En audiencia preparatoria del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza ocurrida durante Halloween de 2025 en Bogotá, quedaron definidas varias de las pruebas que serán presentadas en el juicio oral.Dentro del material avalado por el juzgado aparecen videos de cámaras de seguridad, registros del establecimiento Before Club, lugar donde los implicados asistieron a una fiesta de Halloween previamente al homicidio, análisis forenses y testimonios con los que la Fiscalía buscará reconstruir lo ocurrido la noche del 31 de octubre de 2025.Uno de los puntos que más llamó la atención durante la diligencia fue la aprobación del testimonio de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, conocida públicamente como la “mujer del disfraz azul”, quien actualmente es prófuga de la justicia y ha sido señalada dentro del proceso como presunta determinadora del homicidio.En el documento judicial se argumentó que el testimonio de Fernández Sulbarán “resulta pertinente, conducente y útil” debido a que estuvo presente durante los hechos ocurridos tanto dentro de Before Club como en momentos posteriores relacionados con la investigación.La decisión judicial también señala que la mujer “acompañaba a Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro, Berta y Ámbar durante la reunión sostenida en dicho establecimiento nocturno”, y que su declaración podría aportar elementos para comprender “el origen y contexto de los acontecimientos posteriores”.Según el documento, el testimonio será relevante para establecer “qué ocurrió realmente al interior del establecimiento y posteriormente en el exterior del mismo”, especialmente frente a la presunta intervención atribuida a algunos de los involucrados y la forma en que se desarrolló la agresión investigada.El caso de la denominada “mujer del disfraz azul” ha generado controversia, debido a que durante la investigación, la Fiscalía solicitó una orden de captura en su contra bajo la hipótesis de que habría actuado como presunta instigadora de la golpiza. De acuerdo con la teoría del ente acusador, Fernández Sulbarán habría señalado a Jaime Esteban Moreno antes del ataque y motivado a los agresores a continuar golpeándolo. La mujer habría salido del país a finales de 2025.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado que negó al Gobierno nacional el acceso al informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta y respaldó la actuación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al considerar que el documento cuenta con reserva sumarial y solo puede ser entregado a una autoridad judicial competente.La decisión judicial ratificó que el Ministerio de Salud no tenía fundamento legal para reclamar la información reservada relacionada con el caso del menor. Según concluyó el Tribunal, Medicina Legal respondió de manera adecuada a la solicitud presentada por la cartera y actuó conforme a los límites establecidos por la ley frente al manejo de documentos que hacen parte de una investigación penal en curso.El caso se originó el 3 de marzo de 2026, cuando Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud, solicitó formalmente al Instituto de Medicina Legal la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Acosta. En respuesta, la entidad explicó que dichos documentos tenían carácter reservado y que únicamente podían ser remitidos a la autoridad judicial encargada del proceso.Además, Medicina Legal indicó que el procedimiento de necropsia aún no había concluido y que, una vez finalizado, toda la documentación sería enviada a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, despacho encargado de adelantar la investigación correspondiente.Tras la negativa, el Ministerio de Salud interpuso una acción de tutela argumentando una supuesta vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal Especializado concluyó en primera instancia que no existía afectación alguna de ese derecho, debido a que la solicitud sí fue respondida de manera clara, oportuna y sustentada jurídicamente.Ese criterio fue ahora confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, que reiteró que el acceso a piezas procesales sometidas a reserva legal no puede ser autorizado al Ejecutivo sin orden judicial.
En un operativo entre Interpol, Policía de Perú y autoridades de Bélgica se logró la captura de la reconocida influencer Nadeska Widausky, quien se dedicaba y hacia parte de una delicada red de trata de personas, extorsión y narcotráfico, mientras en redes sociales presumía de una vida llena de excentricidades.No era un simple miembro de esta red, sino que era una de las piezas clave de todo en el entramado, de acuerdo con una investigación del medio local El Comercio. Ella era la encargada de reclutar mujeres en Perú y luego las llevaba a Bélgica en donde terminaban siendo explotadas sexualmente, en su mayoría víctimas de la región de la Amazonia.El historial criminal de Nadeska WidauskyMientras en redes sociales gozaba de una vida de lejos, según el general PNP Víctor Revoredo, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la mujer construyó parte de su riqueza desde dineros ilícitos en donde ha estado relacionada con personas al narcotráfico, lavado de activos y delitos concurrentes.“Con (personas de) esos perfiles esta dama se rodeaba. En cada concurrencia a esta dama, sus compañeros de esa noche, al salir, resultaban asesinados. Asi está (señalado) en la cronología de la investigación”, dijo Revoredo.Además, su participación en esta red, según datos de Interpol, vendría desde 2022-2023 por varios documentos en donde su nombre apareció relacionado con Junior Polo García, uno de los cabecillas de la organización y que era ella la que llevaba a Bruselas a las mujeres a una “zona roja” en donde las obligaban a ejercer y sostener relaciones sexuales para “mantenerlas con vida” y evitar problemas en sus familias.La influencer se declaró inocenteEn una reciente audiencia, esta mujer sostuvo que todo esto es falso y su dinero se ha construido gracias a las redes sociales. “Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú porque tengo derechos. Yo allá en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie”, dijo.Aseguró que “no tiene miedo” porque, según ella, no tiene relación con ninguna persona y menos de hacerle daño a “otras mujeres”, menos queriendo hacer riqueza con eso.
