El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habló en Mañanas BLU acerca de la aprobación de la reforma a la ley estatutaria a la administración de justicia, así como la reglamentaciónde la cadena perpetua, proyectos aprobados este martes en la plenaria del Senado.Ruiz se refirió al ‘mico’ que planteaba quitar como requisitos para ser defensor del Pueblo, procurador, registrador Nacional o fiscal General.“Eso venía en un tema desde el trámite de los cuatro debates en el Congreso. Eso no estaba en el texto inicial del Ministerio de Justicia”, sostuvo.“No sé eso de quién, ni para qué era. No tengo conocimiento de quién se va a beneficiar”, añadió Ruiz.Ruiz manifestó su disconformidad frente a la flexibilización de los requisitos para altos cargos en entes de control.“Había una preocupación del señor presidente de la Corte Suprema y de las otras cortes de que aspirara gente sin tener un perfil allí (Rama Judicial). A mí eso no me cuadraba, que para estar al frente de una carta no se tuviese experiencia jurídica”, declaró el ministro de Justicia.Escuche al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en entrevista con Mañanas BLU:
La Corte Constitucional dictó una medida provisional en el proceso que actualmente lleva el Juez 189 de Instrucción Penal Militar por la investigación de Dilan Cruz y ordenó suspender la recolección de nuevas pruebas y evidencias, hasta que la Sala Plena de la Corte falle de fondo una acción de tutela que interpuso la familia del manifestante que falleció en medio de los disturbios que se registraron el 23 de noviembre de 2019.La decisión se produjo tras una solicitud de la familia del manifestante a la Corte, donde cursa una tutela que pide el traslado de la investigación a la Fiscalía, por considerar que no es la Justicia Penal Militar la competente para adelantar la investigación contra el capitán Manuel Cubillos del Esmad, jurisdicción que según los parientes no ofrece garantías para proferir decisiones imparciales y objetivas.En el Auto 259 de 2021, proferido por la magistrada Diana Fajardo, la Corte respondió a los familiares de Cruz, quienes consideran que “mientras la conducta del uniformado se encuentre en investigación por la Jurisdicción Penal Militar, la vulneración en curso se hace más profunda y genera espacios de revictimización de los familiares que reclaman justicia y no encuentran las garantías del orden constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos según las cuales este tipo de hechos deben ser investigados y juzgados bajo los máximos estándares y no en tribunales marciales.”.La Corte, inicialmente, dio credibilidad a los testimonios de la familia de Cruz y accedió a decretar la suspensión hasta que la tutela sea resuelta definitivamente.“La Sala advierte que existen fundamentos jurídicos razonables para estimar que la demanda de amparo tiene vocación aparente de viabilidad. En efecto, de las circunstancias de hecho que rodearon la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, prima facie se aprecian elementos mínimos que permiten considerar la posibilidad de que la conducta del uniformado deba ser conocida por la Jurisdicción Penal Ordinaria y no por la Jurisdicción Penal Militar”, señala la Corte.
Tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la solicitud de revocar la medida de aseguramiento domiciliaria contra Aníbal Gaviria, solicitada por su defensa, el suspendido gobernador de Antioquia aseguró que seguirá buscando las herramientas para obtener la libertad y defenderse de las acusaciones de la Fiscalía. Cabe recordar que el mandatario es investigado por su posible participación en el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos y peculado derivado de presunta corrupción en la construcción de la troncal La Paz, entre 2004 y 2005, en su primer periodo como gobernador del departamento.Para pedir esa libertad, la defensa argumentó que había pruebas nuevas para asegurar que era innecesaria la medida de aseguramiento y que el proceso penal que se adelanta contra el gobernador no se rige por el sistema anterior (Ley 600), sino por el actual (Ley 906). Sin embargo, la Corte rechazó la petición porque, entre otras cosas, no se cumplen los requisitos ni es la oportunidad para solicitar una revisión de pruebas.“La razón de ser de la revocatoria de la medida de aseguramiento no es hacer un reexamen de lo que obraba al momento de su imposición, como si se tratara de una impugnación, sino que debe exhibirse algún medio demostrativo nuevo e idóneo con suficiencia para derruir los criterios que soportaron la necesidad de la medida o denotar la ausencia de finalidad constitucional que llevó a imponerla”, sostuvo la Corte.Ante esto, Gaviria emitió un comunicado en el que aseguró que seguirá con los procesos legales para revocar esa medida de aseguramiento, que es la segunda desde que se posesionó como gobernador."Continuaremos apelando a todos los instrumentos que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico para buscar que me sea permitida la defensa en libertad y el regreso a la inmensa responsabilidad que los antioqueños depositaron en mí con su voto. Me llena de dolor que esta injusticia me impida aportar con mi esfuerzo, compromiso y dedicación a la solución de los graves problemas sociales que hoy nos golpean, así cómo contribuir a combatir la pandemia", dijo Gaviria. Las reacciones se dieron en la Asamblea de Antioquia, donde el diputado Rubén Darío Callejas lamentó la nueva decisión de la alta corte, pero espera que la sentencia sea favorable."Tenemos que seguir lamentando para el departamento de Antioquia, para Aníbal Gaviria, su familia y quienes lo acompañamos esta otra decisión que no le favorece en su proceso. Seguimos creyendo en su proceso, en una sentencia que sea absolutoria para él", dijo el diputado Callejas.Por su parte, el diputado Luis Peláez consideró que preocupa es la falta de legitimidad porque va un año sin un gobernador elegido popularmente."Es que llevamos más de un año sin gobernador legitimo y al respecto, Luis Fernando Suárez es el gobernador encargado, puesto por Aníbal Gaviria y por Iván Duque, no hay legitimidad, que es muy importante en todos los escenarios porque Luis Fernando no ha sido elegido popularmente", explicó. Cabe recordar que esta es la segunda vez que Aníbal Gaviria es detenido y suspendido de su actual cargo en este proceso judicial por el presunto pago de anticipos de 1.500 millones de pesos adicionales para que el contratista adelantar las obras de pavimentación y construcción de un puente en el proyecto Troncal de la Paz en el Bajo Cauca antioqueño.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, por su presunta participación en el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos, y peculado derivado de presunta corrupción en la construcción de la troncal La Paz entre 2004 y 2005, cuando se desempeñó en su primer mandato como mandatario del departamento.La Corte negó la solicitud de revocar la medida de aseguramiento solicitada por su defensa y mantuvo la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.La defensa argumentó que había pruebas nuevas que permitían desvirtuar la medida de aseguramiento y que el proceso penal que se adelanta contra el gobernador no se rige por el sistema anterior (Ley 600), sino por el actual (Ley 906). Así mismo, la Fiscalía no tuvo en cuenta que la delegación que hizo el gobernador, fue la misma que hizo en alrededor de ocho mil contratos firmados durante esa administración entre 2004 y 2007, entre otros aspectos, tales como la posible no comparecencia al proceso.La Corte analizó la petición y negó la libertad basada, entre otros aspectos, que no se cumplen los requisitos ni es la oportunidad para solicitar una revisión de pruebas.“La razón de ser de la revocatoria de la medida de aseguramiento no es hacer un reexamen de lo que obraba al momento de su imposición, como si se tratara de una impugnación, sino que debe exhibirse algún medio demostrativo nuevo e idóneo con suficiencia para derruir los criterios que soportaron la necesidad de la medida o denotar la ausencia de finalidad constitucional que llevó a imponerla”, sostuvo la Corte.De esta manera, la Corte deja en firme la acusación que hizo un fiscal delegado por presuntas irregularidades en la actividad contractual derivada de las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la troncal La Paz, entre La Cruzada- Caucasia, cuyo costo superó los $41.000 millones de pesos en el año 2005.
