Un nuevo golpe contra la guerrilla del ELN fue propinado por la Fuerza Pública en el municipio de Tibú, Norte de Santander, durante una operación desarrollada en el corregimiento de Campo Dos.La acción se registró en el sector conocido como El Cementerio, donde tropas de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron un combate de encuentro con integrantes del autodenominado frente Juan Fernando Porras del ELN.De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante la operación fueron capturados cinco presuntos integrantes de esa estructura guerrillera, entre ellos alias ‘El Indio’, señalado como cabecilla de finanzas del ELN. Uno de los presuntos integrantes resultó herido durante el enfrentamiento. El Ejército informó que recibió primeros auxilios en el lugar, en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y posteriormente se coordinó su extracción y traslado para recibir atención médica."Durante el registro de la zona, las tropas incautaron un fusil, tres armas cortas, dos proveedores para fusil, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y abundante munición de diferentes calibres", dijo el general Cesar Augusto Martínez Páez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.También fueron decomisados siete teléfonos celulares y documentación que, según las autoridades, será analizada por Inteligencia Militar para establecer información relacionada con el funcionamiento y las actividades de esta estructura del ELN.La Fuerza Pública señaló que la operación permitió afectar las acciones de extorsión e intimidación que, de acuerdo con las investigaciones, estarían dirigidas contra comerciantes, transportadores y operadores de maquinaria pesada de la zona.Las autoridades indicaron que mantendrán el despliegue operacional en el área, con apoyo de las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en la recuperación del control territorial en el Catatumbo. En otra acción desarrollada en Norte de Santander, la Fuerza Pública reportó el rescate de una persona que permanecía secuestrada presuntamente por integrantes del ELN.Durante este procedimiento también se registraron combates entre las tropas y miembros de esa organización guerrillera. Las autoridades informaron que dos presuntos integrantes del ELN murieron durante los enfrentamientos.Los detalles de esta segunda operación son materia de verificación por parte de las autoridades, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del secuestro y la identidad de las personas involucradas.El departamento de Norte de Santander continúa siendo escenario de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, particularmente en zonas rurales de Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las autoridades mantienen operaciones contra acciones de extorsión, secuestro, narcotráfico y otras actividades atribuidas a grupos armados que tienen presencia en esta región.
Un nuevo golpe contra las economías ilícitas del ELN se produjo en Norte de Santander, donde seis personas fueron capturadas en dos operaciones desarrolladas en Cúcuta y Villa del Rosario.La primera acción fue adelantada por el Gaula Militar Norte de Santander, con apoyo de inteligencia militar y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, mediante diligencias de allanamiento y registro en Cúcuta y Villa del Rosario.Le puede interesar: Presidente De La Espriella confirma captura de alias ‘Firu’, francotirador del ELNEn estos procedimientos fueron capturadas cuatro personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer presuntamente a la Comisión Financiera del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Los detenidos son investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto de hidrocarburos.De acuerdo con la investigación, los cuatro capturados serían presuntos responsables del apoderamiento ilícito de hidrocarburos del poliducto Pozos Colorados-Galán, en el sur del Cesar.Según las autoridades, el crudo era trasladado posteriormente hacia Norte de Santander, donde presuntamente sería utilizado para abastecer procesos relacionados con la producción de pasta base de coca en la región del Catatumbo.Además, parte del hidrocarburo habría sido almacenado en centros clandestinos ubicados en la zona rural de El Zulia y en el sector de La Ye de Astilleros, para posteriormente ser comercializado de manera ilegal.A este resultado se sumó una segunda operación desarrollada en el barrio El Callejón de Cúcuta, donde tropas del Gaula Militar Norte de Santander, realizaron un allanamiento.Durante el procedimiento fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN en flagrancia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.Las operaciones hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho y de las acciones sostenidas de la Fuerza Pública para afectar las estructuras financieras y las economías ilícitas de los grupos armados que tienen presencia en Norte de Santander y el Catatumbo.Con estas seis capturas, las autoridades buscan debilitar las redes dedicadas al apoderamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como las actividades que, según las investigaciones, estarían relacionadas con el financiamiento de organizaciones armadas y el narcotráfico