Tras resolver una tutela dentro del caso de una menor que fue presuntamente abusada por su propio padre, la Corte Constitucional determinó que la Sala Penal de la Corte Suprema habría incurrido en un error al inadmitir el recurso extraordinario de casación y rechazar la solicitud de insistencia presentada por la Procuraduría, sin aplicar un enfoque de género ni considerar el interés superior de la menor.El caso se remonta a 2015, cuando una Comisaría de Familia suspendió el régimen de visitas del padre de la niña y remitió una noticia criminal a la Fiscalía por un presunto abuso sexual contra la menor. Luego de esto, la Fiscalía imputó al hombre por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.Sin embargo, tanto el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvieron al hombre tras considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar el delito más allá de toda duda razonable.Luego de esa absolución en primera y segunda instancia los representantes de las víctimas interpusieron un recurso extraordinario de casación argumentando errores en la valoración de las pruebas.Aunque la Procuraduría respaldó la solicitud e incluso advirtió sobre un posible escenario de “alienación parental”, la Sala de Casación Penal decidió no admitir el recurso ni aceptar la insistencia del Ministerio Público.Por esa razón la madre de la menor presentó una tutela alegando vulneración de los derechos fundamentales de su hija al debido proceso y al acceso a la justicia.La Corte Constitucional aclaró que no estaba revisando la absolución del procesado ni definiendo si existió o no el abuso sexual. El análisis se centró exclusivamente en la actuación de la Sala Penal al estudiar la admisión del recurso de casación.Según el alto tribunal, las providencias cuestionadas omitieron analizar el caso con perspectiva de género y no evaluaron adecuadamente el impacto de la decisión sobre los derechos de la menor. Además, señaló que no se explicó de manera suficiente por qué el recurso no debía ser admitido.La Corte Constitucional fue clara en señalar que esta orden no significa que el recurso de casación deba ser admitido obligatoriamente, sino que el análisis deberá realizarse respetando plenamente las garantías de la niña.
El dron adquirido para la seguridad de Hidroituango se perdió hace un mes cuando realizaban ejercicios de certificación ante la Aeronáutica Civil. El dispositivo fue encontrado por un campesino en una zona de incidencia de grupos armados y lo devolvió a la Policía. En medio del temor de poblaciones en el Norte de Antioquia por el uso cada vez más frecuente de drones por parte de grupos armados para atentar contra la fuerza pública y la población, un particular hecho se registró en las últimas horas en inmediaciones de la central de Hidroituango.Un dispositivo de este tipo, de propiedad de EPM y avaluado en más de 200 millones de pesos, fue reportado como hurtado a principios de abril cuando se perdió su rastro mientras sobrevolaba las inmediaciones de la hidroeléctrica en el Norte de Antioquia.Sin embargo, a casi un mes del reporte, un campesino de 38 años de edad entregó el dispositivo en el comando de la Policía de Ituango tras haberlo encontrado en uno de sus terrenos, en un sector conocido como Los Tubos.Aunque el elemento había sido identificado días antes, el campesino afirmó a las autoridades que esperó un tiempo prudente para retornarlo, pues temía que tuviera explosivos. El coronel Luis Muñoz es el comandante de la Policía Antioquia.“Este elemento fue entregado voluntariamente para su verificación y luego tras las labores de identificación se estableció que la aeronave no tripulada corresponde a un dron a bordo de aproximadamente 200 millones de pesos”, afirmó.Según información oficial, el aparato tuvo una pérdida súbita de señal entre radiocontrol y aeronave, durante ejercicios de recertificación ante la Aeronáutica Civil, en medio del uso frecuente de estos dispositivos para monitorear el proyecto y también garantizar su seguridad.Organizaciones sociales destacaron el gesto de honradez de parte del campesino en un territorio con alta influencia de grupos ilegales y con interés en la adquisición de este tipo de aeronaves no tripuladas para cometer acciones terroristas. Así lo expresó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.“Creemos que en el territorio hay una alta influencia de actores armados ilegales que también están incidiendo en dinámicas armadas con el uso de drones, por lo que este hecho da precedentes en el territorio de que las comunidades realmente quieren y siguen contribuyendo a la paz”, aseveró.La Policía indicó que tras las respectivas labores de verificación en las próximas horas retornarán el dron a la compañía propietaria.
