El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de una ley de sometimiento o acogimiento para integrantes de grupos armados ilegales, con la expectativa de presentar una primera muestra de su aplicación durante las próximas dos semanas.El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la propuesta se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio del Interior, la Presidencia y entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los procesos que ya se encuentran en revisión están los relacionados con estructuras como los Comandos de la Frontera.Cancino fue enfático en que el mecanismo estará sometido a la ley y no abrirá la puerta a negociaciones políticas. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, aseguró.El funcionario señaló que quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones y consecuencias establecidas por el Estado. “Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, afirmó.Dentro de la discusión también está la Ley 418, que contempla, entre otros asuntos, mecanismos de protección para testigos y cuya vigencia vence en noviembre. Según Cancino, el Gobierno analiza cómo prorrogarla.Aunque se contempla un trato diferenciado para quienes abandonen las actividades ilegales, el ministro insistió en que este no podrá convertirse en un mecanismo de impunidad. “Ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación”, sostuvo.La iniciativa deberá avanzar en el Congreso y ser discutida en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, mientras el Gobierno prepara los mecanismos jurídicos para concretar los primeros procesos de sometimiento.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, respaldó que las autoridades puedan intervenir en universidades cuando se presenten hechos de violencia o situaciones que representen un riesgo para las personas o los bienes. El jefe de la cartera señaló que, en estos casos, las autoridades pueden ejercer las facultades que les otorga la ley.El Ministerio de Justicia recordó que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que debe ser protegida, pero aclaró que esto no significa que las instituciones estén por fuera de la Constitución o la ley.“En estos casos, la autonomía universitaria no puede convertirse en una barrera que impida al Estado cumplir sus deberes constitucionales de protección, seguridad y preservación del orden público. La actuación de las autoridades deberá responder a las circunstancias concretas de cada caso”, señaló el ministro de Justicia.Frente a las manifestaciones pacíficas, la cartera señaló que deben privilegiarse el diálogo, la mediación y las herramientas institucionales para garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, advirtió que el escenario cambia cuando existen hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, o daños graves a bienes.En esos casos, según el Ministerio, las autoridades pueden actuar siempre que exista un fundamento jurídico y que las medidas adoptadas sean necesarias y proporcionales a las circunstancias.“Ninguna institución o espacio del territorio nacional está por fuera de la autoridad de la Constitución y de la ley. Cuando existan razones jurídicas suficientes para intervenir, el Estado tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar para proteger a las personas, garantizar sus derechos y restablecer el orden”, añadió.Además, el Gobierno recordó que la legislación contempla mecanismos excepcionales, como la asistencia militar prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Su aplicación corresponde al Presidente de la República, siempre que se cumplan los requisitos legales y constitucionales establecidos.Finalmente, el Ministerio de Justicia insistió en que la actuación de las autoridades debe darse con firmeza y responsabilidad, pero sin arbitrariedad.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo intervenciones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en asuntos relacionados con procesos de extradición, pese a que, según su interpretación jurídica, esa dependencia no tenía competencia para intervenir en esos procedimientos.Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Mañanas Blu, a propósito de las recientes extradiciones de varios integrantes de organizaciones criminales y de la controversia que rodeó durante el gobierno Petro los casos de Andrés Araña, alias HH y El Mocho Olmedo.Buitrago sostuvo que su posición frente a la aplicación de la Ley 2272 fue consistente durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Justicia: los integrantes de grupos armados o estructuras criminales que pretendieran beneficiarse de mecanismos asociados a la política de paz total debían demostrar hechos concretos de sometimiento y, sobre todo, cesar sus actividades delictivas.El caso de Andrés Araña y la captura en BogotáUno de los episodios centrales mencionados por la exministra fue la captura de Alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera y requerido internacionalmente por la justicia de Estados Unidos.El hombre fue capturado en febrero de 2025 en Bogotá, en cumplimiento de