2 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander, fue asesinado el hincha leopardo Camilo Andrés Rojas en inmediaciones del escenario deportivo. El caso conmocionó al país y reavivó el debate sobre la violencia asociada a las barras del fútbol colombiano.Si bien el comunicado del Atlético Bucaramanga no vincula de manera expresa las medidas con el crimen ocurrido en Cúcuta, las autoridades reconocen que el dispositivo de seguridad busca evitar cualquier incidente durante el clásico. En los últimos días, seguidores de ambos equipos han protagonizado enfrentamientos verbales en redes sociales, donde han revivido el asesinato del hincha leopardo y han intercambiado mensajes provocadores.Finalmente, el Atlético Bucaramanga invitó a la hinchada a convertir el clásico en una verdadera fiesta deportiva.
La emergencia comenzó hacia las 6:00 de la tarde y, pese al trabajo de los organismos de socorro y habitantes del sector, las condiciones del terreno y la presencia de extensas plantaciones de pino han favorecido la rápida propagación del fuego.El alcalde de Harta, Andelfo Portilla, confirmó que la situación se agravó durante la noche."A las 10 de la noche se nos salió de control. Las llamas ya avanzan prácticamente en 360 grados hacia el sector de El Pantano y la parte alta en dirección al municipio. Le estamos pidiendo apoyo a la comunidad y a la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento para poder atender esta emergencia lo más rápido posible y evitar un daño mayor", señaló el mandatario. El alcalde explicó que el incendio afecta principalmente una zona montañosa cubierta por pinos, especie altamente inflamable que ha facilitado la expansión del fuego.Ante la emergencia, el mandatario hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de realizar quemas."Queremos hacer una recomendación a toda la comunidad: están completamente prohibidas las mal llamadas quemas controladas. Debemos evitar cualquier práctica que pueda generar nuevos incendios", advirtió. Desde el municipio de Matanza también se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos para apoyar las labores de control.El comandante de bomberos de Matanza, Óscar Durán, indicó que el incendio presenta tres grandes frentes activos, lo que dificulta las labores de extinción."Estamos brindando apoyo en la atención de esta emergencia por incendio de cobertura vegetal, consumen tres puntos de la montaña bastante grandes, con muchos pinos que sirven como combustible para las llamas, necesitamos apoyo de más cuerpos de bomberos y de todas las entidades que puedan colaborar para combatir este incendio", manifestó.El oficial agregó que uno de los principales retos es llegar hasta los puntos donde se concentra el fuego, debido a las difíciles condiciones del terreno.Mientras tanto, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander coordina acciones para reforzar la atención de la emergencia, que ya deja más de 20 hectáreas consumidas y continúa activa.Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para reportar cualquier nuevo foco de incendio y evitar el uso del fuego en actividades agrícolas o de limpieza de terrenos, teniendo en cuenta las altas temperaturas y las condiciones secas que aumentan el riesgo de propagación.
El Gobierno anunció nuevas recompensas y reveló la identidad de dos de los presuntos responsables de ordenar el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada del sábado 1 de agosto en Cúcuta, ataque que dejó 11 policías y tres civiles heridos.A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encuentra en una licencia temporal de 20 días por un procedimiento médico programado desde el pasado 14 de julio, aseguró que las primeras investigaciones de la Fuerza Pública apuntan a alias 'David' y alias 'Nay', también conocido como 'Nike', ambos señalados como integrantes del ELN, como los presuntos responsables de ordenar la acción terrorista.El Gobierno ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias 'David' y de hasta 150 millones de pesos por alias 'Nay' o 'Nike'. Además, mantiene una recompensa de hasta 350 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los demás autores intelectuales y materiales del atentado."Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán", afirmó Sánchez, y reafirmó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones hasta lograr la captura de los responsables.El anuncio se conoce horas después de que el Gobierno realizara un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto con la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades regionales.Al término de ese encuentro, el Ejecutivo confirmó que elevó de 200 millones a 350 millones de pesos la recompensa por información que permitiera identificar y capturar a los responsables del atentado, antes de individualizar a los presuntos cabecillas señalados por las investigaciones.El ataque fue ejecutado mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos. La explosión dejó 11 policías y tres civiles lesionados, ocasionó daños en viviendas cercanas y obligó a suspender las actividades de la central de abastos.Como parte de la respuesta, también se anunció un refuerzo de las operaciones de inteligencia e investigación criminal y el incremento de las acciones militares contra las estructuras armadas ilegales que operan en Norte de Santander.El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 militares y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana hasta el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.Las medidas también incluyen el fortalecimiento del Plan Candado, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente y el aumento de los controles de seguridad en la región.