Después de más de una década de trámites, acompañamiento institucional y construcción comunitaria, el resguardo indígena Sabaleta y la comunidad La Puria, pertenecientes al pueblo Emberá en el departamento del Chocó, lograron cerrar oficialmente sus procesos de reparación colectiva, una medida contemplada dentro de la Ley de Víctimas para atender afectaciones derivadas del conflicto armado.Ambas comunidades ingresaron a los Planes Integrales de Reparación Colectiva entre 2013 y 2014, luego de ser reconocidas como sujetos colectivos afectados por años de confrontaciones armadas en una zona estratégica para economías ilegales y corredores de movilidad entre el Urabá antioqueño, el centro del Chocó y la salida hacia el Pacífico colombiano.Durante años, estos territorios estuvieron expuestos a disputas entre las FARC, el ELN y estructuras paramilitares provenientes del Urabá antioqueño. Las comunidades enfrentaron desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y múltiples hechos de violencia que dejaron cerca de 12.000 víctimas relacionadas con el conflicto en la región.El cierre de estos procesos representa la culminación de una serie de acciones construidas conjuntamente entre las comunidades y la Unidad para las Víctimas. Según explicó Amaury Gómez, subdirector de Reparación Colectiva de la entidad, en uno de los planes se implementaron 17 acciones y en el otro 18 medidas orientadas a reconstruir las capacidades sociales, económicas y culturales de las comunidades Emberá.Más allá de los documentos institucionales, las medidas desarrolladas tuvieron impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias indígenas. Entre las iniciativas ejecutadas aparecen talleres de confección acompañados de capacitaciones y entrega de equipos, fortalecimiento de proyectos agropecuarios, apoyo a la producción y comercialización de artesanías, así como procesos de transferencia de saberes ancestrales. También se implementaron mejoras en espacios educativos mediante nuevo mobiliario escolar para niñas y niños, además de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la autonomía organizativa y política de las comunidades indígenas. Parte de las acciones incluyó ejercicios de reconstrucción de memoria histórica enfocados en preservar relatos, prácticas tradicionales y procesos de recuperación cultural.Para las autoridades indígenas, el cierre de los planes marca un punto importante dentro de los procesos comunitarios. Efraín Velásquez Tanugama, gobernador del resguardo Sabaleta, aseguró sentirse satisfecho con las medidas implementadas por el Gobierno nacional y la Unidad para las Víctimas como parte de la reparación por las afectaciones sufridas durante años de confrontación armada.Según la Unidad para las Víctimas, las acciones ejecutadas buscan responder no solo a daños materiales, sino también a impactos sobre las formas de vida de estas comunidades étnicas. El conflicto alteró prácticas culturales, limitó la autonomía territorial y afectó dinámicas tradicionales asociadas a la organización comunitaria y espiritual del pueblo Emberá.La reparación colectiva es uno de los mecanismos contemplados dentro de la Ley 1448 de 2011, normativa que estableció rutas de atención y reparación para comunidades, organizaciones y grupos afectados por el conflicto armado en Colombia. En el caso de los pueblos indígenas, estos procesos incorporan componentes relacionados con identidad cultural, territorio y fortalecimiento organizativo.De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se han implementado indemnizaciones superiores a los 62.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 100 comunidades étnicas en distintas regiones del país. La entidad también informó sobre inversiones que superan los 10.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de capacidades organizativas de sujetos colectivos no étnicos y organizaciones sociales. Además, reportó la firma de 230 planes de reparación colectiva en diferentes territorios del país.En el caso de Sabaleta y La Puria, el cierre de los procesos se convierte en uno de los avances recientes más relevantes para las comunidades indígenas del Chocó, una de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Las medidas implementadas apuntan a recuperar prácticas comunitarias, fortalecer proyectos productivos y reconstruir dinámicas sociales alteradas durante años de confrontación.
El nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aún enfrenta problemas estructurales relacionados con el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera, según un informe presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud.De acuerdo con el boletín, durante 2025 el Fomag ejecutó 4,11 billones de pesos en pagos de salud, pese a haber recaudado 3,66 billones, lo que generó un faltante cercano a los 449.000 millones de pesos. Además, el patrimonio del fondo pasó de ser positivo en 2021 a registrar un saldo negativo cercano a 3 billones de pesos en 2025.El análisis también advierte una reducción significativa en la red prestadora de servicios desde la implementación del nuevo modelo en mayo de 2024. Según el documento, el número de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cayó cerca de un 84 %, mientras que las sedes disminuyeron alrededor de un 90 %, situación que podría afectar especialmente a las regiones apartadas.El informe señala además que persisten inequidades territoriales en la prestación de los servicios. Mientras ciudades como Bogotá concentran la mayor parte de afiliados y oferta de atención, las zonas rurales y dispersas continúan enfrentando barreras para acceder oportunamente a consultas y tratamientos.Entre los principales problemas de salud identificados en la población afiliada están los trastornos de la voz, las enfermedades osteomusculares y los problemas de salud mental. En materia de mortalidad, predominan los tumores y las enfermedades cardiovasculares.El documento también indica que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias continúan en niveles elevados. Aunque en 2025 hubo una leve disminución frente al año anterior, la tasa de inconformidad del magisterio sigue por encima del promedio nacional.Finalmente, Así Vamos en Salud hizo un llamado a fortalecer la planeación territorial de la red de atención, mejorar los sistemas de información y adoptar medidas para responder a las quejas de los afiliados del sistema de salud del magisterio.
