El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, fue enfático y lanzó duras críticas a la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente.Allí, el magistrado, dijo que: “Me pregunto, cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991, la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.Por otro lado, el magistrado Reyes también afirmó que la Constitución al final la necesita un pueblo como brújula y punto de equilibrio y que Colombia ha sido una nación terriblemente asediada por la violencia, los días de felicidad han sido escasos, además de referirse a la firma del acuerdo de paz en 2016 que para él marcó una esperanza, pero ello parece muy lejano, persisten los llamados de auxilio.Quien también intervino en el evento, fue Humberto de la Calle, quien se refirió a la propuesta del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; “Y a propósito la cuestión de la reforma por la vida de una Asamblea Constituyente ocupa hoy la atención nacional, la voz del nuevo ministro del Interior por fortuna ha afirmado que el camino es el previsto en la carta. Recibimos esa afirmación con alivio, confiemos en que esta sea la decisión unificada del Gobierno”, expresó de la Calle.Además, de la Calle dijo que, es deber del Gobierno nacional generar confianza porque la propuesta ha sorprendido a buena parte de la comunidad, y que de no lograrse esa confianza, ese esfuerzo puede resultar fallido.
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que sigue considerando inviable una Asamblea Constituyente sin un consenso nacional, pero no descartó una Constituyente acotada para abordar reformas específicas.Inicialmente, Cristo se mostró contrario a esta propuesta, calificándola de "inviable, imposible y mala idea" si se trataba de una constituyente impuesta por un sector específico sin el respaldo de un consenso nacional. De hecho este ha sido un trino de marzo de 2024 la ha costado críticas al nuevo ministro porque hoy pareciera estar diciendo lo contrario.No obstante, ahora plantea la posibilidad de una Constituyente limitada a ciertos temas urgentes que necesitan reforma y que han permanecido estancados en el Congreso y en la opinión pública.“Una Constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, y menos aún durante el periodo del presidente Petro”, dijo Cristo en Mañanas Blu.Afirmó que el proceso de reformas debe ser fruto de un diálogo amplio y abierto, similar al que se llevó a cabo hace más de tres décadas para la Constitución del 91. Este diálogo debería involucrar a todos los sectores de la sociedad, desde partidos políticos hasta gremios empresariales y organizaciones sociales.“Sigo pensando lo mismo y sigo pensando que tiene que ser fruto de la unión de todos los colombianos, de un acuerdo nacional y no de la imposición de un sector a otro”, reiteró Cristo.Reformar la Constitución es una tarea ardua, subrayó Cristo, quien recordó la reforma del equilibrio de poderes durante su anterior mandato en el Ministerio del Interior. La intención actual es explorar la viabilidad de una Asamblea Constituyente que aborde temas específicos como el ordenamiento territorial, la reforma política y la justicia.“El Juan Fernando Cristo que dijo repitan conmigo la inviabilidad de la Constituyente, era el que decía y sigue pensando que una Constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, que una constituyente no es posible en Colombia ya durante el periodo del presidente Petro, y que precisamente si tiene que trabajar como se hizo hace 35 años, precisamente hoy se está celebrando esos 33 años tal vez de la Constitución del 91, dijo.El mandato del presidente Petro a Cristo es claro, según el funcionario: iniciar contactos con diversos actores políticos y sociales para determinar las reformas necesarias y evaluar si estas se pueden llevar a cabo a través de una Asamblea Constituyente. Durante la entrevista, se mencionaron rumores sobre la posibilidad de convocar una Constituyente por decreto. Cristo desmintió estas especulaciones, calificándolas de “absolutamente inconvenientes, inconstitucionales y sin pies ni cabeza”. Aclaró que la única vía legítima para una Constituyente es a través de un acuerdo nacional y cumpliendo con los parámetros establecidos en la Constitución.