una orden internacional y una circular roja de Interpol. Buitrago defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que el Ministerio de Justicia dejó constancia de que no existían razones jurídicas para impedir la captura.La exministra también cuestionó las actuaciones que, según recordó, se produjeron alrededor del procedimiento y rechazó la tesis de que la captura hubiera constituido un “entrampamiento” al proceso de paz.Según Buitrago, una circular roja de Interpol responde a mecanismos de cooperación judicial internacional y no podía ser suspendida simplemente mediante decisiones relacionadas con las negociaciones de paz.La exministra recordó además que el Ministerio de Justicia no participaba directamente en las mesas de negociación y que las decisiones sobre política de paz correspondían al presidente de la República y al comisionado de paz.La polémica por alias HH y su salida del Ministerio de JusticiaOtro de los puntos que, según Buitrago, terminó siendo determinante en su salida del Gobierno fue el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur.La exministra afirmó que recibió un concepto negativo de la Oficina del Comisionado de Paz frente al proceso de extradición. Desde su perspectiva, ese documento constituía una intervención en una materia para la cual dicha oficina no tenía competencia.Buitrago explicó que, a su juicio, la competencia para emitir un concepto negativo dentro del procedimiento de extradición correspondía a la Corte Suprema de Justicia en los términos establecidos por la ley. Por ello, sostuvo que respondió oficialmente al concepto recibido y mantuvo su posición de que la extradición debía ser concedida.La exministra aseguró que presentó su renuncia en mayo de 2025, en medio de esas diferencias y de otros desacuerdos relacionados con el funcionamiento del Ministerio de Justicia.Según su relato, inicialmente se pretendía negar la extradición de alias HH con base en el concepto relacionado con el proceso de paz. Sin embargo, Buitrago sostuvo que jurídicamente no existían elementos suficientes para adoptar esa decisión.Posteriormente, según explicó, la resolución fue modificada después de su salida del Ministerio: la extradición fue concedida, pero sus efectos quedaron suspendidos mientras el procesado permanecía vinculado a las mesas de paz.La Ley 2272 y los límites de la paz totalLa discusión jurídica planteada por la exministra gira también alrededor de la interpretación de la Ley 2272, marco legal de la política de paz total.Buitrago afirmó que esa legislación no podía utilizarse para suspender de manera automática órdenes internacionales de captura ni para conceder beneficios a personas que continuaran cometiendo delitos. Su argumento central es que debía existir una relación entre los beneficios derivados de los procesos de paz y actos reales, verificables y concretos de sometimiento.Para la exministra, uno de los principales problemas fue que la política de paz total habría sido interpretada de manera demasiado amplia. Según sostuvo, algunos grupos continuaban ejerciendo control territorial y cometiendo delitos mientras participaban en procesos de diálogo. Buitrago señaló que durante su gestión encontró casos en los que las comunidades seguían sometidas a extorsiones y otras formas de violencia, situación que, en su concepto, resultaba incompatible con la participación de esos grupos en negociaciones de paz.Cuestionamientos a la suspensión de órdenes de capturaLa exministra también cuestionó decisiones de la Fiscalía relacionadas con la suspensión de órdenes de captura de personas vinculadas a estos procesos. Aclaró que no podía establecer las razones por las cuales la Fiscalía adoptó determinadas decisiones, pero expresó públicamente su desacuerdo jurídico con algunas de ellas.“La Fiscalía no debía haber suspendido esas órdenes. Yo siempre lo he dicho, he pensado que fue un error”. Buitrago sostuvo que, particularmente cuando se trataba de personas capturadas o condenadas, no encontraba fundamento jurídico para suspender las órdenes en los términos en que se hizo.No obstante, reconoció que posteriormente la Fiscalía revocó algunas de esas decisiones, lo que, desde su perspectiva, terminó corrigiendo parcialmente una actuación que inicialmente consideraba improcedente.El caso de El Mocho Olmedo y la Dirección Nacional de InteligenciaDurante la entrevista también fue mencionado el caso de alias El Mocho Olmedo, cuya situación, según Buitrago, conoció después de abandonar el Ministerio de Justicia y a través de informaciones publicadas por la prensa.La exministra calificó como cuestionable que una persona capturada por la Fiscalía estuviera bajo competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pues, según su interpretación, esa entidad no tendría atribuciones para asumir la custodia de una persona sometida a un procedimiento judicial.Buitrago insistió en que la custodia debía estar sometida a las autoridades judiciales y penitenciarias correspondientes, de acuerdo con las decisiones adoptadas dentro del proceso.Denuncias ante los organismos de controlLa exministra confirmó que puso en conocimiento de diferentes autoridades los hechos que, desde su perspectiva, podían constituir irregularidades. Precisó que presentó los hechos y señaló a las personas que intervinieron, pero dejó en manos de las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.Entre las entidades mencionadas por Buitrago están la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Su posición, según reiteró durante la entrevista, no ha cambiado: la política de paz debía desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y no podía convertirse en un mecanismo para suspender procedimientos judiciales o internacionales sin que existieran las condiciones legales correspondientes.