La industria china de carros eléctricos enfrenta una nueva batalla que ya no solo ocurre en ventas o desarrollo tecnológico, sino también en los tribunales, después de que se conociera un informe basado en expedientes judiciales, fallos públicos y comunicados corporativos que reveló que BYD es actualmente la marca que más dinero ha reclamado en demandas contra blogueros y creadores de contenido acusados de afectar la reputación de sus carros y baterías.La información fue recopilada y verificada por el medio especializado CarNewsChina, que revisó documentos judiciales, anuncios empresariales y decisiones legales relacionadas con disputas entre fabricantes de carros eléctricos e influenciadores digitales en China.Según esos datos, BYD acumula reclamaciones por 6,92 millones de yuanes, cifra equivalente a cerca de 3.700 millones de pesos colombianos al cambio actual.¿Por qué BYD empezó a demandar a blogueros?De acuerdo con la recopilación realizada por el ya citado medio, la mayoría de los casos impulsados por BYD están relacionados con publicaciones sobre seguridad de baterías, desempeño de sistemas híbridos y supuestos problemas de calidad en vehículos eléctricos.Las demandas apuntan principalmente a contenidos difundidos en redes sociales y plataformas de video donde, según la empresa, se divulgaron afirmaciones no verificadas o acusaciones falsas.Varios procesos judiciales abordaron temas vinculados con:Difamación comercial.Competencia desleal.Información técnica presuntamente manipulada.Publicaciones consideradas engañosas.Las controversias estuvieron especialmente enfocadas en la Blade Battery, una de las tecnologías más reconocidas de BYD dentro del mercado global de carros eléctricos.El caso más conocido contra un creador de contenidoUno de los procesos más mediáticos involucró a la cuenta “Long Ge Jiang Dian Che”, administrada por un creador de contenido dedicado a reparaciones automotrices.Según reportó CarNewsChina, el bloguero publicó distintos videos relacionados con baterías Blade y sistemas híbridos de BYD antes de ser demandado por varias marcas de vehículos eléctricos.El pasado 16 de mayo, el creador publicó un video de disculpas luego de que un tribunal emitiera una decisión en segunda instancia favorable a BYD.La resolución ordenó una compensación de 2 millones de yuanes y concluyó que algunas afirmaciones difundidas constituían difamación comercial y competencia desleal.Ese mismo bloguero también enfrentó procesos impulsados por otras compañías del sector automotor chino.¿Qué otras marcas han llevado casos similares a tribunales?Además de BYD, otras empresas de electromovilidad en China también iniciaron acciones legales contra creadores de contenido.Entre ellas aparecen:NIO.XPeng.Aito.Según información citada por Sina e ifeng, algunos tribunales ordenaron indemnizaciones económicas, eliminación de contenido y disculpas públicas.En uno de los casos más conocidos, un creador vinculado a publicaciones sobre NIO fue obligado a publicar disculpas durante 90 días consecutivos en sus redes sociales.Posteriormente, esa cuenta terminó suspendida permanentemente en varias plataformas digitales chinas.¿Qué originó las disputas sobre baterías eléctricas?Las controversias crecieron durante los últimos meses debido a debates técnicos sobre baterías, pruebas de resistencia y sistemas de carga rápida en vehículos eléctricos.Uno de los episodios más comentados fue la publicación de un video donde aparecía el desmontaje de una Blade Battery de BYD después de pruebas de congelamiento extremo.Según explicó CarNewsChina, el análisis generó fuertes discusiones online sobre la metodología utilizada y las conclusiones divulgadas posteriormente en redes sociales.El medio también indicó que circularon acusaciones no verificadas sobre posibles vínculos entre algunos creadores de contenido y empresas rivales del sector de baterías, aunque esas versiones no fueron confirmadas judicialmente.Las demandas aparecen en medio de una etapa de fuerte competencia entre fabricantes chinos de carros eléctricos.La industria enfrenta actualmente una guerra de precios, presión por innovación tecnológica y una creciente disputa por reputación e influencia digital.
El polémico evento del pasado 21 de junio en el que el presidente Gustavo Petro compartió tarima con más de 20 cabecillas de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel de Itagüí, sigue generando controversias y decisiones en los estrados judiciales.Esto, por cuenta de la denuncia por injuria y calumnia que el año anterior interpuso el alcalde Federico Gutiérrez contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tras una serie de trinos que la parlamentaria hizo defendiendo el controversial acto público en La Alpujarra.Las publicaciones de Zuleta emitidas a través de su cuenta en X, entre el 21 y 25 de junio, señalaban, entre otras cosas, al mandatario de la capital antioqueña de tener “alianzas con criminales”. El alcalde Gutiérrez manifestó que el pasado 10 de noviembre la justicia le dio la razón y la accionada debió retractarse. Sin embargo, aún no había cumplido con parte del fallo que la obligaba a eliminar todos los mensajes en su contra de la red social, situación que se produjo en las últimas horas tras una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia."Estos son los espacios para que se haga justicia. Y yo lo he dicho, no voy a permitir que personas como ella, otras personas traten de lodar nuestro nombre. Si ha hecho justicia, y seguiremos nosotros adelante", manifestó el mandatario.Frente a la reciente decisión, la senadora Zuleta indicó que no tuvo problema en eliminar los mensajes que le incomodaban al alcalde, “sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada. "Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que, si se siente mal con mis expresiones, las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, escribió en su cuenta de X.
Una juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Carlos Mario Rodríguez, señalado de abusar sexualmente y posteriormente causar la muerte de la politóloga Ana María Cristina Meza, de 36 años, en hechos ocurridos el pasado 25 de enero en el norte de la capital.El hombre se desempeñaba como gerente coorporativo del Banco de Bogotá.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima y el hoy procesado sostenían una relación sentimental marcada presuntamente por un contexto de violencia basada en género. Las autoridades establecieron que el 24 de enero de 2026 ambos asistieron a una reunión social y luego se trasladaron al apartamento del hombre. Después de que las demás personas abandonaran el inmueble, la pareja permaneció sola y habría iniciado una discusión.Según la hipótesis del ente acusador, en medio de ese episodio Rodríguez Rosas presuntamente atacó a la mujer, la golpeó y la sometió mediante maniobras de asfixia. El fiscal del caso aseguró que el hombre actuó “en un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima” y que posteriormente “procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas, propinándole golpes en el rostro”.Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que Ana María Cristina Meza intentó defenderse, lo que habría provocado la ruptura de varias uñas en ambas manos. El delegado del ente investigador también afirmó que el procesado “la sometió mediante maniobras de asfixia por sofocación, obstruyéndole la boca y la nariz, lo que le generó hipoxia cerebral aguda, con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y disminución de su capacidad de resistencia y defensa”.La investigación sostiene que, una vez la mujer quedó inconsciente, presuntamente fue víctima de acceso carnal violento. Posteriormente, según la Fiscalía, el hombre habría lanzado el cuerpo desde la ventana del quinto piso del apartamento e intentó alterar la escena para hacer creer que se trató de un suicidio.Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