El general César Augusto Martínez asumió como nuevo comandante de la Segunda División del Ejército, con el compromiso de fortalecer las operaciones militares y priorizar la seguridad en zonas afectadas por la presencia de grupos armados, especialmente en el Catatumbo.Durante su posesión, el oficial señaló que uno de sus principales objetivos será que la Fuerza Pública tenga una mayor capacidad de anticipación frente a las acciones violentas, mediante el fortalecimiento de la inteligencia militar y la articulación de las diferentes capacidades del Ejército.“Asumo este mando con una intención muy clara: mantener y fortalecer la iniciativa operacional, proteger a la población civil, garantizar la soberanía nacional en nuestra frontera y contribuir decididamente a la estabilización del Catatumbo y de toda nuestra jurisdicción”, afirmó el general Martínez.El nuevo comandante insistió en que la estrategia no debe limitarse a reaccionar después de que ocurran los hechos, sino que debe permitir identificar con anticipación las amenazas y actuar para prevenir hechos violentos.“Quiero una Segunda División que se anticipe y no simplemente que reaccione, que conozca profundamente su territorio y a la amenaza, que integre inteligencia, operaciones, acción integral y todas las capacidades institucionales para producir resultados sostenibles”, sostuvo.Martínez también planteó como prioridades el fortalecimiento del control territorial, la recuperación de espacios afectados por grupos armados organizados, la protección de la infraestructura y los activos estratégicos, así como el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.El general aseguró que estas acciones deberán desarrollarse bajo el respeto de la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.Finalmente, hizo énfasis en la protección de los soldados y pidió a los comandantes mantener un liderazgo cercano a sus tropas, con planeamiento riguroso y responsabilidad en cada operación.“Jamás expongan innecesariamente la vida de un soldado. Para mí seguirá siendo una premisa fundamental: el soldado se cuida como un tesoro”, concluyó.
Una operación de contrainteligencia permitió a las autoridades capturar en Santander a un hombre señalado de presuntamente intentar infiltrarse en el Ejército Nacional para obtener información reservada de la institución para el ELN. El procedimiento se desarrolló en Bucaramanga y estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, con apoyo del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional. El detenido, conocido con el alias de ‘Griffo’, era requerido mediante orden judicial por el delito de rebelión.De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, alias ‘Griffo’ habría ingresado al Ejército como integrante del segundo contingente de 2026 y presuntamente pertenecería al Frente Rafael Cabrera Lumbana, del Frente de Guerra Nororiental del ELN.La hipótesis de los investigadores señala que su objetivo habría sido ganarse la confianza de integrantes de la Fuerza Pública y acceder a información relacionada con dispositivos de seguridad, capacidades operacionales y material de guerra.Según el Ejército, alias ‘Griffo’ habría recibido instrucciones de alias ‘Mauricio Rumbala’, señalado como cabecilla de esa estructura del ELN, para adelantar las actividades de infiltración."La investigación también busca establecer la presunta responsabilidad del capturado en diferentes acciones violentas atribuidas al ELN en el Catatumbo, entre ellas ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones de francotirador, instalación de artefactos explosivos y ataques con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos", señaló el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. Asimismo, las autoridades investigan su posible participación en agresiones contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Dentro de otros hechos que son materia de investigación se encuentra el ataque contra la estación de Policía de Tibú, Norte de Santander, ocurrido en 2017, en el que murieron dos policías.También se indaga su posible participación en los ataques registrados en 2019 contra las estaciones de Policía de Convención y Sardinata, en Norte de Santander.El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.La Quinta Brigada del Ejército señaló que continuará fortaleciendo estas capacidades para prevenir intentos de infiltración y proteger a sus integrantes.