El exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, acusó a Roy Barreras de adelantar una “política de juego sucio” que, según dijo, estaría orientada a buscar apoyo político en el gobierno de Donald Trump para “deslegitimar y tumbar la candidatura de la izquierda de Colombia” que, en sus palabras, representa Iván Cepeda. Montealegre calificó esa actuación como “una vergüenza” y cuestionó que Barreras pretenda hablar en nombre de los sectores sociales del país.“Usted no puede decidir, en nombre de los sectores sociales de Colombia, acerca de lo que pensamos los colombianos”, mencionó Montealegre, al tiempo que rechazó cualquier intento de negociación política sobre la Presidencia. Dijo, además, que Barreras “no puede hablar en nombre de la gente honesta de Colombia para negociar la Presidencia de nuestro país”.El exministro también le dijo a Barreras que “corruptos como usted y sus amigos le hacen mucho daño a Colombia”, mencionando al ministro del Interior, Armando Benedetti; al presidente de la CUT, Fabio Arias; a la embajadora Laura Sarabia, y a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, entre otros.Montealegre cerró su mensaje con un rechazo directo a los dirigentes mencionados: “No más Roy, no más Benedettis, no más Fabio Arias. Fuera. Fuera. Fuera”, concluyó el exministro.
Hace apenas una semana, el nombre del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, sonó para ser el jefe de la cartera de Justicia tras la accidentada salida de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este medio confirmó que el exmagistrado Valencia Copete declinó el ofrecimiento que le hizo el presidente Gustavo Petro.Por el Ministerio de Justicia han pasado un total de 3 ministros en propiedad: Néstor Osuna, quien hoy es procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre.Este último salió del Ministerio intempestivamente horas después de que se conociera el borrador de proyecto de ley sobre una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Montealegre tras unas disputas del entonces ministro de Justicia con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach.Fuentes al interior del Ministerio de Justicia también le confirmaron a Blu Radio que el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, seguirá en encargo en esa cartera, aunque tiene una incapacidad médica.Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que el exmagistrado no pasó todos los exámenes médicos requeridos para asumir el cargo y por eso no aceptó finalmente el ofrecimiento.“Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi Gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar”, agregó.
Hay movimientos en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se conoció que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, será el próximo ministro de Justicia tras la salida intempestiva de Eduardo Montealegre.Valencia Copete estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, con una especialización en derecho comercial de la misma universidad, de la que además es profesor.Fue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2002, y fue presidente de esa corporación entre los años 2007-2008. Fue elegido también presidente de la Sala Civil el 20 de enero de 2010.Han sido tres las personas que han ostentado el cargo como ministro de Justicia durante el Gobierno Petro, Néstor Osuna quien ahora está en la Procuraduría, la abogada Ángela María Buitrago y el exfiscal Eduardo Montealegre.Este último, salió repentinamente del ministerio de Justicia tras una agitada pelea no solo con el Ministro del Interior Armando Benedetti, sino también, con el Procurador General Gregorio Eljach. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia será el cuarto ministro de Justicia del Gobierno, tras la renuncia de su antecesor en el pasado mes de octubre.Trayectoria y perfil del nuevo ministroCésar Julio Valencia Copete cuenta con una extensa y destacada carrera en el ámbito judicial y académico.Formación Académica:Estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, ubicada en Bogotá.Posee una especialización en derecho comercial, cursada en la misma Universidad Externado de Colombia.Carrera en la Corte SupremaFue elegido magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el año 2002.Se desempeñó como presidente de esa misma corporación (la Corte Suprema de Justicia) durante los años 2007 y 2008.Además, fue elegido presidente de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en enero del año 2010.Escuche aquí el informe:
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que, como último acto oficial al frente de esta cartera, presentará ante el Congreso el proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado”. La Comisión Asesora de Política Criminal, indica el ministro, será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico del articulado, con el fin de impulsar su trámite en el legislativo.Según explicó el Ministerio de Justicia, la iniciativa busca “fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado” mediante la creación de una nueva dependencia especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Esta Guardia, agregó, ejercerá “funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo”.El proyecto contempla que las operaciones de la Guardia de Inteligencia estén dirigidas a anticipar las actividades de investigación frente a las organizaciones criminales que delinquen en el país. Todo ello, bajo “criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.El ministro Montealegre resaltó que esta propuesta permitirá que la Fiscalía cuente con una herramienta contra el narcotráfico y las redes delictivas que amenazan al país. Con su creación. “La Fiscalía General de la Nación contará con la más poderosa herramienta institucional para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, avanzando en la desarticulación de estructuras criminales mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo”, sostuvo.La iniciativa también incorpora controles reforzados de transparencia y supervisión democrática sobre la actividad de inteligencia, en línea con estándares internacionales. En particular, se destaca el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), que ordena al país fortalecer la regulación y la vigilancia civil sobre los organismos de inteligencia y garantizar la “sujeción estricta de estas últimas a los principios de legalidad y proporcionalidad”.