“No hay ninguna posibilidad en Colombia de convocar una constituyente si ella no es fruto de un acuerdo nacional, que es el que vamos a buscar, a ver hasta dónde somos capaces de llegar”, insistió el ministro.Cristo distinguió entre las reformas sociales que el Gobierno busca implementar a través del Congreso y las reformas institucionales que podrían requerir una Constituyente. El objetivo es abrir puertas para establecer diálogos concretos y creíbles que permitan avanzar en ambas agendas. Entre las reformas sociales prioritarias están la reforma laboral y la profundización en la autonomía territorial.“El mandato que me ha dado el presidente de la República es iniciar contacto con los partidos políticos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, para estudiar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente acotada”, explicó Cristo.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, dio un mensaje de tranquilidad al país en medio del debate sobre los llamados del presidente Gustavo Petro a una constituyente y se mostró confiado en que los distintos actores políticos van a tramitar todas sus ideas a través de los mecanismos que establece la Constitución de 1.991.Durante su intervención en la convención de Asobancaria en Cartagena, Reyes dijo que no hay límites a las cosas que el país puede cambiar en su sistema político: reelección, modificaciones al Congreso, incluso cambios a propia constitución, pero que todo eso tiene un orden y un proceso más allá de los micrófonos.“Tenemos que tener claro todos y cada uno de los ciudadanos es que todo eso está diseñado en la Constitución y que es por los canales de la Constitución que puede haber reelección que puede haber aumento del período presidencial que puede haber un sistema parlamentario, que puede haber un sistema unicameral, todo eso lo podemos inventar porque para eso somos una democracia en la que podemos construir eso bajo amigables consensos como dice el Contralor, pero todo, repito, por las vías de la Constitución esta es una democracia constitucional y no una democracia plebiscitaria y eso lo tenemos que tener claro”, aseguró.Reyes dice que hasta ahora no ha escuchado al presidente Gustavo Petro decretar una convocatoria a una Asamblea Constituyente y que si eso llega a pasar tendría, como cualquier otra decisión del Gobierno, sus mecanismos de control en la Justicia.Hasta ahora el presidente Gustavo Petro ha negado que esté interesado en reelegirse para un segundo periodo y ha dicho que su interés en hablar de constituyente se refiere a un proceso de diálogo con sectores populares, pero no necesariamente a una nueva constitución.
Esto a raíz de que el fiscal Mario Andrés Burgos deberá enfrentar un pliego de cargos por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.Lo anterior debido a la filtración del video de la captura y del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos. Donde se le acusa a este de presionar al hijo del primer mandatario con el fin de poder negociar con la Fiscalía y poder así investigar al presidente Gustavo Petro.Por su parte, Mauricio Pava, abogado del presidente, aseguró que esta decisión enseña que el fuero constitucional para investigar y juzgar a un presidente en ejercicio debe ser respetado en todos los escenarios judiciales.Dice que los abusos de poder y las extralimitaciones de funciones deben ser sancionados para proteger la majestad de la administración de justicia.Añade que las reserva de las piezas procesales y su legitimidad deben ser protegidas por los fiscales, llamados a dar ejemplo en la investigación y procesamiento de cualquier ciudadano.A su vez, el presidente Gustavo Petro ya se pronunció sobre esto y aseguró “se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución”, señaló a través de su cuenta de X, dando a entender con esto que aprueba que se aparte del caso al fiscal Burgos.