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, estuvo ayer en el Palacio de Justicia, donde se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis. El encuentro sirvió para revisar varios de los temas que hacen parte de la agenda del Gobierno en materia de justicia y, además, para avanzar en la preparación de la visita del presidente Abelardo De La Espriella a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el próximo jueves.Durante la reunión también se habló de la carrera notarial y de la necesidad de sacar adelante un concurso que sea rápido, pero que se haga con todas las garantías. La idea es que el proceso pueda sostenerse y defenderse sin importar cuánto tiempo tome, para que los cargos de notarios tengan estabilidad y no queden sujetos a cambios o decisiones de cada gobierno. Esto luego de la polémica que generaron los nombramientos de notarios por el gobierno saliente de Gustavo Petro en sus últimos días. A finales de julio y comienzos de agosto de 2026, se expidieron varios decretos para designar alrededor de diez notarios en interinidad, decisiones que generaron cuestionamientos y llevaron a la Superintendencia de Notariado y Registro a frenar temporalmente algunas de esas designaciones.Tanto el ministro de Justicia y como el presidente de la Corte Suprema de Justicia también abordaron las reformas a la justicia y la importancia de socializar la propuesta de reforma agraria. La intención es mantener conversaciones entre las instituciones y avanzar en estos temas con conocimiento de las distintas partes.Otro de los asuntos tratados fue el hacinamiento en las cárceles. Según lo conversado, existe interés en impulsar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, una iniciativa que podría ayudar a enfrentar la falta de capacidad del sistema carcelario. Estos temas hacen parte de la agenda que el Ministerio de Justicia busca coordinar con la Corte Suprema en las próximas semanas.
Una mujer que se encontraba como visitante en el Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá murió de manera violenta este sábado, confirmó el Ministerio de Justicia.De acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), aproximadamente a las 12:30 del mediodía la mujer fue encontrada sin vida en el pabellón 13 del centro penitenciario. El interno a quien visitaba habría manifestado ser responsable de los hechos.El hombre fue aislado de inmediato y el caso quedó en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, entidades que adelantan los actos urgentes y la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades.El Ministerio de Justicia afirmó que la violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, “no será aceptada ni tolerada” y advirtió que los establecimientos carcelarios no son territorios sin ley.“Quien resulte responsable deberá enfrentar todo el peso de la justicia”, señaló el despacho del ministro Iván Cancino en un comunicado.El Ministerio expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la mujer y aseguró que las instituciones deben ofrecer verdad, justicia y una respuesta transparente frente a lo sucedido.Revisarán protocolos de seguridadPor instrucción del ministro de Justicia, Iván Cancino, se solicitó al INPEC un informe detallado sobre lo ocurrido y la revisión inmediata de los protocolos de seguridad implementados durante las jornadas de visita, incluidas las visitas íntimas.La revisión deberá establecer, entre otros aspectos, la existencia y el funcionamiento de mecanismos de alerta y botones de pánico, los procedimientos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo, establecer medidas de protección dirigidas a las mujeres privadas de la libertad y a quienes ingresan a los establecimientos penitenciarios como visitantes.El Ministerio señaló que, con base en los resultados de esta revisión, se adoptarán las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.“Nuestra primera palabra es para su familia y sus seres queridos. Los acompañamos con respeto y solidaridad en este momento de profundo dolor. Merecen verdad, justicia y una respuesta transparente de las instituciones”, indicó el Ministerio.La cartera también sostuvo que el Gobierno nacional mantiene una política orientada a fortalecer la autoridad y garantizar la protección de las personas, con el propósito de evitar que hechos de esta naturaleza queden en la impunidad.
Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado ocurrido en una cancha del barrio María Paz, en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, según el reporte publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).Los hechos ocurrieron el sábado 15 de agosto, cuando varias personas se encontraban en el lugar y fueron abordadas por sujetos armados, quienes dispararon de manera indiscriminada.Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, tres de ellas fallecieron. De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 81 en lo que va de 2026 y las víctimas serían hombres. Sin embargo, sus identidades aún no habían sido establecidas al momento del comunicado.El ataque se registra en medio de las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de seguridad en Cúcuta. La entidad emitió la Alerta Temprana 027 de 2024, en la que advirtió sobre acciones violentas de actores armados ilegales que se encuentran en ese sector, como el Clan del Golfo, el ELN, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y otras bandas que buscarían ejercer control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de “limpieza social”, además del reclutamiento de menores y la extorsión.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en la recuperación gradual de sus plataformas tecnológicas luego del incidente de ciberseguridad que afectó parte de su infraestructura y que la entidad confirmó el pasado 3 de agosto.La cartera puso en marcha un plan integral de recuperación tecnológica con una prioridad: restablecer los servicios sin comprometer nuevamente la seguridad de la información.Según explicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, la entidad viene trabajando desde el 8 de agosto con la Fiscalía General de la Nación, el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert), expertos del equipo DART de Microsoft y aliados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).La investigación busca establecer qué ocurrió y determinar el alcance de la vulneración. De acuerdo con Cancino, también se analizan posibles intentos de acceso no autorizado que se habrían presentado desde enero y posibles orígenes internos y externos del ataque.El Ministerio había informado inicialmente que el incidente correspondía a un virus tipo ransomware, una modalidad de ataque informático que puede bloquear o comprometer sistemas y dificultar el acceso a información y servicios digitales.Una vez detectada la situación, la entidad aplicó protocolos de emergencia, incluido el aislamiento preventivo de sistemas comprometidos, con el objetivo de impedir que la amenaza se propagara hacia otras plataformas.Como parte del plan de contingencia, el Ministerio estableció mecanismos alternativos para mantener algunos trámites y servicios prioritarios mientras continúa la recuperación tecnológica.Uno de los sistemas que presenta una operación parcial es el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos, SICOQ.La plataforma permite actualmente presentar nuevas solicitudes. Sin embargo, de manera temporal, los usuarios no tienen que cargar allí los documentos de soporte requeridos. Estos deberán ser enviados por los canales habilitados por el Ministerio mientras concluye el proceso de normalización.La situación es diferente con el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis, MICC, que permanece fuera de servicio.Por ahora, los usuarios no pueden presentar nuevas solicitudes de licenciamiento ni consultar o gestionar los trámites que ya estaban en curso a través de esta plataforma. El Ministerio señaló que estos procedimientos serán reanudados una vez se pueda garantizar el restablecimiento seguro del sistema.Mientras tanto las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, conocidas como PQRS, continúan siendo recibidas pese a las dificultades ocasionadas por el incidente. Los ciudadanos pueden utilizar el correo institucional habilitado por el Ministerio o acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede Chapinero de la entidad.El Ministerio de Justicia insiste en que el restablecimiento de los servicios no se hará de manera acelerada si esto implica poner nuevamente en riesgo la infraestructura tecnológica.La entidad explicó que cada plataforma será reincorporada progresivamente y bajo controles de seguridad, con acompañamiento de expertos nacionales e internacionales.El ministro Iván Cancino aseguró que la prioridad es proteger la información y recuperar la totalidad de los servicios de manera confiable.