A través de un comunicado, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificó como otra grave injerencia del Gobierno nacional el contenido de la carta de renuncia presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.Y es que en la mañana de este viernes, el alto funcionario presentó su renuncia irrevocable alegando que se iba a concentrar en el proceso de casación tras la absolución del expresidente Uribe, caso en el que Montealegre fue declarado víctima.“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime. Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”, escribió Montealegre.Agregó que recurriría a los tribunales internacionales porque, para él, la Corte Suprema estaba “cooptada por el verdugo de la justicia" y no confiaba en ese alto tribunal para defenderse.Para Granados, estas declaraciones buscan distraer la atención de la opinión pública sobre los verdaderos motivos de su salida del ministerio y, al mismo tiempo, deslegitimar el reciente fallo judicial que absolvió al expresidente Uribe.“Más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia”, puntualizó.Finalmente, el defensor del exmandatario aseveró que este tipo de comportamientos por parte del Gobierno ponen en riesgo el equilibrio entre los poderes públicos, socavan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales e irrespetan la autonomía de los jueces.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, renunció a la cartera del gabinete del presidente Gustavo Petro. Mientras se define su reemplazo, quedaría encargado Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia.Es importante recordar que en los últimos días Montealegre ha tenido diferencias con el procurador, Gregorio Eljach. En las últimas semanas la Procuraduría había anunciado una investigación contra Montealegre por presunta participación en política. Lo anterior, porque en una entrevista con la Revista Semana el ministro se refirió a dos campañas a la presidencia y al Senado.Montealegre anunció acciones legales contra Eljach tras esa decisión. Además, también hubo una indagación preliminar contra el ministro quien llamó “criminal de guerra”.Hace unas semanas, Montealegre también tuvo diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el chat de WhatsApp de ministros. Esas diferencias se supone que se superaron tras un café en el que hubo una “mediación” de Roy Barreras.Montealegre se iría del cargo a pocos días de que empiece en la Comisión Primera de la Camara de Representantes el debate del proyecto de sometimiento a la justicia, además, el ministro presentó este jueves la propuesta del Gobierno de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
La propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de promover una Asamblea Nacional Constituyente sigue desatando controversia entre líderes del sector económico, quienes advierten que la iniciativa podría aumentar la polarización política y generar un clima de incertidumbre institucional.El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la idea como una propuesta que “no tiene ni pies ni cabeza” y que “copia el modelo venezolano”. Restrepo agregó que el Congreso no cuenta con las mayorías ni los tiempos necesarios para aprobar un proyecto de esta magnitud.“Más que una reforma real, es una plataforma política para hacer campaña, para seguir dividiendo el país, para exacerbar los ánimos y termina siendo más discurso que posibilidad real”, afirmó el exfuncionario.Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, advirtió que la Constituyente representa una aventura institucional que solo aumentará la incertidumbre.“Confío en que el Congreso estará a la altura de sus responsabilidades y no permitirá que el país se embarque en un proceso que genera mayor inestabilidad”, indicó.En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó el cambio de postura del Gobierno y destacó que la actual Constitución colombiana “es una de las más modernas y garantistas del mundo”. Según el dirigente gremial, cualquier intento de modificarla podría poner en riesgo las libertades ciudadanas y la seguridad jurídica del país.Asimismo, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, alertó sobre los riesgos que pueden surgir por esta propuesta.“Un proceso constituyente como el que se propone en el proyecto del Gobierno actual implicaría un cambio estructural total del orden constitucional. Una nueva Constitución solo puede surgir del encuentro plural de la Nación entera, no de la imposición de un proyecto parcial”, se lee en el comunicado.Finalmente, aseguraron que los fundamentos para esta propuesta son confusos, pues argumentos como el reconocimiento del campesinado, la protección de los pueblos indígenas y la respuesta al cambio climático, entre otros, ya cuentan con desarrollo expreso en el texto vigente de 1991, donde se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho.
