Las autoridades de Santander activaron puestos de mando unificado (PMU) en Bucaramanga, el área metropolitana y varios municipios del departamento para acompañar las movilizaciones programadas y garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como la seguridad de quienes no participarán en las marchas.El secretario del Interior de Santander y gobernador encargado, Óscar Hernández, explicó que “desde las 4:30 de la mañana de hoy 19 de noviembre se encuentra activo el PMU en Bucaramanga, con la participación de las autoridades y el alistamiento de la Policía Nacional para hacer seguimiento a las concentraciones y atender cualquier situación que pueda presentarse”.El funcionario señaló que el propósito es brindar garantías a los manifestantes para que puedan expresar sus inconformidades, sin afectar los derechos de terceros ni permitir que las movilizaciones terminen en hechos delictivos.“En el resto del departamento también se activaron mecanismos de coordinación con las autoridades municipales. Se tiene prevista la instalación de puestos de mando y acompañamiento institucional en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Gil, Landázuri, Socorro, Málaga y Cimitarra”, explicó Hernández.Además, la Gobernación solicitó el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, a través de integrantes del CTI, para que hagan parte de estos espacios de coordinación y cumplan sus funciones de investigación judicial en caso de que sea necesario.
El alcalde de Barrancabermeja, Johathan Vásquez, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella tras los señalamientos en su contra sobre presuntas irregularidades en el manejo de $119.000 millones de regalías para obras en el distrito. El mandatario local defendió la ejecución de los proyectos, rechazó las acusaciones y aseguró que está dispuesto a que los organismos de control revisen su gestión.En sus redes sociales, el mandatario rechazó las denuncias de corrupción en su contra interpuesta por el presidente en la Fiscalía. "El presidente me cuestiona por hacer lo mismo que se hizo con el Fondo Milagro. La diferencia es que en Barrancabermeja las obras avanzan y los resultados se ven. No nos distraemos con polémicas, seguimos trabajando. Me denuncian por hacer obras, no por dejar de hacerlas", escribió en su cuenta de X.Vásquez invitó al presidente Abelardo De La Espriella y a los organismos de control recorran Barrancabermeja "y vean lo que estamos construyendo. Aquí damos la cara", afirmó en sus redes sociales. El alcalde de Barrancabermeja, entregó una entrevista tras las denuncias del presidente al medio de comunicación Red Más Noticias, donde se ratificó en el pronunciamiento que publicó inicialmente en Facebook y que posteriormente borró, al reconocer que su respuesta fue fuerte. “Un lápiz es mucho más poderoso que la pistola que carga”, fue una de las frases que escribió en ese mensaje.El mandatario cuestionó cuestionó en la entrevista que De la Espriella lo señale por la ejecución de obras en Barrancabermeja, mientras, según dijo, el Gobierno nacional impulsa el Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.“Es increíble que el presidente tenga la cara para cuestionarme. Siempre hay enemigos, estamos construyendo cuatro granjas solares”, sostuvo el alcalde quien insistió que los proyectos que adelanta su administración "estarían generando inconformidad en sectores que, según él, se verían afectados por estas iniciativas". El alcalde aseguró que Barrancabermeja avanza en la construcción de cuatro colegios, una nueva terminal de transporte, obras viales para los barrios y cuatro granjas solares. También defendió la participación de Foncolombia en la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías.Explicó que la ley permite a los alcaldes designar entidades ejecutoras y que, en su caso, no le corresponde intervenir en los procesos internos de selección de contratistas. Aseguró que su responsabilidad es exigir que las obras se entreguen con calidad y dentro de los tiempos establecidos.“Lo que me importa es que avancen las obras”, afirmó, al defender la gestión de la entidad ejecutora y cuestionar los resultados del Fondo Milagro, del que dijo que, hasta ahora, no ha concretado obras, mientras que los proyectos designados en Barrancabermeja sí están avanzando.El mandatario invitó al presidente De la Espriella y a los organismos de control a recorrer la ciudad y verificar cada proyecto. “No tengo problema en que revisen nuestra gestión. Al contrario, invito a los organismos de control a que vengan, conozcan y verifiquen cada proyecto”, insistió.
A sus 14 años, Ana Lucía Meneses comienza una nueva etapa de su vida. Después de enfrentar durante más de una década una enfermedad que comprometió el funcionamiento de sus riñones, recibió un trasplante renal que le permitirá recuperar su calidad de vida y retomar actividades propias de su edad.La adolescente, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, se convirtió en la primera paciente pediátrica del Hospital Internacional de Colombia (HIC) Instituto Cardiovascular en recibir este procedimiento y en la paciente más joven trasplantada de riñón en Santander.Su historia comenzó cuando tenía apenas 18 meses, edad en la que fue diagnosticada con cistinosis nefropática, una enfermedad poco frecuente que provoca la acumulación de cristales de cistina en las células y afecta especialmente los riñones. Con el paso de los años, su condición avanzó hasta comprometer gravemente la función renal.En junio de este año ingresó a la lista de espera para recibir un órgano. Tres meses después, su mamá, Claudia Milena Ortiz, recibió una llamada del HIC en la que le informaron sobre la posibilidad de un donante. Madre e hija viajaron desde Ocaña hasta Bucaramanga con la esperanza de que existiera compatibilidad.Después de los exámenes médicos, se confirmó que el riñón era compatible y Ana Lucía fue llevada a cirugía. El procedimiento fue exitoso y el órgano comenzó a funcionar satisfactoriamente.La madre de la adolescente recordó que, antes de recibir esta oportunidad, contemplaban la posibilidad de iniciar un tratamiento de diálisis, un proceso que le generaba preocupación por las implicaciones que tendría para la salud y la vida de su hija.Ahora, Ana Lucía tiene nuevos proyectos: compartir con sus amigos, disfrutar más tiempo con su familia y estudiar Medicina para ayudar a otros niños que atraviesan situaciones similares.Un nuevo programa para niños con enfermedad renalEl trasplante también representa un avance para la atención de pacientes pediátricos en Santander. Desde 2006, el HIC realiza trasplantes renales en adultos, pero ahora, con la puesta en marcha de su programa especializado, amplía esta alternativa de tratamiento a niños y adolescentes.De acuerdo con las cifras entregadas por la institución, actualmente 92 pacientes esperan un trasplante de riñón en Santander. De ellos, cuatro son menores de edad, con edades entre los 11 y 17 años.La implementación del programa requirió la preparación y articulación de especialistas en nefrología pediátrica, cirugía, anestesiología, cuidados intensivos, enfermería y coordinación de donación, entre otras áreas.La doctora Lida Esperanza Martínez Cáceres, nefróloga pediatra y líder del programa, explicó que uno de los objetivos es promover los trasplantes anticipados, es decir, realizarlos antes de que los pacientes necesiten iniciar diálisis, siempre que sus condiciones médicas lo permitan.Con esta nueva capacidad, las familias de Santander tendrán una alternativa de atención en el departamento, sin necesidad de desplazarse a otras ciudades del país para acceder a este procedimiento.Señales de alerta de enfermedades renalesLos especialistas también hicieron un llamado a los padres de familia para prestar atención a posibles señales de enfermedades renales durante la infancia, debido a que algunas pueden avanzar sin presentar síntomas evidentes.Entre las manifestaciones que requieren valoración médica están las infecciones urinarias recurrentes, la presencia de sangre o proteínas en la orina, la hinchazón del cuerpo, el crecimiento inadecuado y la presión arterial elevada.La nefróloga pediatra Pilar Amado recomendó mantener controles médicos periódicos, promover una alimentación baja en sal, incentivar la actividad física y evitar la automedicación como medidas para proteger la salud renal de los niños.El trasplante de Ana Lucía fue posible gracias a una familia que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, tomó la decisión de donar sus órganos. Un acto de solidaridad que hoy le permite a la adolescente tener una nueva oportunidad para cumplir sus sueños.
