La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión.La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión. De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.'Los 12 Apóstoles'Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como 'Los 12 Apóstoles'.Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de "limpieza social" en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.Escuche aquí el informe:
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Roberto Solórzano, se refirió a la controversia generada por el video publicado por Deicy Jiménez, en el que aparece el expresidente Gustavo Petro, y aseguró que los servidores públicos tienen responsabilidades éticas y morales tanto en los espacios públicos como en los privados en medio de la investigación por el caso de presuntos contratos irregulares en el Dapre durante el anterior gobierno.El pronunciamiento se produjo en medio de las actuaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en una investigación contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por los posibles delitos de tráfico de influencias y contratación indebida.“Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dinero del Estado. Pero también tengo que decir categóricamente que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado. Y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”, señaló el magistrado Solórzano.Mientras continúa la controversia por el contenido del video, la investigación judicial avanza con la práctica de diferentes diligencias. Deicy Jiménez, quien ha entregado información relacionada con presuntos contratos irregulares que se habrían celebrado en entidades del Estado, entregó su teléfono celular al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía acompañada por su nueva abogada de confianza, Dina Luz Malo. El dispositivo será sometido a una extracción forense por parte de expertos del CTI, diligencia que tendría una duración aproximada de cuatro horas.Durante este procedimiento serán examinados elementos como videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz, con el propósito de establecer si en el contenido del teléfono existen elementos materiales probatorios relacionados con los hechos que son objeto de investigación.La entrega del celular se da en el marco de las diligencias ordenadas por la Corte Suprema, que también dispuso una inspección a la Secretaría del Senado para revisar información relacionada con los contratos de Jiménez.Entre tanto, la defensa de Jiménez denunció que tanto la testigo como su abogada habrían sido objeto de seguimientos. Dina Luz Malo aseguró que el pasado 3 de noviembre personas que no han sido identificadas siguieron y tomaron fotografías de su clienta mientras realizaba actividades cotidianas.La investigación también contempla nuevas diligencias en Fiscalía. El director del DAPRE, Carlos Ríos, está citado para declarar el próximo 18 de noviembre, mientras que fue concertada la ampliación del testimonio de Angie Rodríguez bajo reserva.
La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Legislativo. La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, en medio de la investigación por las denuncias sobre una presunta red de contratación pública a cambio de favores sexuales.Con esta inspección, la Corte busca establecer cuáles fueron las vinculaciones contractuales de Jiménez en el Congreso y verificar la información relacionada con los señalamientos que ha hecho contra el presidente Gustavo Petro y otras figuras políticas.Esto se da en medio de su denuncia, presentada hace un par de semanas, en la que sostuvo que el involucrado no solo era el expresidente, sino también que habría recibido beneficios laborales a través de una vinculación en la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María José Pizarro, a quien también mencionó en sus declaraciones.A la par, se espera que este jueves acuda a la Fiscalía, acompañada de su nueva abogada, para entregar voluntariamente su teléfono celular. La Sala dispuso que un funcionario de la Corte esté presente para realizar una copia espejo del dispositivo y trasladar la información a la investigación.Según su anterior abogado, Felipe Caballero, el teléfono contendría chats, videos y otros elementos que podrían respaldar el testimonio entregado por su defendida ante la Corte.Cabe recordar que hace una semana Jiménez declaró durante más de tres horas ante la Sala de Instrucción y aseguró que los presuntos ofrecimientos de contratos y beneficios laborales estarían relacionados con favores sexuales. También habló de supuestas recomendaciones de mujeres para ocupar cargos públicos y de comunicaciones que, según su versión, respaldarían sus señalamientos.Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, anunció dos denuncias ante la Fiscalía: una contra Jiménez y otra contra el director del Dapre.Ahora, la inspección en el Senado y la información que se obtenga del celular serán parte de los elementos que deberá examinar la Corte para contrastar las versiones y establecer si existieron las irregularidades denunciadas.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una inspección forense en la Fiscalía al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo que contendría posibles evidencias relacionadas con los señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante la administración del expresidente Gustavo Petro.La diligencia busca establecer el contenido de la información almacenada en el dispositivo y determinar si existen elementos relacionados con los hechos que son materia de investigación. Jiménez compareció ante la Corte Suprema dentro del mismo expediente en el que se adelantan actuaciones relacionadas con los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en el Dapre.Por otro lado, la declaración de Jiménez ante la Fiscalía continúa suspendida luego de la renuncia de su abogado Felipe Caballero, quien manifestó que la diligencia había sido aplazada por motivos de seguridad. La defensa de Jiménez quedó ahora a cargo de la abogada Dina Malo, aunque hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que entregue su declaración ante el ente acusador.En paralelo, la Fiscalía citó a declaración libre al actual director del Dapre, Carlos Ríos, para el próximo martes a las 9:00 de la mañana. La citación se produce después de sus intervenciones ante el Congreso, en las que señaló que las mujeres presuntamente afectadas por las irregularidades investigadas ascenderían a 48.También fue concertada una nueva fecha para ampliar la declaración de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. Su defensa solicitó que se mantenga la reserva de sus datos por motivos relacionados con seguridad y salud mental.Dentro de las actuaciones previstas, la Fiscalía avanza además en la programación de la declaración de la exdirectora Laura Sarabia y en la realización de inspecciones judiciales en las sedes del Dapre. También se encuentran sobre la mesa posibles valoraciones por parte de Medicina Legal, en el marco de las actuaciones que se adelantan dentro del expediente.El caso tiene además un componente ante la Corte Suprema de Justicia, donde se investiga al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla emitió, en el lapso de dos días, dos decisiones contrarias sobre la libertad de Dayana Jassir De la Hoz, condenada a 57 años y 6 meses de prisión por el homicidio agravado de su esposo, Eduardo Pinto Viloria, quien se desempeñaba como director de Medicina Legal sede Norte en Barranquilla.Este miércoles, el Tribunal había dado cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional que amparaba los derechos al debido proceso y a la libertad personal de Jassir, alegando falta de protocolos de motivación en la orden de captura que estuvo dentro de su sentencia condenatoria. Por eso, dispuso su libertad, mientras avanza la decisión del recurso de casación en su proceso, y le dio al tribunal un plazo máximo de 48 horas para proferir una nueva orden bien fundamentada.Así las cosas, el mismo Tribunal profirió la decisión de reemplazo exigida y ordenó de nuevo la captura inmediata de Dayana, justificando la medida con base en tres criterios: su arraigo social, al considerar que la familia que formó con la víctima fue destruida por el comportamiento que motivó su condena; la duración de la pena, lo que a su juicio representa un riesgo de fuga; y las circunstancias del caso, pues consideró que quien tuvo la determinación de atentar contra la vida de su cónyuge representa un riesgo de reincidencia.La madre de la víctima, Eduardo Pinto, Rebeca Viloria, criticó con vehemencia que la Corte haya estado de acuerdo en dejarla en libertad: “Ya Eduardo (Pinto) cumplió 10 años el 4 de mayo y todavía estamos en la misma lucha. A ella le dan la libertad e inmediatamente se vuela. Una persona que está condenada a más de 50 años no se quedará esperando nada, se irá y si ella se vuela por la orden que dio la Corte, el Estado me tiene que responder”.Recordemos que Dayana Jassir se encuentra en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y que no es la primera vez que tiene la posibilidad de quedar en libertad, mientras la Corte Suprema de Justicia entrega su fallo al recurso de casación que hay en su condena de segunda instancia. En mayo, había interpuesto una tutela que quería dejar sin efectos esa medida.