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Familiares y amigos de tres policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que fueron secuestrados el lunes pasado en el departamento de Norte de Santander (noreste) exigieron la noche de este jueves su liberación en una manifestación con velas y camisetas."Estamos rogando y suplicando la liberación de Erika Tatiana Monroy y sus compañeros. Hoy nos reunimos grandes amigas con quienes compartíamos con esta persona tan especial y cariñosa", dijo a EFE Yury Atala, amiga cercana de la uniformada, quien fue secuestrada con el mayor Fredy Alexis Russi González y al patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña.La mujer, que sostenía un globo blanco, añadió: "Pedimos que Dios les conmueva el corazón a quienes los tienen para que los devuelvan sanos y salvos".Los uniformados, del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín, fueron secuestrados este lunes cuando circulaban por la carretera que comunica a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.El secuestro ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptados por hombres armados.Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades y al Gobierno nacional a realizar las gestiones que permitan el regreso a casa de los tres uniformados, quienes ya cumplen cuatro días secuestrados.El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, condenó el secuestro y aseguró que ordenó desplegar "todas las capacidades de la Fuerza Pública" para encontrar a los tres policías, devolverlos sanos y salvos y capturar a los responsables."A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley", afirmó De La Espriella en un mensaje publicado el lunes en sus redes sociales.En la zona tienen presencia diferentes grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, por lo que la autoría del secuestro todavía es objeto de investigación.En la misma zona de Norte de Santander presuntos guerrilleros del ELN perpetraron en la última semana tres ataques con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército en los municipios de Convención, El Carmen y Ábrego, que dejaron en total dos militares muertos y once heridos.
De acuerdo con información de inteligencia militar y de la Policía Nacional, los responsables del secuestro de los tres uniformados de la Comisión Norte de Santander de la Dijin serían integrantes del ELN que delinquen en esta zona del país.Los policías fueron interceptados cuando se desplazaban de Ocaña hacia Cúcuta y aunque el vehículo en el que viajaban fue pintado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, las autoridades establecieron que esa organización criminal no estaría detrás del secuestro. Los criminales, que se movilizaban en dos camionetas, interceptaron el Chevrolet Spark en el que viajaban el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Los tres fueron llevados con rumbo desconocido en La Curva, Bucarasica, sobre la vía Cúcuta–Ocaña.Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales por los recientes resultados de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en el Catatumbo y Norte de Santander.Mientras avanzan las verificaciones para establecer el paradero de los uniformados, las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades para lograr su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos.El Gobierno advirtió además que los responsables deberán responder ante la justicia y reiteró que el Estado no retrocederá ante acciones de secuestro contra integrantes de la Fuerza Pública.
La Defensoría del Pueblo alertó por nuevos hechos que afectan a la población civil y por el aumento de los riesgos para quienes defienden los derechos humanos en el Catatumbo, Norte de Santander. Según información preliminar recopilada por la entidad, seis personas resultaron heridas esta semana en el sector de Mate Lata, zona rural de Sardinata, luego de la explosión de un artefacto que habría sido lanzado desde un dron. Tres de los heridos estarían en estado grave."Expresamos nuestra preocupación por los hechos conocidos esta semana en Sardinata y Tibú, Norte de Santander, que han generado nuevas afectaciones a la población civil en medio de la persistencia de la violencia en el Catatumbo", se lee en el comunido. Otro de los hechos ocurrió en Pachelli, jurisdicción de Tibú, donde un adulto mayor resultó gravemente herido por un artefacto asociado con minas antipersonal, lo que le habría provocado la pérdida de una