Este jueves 19 de noviembre, Bucaramanga tendrá restricciones viales por cuenta de las movilizaciones convocadas en el marco del paro nacional. Las concentraciones y marchas afectarán principalmente la movilidad en la Puerta del Sol, la carrera 27 y el centro de la ciudad.De acuerdo con la programación de los organizadores, las primeras concentraciones están previstas para las 5:30 de la mañana en la Puerta del Sol, donde se realizarán dos bloqueos: uno sobre la autopista, en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas, y otro en sentido sur-norte, en el desfogue que conecta con la carrera 27.Posteriormente, a las 9:00 de la mañana, está prevista otra concentración en la glorieta del Caballo de Bolívar. Desde este punto y desde la Puerta del Sol saldrán dos movilizaciones que avanzarán por ambas calzadas de la carrera 27 hasta llegar a la calle 36, donde se unirán para continuar su recorrido hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán.Ante las afectaciones previstas, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga recomendó a los conductores programar sus desplazamientos, evitar los corredores por donde avanzarán las manifestaciones y utilizar vías alternas.Estas son las vías alternas por las manifestaciones en BucaramangaPara quienes se movilicen por la autopista en sentido sur-norte, se recomienda tomar el desvío desde el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y continuar por el costado oriental de la ciudad.Los conductores que se dirijan hacia la autopista desde la diagonal 15, en sentido sur, podrán tomar la vía a Girón, conectar por la calle 67 con el puente de Conucos y continuar por el sector de Cacique para acceder a la vía antigua o retomar la autopista.Para los desplazamientos entre el oriente y el occidente de Bucaramanga, otra alternativa será utilizar el puente de Conucos y la calle 67.Quienes necesiten evitar la carrera 27 podrán movilizarse por las carreras 9, 33, 39 y 40, que operan en doble sentido. También estarán disponibles las carreras 18, 22, 24 y 28, en sentido norte-sur, y las carreras 21, 23 y 36, en sentido sur-norte.En caso de cierres en la calle 36, los conductores que necesiten atravesar la ciudad entre oriente y occidente podrán utilizar la avenida Quebrada Seca y las calles 33, 34, 41 y 45, dependiendo del avance de las movilizaciones y las indicaciones de las autoridades.La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que agentes de tránsito, en coordinación con la Policía Nacional, estarán desplegados en diferentes corredores para orientar a los conductores y regular la movilidad durante la jornada.Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes de tránsito, debido a que los cierres y desvíos podrían variar de acuerdo con el desarrollo de las manifestaciones.
Un nuevo Mega operativo adelantan las autoridades en el Valle de Cauca, esta vez, en 18 municipios del departamento de manera simultánea, se trata de la operación 'Patriot Deval'.Las acciones contra el multicrimen están siendo lideradas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, junto a los comandantes de la Fuerza Pública, como el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional 4 de la Policía; el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle y el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el general Gabriel Andrés Majé.Los operativos iniciaron en la madrugada de este miércoles y se están adelantando de manera simultánea en Tuluá, Pradera, La Unión, Trujillo, Sevilla, Toro, San Pedro, Calima El Darién, entre otros, con el principal objetivo de desaarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, hurto y el homicidio.“Estamos realizando la operación en 18 municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad ciudadana. Vamos a desarticular bandas criminales que le quitan la tranquilidad y la seguridad a los vallecaucanos”, señaló la gobernadora del Valle.A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la ofensiva cuenta con más de 620 policías y se ha logrado la captura de 60 personas, se han incautado más de 1.300 kilos de estupefacientes y también armas de fuego.Esta sería la tercera intervención de esta magnitud en el departamento, tras las operaciones Iron y también Iron 2.0 en la ciudad de Cali, donde se logró capturar cerca de 180 personas en diferentes labores de allanamiento y registro.
