El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
En medio de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar la crisis penitenciaria en Colombia, el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, anunció que el Gobierno avanzará en la construcción y entrega de nuevas cárceles para ampliar la capacidad del sistema. Confirmó que el establecimiento de Riohacha será inaugurado en la última semana de noviembre y que se trabaja para terminar la cárcel de Sabanas de San Ángel antes del 31 de diciembre de 2026.El ministro explicó que estos proyectos, junto con los de Pereira y Barrancabermeja, contemplan en total 6.722 cupos carcelarios. Además, anunció que el Gobierno buscará recursos para construir más establecimientos mediante la venta de activos improductivos del Estado y la figura del derecho.Frente a la crisis de los centros de detención transitoria, el ministro propuso utilizar plenamente las fuentes de inversión, promover soluciones regionales mediante convenios que definan aportes, custodia y sostenimiento, y establecer un esquema diferenciado para financiar el funcionamiento de estos espacios.El jefe de cartera sostuvo que el problema no requiere redistribuir nuevamente las competencias entre la Nación y los territorios, “lo que falta no es un nuevo reparto, sino que se cumpla y que pueda financiarse”, afirmó.También planteó diferenciar a los territorios que incumplen sus responsabilidades de aquellos que demuestran que no tienen capacidad económica para asumirlas. Además, anunció que se actualizará la metodología para calcular el costo real de los cupos carcelarios, con participación del Inpec, la Uspec y las entidades territoriales.Además, anunció que el Gobierno buscará recursos para construir nuevas cárceles mediante la venta de activos improductivos del Estado y la figura del derecho de superficie. También informó que se instalará una mesa trimestral con Hacienda, Planeación, el Inpec, la Uspec y otras entidades, para establecer responsables, compromisos y plazos. El Ministerio presentará antes del 15 de noviembre las bases de la propuesta sobre competencias y financiación territorial.El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, cuestionó que la política criminal se concentre en aumentar las penas y los castigos, sin fortalecer la resocialización de las personas privadas de la libertad.El secretario jurídico aseguró que el Estado ha fallado históricamente en ofrecer rutas para que los detenidos construyan un proyecto de vida productivo y puedan regresar a la sociedad. Señaló que no basta con mantenerlos recluidos, sino que deben recibir herramientas para recuperar su libertad y reintegrarse.Por su parte, el ministro de Hacienda explicó que el Gobierno utilizará el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia, la patria milagro, para asignar los recursos que requiere el sistema penitenciario. Este plan está en formulación y deberá establecer prioridades, proyectos y fuentes de financiación.El funcionario advirtió que asignar recursos no garantiza su ejecución, pues esta depende de la capacidad de gestión de entidades como el Inpec y la Uspec.Las respuestas del Gobierno se conocieron después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez alertara que, con corte a agosto de 2026, los 1.144 centros de detención transitoria del país tenían capacidad para 9.686 personas, pero albergaban a 18.824, lo que representa un hacinamiento del 94,34 %. Además, 17.292 personas llevaban más de 36 horas en estos espacios.