extremidad. Además, se han presentado amenazas y mensajes estigmatizantes que han circulado en redes sociales contra personeros del Catatumbo.La Defensoría expresó su solidaridad con la Asociación de Personeros del Catatumbo y destacó que estos funcionarios cumplen labores de defensa de derechos humanos y acompañamiento a las comunidades en una zona de alta conflictividad. La entidad también rechazó los señalamientos que pretendan vincularlos con actores armados. Advirtió que este tipo de estigmatización puede incrementar los riesgos para su vida, integridad y ejercicio independiente.Frente a este panorama, la Defensoría pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para proteger a los funcionarios y a las comunidades. También reiteró a los grupos armados su obligación de respetar a la población civil y cumplir los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Un ataque del ELN con drones acondicionados con artefactos explosivos se registró hacia las 2:30 de la madrugada de este jueves contra una base militar ubicada en el municipio de Convención, Norte de Santander, según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional.De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción fueron utilizados aproximadamente 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas. Los explosivos ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura de la unidad militar.Como consecuencia del ataque, dos militares resultaron afectados por la onda expansiva. Los uniformados serían evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia un centro médico de Cúcuta, donde recibirán atención especializada.El Ejército Nacional señaló preliminarmente al ELN como responsable de esta acción y aseguró que el ataque sería una retaliación por una reciente operación militar desarrollada por las Fuerzas Militares en la región.La institución rechazó el uso de drones cargados con explosivos y advirtió que este tipo de acciones no solo ponen en riesgo a los integrantes de la fuerza pública, sino también a las comunidades ubicadas en el Catatumbo.El ataque ocurre en medio de la persistente confrontación armada que se registra en Norte de Santander, particularmente en la región del Catatumbo, donde el ELN mantiene presencia y las Fuerzas Militares adelantan operaciones contra estructuras armadas ilegales.La Fuerza de Tarea Vulcano indicó que las tropas de la Segunda División continuarán desarrollando operaciones militares contra el ELN, al que responsabiliza de diferentes acciones violentas que afectan la seguridad de los habitantes de la región.Las autoridades avanzan en la evaluación de los daños ocasionados a la infraestructura militar y en las investigaciones para establecer todos los detalles del ataque.
Sharjah, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, será el Invitado de Honor de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se realizará del 20 de abril al 3 de mayo de 2027.El anuncio se realizó en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos, con la participación de autoridades culturales de Colombia, representantes de Sharjah y miembros del sector editorial.La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, destacó el papel de la FILBo como uno de los principales encuentros culturales de América Latina y señaló que la presencia de Sharjah permitirá abrir nuevas conversaciones alrededor del libro y la lectura.“Que esta sea una oportunidad para pensar y repensar sobre nuevas formas de producir y circular contenidos (...) y una mejor conexión con el mundo y los mercados”.Por su parte, Ahmed Al Ameri, CEO de Sharjah Book Authority, destacó que se trata del primer Invitado de Honor árabe en la historia de la FILBo y resaltó los vínculos culturales entre el mundo árabe y Colombia.“Cuando decimos hoy que Sharjah se encuentra con Bogotá, estamos construyendo sobre nuestro conocimiento compartido y nuestros profundos vínculos culturales”.La participación de Sharjah también busca fortalecer los vínculos de la industria editorial colombiana con nuevos mercados. Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, aseguró que será una oportunidad para conectar a autores, editores, agentes y traductores con nuevos actores internacionales.“La presencia de Sharjah en la FILBo representa una oportunidad para fortalecer la conexión de la industria editorial colombiana con nuevos actores, mercados y circuitos internacionales”.Sharjah fue reconocida en 2019 por la UNESCO como Capital Mundial del Libro y cuenta con iniciativas de promoción de la lectura, desarrollo editorial y traducción. Su participación en la FILBo 2027 permitirá ampliar el intercambio cultural entre Colombia, América Latina y el mundo árabe.