El secretario de Guerra (Defensa) de EE.UU., Pete Hegseth, visita este miércoles Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.Mora hizo público la víspera el encuentro -cuando el Pentágono aún no lo había confirmado- y en el que está previsto que se aborden otras cuestiones de la cooperación bilateral en materia de Defensa y de las acciones conjuntas en el marco del Escudo de las Américas."Viene el secretario de Guerra. Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él", aseguró Mora durante una intervención en la Cámara de Representantes.El ministro confirmó que la llegada de Hegseth tiene el objetivo de abordar "temas interesantes" sobre la seguridad y la coordinación entre ambos países para fortalecer la alianza bilateral."Vamos a mirar otros temas interesantes sobre cómo EE.UU. nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", agregó el ministro.El estadounidense C-130 Hercules es un avión de transporte táctico de tamaño medio, el más empleado de su categoría, con modelos de sus múltiples versiones en Fuerzas Aéreas de más de 50 países. Puede cargar 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado.Acercamiento político y militarLa visita de Hegseth se entiende como parte del acercamiento de Washington y Bogotá con la llegada a la presidencia colombiana del ultraderechista Abelardo de la Espriella, tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales con su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026).Más concretamente, la visita se enmarca dentro de la lógica del Escudo de las Américas, una alianza hemisférica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.Colombia se sumó a esta iniciativa poco después de que De La Espriella llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de realineamiento de Colombia con Estados Unidos.El acercamiento bilateral quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De La Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos.La semana pasada también visitó Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien llegó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar entre ambos países.El jefe del Estado Mayor Conjunto visitó el país andino un día antes de que culminaran los ejercicios militares conjuntos que se prolongaron por un mes, y en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.
El Renault 4, conocido durante generaciones como el ‘amigo fiel’, regresa a Colombia con una transformación: deja atrás el motor de combustión y llega con una versión 100 % eléctrica, tecnología de asistencia a la conducción y un diseño renovado.El Renault 4 E-Tech eléctrico inició su preventa el 13 de noviembre, durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Su precio parte de los $99.990.000, una tarifa que estará disponible hasta agotar el inventario y aplica para pedidos realizados durante noviembre y diciembre de 2026.Los interesados pueden reservarlo en el Salón del Automóvil o en cualquiera de los concesionarios Renault del país. Para formalizar el pedido deben pagar un millón de pesos, valor que será reembolsado si el comprador decide no continuar con el proceso de adquisición. Las primeras entregas están previstas para mayo de 2027, aunque la compañía advierte que las fechas pueden variar según la disponibilidad de vehículos y las condiciones logísticas.Renault 4 E-Tech: diseño renovado y 409 kilómetros de autonomíaEl nuevo modelo conserva el concepto versátil de su antecesor, pero incorpora una motorización eléctrica y elementos que actualizan su apariencia. En el exterior se destacan el logo y la parrilla frontal iluminados, los rines diamantados de 18 pulgadas y una altura al suelo de 18,1 centímetros.Estará disponible en cuatro colores: blanco glacial, gris urbano, rojo carmín y azul nube, todos con techo negro bitono.En materia de desempeño, cuenta con un motor eléctrico de 150 caballos de potencia (hp) y 245 Nm de torque. Su autonomía alcanza los 409 kilómetros bajo el ciclo de homologación WLTP, una referencia utilizada para medir el rendimiento de los vehículos en condiciones estandarizadas.El equipamiento también incluye un tablero digital de 10 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño, con Google integrado y conectividad inalámbrica para duplicar los contenidos del teléfono. A esto se suman 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), diseñados para apoyar al conductor durante sus desplazamientos.Carga eléctrica: opciones para conectar el nuevo Renault 4El vehículo admite conexión a una toma doméstica de 110 voltios y también puede utilizar una instalación de 220 voltios, que permite disponer de mayor potencia. La alternativa dependerá de las condiciones de la instalación eléctrica y de las necesidades de cada propietario.Renault-Sofasa no detalló los tiempos de carga para cada modalidad en la información de lanzamiento. Por eso, quienes estén interesados en adquirirlo deberán consultar este aspecto con la marca o los concesionarios antes de realizar la compra.Precio y preventa del Renault 4 eléctrico en ColombiaEl precio anunciado para esta etapa comienza en $99.990.000 y está sujeto a la disponibilidad del inventario. La reserva tiene un valor de un millón de pesos, que será reembolsado si el interesado desiste de la compra.Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa, recordó que el vehículo fue presentado inicialmente como un show car y que ahora llega al mercado colombiano. Para el directivo, el regreso del modelo conecta los recuerdos de quienes conocieron el Renault 4 original con una nueva generación de conductores.Su lanzamiento hace parte de la estrategia de Renault-Sofasa para ampliar su oferta de movilidad eléctrica. La compañía completa 57 años de operación en Colombia y reporta más de 1,7 millones de vehículos ensamblados en el país. Además, trabaja con una meta de electrificación del 40 % de su portafolio.
La Nueva EPS tendrá un nuevo interventor. La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como agente especial interventor de la entidad, luego de aceptar la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarra, quien se apartó del cargo debido a dificultades en su estado de salud que le generaron una incapacidad temporal prolongada.Según la resolución, el Comité de Medidas Especiales recomendó aceptar la renuncia y designar un nuevo interventor en propiedad, al considerar que la permanencia de una figura suplente no era suficiente para garantizar la continuidad de la administración y la ejecución de las medidas que requiere la EPS.El nuevo responsable de la entidad tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad social. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Gestarsalud, cargo que ocupa desde 2024. Ese mismo año fue gerente general de Capital Salud EPS y, entre 2021 y 2022, estuvo al frente de la ADRES.También fue gerente general de Asopagos durante 12 años, entre 2009 y 2021, y trabajó en Colsubsidio en diferentes cargos relacionados con la administración del régimen subsidiado, la seguridad social y el desarrollo de sistemas de información. Es especialista en Seguridad Social.La Superintendencia le ordenó presentar, dentro del mes siguiente a su posesión, un plan de trabajo que deberá incluir la reconstrucción y aprobación de los estados financieros de Nueva EPS, una estrategia de recuperación financiera y la depuración de la información de sus afiliados. Este último proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días hábiles, con una caracterización de los pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y materno-perinatales.Entre las principales obligaciones también está reducir los pendientes en la entrega de medicamentos, mediante un plan de cobertura farmacéutica que garantice el suministro de las tecnologías prescritas dentro de las 48 horas siguientes a la formulación. Además, deberá reorganizar la red de prestadores, formalizar los contratos con las instituciones públicas y privadas y evitar que las diferencias administrativas o contractuales interrumpan los tratamientos de los pacientes.La resolución también establece que el nuevo interventor tendrá que mejorar los sistemas de información, fortalecer los mecanismos de auditoría médica, eliminar barreras administrativas para la atención de pacientes con cáncer y hacer seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutela. Asimismo, deberá adoptar medidas para resolver las controversias contractuales con hospitales y proveedores, y gestionar los riesgos jurídicos y financieros que enfrenta la entidad.El plan tendrá que incluir metas, indicadores de resultados, responsables y cronogramas. La Superintendencia advirtió que no será suficiente con presentar informes o acreditar actividades administrativas: el cumplimiento deberá demostrarse con resultados materiales, verificables y sostenidos.Gutiérrez tendrá cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para aceptar la designación y posesionarse. Una vez asuma, deberá presentar informes mensuales sobre la situación financiera, jurídica, administrativa y técnico-científica de la EPS.La Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa administrativa para administrar desde abril de 2026, una medida que, según la resolución, está vigente hasta el 10 de abril de 2027.