Las plataformas digitales del Ministerio de Justicia fueron blanco de un ataque cibernético que afecta el funcionamiento de varios de sus servicios. La situación fue confirmada hace pocos minutos por la ministra encargada, Cielo Rusinque, quien informó que la entidad fue atacada con un virus de tipo ransomware, comprometiendo parte de su infraestructura tecnológica.Según explicó la ministra de Justicia, el ataque impactó parte de la infraestructura tecnológica del Ministerio, por lo que desde el primer momento se pusieron en marcha los protocolos de respuesta para evitar que el virus siguiera tomándose otro tipo de información.Entre las primeras medidas que tomó el Ministerio de Justicia, estuvo el aislamiento de los sistemas comprometidos, con el objetivo de reducir los daños y facilitar las labores de recuperación.Ante todo este panorama, el Ministerio de Justicia informó que está trabajando de manera conjunta con un grupo de especialistas del Ministerio TIC para identificar el alcance del ataque, rastrear el virus y recuperar de forma segura los sistemas comprometidos. En este momento las labores están concentradas en contener la afectación, revisar cada uno de los equipos involucrados y restablecer gradualmente los servicios que presentan fallas.Por su parte, la ministra rechazó lo ocurrido y pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes a acelerar las investigaciones para establecer cómo se produjo el ataque, quiénes estarían detrás de este hecho y cuál era su propósito.Aunque la página principal del Ministerio permanece disponible, los inconvenientes son evidentes para quienes intentan realizar consultas. La información que aparece directamente en el portal puede visualizarse, pero varios enlaces y apartados que conducen a otros servicios muestran mensajes de error o aparecen como no disponibles, debido a que continúan las labores de recuperación.Las autoridades aclararon que, hasta ahora, no existe confirmación sobre un posible robo o filtración de información. El análisis continúa para establecer si los responsables lograron acceder a datos institucionales o si la afectación se limitó al funcionamiento de los sistemas. El Ministerio insistió en que informará cualquier novedad únicamente a través de sus canales oficiales.Por su parte, el ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella, Iván Cancino, también pidió una pronta actuación de las autoridades para identificar a los responsables y determinar el objetivo de este ataque. Entre tanto, el Ministerio habilitó un canal de atención para que los ciudadanos reporten inconvenientes relacionados con los servicios digitales, mientras avanzan el rastreo del virus, la contención de los daños y el restablecimiento progresivo de la plataforma.
Tras el homicidio de la joven María Camila Potosí y de su bebé, el presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó a su Gobierno priorizar el desarrollo de iniciativas que permitan endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra menores de edad.En ese contexto, fuentes del Gobierno entrante señalaron que una de las prioridades del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, será evaluar las distintas iniciativas legislativas que buscan fortalecer la respuesta del Estado frente a estos hechos. Entre ellas, se encuentran proyectos orientados a endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos contra menores de edad, así como propuestas relacionadas con el tratamiento jurídico de adolescentes que incurran en conductas delictivas graves.Durante los próximos meses, el ministerio analizará el alcance, la viabilidad y la Constitucionalidad de estas iniciativas, con el propósito de determinar cuáles pueden contribuir a mejorar la protección de la infancia y la adolescencia y fortalecer la política criminal del Estado.Cabe recordar que Cancino ha participado durante más de quince años en las discusiones sobre la necesidad de revisar la respuesta penal frente a los delitos de mayor impacto. En distintos escenarios ha planteado la importancia de analizar el tratamiento aplicable a adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, al considerar que se trata de un debate que debe abordarse con rigor jurídico y técnico.Asimismo, durante el trámite del Acto Legislativo 01 de 2020 y de la Ley 2098 de 2021, sostuvo que el derecho penal no puede convertirse en la única respuesta frente a la criminalidad, por lo que cualquier modificación normativa debe estar acompañada de políticas efectivas de prevención, atención integral y fortalecimiento institucional.Este medio conoció, que el Gobierno entrante promoverá un proceso de evaluación y concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás entidades competentes para estudiar las iniciativas existentes y construir una respuesta institucional que combine justicia, prevención y protección efectiva de la infancia y la adolescencia en todo el territorio nacional.