Un juez negó la solicitud para que se aplazara la audiencia en la que se definirá si se cierra el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Aunque aún no hay fecha definida, solo falta que se fije y no podrá ser aplazada.La acción de tutela fue interpuesta por el abogado Miguel Ángel del Río contra el Tribunal Superior de Bogotá - tribunal que revocó el reconocimiento de víctimas que este despacho efectuó en favor de Deyanira Gómez.El juzgado 28 con función de conocimiento no evidenció obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación por parte de la Fiscalía.“Cosa distinta ocurriría si la honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción constitucional, ordenara la suspensión o no programación de la audiencia”.Es por eso que este juzgado niega la petición de aplazar la audiencia de preclusión y mantiene su decisión de fijar nueva fecha para tal determinación.Vea el documento:
La sala civil de la Corte Suprema de Justicia cuestionó a la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal por negar el acceso a la información del periodista Juan David Laverde de El Espectador, quien solicitó unas copias de unas declaraciones de dos testigos, en el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo dentro del llamado “Cartel de la Toga”.A pesar de ser pública dicha información, la Sala de Instrucción le negó las copias al comunicador, argumentando que se violaría el derecho a la intimidad por los nombres y las identificaciones que allí aparecen.La sala civil ordenó a la Sala de Instrucción expedir las copias solicitadas, no sin antes llamar la atención de sus compañeros magistrados.“No bastaba con enunciar dicho amparo, sino que era necesario ahondar en las razones que daban lugar a la reserva en virtud de dicha protección, sin que sea suficiente invocar la posible vulneración del derecho a la intimidad únicamente por el contenido de los generales de ley, pues de ser así en todo momento habría lugar a negar el acceso a las documentales (escritos, audios o videos) que se recauden en la etapa de juicio, toda vez que siempre que se toma una declaración, aquellos son recaudados, y por definición, aluden a información personal de quien está frente al estrado”, indicó la sentencia.Negar documentos en etapa de juicio constituye una limitación a las libertades de expresión, información y prensa, agregó la Corte Suprema.
En un documento de 164 páginas conocido por BLU Radio, la Corte Suprema de Justicia expuso los argumentos que motivaron su decisión de no investigar al senador Gustavo Petro por el denominado ‘Petrovideo’, la cinta audiovisual de 14 minutos que se conoció en noviembre del 2018, y en la que se ve a Juan Carlos Montes entregándole unos fajos de billetes.La Corte llegó a tres conclusiones: en primer lugar, el video se grabó en el 2005 y no en el 2009 como decían los denunciantes al abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia; en consecuencia, los delitos por los que pedía investigar al senador prescribieron al ser conductas de hace más de 15 años, y, en tercer lugar, no le se puede atribuir la comisión de ningún delito al senador, pues el origen de los dineros fue lícito. El alto tribunal no le da credibilidad a la fuente anónima del denunciante de la Espriella.Los argumentos de la decisiónLas declaraciones del arquitecto Simón Vélez y del exfuncionario de Petro, Juan Carlos Montes, fueron claves para que al Corte Suprema de Justicia determinara que los hechos ocurrieron en el 2005 y que el origen de los dineros fue lícito.Esto se da a pesar de que el denunciante de la Espriella dijo que el video se grabó en el 2009 y que, según una fuente anónima, los dineros vendrían del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’ quien, supuestamente, entregó una elevada cantidad de dinero destinada a financiar la campaña electoral de éste en la consulta interna del partido Polo Democrático Alternativo para escoger el candidato de esa colectividad a la Presidencia de la República.Sobre la declaración del arquitecto Vélez, vale la pena resaltar que le dijo a la justicia que hizo proselitismo con sus “amigos oligarcas que por su condición de oligarcas hicieron donaciones vergonzantes y anónimas, un oligarca no puede decir que hicieron donaciones para Petro, se mueren de vergüenza con sus amigos”. Sin embargo, sobre la identidad de esos allegados, prefirió no suministrar nombres y enfatizó en que se trató de donaciones voluntarias, no de préstamos o créditos.Montes ratificó lo dicho por Vélez en un testimonio que rindió ante la Corte el 18 de diciembre del 