Los primeros cuatro capturados de las 136 personas detenidas durante el megaoperativo contra estructuras delincuenciales en Bucaramanga y el área metropolitana fueron judicializados. Se trata de presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Cabros’, señalados de participar en el homicidio de un adolescente de 15 años ocurrido el 18 de febrero de 2026 en el barrio Paseo de Cataluña, en Piedecuesta.Entre los procesados se encuentra Rudeiker Antonio Rodríguez Fría, mayor de edad, y tres adolescentes. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que los señalados habrían llegado en varias motocicletas hasta el lugar donde se encontraba la víctima con otros dos jóvenes y, posteriormente, habrían disparado de manera coordinada.Según el ente acusador, los impactos de bala causaron la muerte del menor de 15 años. Las capturas y aprehensiones se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el CTI, en coordinación con la Policía Nacional y con apoyo del Batallón Caldas del Ejército. Durante los procedimientos fueron incautadas armas de fuego y elementos cortopunzantes.La Fiscalía informó que a los cuatro procesados les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, y uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Rodríguez Fría, mientras que los tres adolescentes deberán permanecer bajo internamiento preventivo en un centro especializado.Sobre el funcionamiento de esta estructura delincuencial, la Fiscalía señaló que ‘Los Cabros’ presuntamente utilizaban menores de edad para cometer homicidios en medio de disputas por el control de las rentas ilícitas en Bucaramanga y Piedecuesta.Esta es la primera judicialización que se conoce de los 136 capturados durante el megaoperativo contra las estructuras criminales que operan en Bucaramanga y su área metropolitana, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella.
La Universitaria Tecnológica de Santander (UTS) definió la terna de candidatos que participará en el proceso de elección del nuevo rector de la institución para el periodo 2027-2031. La selección fue realizada mediante votación por el Consejo Académico y dejó a tres aspirantes en la recta final.Los candidatos son Orlando Orduz Corredor, Abigail Tello Ríos y Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas, quienes ahora deberán presentar sus propuestas ante la comunidad académica antes de la designación del nuevo directivo.Orlando Orduz Corredor es contador público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente se desempeña como vicerrector académico de la institución educativa. Actualmente estudian unas 22.000 personas en las diferentes sedes de Santander. Por su parte, Abigail Tello Ríos es ingeniera de sistemas de la UNAB y docente de carrera de la institución. El tercer aspirante, Óscar Arnulfo Acosta Cárdenas, es ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y también está vinculado como docente de las UTS, desde hace varios años. El próximo viernes 20 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, los tres candidatos participarán en un foro en el ágora Delfos del edificio Akros de las UTS, donde expondrán sus propuestas ante estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.Posteriormente, el 24 de noviembre, se realizará una consulta virtual entre estudiantes y docentes, habilitada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.Las directivas de la institución aclararon que este ejercicio de participación es consultivo y sus resultados no son vinculantes para la designación del nuevo rector, por lo que la decisión final estará a cargo de las instancias competentes de la institución.El proceso definirá quién asumirá la dirección de las UTS durante los próximos cuatro años, en reemplazo de la administración que termina su periodo a cargo del exrector Omar Lenguerke.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga recibió 31 motocicletas nuevas por parte de la Alcaldía, como parte de la estrategia de fortalecimiento del parque automotor y de las capacidades de respuesta de la institución para atender las necesidades de seguridad en la ciudad.Durante la entrega, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que con esta nueva dotación ya son más de 125 las motocicletas entregadas a la Policía durante su administración, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los uniformados y facilitar los operativos de vigilancia y control en diferentes sectores."Quiero informar a todos los bumangueses que entregamos más de 30 motocicletas para nuestra Policía Nacional. A la fecha hemos entregado más de 125 motos totalmente nuevas con el fin de que nuestra Policía Nacional y su parque automotor sea fortalecido", manifestó el mandatario.Portilla indicó que la adquisición de estos vehículos hace parte de las inversiones realizadas con recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Además, anunció que la Administración avanza en la renovación de más de 200 cámaras de seguridad, que contarán con tecnología de reconocimiento facial y de placas para apoyar las labores de identificación y seguimiento."Este es el fruto de cada aporte, de cada impuesto. Cada vez que usted realiza un pago de sus impuestos lo vemos reflejado en pavimento, en obras, pero también en infraestructura para nuestra Policía Nacional, en seguridad, en orden, en control y en autoridad", expresó el alcalde.
La Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar medidas cautelares urgentes para garantizar la protección ambiental del páramo de Santurbán y evitar que algunas zonas del ecosistema queden desprotegidas antes de que se definan las medidas definitivas de conservación.La petición fue presentada como parte de una intervención en la acción popular que lleva este tribunal sobre la protección de Santurbán. La Defensoría del Pueblo busca que el Ministerio de Ambiente adopte decisiones preventivas, especialmente ante la reducción del tiempo de vigencia de la reserva temporal, que ahora tiene como fecha límite el 4 de marzo de 2027.La preocupación está relacionada con la revocatoria de la resolución 0970 de 2026, que había ampliado la protección de la reserva hasta marzo de 2029 e incluido 75.432 hectáreas. Tras esa decisión del Ministerio de Ambiente, se adelantó el vencimiento de la medida y algunas áreas quedaron por fuera de la figura de protección.Al respecto, la Defensoría advirtió que la decisión no obedeció a nuevos hallazgos científicos que desvirtuaran la necesidad de conservar el territorio."El propio Ministerio señaló que la revocatoria respondió a una irregularidad procedimental y no a cambios en los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que justificaron la ampliación de la reserva", indicó la entidad.Otro de los aspectos que preocupa es que los estudios necesarios para definir la protección definitiva todavía están pendientes. Según la información entregada por el Ministerio al Tribunal, estos trabajos requieren dos fases de un año cada una y, para septiembre de 2026, aún no habían sido contratados.La Defensoría también llamó la atención sobre los resultados de un estudio del Servicio Geológico Colombiano, que identificó similitudes en la composición química del agua de las zonas altas de Santurbán y la encontrada en aguas subterráneas asociadas a algunas labores mineras."Si bien estos resultados no permiten establecer cómo fluye el agua subterránea ni determinar el grado de afectación de fuentes hídricas específicas, esta incertidumbre científica justifica la aplicación del principio de precaución", señaló la entidad.Entre las medidas solicitadas al Tribunal está ordenar al Ministerio de Ambiente que, en un plazo máximo de 60 días, evalúe si los instrumentos de protección vigentes son suficientes, con especial atención a los sectores que quedaron por fuera de la reserva. También pide que no se permita el vencimiento de la medida temporal sin una decisión definitiva que garantice la continuidad de la protección ambiental.Adicionalmente, solicita un informe sobre el avance de los estudios técnicos, un cronograma con las actuaciones pendientes y garantías de participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre el futuro del páramo.