En un reciente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro expresó su opinión sobre el estado del acuerdo de paz, alegando que el pacto liderado por el expresidente Juan Manuel Santos no ha logrado conducir al país hacia una era de verdadera paz. En sus palabras, "algo falla". Esta declaración surge en respuesta a la carta enviada por el exmandatario a la ONU, donde este rechazaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.Petro aseguró que el exjefe de Estado está un poco “confundido” y que pareciera que “no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso", haciendo referencia a la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas.A su vez, el primer mandatario se pronunció sobre la idea de una reelección y aseguró que no niega la posibilidad de una constituyente en un futuro.“Los que me critican son los que se reeligieron, yo no quiero reelegirme y no creo que la constituyente sea el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente debe expresarse”, dijo.Además, durante esta reunión, el mandatario reiteró su intención de llevar las conversaciones de paz con el ELN, hacia el vaticano. Esta propuesta, que ya había sido planteada con anterioridad, cobra nueva relevancia con la presencia del Nuncio Apostólico Paolo Rudelli, decano del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, quien estuvo durante este encuentro. Petro destacó la dificultad de esta iniciativa, pero subrayó que es una posibilidad que se está considerando seriamente."Es una idea que podría conciliar el anhelo de paz del pueblo colombiano, y qué mejor lugar que el Vaticano para llevar a cabo estos diálogos", afirmó el presidente.Además, reconoció que llevar a cabo esta propuesta será un desafío, pero destacó la importancia de explorar todas las opciones para alcanzar la paz deseada por todos los colombianos.
A través de un comunicado, el Sector de Educación Superior se pronunció ante el panorama que atraviesa la Universidad Nacional en torno a la designación del rector. En el documento, el organismo exige que se respete la autonomía universitaria expresada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia que afirma que “las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.Tras el nombramiento de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, distintos sectores han mostrado su posición de rechazo argumentando que ésta no se encontraba dentro de los ámbitos legales. Por otro lado, hay quienes afirman que la llegada de Peña a la institución educativa es completamente válida.Frente a esto, el comunicado manifestó que el Consejo Superior Universitario, “basado en su propio estatuto orgánico, tiene la facultad para determinar la forma en que designa a su rector y demás directivas”. Por lo mismo, considera que la Resolución No. 7480 del 15 de mayo del 2024, expedida por el Ministerio de Educación, viola la autonomía universitaria.Cabe recordar que dicho documento expresaba que el CSU debía convocar una sesión extraordinaria para encargar a un rector en menos de 24 horas. Lo anterior, según la carta, “constituye un desconocimiento de la transformación de la Universidad Nacional de Colombia de establecimiento público a ente autónomo universitario”.Al finalizar el comunicado, el Sector de Educación Superior hizo un llamado al Gobierno nacional para que actúe dentro de las normas colombianas que ordenan proteger la autonomía de dichas instituciones.
En los últimos meses el presidente Gustavo Petro ha venido hablando de convocar una constituyente y, en el marco del Congreso de los Pueblos, se plantea este mecanismo como un proceso de democratización. Esto ha generado polémica porque varios sectores aseguran que no es la solución para la crisis que ahora enfrenta el país en varios frentes.Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el abogado Hugo Moldiz, quien fue ministro de Gobierno de Bolivia durante el tercer Gobierno del expresidente Evo Morales y sirvió como asesor para la Asamblea Constituyente de ese país. Advirtió que un proceso como este tiene muchas implicaciones y debe pensarse con cuidado, pues no funciona como “una varita mágica” que resuelve los problemas.