El gobierno de Gustavo Petro, publicó este jueves un polémico borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como base para la transformación del país, según dijo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.El ministro, que está de visita en Shanghái (China), dijo que el articulado de la propuesta "es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia".Montealegre propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegados y compuesta de manera paritaria por hombres y mujeres."A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país", apuntó Montealegre, quien aseveró que "la Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer Gobierno de izquierda de nuestra historia".La abogada constitucionalista Catalina Botero, quien fue una figura central en el movimiento estudiantil de la "Séptima Papeleta" en 1990 que promovió la actual Carta Magna, calificó la comparación histórica propuesta por el ministro Montealegre como "muy desafortunada" y "no procedente".Botero explica que el momento constituyente de 1991 se caracterizó por un acuerdo fundamental entre todas las fuerzas políticas sobre las mejores reglas para la nación, tanto para quienes gobernaban como para la oposición. Este consenso, que buscaba limitar el poder en lugar de imponer un programa político, es precisamente lo que falta hoy, dado el clima de profunda polarización que vive el país.Advierte que reformar la Constitución es "abrir una caja de Pandora" completamente inconveniente que pone en riesgo los avances logrados por Colombia desde 1991. Uno de los propósitos esenciales de la Constitución es establecer frenos y contrapesos para evitar un poder autoritario, un rey o un dictador, garantizando que los derechos sean títulos a favor de las personas y no prerrogativas disponibles al arbitrio del poder.Botero considera que al gobierno le molestan precisamente estos frenos y contrapesos, los cuales identifica erróneamente con un "bloqueo institucional". La Constitución del 91, además de limitar el poder, ha generado una "revolución pacífica preciosa" al incluir derechos sociales. Millones de personas acuden diariamente a la acción de tutela para exigir salud, pensiones, o justicia laboral, derechos que se verían amenazados con un experimento constitucional.Escuche aquí la entrevista:
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, habló en Mañanas Blu del borrador de proyecto de ley que busca convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991. A punto de abordar su vuelo de regreso a Colombia desde China, el ministro detalló que la presentación de esta ley dependerá de una iniciativa popular que requiere la recolección de aproximadamente 3 millones de firmas ciudadanas.El ministro explicó que el proyecto de ley fue puesto a consideración de los sectores sociales, con el objetivo de que estos lo discutan y decidan si lo presentan formalmente, constituyéndose en un comité promotor.El borrador de ley y el requisito de las 3 millones de firmasLa propuesta se cataloga como una iniciativa que debe surgir de los ciudadanos, a pesar de que el texto inicial fue redactado por el ministro de Justicia. El funcionario enfatizó que su labor fue presentar este borrador para que sirva como "elemento de trabajo" y "punto de apoyo" para los sectores sociales. Estos sectores, de estar de acuerdo, deberían nombrar un comité promotor y un vocero para la reforma.El ministro confirmó que la idea principal es, efectivamente, reformar la Constitución de 1991. Sin embargo, esta reforma estaría sujeta a límites expresos establecidos en el proyecto. El límite fundamental que se impone es que no puede haber retrocesos en materia de derechos sociales ni en materia de derechos fundamentales.De acuerdo con el documento, la asamblea contaría con 71 constituyentes. Una vez instalada, esta asamblea sesionaría durante un periodo de tres meses. Uno de los puntos más relevantes del texto es que la asamblea operaría sin límites de temario, lo que implica una amplia libertad para abordar diversos temas constitucionales.Además de la convocatoria a la asamblea, el proyecto incluye una disposición sobre poderes ejecutivos. El borrador le otorga facultades extraordinarias al presidente de la República durante un periodo de seis meses.