Las consecuencias del incendio forestal que afectó el páramo de Berlín, en Santander, en enero de 2024, fueron más graves de lo que inicialmente se había estimado. Una investigación de la Universidad Industrial de Santander estableció que aproximadamente el 31 % de los frailejones afectados por la emergencia murió durante el año siguiente al incendio, pese a que algunos habían resistido inicialmente las llamas.El hallazgo fue posible gracias a una investigación que utilizó drones, inteligencia artificial y tecnología de imágenes multiespectrales para identificar y monitorear más de 86.000 frailejones en un área de 83 hectáreas afectada por el fuego.El estudio Permitió establecer que la mortalidad de estas plantas no se produjo únicamente durante la emergencia, sino que continuó durante los meses posteriores, debido a los daños que dejó el incendio y que afectaron su capacidad de recuperación.Hoover Fabián Rueda Chacón, profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explicó que la metodología permitió identificar y hacer seguimiento individual a miles de frailejones del género Espeletia, incluso en terrenos de difícil acceso.La investigación combinó inteligencia artificial, visión por computadora e imágenes capturadas mediante drones, herramientas que facilitaron el análisis de poblaciones completas y permitieron superar las limitaciones de los métodos tradicionales de observación.Los resultados fueron publicados en la revista científica internacional Remote Sensing Applications, en el artículo titulado 'Mapeo asistido por inteligencia artificial de plantas gigantes en roseta del páramo mediante imágenes multiespectrales capturadas con drones revela mortalidad tardía después de un incendio'.El incendio forestal ocurrió en enero de 2024 en el páramo de Berlín, un ecosistema estratégico para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua en Santander y Norte de Santander.Aunque las llamas fueron controladas, la investigación de la UIS demuestra que el impacto ambiental no terminó con la extinción del fuego. Una parte importante de los frailejones que inicialmente parecían haber sobrevivido terminó muriendo durante los meses siguientes.Este hallazgo pone en evidencia la importancia de mantener el monitoreo de los ecosistemas afectados por incendios forestales, incluso después de superar la emergencia, y aporta nuevas herramientas tecnológicas para evaluar los daños y orientar futuros procesos de restauración ambiental.
Los hechos investigados ocurrieron el 18 de febrero de 2026, en el barrio Paseo Cataluña de ese municipio. De acuerdo con las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía, la víctima caminaba junto con otros dos jóvenes cuando habría sido atacada con armas de fuego.Las evidencias recopiladas por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) y de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) indican que los señalados responsables habrían descendido de varias motocicletas y disparado de manera coordinada contra el adolescente.Los impactos de bala le causaron la muerte. A partir de los elementos recopilados durante la investigación, las autoridades avanzaron en la identificación y ubicación de los presuntos responsables, quienes fueron vinculados al proceso por su posible participación en el homicidio.Durante los procedimientos de registro, allanamiento, captura y aprehensión fueron incautadas armas de fuego y armas cortopunzantes.La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con la responsabilidad individual que les atribuye dentro de la investigación, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las audiencias.En el caso de Rudeiker Antonio Rodríguez Fría, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. De esta manera, el adulto deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal relacionado con los hechos investigados.Los otros tres procesados, por tratarse de menores de edad, recibieron una medida de internamiento preventivo en un centro especializado, conforme al trámite correspondiente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales convocaron para este miércoles 19 de noviembre una jornada de paro nacional con la que buscan rechazar el proyecto de ley de rescate económico, al considerar que contempla nuevos impuestos que afectarían principalmente a los trabajadores, la clase media y los sectores de menores ingresos.En Bucaramanga, la movilización comenzará a las 10:00 de la mañana en el sector de la Puerta del Sol. Desde allí, los manifestantes tomarán la carrera 27 hasta llegar a la calle 36 y continuarán hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde está previsto el punto de llegada.Jorge Enrique Cortés, directivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), invitó a los ciudadanos a participar en la jornada y cuestionó los efectos que, según dijo, tendría la propuesta tributaria sobre los hogares y las pequeñas empresas."Queremos invitarlos a todos para que se movilicen, no solo por el problema del IVA que le generaría más hambre a este país, sino porque está imponiendo impuestos a las personas que ganen hasta de tres salarios mínimos en adelante. Eso significa que entrarían a declarar renta muchos colombianos pobres, pero además les baja los impuestos a las multinacionales y pone impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Esto es injusto y va en contra de los trabajadores más pobres de este país", señaló.Por su parte, Raúl Hernández, presidente de la CUT en Santander, aseguró que la principal razón de la protesta es rechazar el proyecto de ley de rescate económico."Este paro tiene como objetivo rechazar enfáticamente el proyecto de ley llamado de rescate económico, que no es más que una mega reforma tributaria que descarga el peso con más impuestos sobre los hombros de la clase trabajadora, de la clase media y de los sectores menos favorecidos de la sociedad", manifestó.A las razones económicas se suman otros reclamos frente a las políticas del Gobierno nacional. Wilson Ferrer, fiscal de la CUT Santander, indicó que la jornada también busca expresar inconformidad con los compromisos que, según los sindicatos, no se han cumplido.Desde el sector universitario, Eugenio Cueto, representante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) de la UIS, respaldó la convocatoria y advirtió sobre las dificultades presupuestales que enfrentan las instituciones de educación superior."En el sector universitario, este año muchas universidades van a dejar de recibir una cantidad importante de su presupuesto, lo cual va a crear un hueco financiero que va a hacer muy difícil el cierre financiero del año", explicó.Seguridad durante la movilizaciónFrente a la jornada de protesta, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que se realizó un Consejo de Seguridad con las autoridades para coordinar las medidas de acompañamiento y garantizar el desarrollo de la movilización.El mandatario aseguró que se respetará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que habrá intervención de las autoridades ante posibles hechos de vandalismo o situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía."Culminado el Consejo de Seguridad con todas las autoridades. Garantizamos la protesta pacífica, pero actuaremos conforme al Decreto 1525 para proteger la vida y proteger la libre locomoción junto a los bienes públicos y privados. El vandalismo no tiene cabida en Bucaramanga", expresó.Las autoridades acompañarán la movilización, mientras que los sindicatos esperan una participación masiva en esta jornada nacional de protesta.