El fuego deja una huella cada vez más visible en Colombia. Un nuevo análisis de MapBiomas Fuego revela que 13,9 millones de hectáreas se han quemado al menos una vez entre 2000 y 2025, una extensión equivalente al 12,14% del territorio continental del país y a 314,1 veces el área urbana de Bogotá.De acuerdo con la información, en Colombia se queman en promedio 2,31 millones de hectáreas cada año, una superficie equivalente a 12,5 veces el departamento del Quindío. El dato evidencia que los incendios no son hechos aislados, sino un fenómeno que afecta de manera recurrente distintos ecosistemas y regiones del territorio nacional.El 83,3% del área quemada durante los últimos 26 años se registró entre diciembre y marzo, periodo en el que las condiciones ambientales favorecen la propagación de las llamas. Esta tendencia resulta especialmente relevante ante los escenarios climáticos que enfrenta el país.La Orinoquía concentra el 68,7% del área quemada y la Amazonía el 13,2%. Dentro de este panorama, Vichada aparece como el departamento más afectado, con 4,8 millones de hectáreas quemadas en 26 años, cerca de la mitad de su territorio. Los registros también permiten identificar zonas donde las quemas presentan una alta frecuencia y recurrencia.El impacto también alcanza áreas de importancia ambiental. En 2025, el área quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas aumentó 14,1% frente al promedio histórico, principalmente en la Orinoquía.“Las áreas donde más había quemado vemos son las sabanas de la Orinoquía, son ecosistemas que naturalmente tienen una creencia de fuego. En estos 26 años casi un millón de hectáreas de bosque fueron quemados, muchas veces asociados a temas de deforestación”, Stjin Hantson, profesor de ciencias del sistema tierra de la Universidad del Rosario.La situación ya se refleja en las emergencias que han tenido que atender los organismos de socorro. En Cundinamarca, más de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego durante este año, mientras que solo en septiembre los bomberos departamentales atendieron 159 incendios. Aunque esos incendios ya no están activos, parte de las capacidades de atención se trasladó a Tolima y Boyacá para apoyar las labores, según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca.“En Tolima sí detectamos que el evento que sucedió el mes pasado sí superó en magnitud el evento más grande que se registró este año con relación a los 26 años anteriores. En realidad, sí hay un incremento o podemos prever en este año un incremento de la magnitud de los incendios”, señaló Adriana Rojas es coordinadora de sistemas de información georreferenciada de la Fundación Gaia Amazona y coordinadora de MapBiomas.Mientras tanto, los cuerpos de bomberos trabajan con el Gobierno y el Ministerio del Interior en un plan de acción que busca fortalecer su capacidad de respuesta. La presión sobre estos organismos aumenta cuando los incendios se presentan simultáneamente en diferentes departamentos y requieren el traslado de personal y recursos.Los expertos advierten que el escenario puede ser especialmente complejo en los próximos meses. Ante este panorama, MapBiomas Colombia y el equipo de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario presentaron MapBiomas Fuego, una herramienta de acceso abierto que permite consultar y analizar mapas sobre frecuencia, extensión, coberturas afectadas y eventos recientes a partir de imágenes satelitales.La información busca que las autoridades pasen de reaccionar ante las emergencias a anticipar los escenarios de riesgo, con datos históricos que permitan fortalecer la prevención, el ordenamiento territorial y la gestión del fuego en Colombia.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) anunció que no usará $79.183 millones de los recursos asignados al funcionamiento administrativo de la entidad para este año, como parte de una medida de austeridad en la gestión de los recursos públicos.Según la entidad, la iniciativa permitirá que los recursos vuelvan al sistema de salud de los colombianos para que sean destinados a otras necesidades del sector.Dentro de las medidas tomadas por la ADRES está la reducción de la planta de personal por un valor de $65.675 millones, saldos no comprometidos (cargos no provistos de enero a septiembre) por $5.827 millones, así como saldos no comprometidos relacionados con contratos en curso por un valor de $7.681 millones.“Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, señaló el director de la ADRES, Iván SánchezEl director agregó además que esta decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional en los últimos días, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en esta primera fase del plan.Según la ADRES, la austeridad por parte de la entidad corresponde a la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes.“Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan. Esto es, la priorización de facturación asociada a los servicios y tecnologías en salud pendientes”, concluyó.