En un barrio de la localidad de Santa Fe fue capturado Claudio Aldair Berrios Pineda, uno de los responsables del hurto y posterior asesinato del ciudadano Enrique Medina en el sector de Usaquén, en hechos registrados el 30 de julio de 2025. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el señalado delincuente cuenta con más de seis anotaciones por delitos de hurto.Las investigaciones confirman que este sujeto evadía a las autoridades con identidades falsas. Así mismo, el modus operandi era perseguir y luego atacar a las víctimas. Estos hechos, según las autoridades, casi siempre se registraban en la noche. Entre tanto, se logró determinar que este sujeto operaba en conjunto con varios cómplices que también están siendo identificados.Cabe recordar que, en el caso del ciudadano Enrique Medina, dos personas forcejearon y pelearon con la víctima para robarle una patineta, en hechos registrados el 30 de julio de 2025 en la calle 106 con carrera 19, en el sector de Usaquén. Tras el ataque, Medina llegó hasta la Fundación Santa Fe buscando atención médica. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció.“La Policía desde ese momento inició la búsqueda de ese delincuente. Ya hay unos en centros de reclusión por homicidio. Este año tenemos una reducción del 7% en la cifra de homicidios con respecto al año pasado. El año pasado logramos una reducción del 3%, pero seguimos avanzando”, concluyó el alcalde.Entre tanto, esta captura se confirmó tras el operativo que permitió la captura de más de 70 señalados homicidas en Bogotá. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los casos registrados entre 2025 e inicios de 2026.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 13 presuntos integrantes de una red criminal señalada de comercializar medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la salud y la vida de pacientes en Colombia y otros países de la región.De acuerdo con la investigación, la estructura obtenía productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado en diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Posteriormente, estos medicamentos eran modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y vendidos como tratamientos para enfermedades como cáncer, VIH, diabetes, lupus, obesidad y trastornos hormonales y de crecimiento.Las autoridades establecieron que el grupo delincuencial habría contratado una empresa de impresiones para falsificar empaques, sellos y etiquetas de seguridad, además de alterar fechas de vencimiento y lotes de fabricación para dar apariencia de legalidad a los productos.Según la Fiscalía, la organización operaba principalmente desde Cúcuta, Norte de Santander, donde coordinaba la comercialización de los medicamentos por medio de redes sociales y grupos cerrados en plataformas de mensajería. Desde allí también se gestionaban envíos como encomiendas hacia distintas ciudades del país, así como a Venezuela y Ecuador.Las investigaciones indican que la distribución en Cúcuta y su área metropolitana se realizaba en droguerías de barrio y mediante ventas informales a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.La Fiscalía imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
La demanda interpuesta por el abogado Daniel Felipe Useche cuestionaba la validez de la disposición que exige la presencia del ministro de Hacienda para que la Junta Directiva del emisor pueda sesionar, deliberar y tomar decisiones.En concreto, la demanda pedía anular la frase que establece que uno de los miembros presentes debe ser el jefe de la cartera de Hacienda, quien además preside la Junta. Hoy, el Consejo de Estado como medida cautelar adoptó la suspensión provisional de la norma.“La norma demandada convierte dicho deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la Junta Directiva al requerir la presencia del ministro de Hacienda para conformar el quórum para sesionar, deliberar y decidir. Así, le otorga al ministro (y por extensión al Gobierno Nacional) un poder de veto respecto de las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República que impide, de facto, a sus miembros ejercer el mandato de representar el interés de la Nación”, dice la demanda.Según el alto tribunal, permitir que la ausencia del ministro de Hacienda impida el funcionamiento de la Junta Directiva podría paralizar funciones esenciales de la banca central, relacionadas con la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.“Conviene precisar que, si bien, como se indicó en precedencia, por expreso mandato Constitucional y legal el ministro de Hacienda y Crédito Público debe presidir la Junta Directiva del Banco de la República, ello no implica que su asistencia se requiera obligatoriamente para que este órgano pueda sesionar, deliberar y decidir, toda vez que sus funciones no se pueden paralizar”, señaló el Consejo de Estado.Esta demanda llegó al alto tribunal luego de que el pasado 31 de marzo, en un hecho sin precedentes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión del Banco tras la decisión del emisor de aumentar las tasas de interés en 100 puntos.
Alejandro Lyons recuperó su libertad tras haber cumplido la pena impuesta por el caso de corrupción con el manejo de las regalías cuando fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015.Lyons permanecía en la cárcel La Picota de Bogotá cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que había liderado una red ilegal que se apropió de millonarios recursos de las regalías departamentales.Su nombre además estuvo ligado al llamado “cartel de la hemofilia”, un escándalo que afectó gravemente las finanzas de Córdoba y que involucró contratos fraudulentos y pagos irregulares dentro del sistema de salud.Cabe recordar que parte del proceso judicial ocurrió en Estados Unidos, país al que viajó y donde colaboró con las autoridades como testigo protegido, colaboración que además fue clave para revelar información relacionada con el “cartel de la toga”, otro gran escándalo de corrupción judicial en Colombia, donde estuvieron vinculados magistrados y funcionarios acusados de manipular procesos judiciales a cambio de sobornos.Aunque Lyons ya quedó en libertad por el cumplimiento de la condena principal, sigue vinculado a otras investigaciones también con temas de corrupción administrativa.
La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación contra la Indira Luz Barrios, exgobernadora de Arauca, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.Las investigaciones se relacionan con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, desarrolladas en los municipios de Arauca y Tame. Según la Fiscalía, las iniciativas superaron los 91.542 millones de pesos.De acuerdo con el ente acusador, durante su administración habría sido designada como ejecutora la Asociación Regional de Municipios del Caribe, AREMCA, pese a que presuntamente no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos provenientes de regalías.El caso hace parte de una investigación más amplia sobre un presunto entramado de corrupción que, según la Fiscalía, habría utilizado figuras asociativas de municipios para direccionar contratos financiados con dineros públicos del Sistema General de Regalías.Por estos hechos, la Fiscalía ya imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar la estructura investigada. El ente acusador sostiene que, a través de este esquema, habrían sido direccionados aproximadamente 101 proyectos por una cuantía superior a los 496.000 millones de pesos.