Luego de más de tres horas de declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Deicy Jiménez terminó su diligencia en medio de las denuncias por la presunta existencia de una red criminal que habría otorgado contratos a cambio de favores sexuales. Su abogado, Felipe Caballero, aseguró que su defendida respondió durante toda la mañana las preguntas del magistrado, la defensa y la Procuraduría, pese a las presiones que habría recibido.El abogado confirmó que Jiménez está dispuesta a entregar un celular a la Corte Suprema de Justicia, del que podrían extraerse videos, chats y otros elementos para corroborar su declaración. La entrega no se realizó de inmediato por razones de seguridad y, según explicó, se coordinará una fecha para que un equipo técnico recoja la información del dispositivo.El abogado Caballero reveló que Deicy Jiménez que pese al estado de salud y ánimo, la mujer habló de los presuntos encuentros con sexo y drogas.“Ella fue valiente y dijo que sí, que iba a rendir su declaración”, afirmó Caballero, quien también denunció presiones contra Jiménez y su familia, esto luego de que se publicaran datos personales y la ubicación de sus familiares en donde viven.Frente a las personas mencionadas durante el testimonio, el abogado Caballerobindicó que habría referencias a varios funcionarios y exfuncionarios de distintos periodos, tanto de la etapa en la que Gustavo Petro fue congresista como de su Presidencia, entre ellos hizo referencia a una superintendente.Pero, al finalizar la diligencia también habló, el abogado Alejandro Carranza, quien asistió en representación del expresidente Gustavo Petro y de la senadora María José Pizarro, aseguró que sus defendidos están tranquilos con el desarrollo de la diligencia. Explicó que tuvo la oportunidad de interrogar a la testigo.El abogado Carranza anunció que radicó dos denuncias, una penal ante la Fiscalía contra Deicy Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría presentado ante el Congreso cuando solicitó trabajo.Según explicó, la denuncia se basa en una investigación que realizó y en publicaciones de HispanTV, por lo que pidió que las autoridades verifiquen la información.El abogado también informó que denunció al director actual del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por un presunto constreñimiento a funcionarias y contratistas de esa entidad. Según su versión, habría mujeres citadas en compañía de dos hombres que no se identifican, a quienes supuestamente les retiran sus teléfonos y les preguntan por sus inclinaciones políticas y por su participación en actividades de campaña de Iván Cepeda.“Les quitan los teléfonos a las funcionarias y empiezan a interrogarlas por su inclinación política, por si hicieron o no campaña con Iván Cepeda. Les dicen que ya las han estudiado, que saben su ubicación y la de sus familias, y las amenazan con procesos disciplinarios o con terminarles los contratos”, señaló Carranza.Además, manifestó que sospecha que los dos hombres que acompañarían al director del Dapre podrían pertenecer a la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque no presentó esa identificación como un hecho confirmado.El abogado aseguró que puso estos señalamientos y los elementos digitales que, según dijo, respaldarían su denuncia en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.Ahora, corresponderá a las autoridades verificar las pruebas, establecer si ocurrieron las presuntas presiones y determinar si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y contra el expresidente Gustavo Petro, por hechos que habrían ocurrido cuando este último se desempeñaba como congresista.La denuncia se relaciona con las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer que relató que se ofrecían contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales. Según su testimonio, esta práctica también se habría presentado durante el periodo en el que Petro estuvo en el Congreso.¿Quién asumirá el caso en la Corte Suprema?El proceso quedará en manos del nuevo magistrado de la Sala de Instrucción, Javier Fernando Fonseca, quien deberá analizar la denuncia y determinar los pasos por seguir.“Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la sala especial de institución de la Corte Suprema. ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones tomas y se amplía la denuncia, si llama a una versión, si se hace una vinculación formal, pero apenas está justo en esta etapa en el proceso investigativo, dependiendo del material que se tenga y la robustez de las pruebas ya el magistrado instructor mirará qué acción toma”, dijo, al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis.¿Qué dijo Deicy Jiménez?Jiménez aseguró haber sido contratada en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro como parte de presuntos favores a mujeres que habrían prestado servicios sexuales a Gustavo Petro a cambio de contratos.La denunciante afirmó haber recibido un contrato por 34 millones de pesos para apoyar la gestión de la primera vicepresidencia del Senado, cargo que en ese momento ocupaba Pizarro, particularmente en asuntos relacionados con casos de violencia sexual. Según lo conocido, habría llegado al equipo por recomendación de Petro.La respuesta de María José PizarroLa exsenadora del Pacto Histórico reaccionó a los señalamientos y aseguró que nunca avalará una situación como la que se insinúa. Defendió su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y afirmó que su compromiso con esas causas “no se negocia”.Pizarro calificó las acusaciones como “señalamientos sin fundamentos” y sostuvo que se trata de una estrategia para sacarla de la vida política. También arremetió contra los medios que difundieron la entrevista con la denunciante, a los que llamó “prensa amarillista y mercenaria”. Sin embargo, en su pronunciamiento la excongresista no desmintió haber contratado a Jiménez ni explicó el perfil por el cual la denunciante hizo parte de su equipo de trabajo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que continúan las gestiones para lograr la extradición a Colombia del exmagistrado José Leonidas Bustos, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga y quien reside en Canadá desde 2019.Lenis explicó que, aunque Colombia y Canadá no tienen un tratado de extradición, existen mecanismos que podrían permitir su regreso al país. Por esta razón, la Sala Penal ha insistido ante el Gobierno nacional para que avance en los trámites a través de la Cancillería.