2018. Dijo que estaban ad portas de una elección y que se requerían recursos para su financiación, pues su función como militante del Polo Democrático Independiente consistía en buscar y gestionar recursos.Así, aseguró que tuvo éxito con un gestor, concretamente, con el arquitecto Roberto Simón Vélez Jaramillo, quien en sus contactos sociales consiguió algunos recursos, pero sin que Montes Fernández conociera la identidad de los aportantes más allá de que se trataba de aportes de “amigos oligarcas”.Montes añadió que Vélez consiguió dichos aportes en actividades sociales, tales como almuerzos o juegos de golf. Posteriormente, dijo que estas personas entregaron dinero en efectivo, cuyo destino era impulsar las campañas de los delegados del partido y las candidaturas al Senado de la República y agregó que los fajos visualizados en la grabación corresponden a billetes de baja denominación, que sumaban en total 20 millones de pesos.Finalmente, aseveró que Petro ignoraba el origen de los recursos y que el video se grabó “entre unos ocho o quince días” después de su desvinculación de la Unidad de Malla Vial y “unos cinco o seis meses, más o menos, antes de la reincorporación a la administración distrital en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte”.Estas entrevistas fueron claves para la decisión de la Corte, pero también el hecho de que ninguno de los denunciantes o declarantes contra el senador Petro son testigos presenciales de los hechos.“El citado denunciante (Abelardo de la Espriella) no es siquiera un testigo de oídas de primer grado, incluso, de manera paralela resulta forzoso colegir en el caso examinado que, en el mejor de los casos, se trataría solo de una fuente desconocida. En fin, anónima, por lo tanto, si alguna utilidad tiene, es aquella que efectivamente se le otorgó, esto es, de resultar simplemente orientadora de la investigación”, dice la decisión.Estos son algunos de los argumentos que expone la Corte llega para llegar a la conclusión de que no se le puede atribuir la comisión de ningún delito al senador Petro.“Por lo argumentado, entonces, se afianza la conclusión de que la prueba acopiada en la investigación previa evidencia que, del contenido del medio audiovisual, así como de los demás medios suasorios acopiados, al imputado no se le puede atribuir por razón de tales hechos la comisión de alguna conducta punible.Asimismo, añaden que la versión coincidente de Juan Carlos Montes, del arquitecto Vélez y del senador Petro “es la que concita plena credibilidad, con tal contundencia, que excluye la posibilidad contraria que en buena medida y con un alto grado de especulación planteó de forma persistente el denunciante De la Espriella Otero”.Incluso, que al ser intervinientes en la reunión recogida en la grabación (Montes y Petro), son quienes podían efectuar la reconstrucción fiel de sus circunstancias, por ejemplo, la de carácter temporal.Precisamente, sobre el año en el que se habría grabado el video, dice la Corte: “se extractan datos que, en armonía con las imágenes respectivas, confirman la ocurrencia de dicho encuentro en 2005, como lo atestaron de forma categórica los contertulios Petro Urrego y Juan Carlos Montes Fernández. Por lo tanto, no en 2009, de acuerdo con los señalamientos De la Espriella Otero, soportados, se reitera, en la información recibida de una “fuente periodística”, así como en su propia “investigación” (…) Es más, del contenido de la grabación, aunada a la versión y a la declaración juramentada del citado Montes Fernández puede sostenerse, sin remisión a duda, que el encuentro objeto de ese medio audiovisual acaeció el 7 de octubre de esa primera anualidad”.Explica el alto tribunal que, después de un cotejo a unas fotocopias del diario El Tiempo, se llegó a la conclusión que la edición que se ve en el video corresponde a la del 6 de octubre de 2005.“Adicionalmente, otras circunstancias verificables del escrutinio del video confirman que los hechos ocurrieron en 2005, no años después, esto es en 2009, como lo insinuó la senadora Valencia Laserna y fue aseverado también de manera categórica por el denunciante De la Espriella Otero, reitera la Corte (…) en resumen, de la valoración probatoria consignada en precedencia queda esclarecido con certeza, esto es, sin remisión a duda, que los hechos materia de la noticia criminal, contrario a lo sugerido por la senadora Paloma Valencia Laserna, así como también a lo atestado por el periodista y denunciante Abelardo De la Espriella Otero con fundamento en las afirmadas revelaciones de un delator anónimo para las presentes diligencias, así como en sus singulares pesquisas periodísticas no ocurrieron en 2009, sino en 2005, en específico, el 7 de octubre de esta última anualidad”, concluye sobre ese punto al decisión.Finalmente explica el alto tribunal, desde entonces, el 2005 a la fecha, han transcurrido más de 15 años y 7 meses por que las conductas por las cuales fue denunciado el senador Petro están prescritas y por ello declara “la prescripción penal por razón de los posibles delitos cometidos en los hechos que fueron materia de las denuncias formuladas en las presentes diligencias contra el senador Gustavo Petro”, dice el documento.