“Una Asamblea Nacional Constituyente no es una varita mágica si no hay un proceso previo, que es, precisamente, el del momento o el proceso constituyente. Evidentemente no se van a resolver las cosas como, reitero, un acto de magia. En el momento constituyente habrá quienes planteen una nueva Constitución con una dirección X y otros con una dirección Y ¿Cómo se va a traducir si la dirección X es el camino por seguir o la dirección Y o la dirección Z? Se va a traducir eso cuando los delegados sean nombrados en un proceso eleccionario; el partido o el movimiento que sea capaz de ganar a la mayor parte de la sociedad tendrá mayor representación. Ahora, si es o no necesario, hoy, reformar la Constitución, es una respuesta que la tienen que dar los colombianos”, manifestó.En ese sentido, dijo que por “simplemente sentido común” y entendiendo que la última Constitución aprobada en Colombia en una Asamblea Constituyente fue en 1991, el “mundo ha cambiado y lo ha hecho aceleradamente” aún más después de la pandemia, que tuvo grandes impactos económicos y otros aspectos.“Hay una reconfiguración de los poderes en el mundo, una relación de fuerzas que va cambiando (…) En, por ejemplo, Chile ha sucedido un fenómeno contradictorio porque la mayor parte de la gente quería una Asamblea Constituyente, pero a la vez ese esfuerzo inicial tuvo una respuesta negativa al momento de preguntarle a la gente si aprobaba o no aprobaba la Constitución, pero lo bueno es que participó la gente, decidió y si el resultado era inverso, obviamente hubiera justificado el hecho de que sí se necesitaba, como yo creo que se necesita una nueva Constitución hasta en Paraguay”, recalcó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
El excomisionado de Paz Sergio Jaramillo se preguntó cómo es posible que, ahora, en Colombia se esté debatiendo sobre cambiar o no el texto de la Constitución, cuando la realidad de lo que pasa en muchas regiones, como en el Cauca, “se está saliendo de las manos”. Esto, en relación con la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro sobre una Constituyente para implementar el acuerdo de paz y ante la posibilidad de una reelección cuando termine su mandato.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el excomisionado dijo que buscar quedarse en el poder, cambiando las leyes, “es lo que acaba una República” y es “lo último que necesita Colombia” en estos momentos. Según señaló, lo que se requiere es que el Gobierno se meta en terreno y ejecute las reformas y proyectos con los recursos que hay a disposición.En ese sentido, recordó que, en el 2009, renunció a su cargo en la cartera de Defensa cuando conoció de la intención del expresidente Álvaro Uribe Vélez de cambiar la Constitución para poder ser reelegido, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo, según contó. Cabe recordar que Uribe fue presidente del 7 de agosto de 2002 hasta el 2010, siendo reelegido en el 2006.“Por ahí ya pasamos, esa historia ya la conocemos. En el año 2009 yo era viceministro de Defensa del Gobierno Uribe y renuncié porque estaba en desacuerdo con que el expresidente Uribe fuera al Congreso a cambiar la Constitución para quedarse en el poder. Eso es lo que acaba una República, eso es lo último que necesitamos. Lo que debería hacer el Gobierno y tiene los medios y fondos, es meterse en el terreno, con gente que conoce el territorio, como la vicepresidenta (Francia Márquez) y hacer las cosas”, aseveró Jaramillo.Acuerdo de paz, ¿qué tiene que ver Álvaro Leyva?El exfuncionario también se refirió a las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien aseguró hace unos días que “a Colombia hay que reconstruirla no solo políticamente, sino moralmente”. Además, a través de un video publicado en su cuenta de X, confirmó que sí tuvo “algo” que ver con los acuerdos de la Habana; sus afirmaciones causaron polémica porque, aparentemente, sería su idea la de hacer una Constituyente.Jaramillo comentó que Leyva sabe que “jamás se discutió una Constituyente” en el acuerdo con la extinta guerrilla de las Farc: “Por lo que he visto en la prensa esta es una idea de Álvaro Leyva y esa fue mi sorpresa. Yo hice todo esto con él, era la contra parte, estaba hablando y negociando conmigo a nombre de las Farc y eso nunca se dijo; él lo sabe”, puntualizó.Incluso, el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció y calificó de “absurdo” usar el acuerdo de paz, firmado en el 2016, para convocar una Constituyente ahora.“Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es uno especial que puede modificar las partes contratantes, tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continua y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”, manifestó en un video el expresidente Santos.