La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia por la reducción de los recursos asignados a la Rama Judicial y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas para atender la demanda del servicio. La magistrada señaló que Bogotá concentra cerca de una tercera parte de la demanda de justicia del país, pero no cuenta con suficientes despachos judiciales para responder al volumen de procesos que recibe.La preocupación se centra en el presupuesto proyectado para 2027. De acuerdo con las cifras expuestas, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 %. Esta diferencia, advirtió Camacho, limita la posibilidad de implementar medidas de descongestión y crear nuevos juzgados.La presidenta del Tribunal explicó que el aumento de la población y de los conflictos en Bogotá también se ha reflejado en un mayor ingreso de procesos judiciales, sin que haya crecido en la misma proporción el número de jueces disponibles para tramitarlos.“Lo que está pasando es que la población ha aumentado en la ciudad de Bogotá, los problemas también han aumentado. A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que se asignen partidas adicionales que permitan crear nuevos despachos judiciales y adoptar medidas de contingencia. También se planteó alternativas que no impliquen nuevos gastos, entre ellas un decreto reglamentario para distribuir de manera equitativa las acciones de tutela en todo el territorio nacional.“Necesitamos partidas presupuestales adicionales para la creación de nuevos despachos judiciales”, insistió Camacho, quien también pidió un trato diferencial para Bogotá, con el propósito de que los procesos se resuelvan dentro de los términos y los ciudadanos reciban una respuesta oportuna.Frente a esta preocupación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció las dificultades económicas que atraviesa la administración de justicia y aseguró que su cartera ha escuchado las propuestas de las altas cortes, los tribunales superiores, la Fiscalía y otras entidades para buscar alternativas.El funcionario sostuvo que se han adelantado conversaciones con representantes de distintas instancias judiciales y que algunas propuestas están en proceso de evaluación.Cancino también respondió a los señalamientos sobre una posible desfinanciación de la justicia como forma de persecución contra algunas instituciones. En particular, hizo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que los recortes no responden a una decisión dirigida contra esa entidad, sino a la situación de las finanzas del Estado.“Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, manifestó.El ministro aseguró que el Gobierno estudiará las propuestas presentadas y buscará soluciones para mejorar la capacidad institucional y garantizar una justicia accesible, pronta y justa. También señaló que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, del que está encargado, afrontarán recortes presupuestales.
A través de un comunicado el Ministerio de Justicia rechazó el asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez, ocurrido en Cali, destacando la trayectoria del funcionario durante 18 años de servicio. El documento, firmado por el ministro Iván Cancino, resaltó que durante el tiempo que el dragoneante estuvo involucrado en la institución, obtuvo varios reconocimientos por su desempeño.La víctima fue atacada a disparos cuando se movilizaba en el oriente de Cali tras haber finalizado su turno en la cárcel de Villahermosa, dos sujetos armados lo abordaron y le dispararon cuatro veces provocando su muerte inmediata. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, poco a poco se van conociendo detalles del dragoneante, quien al parecer hacía parte del grupo de funcionarios encargado del traslado de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios."Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que la violencia y la intimidación pretendan doblegar a quienes sirven a Colombia", señala el comunicado del Ministerio.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, encendió las alarmas de seguridad tras conocerse detalles sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos, el cual se estaría fraguando desde el interior de un centro carcelario. La delicada situación fue informada de inmediato al Ejecutivo y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para frenar cualquier acción delictiva.Origen de la alerta y denuncias desde un centro carcelarioLa información que reveló la existencia de este complot fue recibida por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien procedió a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, el jefe de la cartera ministerial se comunicó directamente vía telefónica con el registrador Hernán Penagos para ponerlo al tanto de los graves hechos. Según los datos conocidos, la alerta proviene de una persona privada de la libertad en un establecimiento carcelario, quien tendría detalles sobre la planificación del atentado en contra del máximo directivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Antecedentes y advertencias previas de la Defensoría del PuebloEste nuevo hecho se suma a precedentes de riesgo sobre la integridad de Penagos que ya habían sido advertidos institucionalmente. El pasado 6 de agosto de este año, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta formal por cuenta de amenazas y una serie de mensajes intimidatorios que circulaban en redes sociales dirigidos contra la vida del funcionario. En esa oportunidad, el organismo defensor solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) extremar de forma urgente las esquemas y medidas de seguridad del registrador.La alerta presentada en agosto por la Defensoría ponía en evidencia un ambiente tenso marcado por una narrativa centrada en el desconocimiento de las elecciones presidenciales y la deslegitimación sistemática del trabajo institucional de la Registraduría durante los pasados comicios. Escuche aquí el informe:
En medio de las solicitudes judiciales por el gobierno se suma la petición del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, solicitó formalmente a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, profundizar la investigación por el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay. La petición busca esclarecer todos los aspectos del crimen y determinar quiénes lo planearon, financiaron y ordenaron.“La investigación no puede darse por esclarecida únicamente con la identificación de quienes ejecutaron materialmente el homicidio. Colombia necesita conocer toda la verdad: quién dio la orden, quién la transmitió, quién consiguió el dinero, quién facilitó la ejecución y si alguien se valió de su posición o de recursos públicos para hacer posible este asesinato”, señaló Iván Cancino por medio del comunicado.La solicitud se conoció después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, divulgara el 15 de octubre de 2026 mensajes que, según explicó, recibió y entregó a las autoridades. En esas comunicaciones se menciona a Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, y se habla de un posible atentado y de una supuesta orden originada en el Senado.Por una parte, el primer punto pide a la Fiscalía comprobar la autenticidad de los mensajes, chats, correos, fotografías y advertencias divulgados por María Claudia Tarazona. La investigación deberá establecer su origen, fechas, remitentes y destinatarios, además de contrastarlos con otras pruebas para determinar su valor dentro del proceso.Lo que lleva a que se investigue la posible relación de Luis Alberto Albán Urbano, alias ‘Marcos Calarcá’, con la preparación del magnicidio. También propone remitir la información pertinente a la Corte Suprema de Justicia para que determine si le corresponde fuero constitucional en su condición de excongresista.En otro punto, el ministro solicitó verificar la identidad, ubicación y posible participación de Enrique Marulanda. Asimismo, pide examinar sus eventuales vínculos con alias ‘John 40’, la minería ilegal y posibles fuentes de financiación, sin asumir que estas conexiones estén demostradas.Otro aspecto clave es determinar si servidores públicos o particulares con acceso a información institucional pudieron facilitar el atentado o incurrir en omisiones penalmente relevantes. Asimismo, la Fiscalía deberá verificar la versión sobre una supuesta orden originada en el Congreso, sin dar por demostrada esa hipótesis antes de contar con evidencia suficiente.El Ministerio solicita, además, revisar las amenazas, alertas y solicitudes de protección presentadas antes del atentado, comparándolas con las respuestas de las autoridades. El propósito es establecer si hubo fallas institucionales o conductas que deban investigarse y determinar si las advertencias previas fueron atendidas oportunamente.Pero para ello, desde el gobierno se pide proteger a testigos, fuentes e investigadores, preservar las pruebas que puedan perderse y establecer si existen otros delitos.Finalmente, el Ministerio solicita a la Fiscalía informar, respetando la reserva legal, si estas líneas de investigación ya hacen parte del expediente y qué dependencia coordina su desarrollo.El Ministerio de Justicia insiste en que el magnicidio debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias, sin condenar a nadie a partir de titulares ni convertir versiones periodísticas en sentencias.
El ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’, por presuntas reuniones con antiguos jefes paramilitares en las que, supuestamente, se habrían ofrecido beneficios judiciales a cambio de declaraciones contra varias figuras políticas.La petición fue enviada este 19 de octubre de 2026 a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, con el propósito de establecer si estos hechos ocurrieron y si pudieron cometerse irregularidades.El documento recoge las versiones divulgadas por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez; el periodista Melquisedec Torres, en una columna publicada en El Colombiano; y el abogado Juan Carlos Villamizar, en una entrevista con Caracol Radio.Según esos señalamientos, los encuentros habrían ocurrido en Valledupar en octubre de 2025, con la participación de los exjefes paramilitares Saúl Alfonso Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias ‘Martín Llanos’.Las denuncias apuntan a que durante esas reuniones se habría buscado obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. A cambio, presuntamente, se les habrían ofrecido beneficios como ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, recuperar la libertad o mejorar sus condiciones penitenciarias.Uno de los testimonios mencionados es el de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró haber presenciado los encuentros. Según su relato, las reuniones fueron convocadas para hablar sobre la reapertura del proceso de Ralito, pero, en cambio, se habría solicitado a los exparamilitares declarar contra los tres dirigentes políticos.Juan Carlos Villamizar señaló a Angie Rodríguez y a Víctor de Currea Lugo, quien entonces se desempeñaba como asesor presidencial, como las personas que habrían llevado esa solicitud. También sostuvo que, según les habrían manifestado, las instrucciones provenían del entonces presidente de la República.Sin embargo, de acuerdo con el abogado, los antiguos jefes paramilitares se negaron a hacer esas declaraciones. Por esa razón, afirmó que nunca existió un pacto. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que ahora deberán ser verificados por las autoridades.El ministro también advirtió que existe una diferencia en las fechas mencionadas públicamente. Mientras una información de El Heraldo, basada en declaraciones de Rodríguez, ubica los encuentros en noviembre de 2025, las versiones de Melquisedec Torres y Villamizar los sitúan entre el 22 y el 24 de octubre de ese año.Ante estas discrepancias, Cancino pidió establecer si las reuniones realmente se realizaron, quiénes participaron, quién las convocó, de dónde provenían las instrucciones y cuál era su verdadero propósito.La solicitud también busca determinar si hubo presiones o promesas de beneficios judiciales, traslados, libertades o mejoras penitenciarias a cambio de declaraciones previamente acordadas o contrarias a la verdad. Además, pide establecer si se promovieron denuncias, testimonios o pruebas falsas ante autoridades judiciales o administrativas.Otro punto que deberá revisar la Fiscalía es si se utilizaron recursos públicos, cargos oficiales o mecanismos de justicia transicional para fines distintos a los permitidos por la ley.Finalmente, el ministro Cancino pidió evaluar la recepción o ampliación de testimonios, especialmente de quienes aseguran haber presenciado las reuniones, así como la recolección de actas, agendas, registros de ingreso, comunicaciones y documentos relacionados con posibles ofrecimientos.
El Gobierno Nacional anunció la creación de un grupo de tareas especiales para investigar los ataques sicariales contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), tras el asesinato del dragoneante Diego Acevedo, ocurrido en un establecimiento de comidas rápidas de su propiedad en el municipio de Girón, Santander.La decisión se conoció luego de una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino; el fiscal general de la Nación encargado, Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quienes coordinaron acciones para esclarecer estos hechos violentos y reforzar la seguridad de los trabajadores del sistema penitenciario.El ministro Cancino aseguró que se solicitó a la Fiscalía conformar un equipo especializado para avanzar en las investigaciones, mientras que a la Policía se le pidió adoptar medidas especiales para proteger a los funcionarios del Inpec y a sus familias.“Hay personas al margen de la ley que han atentado contra nuestros funcionarios del Inpec, que han ocasionado muertes, que han generado zozobra y pánico”, manifestó el ministro, quien también advirtió que las autoridades irán tras los responsables de los homicidios y de las amenazas difundidas a través de videos.Por su parte, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, confirmó la creación del grupo de tareas especiales, que contará con un equipo de policía judicial para recopilar pruebas, avanzar en las indagaciones e identificar a los responsables de los ataques.Guerrero expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los integrantes del Inpec, y aseguró que la Fiscalía asumirá las investigaciones con compromiso y rigor para esclarecer los hechos.por su parte el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, aseguró que la institución pondrá a disposición todas sus capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal para identificar tanto a los autores materiales como a quienes hayan ordenado los ataques.El oficial también envió un mensaje a los funcionarios penitenciarios y les aseguró que no están solos frente a las amenazas y los hechos violentos.A estas medidas se suman las recompensas de hasta $100 millonesque ofreció la Gobernación de Santander para quienes suministren información que permita prevenir atentados contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y otros servidores públicos.La decisión fue adoptada durante un Consejo Extraordinario Metropolitano de Seguridad realizado en Girón, en el que autoridades departamentales, municipales, Policía, Ejército e INPEC analizaron la situación de seguridad en torno al establecimiento penitenciario de Palogordo.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó a un consejo de seguridad metropolitano tras el asesinato del dragoneante del INPEC Diego Acevedo Garzón, atacado a tiros la noche de este miércoles 14 de octubre en un establecimiento comercial de Girón.El mandatario rechazó el crimen y anunció que buscará coordinar acciones con las autoridades para identificar y capturar a los responsables, así como fortalecer la protección de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.“No vamos a permitir que el crimen doblegue a Santander”, afirmó Díaz Mateus, quien también expresó su solidaridad con la familia y los compañeros de la víctima.De acuerdo con la información preliminar, Diego Acevedo Garzón fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en el restaurante Sabor Argentino, del cual era propietario. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo y trasladarlo al Hospital Universitario de Santander, falleció debido a la gravedad de las heridas. El secretario de Seguridad de Girón, Juan José Gómez, advirtió que las capacidades del municipio se han visto desbordadas ante las amenazas contra funcionarios del INPEC. Pidió al Gobierno Nacional medidas de protección para el personal de la cárcel de Palogordo."Solicitamos un consejo de seguridad extraordinario para pedir apoyo al Gobierno nacional", dijo el funcionario. El Ministerio de Justicia rechazó el homicidio y pidió celeridad en las investigaciones. Por ahora, los móviles del ataque son materia de verificación."La violencia contra quienes sirven al Estado es inaceptable. Ningún funcionario del sistema penitenciario debe ser víctima de intimidaciones o ataques contra su vida e integridad", dice el comunicado de Minjusticia. El Ministerio de Justicia hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia."Los móviles del ataque se encuentran en proceso de verificación, por lo que se hace un llamado a evitar especulaciones que puedan afectar el desarrollo de las investigaciones", informa el ministerio. “En Santander no bajamos la guardia”, agregó el gobernador, al reiterar que se coordinarán acciones para esclarecer el crimen.
