Tras resolver una tutela dentro del caso de una menor que fue presuntamente abusada por su propio padre, la Corte Constitucional determinó que la Sala Penal de la Corte Suprema habría incurrido en un error al inadmitir el recurso extraordinario de casación y rechazar la solicitud de insistencia presentada por la Procuraduría, sin aplicar un enfoque de género ni considerar el interés superior de la menor.
El caso se remonta a 2015, cuando una Comisaría de Familia suspendió el régimen de visitas del padre de la niña y remitió una noticia criminal a la Fiscalía por un presunto abuso sexual contra la menor. Luego de esto, la Fiscalía imputó al hombre por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
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Sin embargo, tanto el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvieron al hombre tras considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar el delito más allá de toda duda razonable.
Luego de esa absolución en primera y segunda instancia los representantes de las víctimas interpusieron un recurso extraordinario de casación argumentando errores en la valoración de las pruebas.
Aunque la Procuraduría respaldó la solicitud e incluso advirtió sobre un posible escenario de “alienación parental”, la Sala de Casación Penal decidió no admitir el recurso ni aceptar la insistencia del Ministerio Público.
Por esa razón la madre de la menor presentó una tutela alegando vulneración de los derechos fundamentales de su hija al debido proceso y al acceso a la justicia.
La Corte Constitucional aclaró que no estaba revisando la absolución del procesado ni definiendo si existió o no el abuso sexual. El análisis se centró exclusivamente en la actuación de la Sala Penal al estudiar la admisión del recurso de casación.
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Según el alto tribunal, las providencias cuestionadas omitieron analizar el caso con perspectiva de género y no evaluaron adecuadamente el impacto de la decisión sobre los derechos de la menor. Además, señaló que no se explicó de manera suficiente por qué el recurso no debía ser admitido.
La Corte Constitucional fue clara en señalar que esta orden no significa que el recurso de casación deba ser admitido obligatoriamente, sino que el análisis deberá realizarse respetando plenamente las garantías de la niña.
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