A través de una carta, el expresidente César Gaviria también respondió a la propuesta del excanciller Álvaro Leyva de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por el texto firmado en el acuerdo de paz con las extintas Farc en el 2016. El exmandatario manifestó que se debe proteger la Constitución de 1991.Por lo anterior, el máximo representante del Partido Liberal convocó a una "gran coalición" nacional para defender la actual Constitución que rige el país con todos los partidos que estén "dispuestos a defender la democracia y el Estado de Derecho". Esta iniciativa terminaría en una coalición que elegiría un candidato presidencial a través de una consulta interpartidista."Cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional, atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público", señaló el expresidente Gaviria, quien se une a los exmandatarios Juan Manuel Santos, Iván Duque, Ernesto Samper y Álvaro Uribe, quienes también rechazaron la postura del Gobierno Petro.En la carta abierta, el líder del Partido Liberal también señaló que el Gobierno nacional está realizando una interpretación equivocada sobre el acuerdo de paz firmado en el 2016, pues en el texto se habla de un "acuerdo político nacional"."He revisado punto por punto los acuerdos y no encuentro que el equipo del Gobierno Santos haya negociado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Lo que hizo, fue una referencia a un acuerdo político", añadió Gaviria en su documento.Respeto por la ConstituciónEl expresidente Gaviria reiteró que la actual Constitución no ha sido derogada, por lo que debe ser respetada, en principio, por el propio Gobierno y por todas las instituciones que componen el Estado. Asimismo, recalcó que la intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente carece de bases constitucionales e, incluso, la calificó como "incomprensible"."Lo que ha ocurrido es una altísima negativa a negociar los textos de las reformas. No queda claro si el Gobierno se propone a convocar la Constituyente por decreto y sin cumplir los trámites que establece la constitución del 91, que exigen para su reforma, entre otras, la aprobación del Congreso de la República", añadió.
En Colombia el matrimonio está consagrado en la Constitución Política y dicta que el Estado debe "garantizar la protección integral de la familia". Es por eso que el divorcio solo puede darse ante ciertas causales. Entre enero y agosto de 2021, por cada dos parejas que decidieron casarse, aproximadamente una decidió divorciarse. Así lo indican las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que registran 37.182 matrimonios civiles y 16.657 divorcios durante ese periodo.Si su pareja no quiere divorciarse, ¿qué puede hacer? Lo primero es aclarar que el divorcio por decisión unilateral sin justa causa aún no existe en Colombia. Es decir, hay causales que por ley deben probarse si se quiere llegar a un divorcio unilateral. Estos son: Infidelidad: Para probar la infidelidad, se requiere la confesión del cónyuge culpable o el nacimiento de un hijo extramatrimonial que demuestre contundentemente la existencia de relaciones sexuales.Violencia intrafamiliar: Se pueden presentar pruebas como informes médicos, fotos de lesiones, testimonios de testigos, grabaciones de audio o video, informes periciales, entre otras, según sea el caso.Separación de hecho: Se debe probar que los cónyuges han estado separados por más de dos años, tiempo durante el cual no debe haber existido ningún vínculo entre ellos. Se pueden presentar pruebas como facturas de servicios públicos, registros de viajes o testimonios de personas que hayan presenciado la separación.Abandono injustificado: En este caso, se pueden presentar pruebas como testimonios de testigos que hayan presenciado el abandono, correos electrónicos, mensajes de texto o facturas que demuestren que el cónyuge se ha mudado a otro lugar.También lo señala la Corte Constitucional en sentencia C-985 de 2010, también las causales se pueden clasificar como objetivas y subjetivas.Las causales objetivas pueden ser solicitadas por cualquiera de los cónyuges y el juez no necesitará evaluar la conducta que se alega:"Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial".Mientras que, las causales subjetivas se derivan del incumplimiento de las obligaciones o deberes de uno de los cónyuges."Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil", señala la sentencia. Proyecto de ley busca que el divorcio sea unilateralEl Proyecto de Ley No. 064 de 2023, busca que se permita el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los dos cónyuges. Esta iniciativa, de la representante a la Cámara, Katherine Miranda (Alianza Verde), sigue en debate en el Congreso. "Es una realidad que hay matrimonios que atraviesan crisis insuperables, por eso queremos dotar de herramientas a los cónyuges para que puedan restablecer sus vidas personales de una manera más eficiente, menos costosa que en la actualidad y acorde con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía privada y la dignidad humana", explicó la congresista.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.