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación penal contra el senador Gustavo Petro por las denuncias sustentadas en un video que lo registra recibiendo una gruesa suma de dinero en efectivo y depositándola en una bolsa.La Corte concluyó que después de una investigación preliminar se logró determinar que esos hechos ocurrieron en octubre de 2005 y por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.Igualmente, la sala de instrucción concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito.La indagación preliminar contra Petro Urrego se inició en diciembre del 2018, luego de que la Corte recibió una denuncia de varios congresistas que, en la plenaria del Senado de la República del 27 de noviembre del 2018, expusieron el fragmento de un video en el que el senador aparece reunido con el señor Juan Carlos Montes Fernández, quien le entrega al alta suma.A esa denuncia se sumó la de un abogado que dijo conocer, por una fuente cuya identidad se reservó, que el dinero provenía de un narcotraficante con el fin de financiar la campaña del dirigente político a la Presidencia de la República.Sin embargo, en el trascurso de la investigación previa de la Corte dejó en claro que los hechos registrados en el video ocurrieron el 7 de octubre del 2005, cuando Petro aspiraba al Senado y no en el 2009, cuando aspiraba a la Presidencia.En la decisión mayoritaria, salvó el voto el magistrado Misael Rodríguez.
En medio del debate de reforma al Código Disciplinario y que brinda nuevos poderes a la Procuraduría General de la Nación, el senador Gustavo Petro dijo que denunciará a los congresistas que votaron este proyecto por desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo favoreció.Según el senador de la Colombia Humana, esta iniciativa va en contravía con el fallo de la Corte en su caso, puesto que se estableció que los funcionarios elegidos por voto popular, no pueden ser inhabilitados o destituidos por autoridades administrativas, “Se nos quiere presentar un proyecto que crea un leviatán, es permitirle a un funcionario del común del Ejecutivo, que le quite derechos políticos a la ciudadanía y eso no se llama democracia, eso se llama dictadura”, explicó.Por tal motivo, Petro le pidió al presidente de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, Miguel Ángel Pinto que "el secretario que recoja todas las actas del debate de este proyecto y las envíe a la Corte Suprema de Justicia”, para hacer la denuncia formal.Finalmente el congresista y candidato presidencial se refirió a los nuevos poderes que tendrá la Procuraduría General y afirmó que esto puede ser utilizado como instrumento de persecución a la oposición de turno, “víctimas van a ser los del uribismo y los que no son del uribismo, solo permitan que un presidente sea rival y que pueda tener injerencia en una Procuraduría como hoy pasa, pero mañana puede ser otro, podría ser yo mismo, y esa Procuraduría serviría para ser una purga política en Colombia como hasta ahora ha sido”, puntualizó
La Corte Suprema ratificó la competencia de la magistrada Cristina Lombana para investigar al senador Armando Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó continuar con el trámite luego de negar la recusación contra la magistrada.La sala de instrucción de la Corte determinó que no se cumplió ninguna de las causales que determina la ley para apartar a la magistrada del conocimiento del caso contra Benedetti, y, además, consideró que las razones que argumentaba el senador forman parte de su estrategia de defensa y por eso las debe argumentar dentro del mismo proceso en el cual tiene las garantías procesales que determina el procedimiento penal.Benedetti es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito derivado de unos millonarios ingresos de dinero a sus cuentas que la Corte consideró como injustificados inicialmente al vincularlo formalmente a un proceso penal, dentro del cual está pendiente de rendir indagatoria.