La juez 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó el allanamiento a cargos presentado por Olmedo López dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,UNGRD. La decisión se fundamentó en que la Fiscalía ya había radicado el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación antes de que se formalizara la aceptación de cargos.Durante la diligencia, la juez sostuvo que “declarar que la competencia para verificar la aceptación de responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez en el estadio procesal en que se encuentran estas diligencias corresponde al Juzgado Cuarto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá, despacho que por reparto le corresponden estas diligencias y que ya tiene una audiencia fijada para dicha situación” .La próxima audiencia quedó fijada para el 23 de junio.Tras conocerse la decisión, la defensa de Olmedo López, encabezada por el abogado José Moreno, anunció la apelación de la decisión y aseguró que la juez centró su análisis únicamente en la fecha de radicación del escrito de acusación, sin valorar la manifestación previa de aceptación de cargos realizada por su cliente.“Aquí sí lo hay, fue radicado con allanamiento, lo que prueba que la Fiscalía reconoció la aceptación previa”, sostuvo el abogado durante la audiencia.La defensa insistió en que antes de la radicación formal del escrito acusatorio ya existía una manifestación expresa de Olmedo López aceptando los cargos. “Miró la fecha de radicación del escrito de acusación, pero no valoró suficientemente el hecho de que antes de esa radicación ya existía un memorial de allanamiento”, señaló Moreno.En otro de los apartes de su intervención, el abogado agregó: “Miró el hito formal, pero no la realidad material. Miró la puerta que se cerraba, pero no advirtió que el procesado ya había entrado por ella antes de que se cerraran”.
La Corte Constitucional estudió la tutela de las jugadoras de ‘InderPiedecuesta’, quienes denunciaron discriminación de género luego de que el torneo habilitara 35 cupos para equipos masculinos y apenas 10 para femeninos.Para el alto tribunal la entidad no presentó una justificación constitucional suficiente para explicar esa diferencia, situación que terminó afectando el acceso de las mujeres rurales al deporte y vulnerando derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el acceso a actividades recreativas y comunitaria.Si bien la Corte Constitucional declaró la “carencia actual de objeto por daño consumado”, debido a que el campeonato ya se había realizado sin la participación de las futbolistas, decidió emitir un pronunciamiento de fondo para evitar que este tipo de prácticas se repitan.En este fallo de tutela el alto tribunal reafirmó que el principio de igualdad obliga a las autoridades a evitar decisiones que generen exclusión o perpetúen desigualdades históricas contra las mujeres, incluso cuando estas aparenten ser neutrales.Por ello, la Corte Constitucional ordenó a InderPiedecuesta fijar criterios objetivos, transparentes y verificables para la asignación de cupos en torneos deportivos comunitarios, incorporando un enfoque de igualdad material y de género.Además, exhortó al municipio de Piedecuesta, Santander, para que incluya lineamientos específicos de promoción del deporte femenino rural dentro de sus políticas públicas de deporte y de mujer, con metas claras y mecanismos de seguimiento.
La operación militar permitió debilitar de manera significativa la estructura armada, financiera y logística del Frente Darío Gutiérrez e Iván Díaz, organización ilegal vinculada a las disidencias lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.En una contundente ofensiva contra la criminalidad en el suroriente del Tolima, el Ejército Nacional logró desarticular una estructura dedicada a la extorsión y la intimidación, dejando como resultado la captura de 14 de sus integrantes, incluidos dos presuntos cabecillas clave.La denominada Operación Pijao, ejecutada en dos fases, permitió afectar de manera directa las capacidades armadas, logísticas y financieras de este grupo ilegal que venía generando presión sobre comerciantes, ganaderos y caficultores en municipios como Dolores, Prado, Cunday, Villarrica y Purificación.Durante la segunda fase, tropas del Gaula Élite 2 y del Gaula Militar Tolima, en coordinación con la Policía, realizaron siete allanamientos que hicieron efectivas ocho órdenes de captura. Entre los detenidos se encuentran alias 'Cachucho', señalado como segundo cabecilla y principal dinamizador de las extorsiones, y alias 'Duende', presunto líder de la comisión armada.Estos resultados se suman a las seis capturas logradas en la primera fase del operativo, alcanzando así un total de 14 integrantes puestos a disposición de la justicia.Según lo manifestó el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, los capturados tendrían roles clave en la logística, el almacenamiento de armamento y explosivos, así como en la ejecución de cobros extorsivos contra diferentes sectores productivos de la región.Durante la operación también fueron incautadas armas cortas, munición, equipos de comunicación, celulares, material de uso privativo de la Fuerza Pública y elementos alusivos a estructuras ilegales.Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.Con este resultado, las autoridades reafirman su ofensiva contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la economía del Tolima, enviando un mensaje claro: la institucionalidad sigue avanzando en la defensa del territorio.