El gobierno del presidente Gustavo Petro presenta esta madrugada el borrador de proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente, para cambiar la Constitución de 1991. El argumento es lo que el gobierno llama “bloqueo institucional”. Serían 71 delegados, sesionaría por tres meses, podría modificar toda la Constitución de 1991 y le daría facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley para precisar los requisitos para ser delegatario. Propone que no sea revocado el Congreso.A través de su ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, anunció que ya tienen un borrador con el proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el comunicado de la cartera, el anuncio "se produce en un contexto de urgencia por reformar el país y superar lo que el ministro ha calificado como un "bloqueo institucional"".El ministro Montealegre Lynett invitó a iniciar la "gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social". El objetivo de este proceso constituyente es transformar el país y otorgarle nuevas instituciones que sean funcionales para las necesidades del siglo XXI, dado que algunas de las existentes desde 1991 se han vuelto obsoletas. La Constituyente busca ser el espacio idóneo para impulsar la totalidad del programa social que, según el ministro, ha sido obstaculizado por “la caverna” que no ha permitido el desarrollo del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.El comunicado destaca que si bien algunas normas constitucionales de 1991 han quedado desactualizadas, otras son utilizadas por "sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales". Esto, según el gobierno, debe cambiar. El proceso constituyente anunciado se presenta como un camino para lograr un "salto adelante en busca de la dignidad humana". El ministro Montealegre hizo un llamado a construir un nuevo país a través de la confrontación de argumentos, y no cediendo a la violencia que los "señores de la guerra" buscan imponer.El proyectoEl borrador del proyecto de ley entregado propone que la Asamblea Nacional Constituyente esté constituida por 71 delegatarios. Hablan del enfoque en la inclusión y la equidad de género, buscando estar integrada paritariamente por hombres y mujeres.Además de la paridad binaria tradicional, el proyecto reserva espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, una postura que se aleja de la tradición filosófica occidental. Esta Constituyente está definida como una asamblea social. El Ministro Montealegre indicó que este texto presentado es un punto de partida para construir las bases de la transformación que Colombia requiere.Para contextualizar la magnitud del desafío, el comunicado utiliza referencias históricas y geográficas. El inicio del proceso constituyente se compara con la transformación de la República Popular China en un coloso económico, un ejemplo de cómo "un ejército de campesinos pobres puede cambiar la tierra". De manera similar, se invoca la imagen de Colombia iniciando su camino en la Plaza de Bolívar de Bogotá, bajo la mirada de la "espada libertadora".
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.
Puerto Antioquia ubicado en el Urabá antioqueño, recibió al CMA CGM DIGNITY, un buque tipo Neo-Panamax de 366 metros de largo y una capacidad de 14.800 TEU, convirtiéndose en la embarcación más grande que ha operado hasta ahora en esta terminal marítima de la región de Urabá.Durante la estadía de la embarcación, se llevaron a cabo 211 movimientos de contenedores utilizando dos grúas STS, con las que se alcanzó una productividad promedio de 26 movimientos por hora por grúa. La maniobra logística comprendió tanto la descarga de mercancía proveniente de Asia como el embarque de productos destinados a la exportación colombiana."Esta motonave proviene de Asia y es muy importante para nosotros, porque conectamos a Asia directamente con la costa norte de Colombia. Tenemos programado realizar el descargue de 450 contenedores secos, y su principal commodity es tecnología", confirmó Gilberto peña, el vicepresidente de operaciones de Puerto Antioquia.Desde el punto de vista técnico, el CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, diseñada para surcar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá. El buque cuenta con 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, capacidad para carga seca y tecnología de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), un sistema que apunta hacia una operación marítima más eficiente y sostenible.
Las autoridades y organizaciones sociales encendieron las alarmas ante una nueva incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Lejanías, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde se reportó la instalación de un retén ilegal.De acuerdo con la Fundación Sumapaz, hombres armados intimidaron a los habitantes de la zona y revisaron las pertenencias de quienes transitaban por los caminos de este sector.La organización defensora de derechos humanos señaló que estos hechos configuran la consumación de escenarios de riesgo previamente advertidos mediante alertas tempranas, las cuales según denuncian no habrían recibido una atención oportuna por parte de las instituciones estatales."Es muy probable que se presenten, con el pasar del tiempo, situaciones mucho más graves, y, por lo tanto, hacemos responsable a las autoridades porque, evidentemente, toda esta situación ya ha sido alertada", detalló Oscar Yesid Zapata de la Fundación Sumapaz.En esta región del departamento sirve como corredor estratégico de movilidad hacia el sur de Bolívar y constituye un territorio en constante disputa por el control de las economías ilícitas y la extracción minera.Ante este panorama, los líderes sociales hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar la seguridad de los pobladores y advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas que eviten el escalamiento de la violencia en la subregión.