Este sábado, 26 de septiembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Joaquín Gutiérrez fue designado como nuevo presidente de Ecopetrol y asumirá el cargo desde el lunes 28 de septiembre. Entre los principales desafíos de su administración estarán fortalecer las finanzas de la compañía, aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de gas en el país.Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. El procedimiento incluyó su traslado desde la cárcel La Picota y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses.En Medellín fueron capturados cinco policías y cuatro presuntos integrantes de 'La Oficina' dentro de una investigación por una red de corrupción. Según las autoridades, algunos uniformados habrían recibido entre tres y cuatro millones de pesos mensuales para omitir controles y facilitar las actividades de la organización criminal.El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Senado Iván Name por tráfico de influencias. El fallo relaciona al excongresista con recursos provenientes de la UNGRD y con favorecimiento al trámite de la reforma pensional.El Ministerio de Justicia impugnó el fallo que mantiene suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El Gobierno sostiene que el piloto todavía no ha comenzado y pidió precisar cuáles son las condiciones ambientales, sanitarias y técnicas necesarias para levantar la suspensión.El coronel (r) Carlos Soler, especialista en Derecho Internacional Humanitario y exasesor negociador de paz, explicó que la estrategia contra los grupos armados debe diferenciar las condiciones de cada territorio y combinar inteligencia, judicialización y control territorial. Soler aseguró que están previstas nueve operaciones rurales focalizadas, de las cuales dos ya se están implementando y otras siete están en preparación, además de entre 10 y 12 operaciones urbanas.Escuche el programa completo aquí:
En lo que va de este año, más de 330 personas fueron capturadas por extorsión y delitos conexos, como resultado del trabajo articulado de las unidades del Gaula con las demás capacidades institucionales y las autoridades territoriales en Barranquilla y su área metropolitana, informó la Policía.El mayor Julián Cañas, comandante del Gaula de la Policía en la ciudad, destacó que esas capturas permitieron que el 95 % de los judicializados fueran cobijados con medidas de aseguramiento intramural y evitaron el pago de miles de millones de pesos que iban dirigidos a financiar a bandas delincuenciales como Los Costeños, Los Pepes o la Nueva Generación El Freseo.“Estas acciones operativas permitieron evitar el pago de más de 3.000 millones de pesos que pretendían llegar a rentas criminales de esos grupos delincuenciales. Esta ofensiva, sustentada en inteligencia, investigación criminal, planeación y acciones focalizadas, busca afectar directamente a esos grupos delincuenciales, protegiendo al sector comercio y comunidad en general de Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el oficial.Por su parte, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, destacó que la ofensiva no se limita a la reacción frente al delito, sino que contempla un componente preventivo permanente.“En lo que va corrido del año hemos logrado la captura de más de 330 personas por extorsión. Además, hemos desarrollado un sinnúmero de actividades de prevención enfocadas en evitar este tipo de hechos. Gracias a estas acciones hemos disminuido las denuncias y los casos de extorsión. Contamos, además, con un dispositivo operacional a través de cápsulas focalizadas y estratégicamente planeadas para combatir estas estructuras criminales y capturar a sus integrantes y cabecillas”.La estrategia ‘Sin tregua al delito’, informó la Policía, articula las capacidades del Gaula, inteligencia, investigación criminal, grupos de operaciones especiales y unidades de prevención y participación ciudadana, además de recursos tecnológicos que permiten focalizar las acciones en sectores y puntos identificados como prioritarios.El despliegue se desarrolla en Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y los demás sectores del área metropolitana, con presencia permanente y acciones diseñadas de acuerdo con las dinámicas de cada territorio.Precisamente, este viernes, unidades del Gaula capturaron a dos presuntos miembros de Los Costeños cuando recibían el pago de extorsiones en el barrio Villa Sol y sectores aledaños del municipio de Soledad.A los capturados se les incautaron dos teléfonos celulares, una motocicleta y una suma de dinero en efectivo, producto de la extorsión a varios comerciantes del sector.