El exsenador Musa Abraham Besaile Fayad fue condenado a 11 años, seis meses y 8 días de cárcel, por su vinculación en el entramado de corrupción que terminó con el desfalco a las regalías en el departamento de Córdoba, durante la gobernación de Alejandro Lyons.Además de la pena de cárcel se le impuso una multa de 2 mil 046 millones 093 mil 500 pesos, por los delitos de peculado; y otra adicional de 283.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) sólo por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.También tendrá que pagar 19 mil 261 millones 461 mil 318 pesos a favor del departamento de Córdoba por los daños materiales causados (daño emergente y lucro cesante indexados).La sentencia anticipada de la Sala de Primera Instancia detalla cómo el procesado aceptó su responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Según el texto de la condena, Besaile conformó una alianza criminal con el exgobernador Alejandro Lyons para desviar recursos públicos de los departamentos de Córdoba, provenientes de regalías y del Sistema General de Participaciones.El entramado de corrupción incluyó el direccionamiento de convenios de ciencia y tecnología y el fraude mediante cobros falsos por tratamientos de hemofilia.La sentencia detalla que surgió un vínculo de amistad con ocasión de la actuación de Lyons como apoderado, suplente en las investigaciones que en ese entonces adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Besaile, quien era senador.“Dicho lazo, aunado a las aspiraciones políticas de Lyons Muskus, le llevaron a retirarse del litigio profesional hacia finales del 2010 o principios del 2011 para aspirar a la gobernación del departamento de Córdoba, contando con el apoyo del aludido congresista, así como de otros sectores políticos y senadores, entre ellos, Bernardo Miguel Elias Vidal, Martín Emilio Morales Diz, Daniel Cabrales, Julio Alberto Manzur Abdala y Margarita Andrade”, resalta la sentencia, cuya ponencia es de la magistrada Blanca Nélida Barreto.La Sala “establece la certeza de su participación como coautor interviniente en la defraudación del patrimonio estatal para financiar campañas políticas y mantener su poder regional”.En contraprestación al apoyo de los Congresistas que lo respaldaron, “Lyons Muskus asumió el compromiso burocrático, en caso de resultar electo gobernador, como en efecto aconteció para el periodo 2012-2015, de designar en la planta de personal de la entidad territorial, en especial, en las secretarías de despacho".El compromiso con Musa Besaile se cumplió al realizar varios nombramientos, entre ellos, el de su hermano mayor, John Moisés Besaile Fayad, en la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana; Carlos Angulo, vinculado inicialmente en la Secretaría de Infraestructura, luego en la de Juventud; Héctor Julio Álvarez, titular de esa última dependencia y el de Gloria Cabrales, quien fungió como directora del Plan Departamental de Aguas.La investigación también determinó que decidieron concertar la conformación de una sociedad que se mantendría durante la administración de Lyons, en la cual se dividirían en partes iguales las sumas que solicitarían a quienes pretendieran ser adjudicatarios de los contratos celebrados por el departamento de Córdoba, compromiso que se extendió a la financiación de la campaña de quien relevaría a Lyons Muskus como gobernador.En la decisión de la Corte también explican claramente que las fuentes específicas de financiación el entramado criminal “contó con recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”.
Una de las salas de tutelas de la Corte Suprema de Justicia le puso freno al uso abusivo de las tutelas esto luego de que el alto tribunal concluyera que Jhon Jair Segura interpusiera más de 600 tutelas en diferentes regiones del país, de las cuales al menos 368 estaban dirigidas contra la UNP y relacionadas con solicitudes para aumentar su esquema de protección.El hombre aseguró que tras retirar su nombre de la contienda por la Presidencia de la República, comenzó a recibir amenazas y por ello requería un esquema especial de seguridad. Sin embargo, la UNP sostuvo ante la Corte que el ciudadano desarrolló un “modus operandi” para obtener un esquema tipo 4 y que, con ese propósito, promovió centenares de tutelas similares.Según la entidad, el solicitante no se encuentra en una situación de riesgo inminente, no acudió a practicarse el examen de valoración de riesgo requerido y además presentó múltiples requerimientos idénticos ante distintas autoridades judiciales.La Corte Suprema de Justicia determinó que el ciudadano ya cuenta con un esquema de protección, pero aun así insiste en obtener mayores medidas de seguridad mediante acciones de tutela. Incluso el alto tribunal advirtió que los derechos fundamentales no son absolutos y que el uso de la tutela debe respetar límites relacionados con la convivencia, el funcionamiento de la justicia y los derechos de terceros.Por ello, además de rechazar una de las cientos de tutelas, la Corte Suprema tomó varias decisiones correctivas. Entre ellas, ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades judiciales del país para que se abstengan de tramitar tutelas presentadas por esta persona cuando contengan expresiones irrespetuosas o injuriosas contra funcionarios, partes o terceros.Asimismo, dispuso que cualquier nueva tutela que interponga contra la UNP deberá incluir copia de esta providencia y ordenó que las oficinas judiciales de Cali, Pasto y Bogotá anexen el historial de tutelas previas del hombre cada vez que radique una nueva tutela.