Bajo el lema "Medellín, el amor de mis amores" y rindiendo homenaje a la maestra Débora Arango, arranca la temporada cultural más grande y extensa de la región, que este año se amplía a un mes completo de programación e incluye por primera vez a la subregión de Urabá.La iniciativa, impulsada por una alianza entre organizaciones culturales y el sector público y privado, busca dinamizar el ecosistema artístico local. La oferta reúne a 150 organizaciones, 32 museos, 10 teatros, 24 librerías independientes, cuatro orquestas sinfónicas, 42 agrupaciones musicales y nueve compañías de danza.Medellín consolida así su posición como referente cultural al destacar atributos como la Plaza Botero, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el histórico barrio Prado y sus más de 500 esculturas en espacio público un legado impulsado desde los años 80, además de ser reconocida como ciudad creativa de la música y la capital nacional de lectura, con un consumo promedio de 6,8 libros por habitante al año.La programación central irá del 25 de septiembre al 25 de octubre, extendiéndose el doble de tiempo en comparación con la edición anterior. Como gran novedad, la temporada llegará también al Urabá antioqueño del 2 al 18 de octubre, movilizando a 2.500 artistas en 14 municipios, 30 escenarios simultáneos y 170 actividades orientadas a públicos diversos."Porque cuando uno ya empieza a conocer a profundidad de Urabá, hay unos municipios que tienen influencia de Córdoba, suena a costeño, bailan bullerengue, Urabá en todo recorrido hemos identificado los procesos que ya existían y entramos a fortalecer precisamente eso para que la promotora pueda dejar capacidad instalada con esta temporada", expresó Lina Botero, promotora cultural MAMM.El eje central de esta edición girará en torno al legado de Débora Arango, considerada una de las artistas plásticas más importantes del siglo XX. La programación incluirá el bloque "Tras las huellas de Débora", una reivindicación histórica de su obra que se robustece con la integración de 108 nuevas piezas entregadas en comodato por su familia al Museo de Antioquia."Medellín y Envigado tienen quizá la deuda histórica de reivindicar y de volver a contar su historia y su obra, porque además la obra de Débora desde el punto de vista artístico, es una obra que merece años y años de reconocimiento y así podemos seguir reconstruyendo toda esa historia y visibilizarla y reconocer la artista que fue y que sigue siendo", agregó Botero.Los organizadores recordaron que la cultura ha jugado un papel fundamental como motor de transformación en los momentos más complejos de la ciudad, por lo que esta vitrina busca fortalecer la sostenibilidad, autonomía y participación de los artistas locales frente a propios y visitantes.
Barrancabermeja espera que el Ministerio de Ambiente cumpla el compromiso de conseguir los recursos necesarios para poner en marcha un plan de manejo y control de los hipopótamos que se han venido expandiendo por el corregimiento El Centro.La preocupación ya no está únicamente en las zonas rurales. En Barrancabermeja se han reportado avistamientos de estos animales cerca de viviendas y de instituciones educativas, una situación que mantiene la alerta por el riesgo que representa para la comunidad, especialmente para niños, niñas y adolescentes.El secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, Leonardo Granados, señaló que el Distrito fue priorizado dentro de la estrategia nacional para atender la presencia de esta especie invasora, pero advirtió que ahora se necesita que el Gobierno nacional concrete la financiación.“Nos sentimos muy contentos de que fuimos escuchados como Gobierno distrital en una voluntad política del ministro Arjona en conseguir los recursos para iniciar la implementación de un plan de manejo”, señaló el funcionario.El corregimiento El Centro se ha convertido en uno de los puntos de atención para las autoridades por el desplazamiento de los hipopótamos hacia sectores donde hay presencia permanente de comunidades.Según la Alcaldía, los avistamientos cerca de instituciones educativas han incrementado la preocupación por la seguridad de los estudiantes y llevaron a priorizar a Barrancabermeja dentro de las acciones que se adelantarán para el manejo de la especie.El Distrito busca que el plan permita fortalecer principalmente el monitoreo y seguimiento de los hipopótamos, conocer sus desplazamientos y establecer acciones para reducir el riesgo de nuevos encuentros con la población.Granados destacó que esta intervención también responde a las medidas de protección ordenadas por un juez frente a la presencia de los animales en zonas donde permanecen menores de edad.La Alcaldía considera que la inclusión de Barrancabermeja dentro del plan nacional es un avance, pero insiste en que el siguiente paso debe ser la consecución de los recursos anunciados por el Ministerio de Ambiente.La administración distrital espera que con esa financiación puedan comenzar las acciones previstas en territorio y fortalecer la capacidad de las autoridades ambientales para hacer seguimiento a una especie cuya presencia continúa extendiéndose por el Magdalena Medio.Mientras se concreta ese respaldo económico, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores donde han sido reportados los animales, especialmente en El Centro, donde la preocupación aumenta cada vez que los hipopótamos se acercan a viviendas, calles o espacios frecuentados por la comunidad.