El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la alcaldía a comprometer más de $540.000 millones mediante vigencias futuras excepcionales, con recursos proyectados hasta el año 2041.La iniciativa recibió 16 votos a favor y tres en contra. Entre quienes respaldaron el proyecto estuvieron los concejales Daniela Torres y Camilo Machado, ambos de oposición. Por su parte, Jorge Flórez y José David Cavanzo votaron negativamente.Los recursos estarán destinados a financiar diferentes servicios y proyectos del municipio, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar, el transporte escolar, la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas oficiales.También se contempla financiación para fortalecer la seguridad en los colegios y ejecutar la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario El Carrasco.Durante la discusión, varios concejales expresaron inquietudes por el impacto fiscal que representa comprometer recursos de futuras administraciones hasta 2041. Por esta razón, solicitaron explicaciones técnicas, financieras y jurídicas a los funcionarios de la Alcaldía.El proyecto fue presentado por la Administración Municipal y tuvo como ponente al concejal Luis Ávila. Finalmente, recibió el respaldo mayoritario de la plenaria.Es importante precisar que la aprobación de las vigencias futuras no significa que los más de $540.000 millones se ejecutarán de manera inmediata. La autorización permite comprometer recursos de presupuestos de los próximos años, pero cada proceso contractual deberá cumplir los respectivos requisitos legales y administrativos.La decisión le permite a la Alcaldía proyectar la financiación de servicios esenciales y obras que tendrán compromisos presupuestales durante las próximas administraciones.
Como Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue identificada la mujer que murió en un presunto caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Lebrija, Santander. Por este hecho, la Policía Nacional ubicó y presentó ante la Fiscalía General de la Nación a su compañero sentimental, un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana, señalado de estar involucrado en el crimen.El caso se registró en una vivienda ubicada en el barrio Alto del Paraíso. Cuando los uniformados llegaron al inmueble encontraron a la mujer sin signos vitales y procedieron a asegurar la escena para permitir el trabajo del CTI de la Fiscalía. De acuerdo con las primeras informaciones, la muerte se habría producido por asfixia, hipótesis que deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses.Tras conocer el caso, unidades de la Estación de Policía de Lebrija adelantaron labores de vecindario, recolección de información y búsqueda del presunto responsable. Estas acciones permitieron ubicar a Kenyer Riera, de 31 años, en la vereda La Renta, donde, según el reporte policial, habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos.El señalado fue dejado a disposición de la Fiscalía para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.La mujer habría sufrido violencia física y psicológicaUno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, según la información recopilada por las autoridades y los testimonios de familiares, Yuris Tatiana Gálvez habría sufrido episodios reiterados de violencia física y psicológica por parte de su compañero sentimental.La pareja llevaba aproximadamente dos meses viviendo en el barrio Alto del Paraíso y anteriormente había residido en la vereda La Renta, donde se dedicaba a labores del campo.Los testimonios también advierten sobre posibles antecedentes de violencia intrafamiliar que, al parecer, no habían sido denunciados ante las autoridades.La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este crimen que enluta a una familia en Santander.
Habitantes y comerciantes de Bucaramanga y su área metropolitana protestaron frente a las instalaciones de la Electrificadora de Santander (ESSA) por los elevados cobros en las facturas de energía. Los usuarios aseguran que, pese a mantener los mismos hábitos de consumo, los recibos han aumentado considerablemente en los últimos meses, afectando la economía de los hogares y la estabilidad de los pequeños negocios.Uno de los casos expuestos durante la manifestación fue el de Jhoiel Díaz, administrador de una vivienda, quien aseguró que la factura pasó de un máximo de $500.000 a $1.130.000 de un mes a otro."Soy administrador de una vivienda, pagábamos un recibo de máximo 500 mil pesos y nos llegó de 1 millón 130 mil pesos. Y acá nos dicen que han evaluado que nos pasamos del límite, pero es que siempre hacemos lo mismo.De un mes a otro subió el doble y nos dicen que para el otro nos van a cobrar el millón o más, porque nos dicen que tenemos un consumo excesivo y estamos viviendo lo mismo, nos vamos para el trabajo y nadie queda en la casa", denunció.El usuario cuestionó que les atribuyan un consumo excesivo cuando, según explicó, mantienen las mismas rutinas en el inmueble y no han cambiado sus hábitos de consumo.La inconformidad también llegó desde Floridablanca. Ervin Ramírez, comerciante de ese municipio, aseguró que la factura de su establecimiento ha aumentado progresivamente durante los últimos cuatro meses, en más de 800.000 pesos"Tenemos un local comercial en Floridablanca y es que en cuatro meses nos estamos viendo afectados, estábamos pagando $800.000 a recibir cobros por $1.400.000, luego de $1.800.000 y finalmente $2.218.000, cualquier microempresario se va a quebrar", manifestó.El comerciante cuestionó que la explicación que les han entregado esté relacionada con el decreto expedido por el Gobierno nacional y advirtió que los costos de la energía están afectando directamente la operación de su negocio.Durante la protesta, otros habitantes manifestaron que ni siquiera los hogares de estrato 1 se están salvando de los incrementos. Algunos aseguraron que facturas que antes llegaban por cerca de $80.000 ahora alcanzan los $400.000.Los manifestantes pidieron a la ESSA revisar los cobros y explicar cómo se están estableciendo los límites individuales de consumo, pues consideran que no es posible asumir aumentos de esa magnitud cuando aseguran que utilizan la misma cantidad de energía.