Los incendios forestales que se presentan en zonas montañosas del Valle del Cauca mantienen concentrados a organismos de emergencia en Buga y Palmira, donde las condiciones del terreno y la presencia de focos bajo la superficie han complicado las labores de control.En la zona rural de Buga, la emergencia ya completa más de 50 días de trabajo continuo. Allí, 26 bomberos voluntarios, junto con cuadrillas de Smurfit Kappa Colombia, funcionarios de Parques Nacionales Naturales y habitantes de la zona, adelantan tareas para contener las llamas y evitar que sigan avanzando.De acuerdo con las autoridades, el incendio ha afectado más de 1.500 hectáreas de vegetación y bosque nativo, con consecuencias sobre un ecosistema de páramo considerado de importancia ambiental. La dificultad principal está relacionada con la forma en que avanza el fuego. Parte de la conflagración permanece visible, mientras otros focos se encuentran en el subsuelo, lo que dificulta su identificación y extinción.“Actualmente, este incendio forestal se encuentra en dos fases: una donde lo podemos observar y otra que se encuentra en zona de subsuelo”, explicó Francisco Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca. Según el funcionario, los equipos concentran sus esfuerzos en la construcción de líneas de defensa para frenar la propagación del fuego en jurisdicción de Buga.Mientras continúan estas labores, la respuesta también se ha extendido a otros municipios. La Gobernación coordina el respaldo de cuerpos de bomberos voluntarios de localidades cercanas y gestiona, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), apoyo aéreo mediante el sistema Bambi Bucket, utilizado para realizar descargas de agua sobre las zonas afectadas.El panorama en el departamento también registra cambios. El incendio que se encontraba en jurisdicción de Trujillo, cerca del Páramo del Duende, fue declarado totalmente liquidado. Sin embargo, permanecen activos otros dos frentes: uno en Buga y otro en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, que se extendió hacia territorio de Palmira.
El coronel en retiro Carlos Soler aseguró que el Gobierno prepara nueve operaciones rurales focalizadas contra grupos criminales en diferentes regiones del país, de las cuales dos ya están en marcha y otras siete se encuentran en proceso de preparación. El exsecretario de Seguridad de Cali explicó que la estrategia también contempla entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas.Soler señaló que estas acciones buscan responder a las particularidades de cada territorio mediante inteligencia, judicialización y coordinación entre Fuerza Pública y entidades del Estado.¿Cómo serán las nueve operaciones rurales contra grupos criminales?El coronel explicó que las operaciones partirán de una identificación de los fenómenos criminales de cada región, para determinar qué estructuras actúan allí, cómo están organizadas y qué capacidades tienen.“Van a haber nueve operaciones rurales muy fuertes, focalizadas, de las cuales ya se están implementando dos”, afirmó.Según Soler, las otras siete operaciones se encuentran en preparación debido a las capacidades disponibles en hombres, armamento, helicópteros y judicialización.El exsecretario de Seguridad de Cali sostuvo que la intervención deberá combinar las acciones militares con el trabajo de la Policía, la Fiscalía, jueces, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dependiendo de las características de cada territorio.¿Qué estrategia propone para enfrentar a los grupos criminales?Soler explicó que en zonas donde los integrantes de los grupos armados se mezclan con la población civil no sería suficiente una operación militar convencional. En esos casos, planteó la necesidad de identificar a las estructuras mediante inteligencia y avanzar en procesos de judicialización.“Hay que hacer judicialización. La Fiscalía se vuelve importantísima y es microfocalizar luego de que usted sabe quiénes están allí”, señaló.El coronel también mencionó el uso de interceptaciones, análisis de comunicaciones, equipos de radiogoniometría y otras herramientas de inteligencia para ubicar a integrantes de las estructuras criminales.A su juicio, una de las prioridades debe ser afectar a las redes que funcionan como milicias y que realizan actividades como extorsiones y homicidios, pues estas cumplen funciones de apoyo para las estructuras armadas.¿Cuántas operaciones urbanas prepara el Gobierno?Además de las nueve operaciones rurales, Soler aseguró que se proyectan entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas. La estrategia, explicó, busca que las intervenciones no estén limitadas a una sola institución.“Ya no en lo urbano va la Policía, en lo rural va el Ejército. Ambos van”, afirmó.El coronel señaló que estas operaciones incluirían el acompañamiento de la Fiscalía y otras entidades para atender asuntos como el reclutamiento de menores y la presencia de población extranjera vinculada, según su planteamiento, a actividades ilegales.Soler también sostuvo que la estrategia contempla mayor uso de tecnología, drones, helicópteros y recursos de inteligencia.El coronel en retiro concluyó que las operaciones requieren tiempo para recuperar capacidades y coordinar las instituciones. Según su explicación, el objetivo es avanzar de manera focalizada en los territorios donde las estructuras criminales mantienen presencia y control.