El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Jorge Enrique Castillo Latorre, mayor retirado del Ejército y candidato a la Cámara por el Partido Conservador, y contra Daniel Ahumada Rico, por los delitos de injuria y calumnia.De acuerdo con la universidad, durante las últimas semanas ambos denunciados realizaron publicaciones en redes sociales en las que relacionaban a la institución, al rector y al movimiento estudiantil con hechos de “vandalismo” y “terrorismo”, en medio de las movilizaciones estudiantiles registradas a comienzos de mayo en Bogotá.Según el comunicado oficial, las protestas se desarrollaron tras denuncias de agresiones a estudiantes en estaciones de TransMilenio y por reclamos relacionados con una tarifa diferencial para universitarios de instituciones públicas y privadas. En ese contexto, el rector también cuestionó en redes sociales las actuaciones de la UNDMO contra estudiantes y trabajadores de la universidad.La denuncia sostiene que los mensajes publicados habrían afectado la reputación y el buen nombre de la institución y podrían estar relacionados con amenazas posteriores. La universidad indicó que, días después de las publicaciones, fue encontrado un panfleto firmado por un grupo paramilitar en medio de una asamblea con estudiantes, docentes y trabajadores, en el que se amenazaba al rector y a integrantes de la comunidad universitaria.Ante esta situación, la universidad señaló que solicitó a la mesa de diálogo sociojurídica que adelanta el Gobierno Nacional con ese grupo armado verificar la procedencia del panfleto y otros hechos que actualmente son materia de investigación.La Universidad Pedagógica Nacional pidió a la Fiscalía investigar los hechos denunciados y solicitar el retiro de las publicaciones señaladas como injuriosas y calumniosas. Además, hizo un llamado a respaldar y proteger a la institución y a su comunidad académica.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la exclusión de Diego Fernando Murillo alias 'Don Berna' de Justicia y Paz. Esto, pese a los reclamos de la Fiscalía General de la Nación y de los representantes de víctimas que advertían una supuesta renuencia del exjefe paramilitar a comparecer ante las autoridades judicialesLa Corte Suprema de Justicia estudió las apelaciones presentadas contra una providencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que previamente había rechazado la solicitud de expulsar a ‘Don Berna’ del sistema transicional.La Fiscalía argumentó que Diego Fernando Murillo, extraditado a Estados Unidos en 2008 y actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad USP Terre Haute, en Indiana, incumplió los compromisos adquiridos con la Ley de Justicia y Paz al no asistir a múltiples diligencias programadas entre agosto de 2021 y abril de 2022.Para la Fiscalía, el excomandante paramilitar dejó de comparecer a versiones libres ante la el mismo ente acusador y a las audiencias convocadas por magistrados de Justicia y Paz, pese a que existían mecanismos tecnológicos para garantizar su conexión remota desde Estados Unidos.Incluso, la Fiscalía señaló que alias ‘Don Berna’ ha tenido una participación limitada en el esclarecimiento de la verdad, asegurando que aceptaba cargos “por línea de mando” sin profundizar en estructuras criminales, financiadores, alianzas con agentes estatales o redes de apoyo al paramilitarismo.En la solicitud de exclusión también se advirtió que sobre el exjefe paramilitar existen más de 100 anotaciones judiciales y múltiples procesos activos dentro de Justicia y Paz.Algunos representantes respaldaron la petición de la Fiscalía y cuestionaron el aporte de Murillo Bejarano a la verdad histórica del conflicto armado. Entre ellos estuvo el abogado de Camilo Umaña Hernández, quien sostuvo que el exparamilitar no ha revelado información suficiente sobre homicidios, vínculos con agentes estatales y estructuras criminales como 'La Terraza'.
En medio de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía fue capturado en zona urbana de Villavicencio alias ‘Winny Pooh’, cabecilla de comisión de una estructura de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ que delinque en los Llanos Orientales. Las autoridades lo consideran una pieza clave dentro de la red criminal encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región del país.De acuerdo con las primeras informaciones de inteligencia militar, este hombre tenía la función de realizar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal. Con esos datos, la estructura criminal ejecutaba exigencias económicas contra distintos sectores productivos de la región, alcanzando, presuntamente, recaudos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones.Los investigadores sostienen que alias ‘Winny Pooh’ mantenía una cercanía directa con ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias, quien lo habría delegado para intensificar la presión criminal sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos de los Llanos Orientales. Esa labor, según las autoridades, generaba temor constante entre las víctimas, muchas de las cuales eran obligadas a pagar cuotas bajo amenazas.Las autoridades también revelaron que parte del dinero obtenido de manera ilegal habría sido utilizado por el señalado cabecilla para financiar lujos personales y “caprichos”, entre ellos la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y costosas joyas. Durante el procedimiento militar fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM que, al parecer, eran utilizadas para coordinar las acciones criminales de la estructura armada.Tras su captura, alias ‘Winny Pooh’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra. Entretanto, las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas contra las redes de extorsión y terrorismo de las disidencias en los Llanos Orientales.
Una comisión de la Fiscalía de Reino Unido realizó una visita de inspección a la cárcel Cárcel El Buen Pastor, en el marco del proceso de extradición que se adelanta contra Zulma Guzmán, requerida por las autoridades colombianas por el denominado caso de las frambuesas envenenadas, relacionado con la muerte de dos menores y el presunto intento de envenenamiento de otras dos personas.La diligencia fue desarrollada por funcionarios de la unidad de extradición del Reino Unido y contó con la participación de un representante de ese país, tres funcionarios de alto nivel del Inpec, dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y personal del establecimiento penitenciario. Durante la jornada se realizó una inspección a las instalaciones del centro de reclusión y a las áreas relacionadas con atención psiquiátrica y salud mental.La visita se produjo luego de una solicitud presentada por la defensa de Zulma Guzmán, la cual solicitó autorizar una revisión sobre las condiciones de reclusión y el manejo de su estado de salud mental. Dentro de esa petición se incluyó la posibilidad de evaluar el pabellón que eventualmente podría ser asignado por el Inpec en caso de concretarse su traslado a Colombia.Además de la revisión de las áreas médicas y psiquiátricas, los funcionarios también verificaron las actuales condiciones de hacinamiento en el penal. El caso continúa bajo reserva mientras avanzan las actuaciones relacionadas con la solicitud de extradición.De acuerdo con la información conocida, la documentación complementaria remitida por la Fiscalía General de la Nación ya fue recibida formalmente por las autoridades británicas y actualmente se encuentra en proceso de revisión. Ese expediente incluye información relacionada con la investigación y la trazabilidad de los hechos registrados inicialmente en abril de 2025.