Un fallo de la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente clave para los trabajadores en Colombia. La Sala de Casación Laboral confirmó que retirar las cesantías y no demostrar que el dinero se invirtió en los fines permitidos por la ley configura una falta grave que justifica el despido inmediato con justa causa.
La decisión se dio al dejar en firme la sentencia del caso de un empleado con cerca de 37 años de antigüedad que fue despedido tras solicitar un retiro parcial de $100 millones para la supuesta compra de vivienda, cuyo uso nunca acreditó.
El caso que motivó el pronunciamiento judicial
El trabajador tramitó el desembolso de los recursos respaldado en la norma que permite el uso del ahorro para vivienda o educación. Sin embargo, omitió entregar las escrituras o comprobantes solicitados de forma reiterada por el empleador.
Ante la falta de soportes, la compañía adelantó un proceso disciplinario interno y dio por terminado su contrato de trabajo sin pago de indemnización.
El afectado demandó a la firma solicitando su reintegro o una compensación económica, alegando una presunta violación al debido proceso. No obstante, los jueces de instancia y la Corte Suprema rechazaron sus pretensiones.
¿Por qué el empleador puede exigir pruebas del gasto de cesantías?
En la Sentencia SL245-2026, el alto tribunal explicó que el retiro parcial de cesantías tiene una destinación específica regulada por la legislación laboral. Por ello, el trabajador asume la obligación estricta de certificar que el dinero se empleó en los fines autorizados.
A su vez, los empleadores tienen la responsabilidad legal de verificar la destinación de los fondos. Omitir este control puede acarrear sanciones jurídicas para las empresas, por lo que el incumplimiento del empleado impacta directamente la responsabilidad de la compañía.
Claves del fallo: lo que debe saber para evitar sanciones
La Corte Suprema dejó fijados los criterios que aplican para todo el sistema laboral del país:
- Obligación de soporte: el trabajador debe presentar facturas, escrituras o recibos de matrícula que demuestren el gasto del dinero retirado.
- Causal de despido: negarse a legalizar el avance de las cesantías faculta al empleador a terminar el vínculo laboral sin pagar indemnización.
- Garantía de debido proceso: pedir explicaciones o enviar requerimientos previos al proceso disciplinario no vulnera la inmediatez, sino que permite al empleado ejercer su derecho a la defensa.
Tras la ratificación del fallo, el excolaborador perdió la opción de ser reintegrado o indemnizado y fue condenado al pago de las costas del recurso extraordinario ante la justicia.
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