Según información del Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio actual de la gasolina para las 13 ciudades principales del país que entrará en vigencia a partir del 17 de junio.La dirección de Hidrocarburos del ministerio de Minas y Energía, confirmó que el precio de la gasolina seguirá en alrededor de $8.525 por galón, mientras que el precio del diésel se mantendrá en niveles de $8.394, en promedio.Cúcuta tendrá la gasolina más económica del país, con un promedio de $7.080 pesos, mientras que Villavicencio la más costosa, con $8.947 pesos por galón.Mientras que en Bogotá el precio por galón estará promediando los 8.847 pesos, y el diésel en $8.652.Estos son los precios de la gasolina vigentes desde el próximo 17 de junio.También informaron que se mantendrán en estos precios “con el objetivo de no trasladar a los consumidores la alta volatilidad que vienen presentándose en los precios internacionales de los combustibles y del crudo”.
La selección de Italia arrolló este miércoles a la de Suiza por 3-0 en el estadio Olímpico de Roma, con un doblete de Manuel Locatelli y un gol de Ciro Immobile, y se convirtió en el primer equipo matemáticamente clasificado para los octavos de final de la Eurocopa.A falta de una jornada para que concluya el grupo A, Italia es líder con seis puntos, dos más que Gales y cinco más que Suiza, mientras que Turquía cierra la clasificación sin puntos.El equipo de Roberto Mancini, que lleva diez victorias consecutivas sin recibir gol alguno, se jugará la primera posición el próximo domingo 20 de junio contra Gales en el estadio Olímpico de Roma.Roberto Mancini, seleccionador de Italia, expresó este miércoles su orgullo por el triunfo 3-0 conseguido contra Suiza en la segunda jornada de la Eurocopa y consideró que sus jugadores todavía tienen "margen para mejorar".Algunos jugadores son jóvenes, nunca han jugado las copas europeas. Nuestros jóvenes tienen margen de mejoría enormes", afirmó Mancini en rueda de prensa al acabar el partido del estadio Olímpico de Roma."Suiza es una selección óptima, con jugadores técnicos y potentes. Nosotros jugamos muy bien, merecimos ganar, pero pienso que tienen una buena selección", agregó.
A través de sus historias de Instagram, la reconocida actriz colombiana Kimberly Reyes se le midió a hablar sobre los supuestos rumores de divorcio que salieron a la luz en los últimos días.Todo comenzó porque la actriz estuvo un poco alejada de sus seguidores de redes sociales debido a que no se sentía bien y no le parecía correcto hacer de cuenta que nada estaba pasando en su vida.Es por eso que Kimberly decidió enviarles un mensaje a sus seguidores. En el video se le vio acompañada de su familia y su esposo hablando de que no podía creer en cuántos rumores estaba involucrada solo por tomarse unos días.“Oigan, vengan acá, me metí a esta hora porque ya me iba a acostar a dormir, pero es que me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar 800 mil bochinches porque... O sea, uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo”, expresó la actriz.Además de eso, Kimberly dijo que ya no se puede tener unos días para estar triste.“Ahora uno no tiene derecho a tener unos días pa' uno, sentirse triste por A, B, C... Eso pasa, no porque uno sea de la farándula entonces ya tiene que haber un escándalo detrás...”, aseveró Reyes mientras estaba en compañía de su esposo Federico Severini.
