La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cierra el año sumida en una delicada situación de orden público debido a intensos combates entre las disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá', y el ELN. Este nuevo ciclo de violencia tiene como epicentro el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, una zona que históricamente ha padecido el rigor de la guerra y que hoy vuelve a ser escenario de un fuego cruzado que mantiene en vilo a la población civil.
Crisis humanitaria y desplazamientos masivos
La escalada violenta ha provocado el desplazamiento de más de 250 personas, quienes han buscado refugio en el casco urbano de Tibú, concentrándose principalmente en un colegio y en las instalaciones de la alcaldía municipal.
El drama se extiende hasta la ciudad de Cúcuta, donde ya se registra la llegada de al menos 40 personas, cifra que las autoridades locales temen podría duplicarse en las próximas horas ante la persistencia de los combates. El impacto emocional en la comunidad es profundo; se han conocido registros donde las familias, en medio del pánico, gritan a los combatientes que se detengan debido a la presencia de niños en las viviendas, muchas de las cuales han resultado impactadas por proyectiles.
Un conflicto sin tregua entre grupos armados
A pesar de que el ELN y las disidencias de las Farc han manifestado en días recientes un cese de hostilidades hacia la Fuerza Pública, la realidad en el territorio muestra que entre ellos no existe ningún tipo de acuerdo o tregua.
La disputa territorial se ha concentrado en puntos estratégicos como el kilómetro 16 y el sector de Pacheli, áreas históricamente controladas por el ELN donde ahora se reportan patrullajes de las disidencias. Esta falta de entendimiento entre los grupos ilegales ha dejado a la población civil en medio de una guerra que no da tregua, incluso cuando se anunciaban vientos de paz con el Estado.
La respuesta institucional parece no ser suficiente ante la magnitud de la crisis. El alcalde de Cúcuta ha señalado que, durante este año de violencia persistente, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos para atender la situación, pero los recursos se han agotado y las capacidades locales están al límite. Además, la situación de seguridad es tan crítica que se reportó una misión médica atrapada en medio del fuego cruzado, mientras que los habitantes que no han logrado salir enfrentan el confinamiento y el desabastecimiento de alimentos.
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