Un nuevo caso de presunta violencia contra una mujer es investigado en Santander. Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda del barrio Alto del Paraíso, en el municipio de Lebrija. Las autoridades investigan el hecho como un posible feminicidio y un hombre de 31 años, señalado por familiares y residentes del sector, fue ubicado por la Policía.El hallazgo se produjo hacia las 11:35 de la mañana de este martes 17 de noviembre, en un inmueble de la carrera 3 con calle 11B-54. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la mujer sin signos vitales y acordonaron la escena para permitir el trabajo de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).Las primeras informaciones indican que la muerte se habría producido por asfixia, una hipótesis que deberá ser confirmada por los procedimientos forenses y la investigación judicial.De acuerdo con la información entregada por un familiar a las autoridades, la joven habría sido víctima de episodios reiterados de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental. Los testimonios recopilados también darían cuenta de presuntos antecedentes de violencia intrafamiliar que no habrían sido denunciados.La pareja llevaba aproximadamente dos meses viviendo en el barrio Alto del Paraíso. Antes residía en la vereda La Renta, donde, según la información conocida por las autoridades, se dedicaba a labores del campo.Tras conocer el caso, la Policía adelantó labores de vecindario, recopilación de información y verificación para establecer las circunstancias de la muerte y ubicar al hombre señalado por familiares y habitantes del sector.Las unidades de la Estación de Policía de Lebrija lo encontraron en la vereda La Renta. Se trata de Kenyer Riera, de 31 años y nacionalidad venezolana, quien, según el reporte policial, habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos.El hombre será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las actuaciones judiciales correspondientes y se determine su situación jurídica.Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades en este caso.
Un hombre que tenía una condena vigente de 17 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años fue capturado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un joven de 23 años en Santander. El señalado homicida fue ubicado en el municipio de Rionegro, luego del crimen ocurrido el pasado domingo 15 de noviembre en la vereda San Ignacio, en El Playón.La víctima fue identificada como Rubén Darío Pabón Rincón, de 23 años. Tras conocerse el homicidio, la Policía de Santander desplegó un operativo para localizar al presunto responsable, quien finalmente fue encontrado en Rionegro.Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que el hombre también presentaba lesiones cuando fue ubicado. Según la Policía, esta circunstancia podría indicar que antes del homicidio se habría presentado una riña entre los involucrados.El señalado fue trasladado a un centro médico para recibir atención y, posteriormente, los uniformados le notificaron la captura por el delito de homicidio. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias judiciales.Al verificar sus antecedentes, los investigadores encontraron que el capturado tenía una condena vigente de 17 años de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Además, registra dos anotaciones por delitos similares, correspondientes a los años 2007 y 2015.El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, confirmó la captura y destacó el operativo adelantado en coordinación con las estaciones de Policía de municipios cercanos.“Gracias al despliegue del ‘Plan Candado’ y el trabajo articulado con las Estaciones de Policía de los municipios aledaños, fue capturado en el municipio de Rionegro, el presunto responsable de este hecho criminal. Hoy se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación y nos encontramos precisamente en el desarrollo de las respectivas audiencias”, señaló.La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Rubén Darío Pabón Rincón y establecer la responsabilidad del capturado.
Empresas operadoras de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Bucaramanga denuncian millonarias sanciones económicas por superar los límites de consumo de energía establecidos por la Creg. Aseguran que las metas fijadas no corresponden a la demanda real. La denuncia fue hecha por Iván Cárdenas, representante legal de la empresa propietaria de Magno, una estación pública de carga para vehículos eléctricos en Bucaramanga. Según explicó, la regulación establece un límite de consumo mensual de apenas 180 kilovatios, pese a que estos establecimientos están diseñados para atender a un número mucho mayor de vehículos.Para dimensionar el impacto de esa medida, Cárdenas señaló que un carro eléctrico requiere en promedio 60 kilovatios para una carga, por lo que el límite establecido apenas les permitiría atender tres vehículos durante todo el mes."Un carro se carga en promedio con 60 kilovatios, la meta que nos está poniendo la Creg alcanza para tres carros al mes", afirmó.El empresario aseguró que su estación tiene capacidad instalada para comercializar 5.760 kilovatios diarios y que actualmente registra un consumo de alrededor de 1.800 kilovatios al mes. Al superar el tope establecido, explicó, deben asumir cobros adicionales que representan un sobrecosto cercano al 70 % en el valor de la energía.Cárdenas aseguró que su empresa ya recibió una sanción económica por esta situación. Según relató, durante el primer mes de funcionamiento les llegó un cobro de 56 millones de pesos, que posteriormente fue revisado por la Electrificadora de Santander (ESSA) y reducido a la mitad."Si yo tengo 28 millones de pesos mensuales de multa, los clientes van a terminar pagando esa plata y se les va a subir un 70% la carga", advirtió.Impacto podría llegar directamente a los propietarios de vehículos eléctricosActualmente, el kilovatio en esta estación cuesta alrededor de $1.800, pero, de mantenerse los cobros, tendría que subir a $3.000.El representante legal advirtió que, si no reciben una respuesta de las autoridades durante esta semana, el incremento comenzaría a aplicarse el próximo lunes."Si esta semana no tenemos una respuesta, el próximo lunes ya está a 3.000 pesos el kilovatio", señaló.Piden excluir a las estaciones de carga del esquema de sancionesCárdenas cuestionó que, mientras el Gobierno nacional promueve la movilidad eléctrica, las condiciones regulatorias estén generando mayores costos para las empresas que prestan el servicio de carga pública."El Gobierno está impulsando la movilidad eléctrica, los carros eléctricos, pero la Creg está multando y castigando ese mismo crecimiento de la movilidad", manifestó.El empresario indicó que los operadores ya habían expuesto sus preocupaciones ante la Creg y que esperaban que los cambios anunciados en la regulación tuvieran en cuenta la situación de las estaciones públicas de carga. Sin embargo, aseguró que las modificaciones no resolvieron el problema.Por eso, solicitan que las electrolineras queden excluidas del programa de sanciones por superar los límites de consumo establecidos.Según Cárdenas, la situación también afecta a operadores de otras ciudades. Mencionó casos en Barranquilla y Bogotá, donde algunas empresas ya estarían aumentando el precio del kilovatio para compensar los sobrecostos.Los empresarios esperan una respuesta de la Creg y del Ministerio de Minas y Energía. Mientras tanto, advierten que las sanciones podrían encarecer el servicio y afectar el crecimiento de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el país.