“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos”, señaló Lenis.El magistrado agregó que Colombia podría acudir al principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que el país ha extraditado a Canadá a personas que no habían sido solicitadas por sus autoridades. Con este mecanismo, esperan obtener una respuesta similar del Gobierno canadiense.Sobre los avances, el presidente de la Corte, Lenis, indicó que se adelantan verificaciones solicitadas por la Cancillería, entre ellas, establecer la ubicación actual de Bustos en Canadá.Además, confirmó que contra el exmagistrado continúa activa una circular roja de Interpol para facilitar su localización.El presidente de la Corte también se refirió al impacto del caso en la justicia colombiana y lamentó que Bustos hubiera ocupado la presidencia de esa corporación antes de ser condenado por hechos de corrupción.“Fue un momento muy doloroso para la justicia, que alguien que fue elegido como presidente de la Corte haya deshonrado esa dignidad. Pero es un ejemplo de que la justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó Lenis.El Cartel de la Toga operó entre 2012 y 2017 y buscaba cobrar dinero a cambio de interferir en investigaciones penales contra congresistas señalados de tener vínculos con grupos paramilitares. Justamente, Bustos fue condenado por concierto para delinquir y cohecho propio, en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado a la justicia colombiana.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia. En su discurso aseguró que la grandeza del Estado de derecho consiste en que el poder encuentre límites que no dependan de su voluntad y que los juristas deben recordar esos límites sin importar quién se moleste con las decisiones de la justicia."Y aquí tengo que hacer un reconocimiento especial a la rama judicial, una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno. Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas por el régimen desastroso que gracias a Dios derrotamos en las urnas. Este aplauso es para las cortes y para los jueces de la patria", dijo el presidente.Por otro lado, dijo que defenderá la independencia judicial, al asegurar que sin jueces independientes el Estado de derecho desaparece."Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano. La independencia de un juez no es un privilegio personal, sino una garantía que la República reconoce a quienes acuden a la justicia para que sus derechos no dependan de una presión indebida o de una componenda política", señaló el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia aclaró qué ocurre cuando una persona tiene una enfermedad y se encuentra trabajando, pues esta condición no garantiza por sí sola la estabilidad laboral reforzada ni impide que una empresa pueda terminar el contrato.De acuerdo con la entidad, para acceder a esta protección, el trabajador debe demostrar que su condición de salud genera una limitación relevante en el ámbito laboral y que cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia.La aclaración quedó registrada en la sentencia SL2622-2025, en la que la Sala de Casación Laboral estudió la demanda de un hombre contra Weatherford Colombia Limited. El trabajador alegó que su despido era ilegal porque tenía síndrome del túnel carpiano bilateral y una discapacidad moderada.En la demanda, solicitó el reintegro, el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, los aportes a seguridad social y una indemnización equivalente a 80 días de salario.¿Puede una empresa despedir a un trabajador que tiene una enfermedad?Tras estudiar el caso, la Corte Suprema señaló que, para determinar si una persona está protegida por su condición de salud, es necesario valorar tres factores: la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo; las características del cargo y su entorno laboral; y la interacción entre la condición de salud y las funciones que desempeña.La Corte explicó que, si se demuestra una situación de discapacidad y el contrato termina sin una causa objetiva o justa, la decisión puede ser discriminatoria y declararse ineficaz.Sin embargo, en este caso, la Sala señaló que el demandante no probó que, al momento del despido, tuviera una deficiencia que le impidiera realizar sus labores habituales.La sentencia también precisó que las recomendaciones preventivas o las medidas habituales de gestión de riesgos laborales no son suficientes, por sí solas, para demostrar la existencia de una discapacidad o de discriminación.¿Por qué la Corte Suprema negó la protección laboral en este caso?La Sala de Casación Laboral determinó que las restricciones médicas relacionadas con el trabajo en alturas, el levantamiento de cargas y los movimientos repetitivos de las manos no tenían relación con las funciones que desempeñaba el trabajador en la empresa.Además, no encontró pruebas de que el síndrome del túnel carpiano le ocasionara una limitación prolongada ni de que no existieran perspectivas claras de recuperación.Por esta razón, el caso permite precisar que no toda enfermedad da lugar automáticamente a la estabilidad laboral reforzada. La posibilidad de terminar un contrato debe evaluarse según las circunstancias particulares y las pruebas disponibles. La sentencia no autoriza el despido indiscriminado de trabajadores enfermos.