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su preocupación por el panorama de seguridad que, a su juicio, enfrentará el país después de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.El mandatario departamental afirmó que el principal desafío para las regiones será contener un posible incremento de las acciones de los grupos armados ilegales una vez se produzca el cambio de Gobierno.“El reto de las regiones y de este Gobierno es la seguridad. Algunos departamentos han logrado contener amenazas de grupos armados organizados, pero esto se va a exacerbar después del 7 de agosto”, manifestó Díaz. El gobernador sostuvo que durante los últimos años existió un escenario de menor confrontación como consecuencia de la política de paz del Gobierno saliente, aunque esa afirmación corresponde a su valoración política.“Aquí había un apaciguamiento, un acuerdo entre el Gobierno Nacional con los bandidos para que no se calentara la situación, 'jugando a los congelados como dijeron'. Ahora se viene una andanada grande a partir del 8 de agosto, para lo que tenemos que estar preparados los gobernadores y los alcaldes”, señaló.Díaz también se refirió al nombramiento del general retirado Jorge Eduardo Mora al frente del Ministerio de Defensa y aseguró que tendrá la responsabilidad de recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Pública.“El reto del general Mora es muy grande porque llega a liderar una Fuerza Pública que viene de cuatro años sin que le exijan resultados ni operaciones”, afirmó. El mandatario recordó además su experiencia como gobernador frente a la situación de seguridad en el Magdalena Medio y aseguró que, durante el actual Gobierno, solicitó sin éxito la realización de un consejo de seguridad en Barrancabermeja.“Yo lo viví en el Magdalena Medio, le pedí al presidente en muchas ocasiones un consejo de seguridad en el municipio que sacó el 70 % de los votos en la capital petrolera de Colombia y nunca lo logramos. Entonces, para mí, lo importante es la seguridad”, concluyó.La advertencia del gobernador de Santander se da tras el atentado terrorista registrado en Cúcuta, un hecho que encendió las alertas de las autoridades regionales frente a posibles nuevas acciones de grupos armados ilegales en la zona nororiental del país.
Un trágico inicio de fin de semana se registró en Santander. Tres personas perdieron la vida en dos accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Barrancabermeja y Floridablanca. Las víctimas se movilizaban en motocicleta y, en ambos casos, las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de los siniestros.La primera tragedia ocurrió en Barrancabermeja, donde Sara María Blanco Osorio, de 19 años, falleció en un centro asistencial luego de sufrir un grave accidente de tránsito la noche del viernes.De acuerdo con la información preliminar, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta junto a Steven Gómez cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el vehículo cayó desde el puente del barrio Santa Bárbara, terminando sobre la línea férrea.Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un centro médico. Sin embargo, horas después los médicos confirmaron el fallecimiento de Sara María, mientras que Steven Gómez permanece bajo atención médica por las lesiones sufridas.La muerte de la joven causó profunda tristeza entre familiares, amigos y miembros de una iglesia cristiana de Barrancabermeja, donde participaba activamente en procesos juveniles. Además, trabajaba como creadora de contenido para la empresa Maxi Sandwich.Las autoridades de tránsito avanzan en la recolección de pruebas para determinar qué provocó la caída de la motocicleta desde el puente.Horas después, un segundo accidente volvió a enlutar al departamento. Esta vez el hecho ocurrió en el sector de La Y, en Ruitoque Alto, jurisdicción de Floridablanca.Según el reporte preliminar, dos personas que se movilizaban en una motocicleta Pulsar de placas ABJ-78C perdieron el control del vehículo y se estrellaron violentamente contra un paredón.El conductor y su acompañante sufrieron lesiones de extrema gravedad que les ocasionaron la muerte de manera inmediata en el lugar del accidente. Unidades de tránsito y criminalística realizaron la inspección técnica de los cuerpos y comenzaron las investigaciones para establecer si el exceso de velocidad, una falla mecánica o alguna otra circunstancia provocó el fatal siniestro.Con estos dos hechos, tres personas perdieron la vida en accidentes de motocicleta durante las últimas horas en Santander, una situación que vuelve a encender las alarmas sobre la siniestralidad vial en el departamento y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para los motociclistas.