Un llamado urgente a la solidaridad se está realizando en Bucaramanga para conseguir donantes de sangre tipo O positivo (O+) para el exfutbolista y técnico santandereano Norberto Peluffo, quien atraviesa un delicado momento de salud.La solicitud fue difundida por sus familiares y personas cercanas a través de redes sociales, donde pidieron el apoyo de los ciudadanos que puedan acercarse a realizar la donación en los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de Bucaramanga, ciudad donde reside el reconocido entrenador, de 67 años.La noticia ha generado preocupación entre aficionados del fútbol y personas que han seguido la trayectoria de Peluffo, quien durante décadas ha estado vinculado al fútbol profesional colombiano.El santandereano viene enfrentando quebrantos de salud desde el primer semestre de 2026 y recibe tratamiento médico desde hace más de seis meses para atender la enfermedad que padece.En abril de este año se conoció que el exfutbolista fue diagnosticado con cáncer de colon y comenzó un tratamiento de quimioterapia en Bucaramanga. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre las razones específicas de este nuevo requerimiento de donaciones de sangre ni un parte médico actualizado.Las personas que deseen ayudar pueden acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de Bucaramanga, y consultar el procedimiento para que la donación de sangre O positivo sea destinada al exfutbolista.Norberto Peluffo es recordado por su paso como jugador de Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, entre otros equipos. También desarrolló una extensa carrera como entrenador en el fútbol colombiano.En los últimos años se ha desempeñado como comentarista y analista invitado de Gol Caracol, participando en transmisiones de mundiales, eliminatorias, Copas América y torneos internacionales. Además, hace parte del programa deportivo Jugada Maestra, de la plataforma Ditu.Desde el fútbol santandereano y los aficionados se multiplican los mensajes de solidaridad y los deseos de recuperación para el popular 'Mono' Peluffo.
La preocupación por la atención en salud de los afiliados a Nueva EPS en Santander llevó a la Asociación de Usuarios a solicitar la intervención urgente del Gobierno Nacional, ante la crisis financiera que atraviesa la red hospitalaria y las dificultades que enfrentan varias instituciones para continuar recibiendo pacientes.A través de una carta dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a la ministra de Salud y a los congresistas santandereanos, la organización pidió convocar una mesa de concertación de alto nivel que permita buscar soluciones a las deudas que mantienen las entidades responsables del aseguramiento con las clínicas y hospitales del departamento.La solicitud respalda la alerta que hizo la Organización Foscal el pasado 6 de noviembre por su situación financiera. Según la Asociación de Usuarios, esta institución se ha convertido en uno de los pocos centros médicos que continúa recibiendo a los afiliados de Nueva EPS en Santander, pese a las dificultades económicas que enfrenta.Cecilia Delgado de Sarmiento, secretaria de la Asociación de Usuarios, manifestó que los pacientes están atravesando una situación muy difícil y advirtió que, si la Foscal deja de prestarles servicios, no tendrían claridad sobre dónde recibir atención médica.La representante señaló que la Clínica Comuneros también presenta dificultades para atender a esta población debido a las deudas pendientes, mientras que la Foscal estaría recibiendo una alta demanda de pacientes que no encuentran atención en otras instituciones.La situación, según explicó, afecta especialmente a personas con cáncer, pacientes trasplantados, personas con enfermedades huérfanas y usuarios que están a la espera de cirugías, procedimientos y tratamientos de ortopedia.“La Foscal ya está a reventar porque lo que no reciben en la Comuneros o en otras clínicas va para la Foscal. Está sobrecupo”, advirtió Delgado, quien también manifestó su preocupación por las dificultades de atención en Barrancabermeja y aseguró que el Hospital Universitario de Santander tampoco estaría recibiendo a estos pacientes.En la carta, la Asociación solicita al Gobierno Nacional respaldar formalmente la petición de la Foscal, establecer un plan de desembolsos y saneamiento de cartera y garantizar mecanismos de giro directo y prioritario para proteger servicios como urgencias, alta complejidad y oncología.Los usuarios esperan una respuesta de las autoridades nacionales y de los congresistas de Santander, pues advierten que la falta de recursos para las instituciones prestadoras está afectando la continuidad de los tratamientos y el acceso a los servicios de salud de miles de afiliados en el departamento.
Tres personas señaladas de participar en el hurto de 80 millones de pesos, entre dinero en efectivo y joyas, fueron judicializadas y enviadas a prisión por orden de un juez en Girón, Santander.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2025, cuando una mujer identificada como Claudia Patricia Rodríguez, presuntamente, se hizo pasar por cliente de una entidad financiera ubicada en el barrio El Poblado. Desde el interior del banco habría observado a quienes retiraban importantes sumas de dinero para identificar a sus posibles víctimas.En esa oportunidad, una pareja de esposos que retiró 50 millones de pesos fue seleccionada por la señalada delincuente. Según la investigación, afuera de la entidad la esperaban dos presuntos cómplices, identificados como Jonathan Villamizar Cárdenas y Jordan Efraín Anaya Acuña.La pareja fue abordada poco después de salir del banco por los dos hombres, quienes presuntamente la intimidaron con armas de fuego y le quitaron los 50 millones de pesos que acababa de retirar, además de joyas avaluadas en otros 30 millones de pesos.Un fiscal de la Seccional Santander imputó a las tres personas como presuntas responsables de los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas.Los procesados fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía. Tras evaluar el material probatorio y las evidencias recopiladas durante la investigación, un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.Los tres investigados deberán responder por su presunta participación en este hurto ocurrido hace un año en el municipio de Girón.