Montealegre acude a CIDH: acusa a Procuraduría de usar poder disciplinario como mecanismo de censura
El ministro de Justicia asegura que la apertura de dos procesos disciplinarios en la Procuraduría se ha usado como una forma de presión para limitar su libertad de opinión y apartarlo de sus funciones.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar que los procesos disciplinarios abiertos por el procurador Gregorio Eljach limiten su libertad de expresión y la igualdad ante la ley.
Recientemente, la Procuraduría abrió dos procesos disciplinarios por presunta participación en política y por expresar opiniones públicas sobre el proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, caso en el que el ministro figura como víctima reconocida por la justicia.
El primer proceso disciplinario se originó por una queja del abogado Germán Calderón España, asesor del movimiento “Defensores de la Patria”, quien lo señaló de incurrir en participación política al hacer comentarios sobre la eventual candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, así como sobre otros precandidatos, el presidente Gustavo Petro y el propio Uribe Vélez.
Foto: Senado de la República.
El segundo proceso se abrió tras una denuncia del propio Uribe, quien lo acusa de promover mensajes de odio e información falsa en medio del proceso judicial en su contra. Según la Procuraduría, la decisión se adoptó con el fin de verificar si el ministro incurrió en faltas disciplinarias al pronunciarse sobre un proceso penal activo.
En una carta pública, Montealegre informó que su petición ante la CIDH busca la protección de sus derechos a la libertad de expresión, integridad moral y psíquica, e igualdad ante la ley, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El ministro asegura que los procesos abiertos en su contra resultan “infundados e improcedentes” y reiteró que el actual procurador, Gregorio Eljach, fue investigado en 2015 por la Fiscalía, bajo su dirección como fiscal general, por la presunta filtración de documentos reservados en el caso del exmagistrado Jorge Pretelt, cuya defensa estuvo a cargo de Abelardo de la Espriella.
En su comunicación a la CIDH, solicita que se garantice que no se use el poder disciplinario para amedrentar o silenciar voces críticas. “La situación que enfrento no solo es personal, también afecta a todas las personas que están bajo el control disciplinario. Iniciar procesos sin fundamento genera miedo y lleva a la autocensura. Por eso, es necesario impedir que la Procuraduría o el Derecho Disciplinario se usen como herramientas para perseguir o castigar a las personas por expresar sus opiniones”.
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