El Gobierno están negociando un préstamo de alrededor de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un intento por estabilizar sus precarias finanzas públicas, según informó Bloomberg. De acuerdo con las fuentes, quienes solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones, el país y el organismo multilateral están discutiendo los términos de un acuerdo de reserva. A diferencia de esquemas anteriores, Colombia tiene la intención explícita de recurrir al programa de financiamiento en lugar de considerarlo únicamente como una medida de precaución. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Al ser consultados, tanto el FMI como el Ministerio de Hacienda de Colombia declinaron hacer comentarios.Deterioro fiscal y medidas de ajuste en el CongresoLas negociaciones se producen mientras el ejecutivo busca estabilizar las finanzas públicas tras años de crecientes déficits y un aumento sostenido de la deuda. El mes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar las conversaciones sobre los esfuerzos de estabilización fiscal del gobierno, incluyendo una consulta sobre el Artículo IV y posibles medidas para mejorar las condiciones de financiamiento del país. El FMI declaró el mes pasado que la trayectoria fiscal de Colombia era insostenible, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió la situación económica como la peor en la historia del país. Como respuesta, el gobierno ha enviado al Congreso un paquete de recortes de gastos y aumentos de impuestos destinados a reducir el déficit fiscal.Los acuerdos de crédito contingente del FMI están diseñados para ayudar a los países a abordar problemas de balanza de pagos a corto plazo o potenciales, y pueden tener una duración de hasta tres años.
Una recompensa de hasta $3.200 millones ofrecen las autoridades por información que permita ubicar y capturar a Jesús Navarro Robles, conocido con el alias de ‘Casinga’, señalado como presunto responsable del ataque con explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar.De acuerdo con las investigaciones, Navarro Robles sería uno de los principales cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, estructura armada ilegal que tiene presencia en esta zona del departamento.El atentado dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y más de 40 soldados heridos, luego del ataque contra las instalaciones militares mediante el uso de explosivos lanzados desde drones por el ELN. Una de las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia apunta a que la acción violenta habría sido una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, señalado como hombre de confianza de ‘Casinga’."Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas. Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos", señala un documento de inteligencia militar conocido por Blu Radio.Alias 'Casinga', sería el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. El documento lo señala como presunto responsable de “asesinatos, extorsiones y exigencias económicas al personal del comercio, además de intimidaciones contra comunidades del sur de Bolívar". Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la participación de otros integrantes de esta estructura armada ilegal y esclarecer las circunstancias en las que fue perpetrado el atentado.El ataque contra la base militar en Santa Rosa del Sur representa una nueva escalada de violencia en el sur de Bolívar, una zona con presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. La identificación de alias ‘Casinga’ y la millonaria recompensa hacen parte de las acciones de las autoridades para ubicar a los responsables del atentado.
Una mujer de la tercera edad murió luego de ser atropellada por una motocicleta cuando cruzaba una calle en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. La víctima acababa de salir de una ceremonia religiosa y se dirigía a su casa cuando fue embestida por dos personas que se movilizaban en el vehículo. Los ocupantes huyeron sin prestarle auxilio.El caso fue reportado por Edward Porras, del Ojo de la Noche, quien entrevistó a un testigo del accidente ocurrido cerca del barrio El Rincón. La persona relató cómo encontró a la mujer después del impacto y las condiciones en las que permaneció mientras llegaba la ambulancia.“Llega una parejita en una moto y la levanta. La levantó y la dejó tirada acá al frente del local”, contó el testigo.Al recordar el estado de la víctima, describió la fuerza del impacto: “Claro, fue un golpe duro, demasiado duro. Ella reventó, fue por dentro. Ella no, en ningún momento botó sangre. Ella solo parpadeaba y lloraba”.El testigo aseguró que llamó a los servicios de emergencia y a la Policía. De acuerdo con su relato, la ambulancia llegó diez minutos después del accidente. “Fue a las 7:07 y llegaron a las 7:17”, precisó.También contó que la mujer todavía se movía cuando llegaron los paramédicos. “Entonces los paramédicos la miraron y tenía ya la quijada tiecita. Dijeron: ‘Tengo que levantarla de una, llevárnosla de una porque ya está convulsionando’”.La adulta mayor fue trasladada al Hospital de Suba y posteriormente remitida al Hospital Simón Bolívar, donde falleció esa misma noche, cerca de la medianoche.¿Qué se sabe de los responsables del accidente en Suba?El testigo confirmó que las dos personas que iban en la motocicleta escaparon después de atropellar a la mujer. “El conductor de la moto, pues, desgraciadamente huyó. No sabemos quién fue, porque sí fue una pareja, pero no sabemos quién fue”, señaló.Los vecinos están reuniendo videos de cámaras de seguridad para aportar información que permita identificar a los ocupantes del vehículo. La Policía de Tránsito también revisa las grabaciones del sector.Otro accidente en Bogotá dejó una ciclista de 23 años muerta en la avenida Ciudad de CaliEdward Porras también reportó otro siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la avenida Ciudad de Cali con calle 128. Una ciclista de 23 años murió tras ser arrollada por un motociclista cuando transitaba en sentido norte-sur.Según el reporte, la joven habría pasado por una zona con poca iluminación y, al parecer, no llevaba elementos reflectivos. El motociclista también resultó lesionado. Unidades de criminalística realizaron la inspección y las autoridades revisan las cámaras de seguridad para establecer cómo ocurrió el accidente.