La historia ha generado conmoción en Santander por el contraste entre la imagen pública de la mujer y el proceso judicial que enfrenta. En el municipio de Charalá, Ángela Carolina Rodríguez creó la fundación Uniendo Colores, una organización desde la que promovía actividades de prevención de la violencia intrafamiliar y protección de niños, niñas y adolescentes.Sin embargo, el Juzgado Primero Penal con Funciones Mixtas de Piedecuesta emitió un sentido de fallo condenatorio en primera instancia en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada, tras considerar probadas las agresiones contra uno de sus hijos.De acuerdo con Hernando Morantes, tío del menor y abogado del padre de la segunda hija de la mujer, durante el juicio fueron escuchados cinco testigos y se presentaron diferentes elementos probatorios. Entre ellos, la declaración del niño, hoy de 10 años, quien relató que presuntamente era golpeado con un palo y obligado a ingerir su propio vómito. El abogado también aseguró que padres de familia del colegio advirtieron en varias oportunidades señales de maltrato y descuido.Como consecuencia de ese proceso, al menor le fueron restablecidos sus derechos y la custodia quedó en manos de su padre.No obstante, Morantes asegura que la preocupación ahora se concentra en la segunda hija de la mujer, una niña de siete años que, según afirma, continúa bajo la custodia de su madre."Queremos hacer una alerta máxima. No entendemos por qué ninguna entidad ha actuado para proteger a esta niña", manifestó el abogado, quien sostiene que la menor habría denunciado en varias oportunidades, ante comisarías de familia, presuntos hechos de violencia sin que, según él, se adoptaran medidas de protección.El jurista también afirmó que, tras conocerse la condena en primera instancia, la mujer abandonó el municipio de Charalá y se trasladó a Bucaramanga con la niña, lo que aumentó la preocupación de la familia por el paradero y las condiciones en las que se encuentra la menor.Según Morantes, la niña también habría manifestado a sus familiares que su madre le dijo que "prefería atentar contra su vida antes que ir a la cárcel", situación que, asegura, ha generado una fuerte afectación emocional en la menor y motivó un nuevo llamado a las autoridades para intervenir de manera urgente.El abogado cuestionó que, pese a existir un fallo condenatorio en primera instancia por hechos de violencia contra uno de los hijos y a las declaraciones que, según él, ha entregado la niña ante distintas autoridades, esta continúe bajo la custodia de su madre.El próximo 6 de agosto, un juez resolverá la apelación de la sentencia. De confirmarse el fallo, la mujer enfrentaría una condena por violencia intrafamiliar agravada.Mientras tanto, la familia insiste en que el proceso judicial no puede ser el único frente de atención y solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las comisarías de familia y a la Fiscalía revisar los casos de maltrato contra menores de edad.
Las autoridades atribuyeron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) el atentado con carro bomba registrado en la madrugada de este sábado frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. El ataque dejó 14 personas lesionadas, entre ellas 11 uniformados y tres civiles, además de importantes daños en instalaciones oficiales y establecimientos comerciales cercanos.De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la explosión ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada, cuando un vehículo tipo NPR, es decir, un camión liviano de carga mediana, acondicionado con explosivos, fue abandonado frente a las instalaciones policiales y posteriormente activado.Las primeras investigaciones señalan como presuntos responsables a integrantes del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, estructura perteneciente al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.Desde el lugar de los hechos, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que el camión fue utilizado para ocultar el material explosivo bajo una carga de productos agrícolas.Según el oficial, el vehículo transportaba papa y zanahoria para camuflar cilindros y tanques equipados con explosivos, los cuales habrían sido activados de manera automática."Todo apunta a que es el ELN. Ese es un 'modus operandi' característico de este grupo terrorista", aseguró el general durante un recorrido por la zona afectada.Rincón confirmó que 11 policías resultaron heridos, de los cuales tres permanecen en estado grave, mientras que otros ocho continúan bajo observación médica. Además, tres civiles que se encontraban en los alrededores también sufrieron lesiones y reciben atención especializada.La detonación, además, provocó daños en al menos seis alojamientos policiales, instalaciones de la operación Esparta y nueve vehículos institucionales.La onda explosiva también afectó un edificio del banco BBVA y un concesionario de vehículos de Automarcol, ubicados frente al comando policial, además de generar afectaciones en la zona cercana a la Central de Abastos de Cúcuta.El general Rincón también