Un nuevo giro en la política criminal del país empieza a tomar forma desde el Ministerio de Justicia. A través de la Resolución 1905, el Gobierno aceptó y formalizó la salida de ocho integrantes de la Comisión Asesora para la Política Criminal y dejó sin efecto otros dos nombramientos de personas que nunca llegaron a asumir sus funciones.La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien aceptó las renuncias de Francisco Bernate Ochoa, Mauricio Cristancho Ariza, Yessika Hoyos Morales, Martha Cecilia Abella de Fierro, Rocío del Pilar Peña Huertas, Aura María Cárdenas, María Camila Moreno y Julio César Ortiz.Quienes salen son académicos que hacían parte del organismo encargado de aportar análisis y recomendaciones técnicas al Estado en asuntos relacionados con política criminal.La resolución también anuló los nombramientos de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona. En ambos casos, la razón es que habían sido seleccionados para integrar la Comisión, pero no llegaron a ejercer como miembros de este organismo.Aunque la medida acaba de quedar oficializada, las renuncias no fueron inesperadas. Pues, en el mes de septiembre, el Ministerio de Justicia venía solicitando la salida protocolaria de los integrantes, mediante una comunicación dirigida a los miembros de la Comisión que venían trabajando desde la administración anterior, del expresidente Gustavo Petro.Estos cambios que ya se avecinan se dan en medio de medidas y proyectos que el Gobierno de Abelardo de La Espriella quiere implementar. Entre ellas se encuentran la Ley de Sometimiento, que no dará chance a negociaciones y tendrá como eje central a las víctimas; y el Estatuto Antiterrorista, que tiene sobre la mesa una lista de grupos criminales, operaciones aéreas, aumento de penas y finanzas, y demás leyes que dotarán a las autoridades de herramientas legales para combatir las organizaciones terroristas.La Comisión tendrá un papel importante en esa nueva etapa porque sus integrantes deberán analizar, desde una perspectiva académica y técnica, iniciativas relacionadas con la política criminal y emitir conceptos que puedan servir como insumo para las decisiones del Estado.Ahora el siguiente paso estará en manos del ministro Iván Cancino: definir quién conformará este equipo, que está diseñado para reunir diez académicos con experiencia en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y ciencias sociales.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la salida de James Gunn y Peter Safran, conocidos por relanzar el universo de superhéroes con títulos como 'Superman', de la co-dirección de DC Studios.Gunn y Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre."James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.En sus cuatro años al frente de DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo de la compañía bajo una misma dirección creativa y "supervisaron la producción y el estreno de 'Superman', que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial", indicó la compañía.También impulsaron nuevos proyectos para la gran pantalla y series para plataformas de contenidos en línea, como el terror de 'Clayface' o la secuela 'Man of Tomorrow' escrita y dirigida por el propio Gunn, además de sentar las bases para futuros proyectos centrados personajes clásicos como los 'Teen Titans' o 'The Brave and the Bold'.Skydance se encuentra en pleno proceso de integración después de que Paramount cerrara el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por 12 estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.