El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla cuestionó la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que sus procesos podrían continuar en la justicia ordinaria. Durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, el exmagistrado también se refirió al anuncio de no convocar una Asamblea Constituyente y a la necesidad de preservar la separación de poderes en Colombia.
Arrubla pide no prorrogar la JEP
Al referirse a la justicia transicional, Arrubla calificó a la JEP como “un parche en nuestro sistema jurídico” y recordó que fue creada como una jurisdicción temporal. Según explicó, considera que no debería prorrogarse y que los procesos pendientes podrían ser asumidos por la justicia ordinaria.
“Lo ideal sería terminarla y que esos procesos pasaran a la justicia ordinaria. Si no se puede hacer eso, pues por lo menos que no se incentive, que no se crezca y que se vaya agotando”, afirmó.
El exmagistrado también cuestionó los resultados de la jurisdicción en materia de justicia y reparación. “Aquí no ha habido ni justicia, ni reparación, ni paz. Entonces, ¿para qué necesitamos la JEP si lo que buscaba eran esas 3 cosas?”, manifestó.
No a la Constituyente, pero sí a reformas institucionales
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Sobre el anuncio presidencial de no convocar una Asamblea Constituyente, Arrubla consideró que existen aspectos de la Constitución de 1991 que podrían requerir modificaciones, particularmente en su parte orgánica.
“Hay una parte orgánica de la Constitución que tiene muchos reparos y a lo mejor necesite ajustes”, señaló. Sin embargo, respaldó que no se utilice una Constituyente para buscar una eventual reelección presidencial y afirmó que en un sistema democrático “no debe haber reelección”.
Separación de poderes y respeto a los jueces
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Arrubla insistió en que la democracia requiere que cada rama del poder público cumpla su función y respete las decisiones de las demás instituciones.
“Una democracia es cada loro en su estaca, cada uno cumpliendo su función y respetando las del otro”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que el Ejecutivo debe respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no esté de acuerdo con ellas, y defendió el papel de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado como instituciones de control dentro del sistema jurídico colombiano.
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