fue enfático en que el atentado constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, debido a que la explosión ocurrió junto al centro de sanidad de la institución.Según explicó, el lugar donde impactaron los explosivos presta atención médica permanente a policías y sus familias, por lo que el ataque vulneró la protección especial que tienen este tipo de instalaciones.Información conocida por las autoridades indica que, un día antes del atentado, el 31 de julio, había sido emitida una alerta de inteligencia en la que se advertía sobre la intención de estructuras del ELN de atacar unidades de la Fuerza Pública mediante artefactos explosivos. El reporte también señala que en la jurisdicción tienen presencia los frentes urbanos Carlos Germán Velasco Villamizar y Reinaldo Ardila Gómez, ambos pertenecientes al ELN.De acuerdo con esa evaluación de inteligencia, el atentado haría parte de una estrategia de la organización armada para incrementar acciones violentas en medio del cambio de gobierno, argumentando supuestos incumplimientos derivados del fallido proceso de paz y diferencias por la presencia de otros grupos armados ilegales en la región.Las autoridades también mantienen el seguimiento a posibles riesgos de nuevos ataques en el marco de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto, especialmente en ciudades como Bogotá y Cali, consideradas por los grupos armados como objetivos de alto impacto simbólico.Tras el atentado, el Gobierno nacional convocó un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta con la participación de la ministra de Defensa encargada, la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales.El objetivo de la reunión será definir nuevas medidas estratégicas, tácticas y operacionales para responder a la escalada de violencia en Norte de Santander, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.
La conmemoración reunió a expertos nacionales e internacionales, directivos, colaboradores, fundadores y aliados estratégicos, combinó medicina, innovación, investigación y arte para recordar los principales momentos que han marcado la historia de la organización.Uno de los hechos destacados fue la realización de la primera cirugía cardiovascular en Colombia con el robot quirúrgico Mantra 3, una tecnología que representa la apuesta de la FCV por incorporar herramientas avanzadas para lograr procedimientos más precisos, seguros y eficientes.El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Víctor Raúl Castillo Mantilla, aseguró que el aniversario representa la consolidación de un proyecto que nació con pocos recursos, pero con una visión clara de transformar la atención en salud desde una región.“Cuando uno mira todo lo que ha pasado en estos 40 años queda muy satisfecho. Lo que comenzó como una idea de un grupo de médicos es hoy una institución reconocida en América Latina, que ha salvado muchas vidas y que sigue creciendo para servir mejor a los pacientes”, afirmó Castillo.La FCV inició su recorrido en 1986, cuando un grupo de 12 médicos decidió crear una institución dedicada al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, especialmente en población infantil, en un momento en el que los servicios especializados estaban concentrados en las principales ciudades del país.Con el paso de los años, la organización amplió su capacidad con la creación del HIC Instituto Cardiovascular y posteriormente del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta, consolidando un modelo de atención de alta complejidad que hoy reúne más de 60 especialidades médicas y quirúrgicas.Actualmente, la FCV cuenta con más de 5.000 colaboradores y un ecosistema que integra atención médica, formación, investigación e innovación.Durante la semana de aniversario, la institución desarrolló el Congreso Internacional de Cardiología, un espacio que reunió especialistas de centros médicos de referencia mundial para compartir avances en diagnóstico, tratamiento y nuevas tecnologías aplicadas al cuidado cardiovascular.La celebración también incluyó la presentación de “Órgano Vital”, una escultura del artista santandereano Daniel Castillo elaborada en mosaico vítreo, una pieza que representa el corazón como símbolo de vida, conocimiento y transformación.La obra buscó reflejar el vínculo entre la esencia de la FCV y su evolución durante cuatro décadas: una institución que inició cuidando corazones y que hoy desarrolla soluciones para los desafíos de la medicina moderna.Al cumplir 40 años, la FCV aseguró que su siguiente etapa estará marcada por la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la salud digital y la cirugía robótica.El objetivo, según la institución, es avanzar hacia una medicina más predictiva, personalizada y segura, sin dejar de lado el propósito que dio origen al proyecto.“Estamos viviendo una revolución tecnológica que cambiará la forma de hacer medicina. La Fundación de 2030 será diferente a la que conocemos hoy, pero hay algo que permanecerá intacto: el propósito con el que nació hace 40 años. La tecnología será una herramienta para servir mejor”, afirmó Castillo.