En entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó cómo el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretende abrir camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de seguir el trámite tradicional ante el Congreso de la República. El funcionario habló de una "octava papeleta" en las elecciones de marzo de 2026 y un proyecto de ley de iniciativa popular respaldado por firmas ciudadanas.
Montealegre señaló que el primer paso sería un "hecho político": permitir que los ciudadanos expresen en las urnas su apoyo o rechazo a la convocatoria de una Constituyente, mediante una papeleta voluntaria, similar a la “séptima papeleta” que precedió la Constitución de 1991. Aclaró que esta expresión no tiene efectos jurídicos inmediatos, pero sí representa una manifestación del poder constituyente primario: el pueblo.
“Colombia debe tener la tranquilidad, debemos todos los colombianos tener la seguridad, la certeza de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente se hará dentro del marco constitucional. El hecho político no rompe el diseño constitucional”, afirmó. Según el ministro, esa expresión ciudadana daría pie a los pasos formales y normativos requeridos por la Constitución para convocar la Constituyente.
Frente a las críticas por intentar saltarse el Congreso, Montealegre respondió que si bien la vía ordinaria para convocar una Constituyente pasa por el Legislativo, también existen otras formas legítimas, como los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley Estatutaria. En particular, mencionó que un grupo de ciudadanos —equivalente al 20 % del censo electoral, es decir, más de 8 millones de firmas— puede presentar un proyecto de ley convocando la constituyente.
Según su tesis, una vez recogidas las firmas, el Congreso podría quedar obligado a discutir el proyecto o, en caso de negarse, se abriría el debate sobre si ese proyecto puede ser revisado directamente por la Corte Constitucional. “Esa es una fuente de interpretación jurídica que hay que explorar”, dijo.
Montealegre también planteó otra vía: considerar que los acuerdos de paz con las Farc —firmados en La Habana— podrían dar sustento jurídico a la convocatoria de una Constituyente. A su juicio, estos acuerdos forman parte del bloque de constitucionalidad y contienen elementos que podrían justificar el llamado, sin necesidad de pasar por el Congreso.
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Esta postura ha generado resistencia entre varios juristas y sectores políticos, que consideran que la única vía legítima es a través del legislativo. “Esa es una tesis respetable, pero ortodoxa”, respondió Montealegre, insistiendo en que existen otras fuentes de derecho.
Finalmente, el ministro enfatizó que el proceso no es una imposición del Gobierno, sino una iniciativa que debería estar en manos del pueblo. “El presidente ha lanzado la idea, pero quien va a decidir en últimas son las organizaciones populares”, afirmó. De esa forma, el Ejecutivo se presenta como facilitador, más no como protagonista del proceso constituyente.
Escuche la entrevista completa aquí:
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