La fortuna que alguna vez parecía garantizarle tranquilidad terminó convirtiéndose en una fuente de dificultades para una familia. Sus padres pasaron de recibir un premio de 37 millones de dólares, más de $120.000 millones, a declararse en bancarrota apenas 14 años después.La historia fue revelada por uno de los hijos de la pareja australiana, quien decidió no hacer pública su identidad y contó al medio británico Daily Mail cómo el millonario premio modificó la vida de su familia. Con el paso de los años, el dinero que inicialmente permitió acceder a viajes, educación y diferentes comodidades terminó acompañado de decisiones financieras fallidas, problemas personales y afectaciones en la salud de sus padres.Según el relato, antes de convertirse en millonarios, sus padres llevaban una vida laboral convencional. Ella trabajaba como enfermera y él era jardinero. Después de recibir el premio, ambos abandonaron sus empleos y comenzaron a buscar nuevas oportunidades para administrar e incrementar la fortuna.El resultado no fue el esperado. La madre puso en marcha varios negocios, pero ninguno consiguió consolidarse y las inversiones tampoco produjeron los resultados que esperaban. A esto se sumaron los préstamos de dinero que sus padres comenzaron a hacer a familiares y amigos que atravesaban dificultades económicas.Mientras la fortuna disminuía, la situación personal de la pareja también se complicaba.El hijo recuerda que durante su infancia la nueva realidad económica tuvo aspectos positivos. Él y sus hermanas pudieron acceder a mejores oportunidades, viajar junto a sus padres y crecer rodeados de comodidades que antes no formaban parte de su vida.Sin embargo, esa etapa terminó contrastando con lo que ocurrió posteriormente. La madre comenzó a enfrentar problemas de salud relacionados con un aumento considerable de peso y tuvo que someterse a una cirugía de bypass gástrico. Más adelante, también desarrolló un grave problema de alcoholismo y atravesó una depresión.Para el joven, una de las cargas más fuertes que tuvo que afrontar su madre fue la culpa. Ella se sentía responsable por el deterioro de las condiciones económicas de la familia y por las decisiones que habían tomado después de recibir el premio.Finalmente, la mujer murió debido a una enfermedad hepática crónica relacionada con el abuso del alcohol. Para entonces, la familia ya había perdido buena parte de la estabilidad económica que había conseguido de manera repentina.El hijo asegura que su experiencia le permitió conocer dos realidades completamente opuestas. Durante su infancia pasó de no tener las mismas posibilidades económicas que después de ganar el premio a vivir con prácticamente todo lo que quería. Años más tarde, presenció cómo esa seguridad desaparecía.Por eso, considera que tener una gran cantidad de dinero no necesariamente significa contar con estabilidad financiera para toda la vida. También sostiene que una fortuna puede cambiar las condiciones materiales de una persona, pero no necesariamente resuelve los problemas que ya existían dentro de una familia.El joven reconoce que nunca podrá saber qué habría ocurrido si sus padres no hubieran ganado la lotería. Aun así, asegura que esa pregunta lo ha acompañado durante años, especialmente después de la muerte de su madre.“Ganar trajo más problemas a mi familia de los que solucionó”, fue una de las conclusiones que dejó en su testimonio.La experiencia también modificó su propia percepción sobre el dinero. Haber vivido los dos extremos, desde disfrutar una fortuna inesperada hasta perder la seguridad económica, le permitió entender que recibir millones puede cambiar una vida, pero conservar el bienestar depende de mucho más que de la cantidad de dinero disponible.