Al menos cuatro presuntos miembros de las disidencias de las Farc murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en el departamento de Norte de Santander, en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.El presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera alias 'Calarcá'.En camuflado y armado, De La Espriella presentó en Cúcuta a alias ‘Barba chivo’, capturado en Tibú tras los bombardeos a las disidencias. La bomba llevaba su firma y el mensaje: “bienvenidos a la patria milagro“. La boina terracota que usa el mandatario es el distintivo de los comandos de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano, mientras que el escudo metálico es la insignia de los comandos de operaciones especiales.La FAC realizó el bombardeo con aviones Súper Tucano, mientras los comandos especiales del Ejército ingresaron posteriormente al área para adelantar el asalto terrestre. Antes del ataque, uno de los oficiales le dijo al presidente Abelardo De La Espriella que una de las bombas contenía “460 kilos de democracia”. El mandatario escribió sobre la bomba, con un marcador, “Bienvenidos a la patria milagro”, estampó su firma y le echó la bendición. Entre los seis capturados está Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias 'Barba Chivo', señalado como mando medio del frente 33, quien llevaba cerca de 11 años en esa estructura y es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado….En el operativo también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas de mortero acondicionadas para ser lanzadas desde drones. En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.El presidente De La Espriella advirtió entonces que su Gobierno va a "perseguir" a "narcoterroristas" para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.
Hoy martes 10 de noviembre de 2026, la medida pico y placa Medellín hoy impide la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 4. Esta restricción vehicular estará vigente entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m., según lo reporta la Secretaría de Movilidad de Medellín. A su vez, para los taxis en la ciudad, las placas terminadas en 0 no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.. Estas normas son esenciales para el flujo vehicular en el Valle de Aburrá, que incluye la capital antioqueña y sus alrededores.Pico y placa en Medellín este martes 10 de noviembre de 2026 En este martes 10 de noviembre, la medida pico y placa Medellín hoy restringe el tránsito de los vehículos particulares cuyas placas terminan en 1 y 4. El horario de aplicación es de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. en toda la zona del Valle de Aburrá. Cabe destacar que, para los taxis, las restricciones aplican a las placas que concluyen en 0. El objetivo de esta normativa es controlar el flujo vehicular y reducir los niveles de contaminación en la ciudad.Sanciones por incumplimiento Los conductores que no respeten las normas del pico y placa Medellín hoy podrían enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponde a aproximadamente $633.200 COP. Además, la infracción puede acarrear la inmovilización del vehículo. Sin embargo, aquellos que asistan a un curso dentro de los cinco días siguientes pueden pagar solo el 50%, es decir, $316.600 COP. Se recomienda verificar las placas antes de salir para evitar sanciones.Recomendaciones para hoy en Medellín En vista de la medida pico y placa Medellín hoy, es aconsejable que quienes deben realizar desplazamientos opten por vehículos permitidos o por las excepciones vigentes, como los vehículos eléctricos o híbridos. De igual manera, los servicios de transporte público y las aplicaciones de movilidad compartida pueden ser alternativas viables para evitar sanciones. Manténgase informado a través de aplicaciones y plataformas en tiempo real para planificar sus rutas de manera efectiva.Mañana, las placas afectadas por el pico y placa Medellín hoy serán diferentes, por lo que es fundamental estar atentos a la normativa y planificar sus desplazamientos con anticipación. Esta medida, crucial para la movilidad sostenible en la ciudad, requiere la colaboración de todos los conductores.