Este lunes en la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella autorizó un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Andrey’.Esa estructura delinque en el Catatumbo, donde también sostiene disputas con el ELN. Tras la operación, el presidente anunció que cuatro personas fueron abatidas y otras seis fueron capturadas.“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo el mandatario.En esta operación Noah también se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones.“Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, anunció el mandatario.Este es el séptimo bombardeo que se adelanta durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, agregó el mandatario.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer este lunes 9 de noviembre, a través de su cuenta en X, los resultados de tres operaciones de la Fuerza Pública en Norte de Santander, La Guajira y Cauca, que dejaron capturas, incautación de material bélico y la recuperación de dos menores de edad vinculados a estructuras armadas ilegales.Capturas en Tibú, Norte de SantanderSegún el mandatario, en Tibú las tropas golpearon a la estructura 33 de las disidencias de las FARC, con la captura de cuatro presuntos integrantes y la recuperación de un menor de edad.Entre los capturados figuran alias ‘Eddy’, señalado de ser segundo cabecilla de escuadra; alias ‘Franyer’, presunto sicario, y alias ‘Franklin’, a quien se le atribuye la operación de drones y la participación en acciones criminales.En el procedimiento también fueron incautadas armas, municiones y explosivos, entre ellos 938 metros de cordón detonante y cinco kilos de pentolita.Enfrentamiento en Uribia, La GuajiraEn Uribia, de acuerdo con el reporte presidencial, uniformados enfrentaron al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Durante la operación se incautaron cuatro armas largas, cuatro proveedores y 103 cartuchos.Operación humanitaria en Suárez, CaucaEn Suárez, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana adelantaron una operación humanitaria que permitió recuperar a un menor de edad reclutado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias, y evacuar a tres de sus familiares que se encontraban amenazados.El mensaje del presidente“¡Tres operaciones, tres golpes contundentes contra el narcoterrorismo! ¡La ofensiva no se detiene!”, escribió De La Espriella, quien reconoció la labor de la Fuerza Pública y aseguró que con inteligencia y coordinación se está “recuperando la autoridad del Estado”.El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los grupos armados: “¡Tienen los días contados! No importa dónde se escondan ni cuántas armas tengan. Los vamos a perseguir, a desmantelar sus estructuras y a llevarlos ante la justicia”.
Un adolescente, de nacionalidad venezolana, fue recuperado por parte de tropas pertenecientes al batallón de operaciones n.º 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, ubicadas en el Catatumbo, Norte de Santander, en medio de una ofensiva militar que se presentaba en la zona; presuntamente, el menor de edad habría sido reclutado de forma ilegal por la estructura 33 de las disidencias de las Farc. El menor fue puesto bajo disposición del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF), de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley colombiana y los estándares de protección internacionales.En paralelo, dos integrantes de dicha estructura se entregaron de manera voluntaria ante la Fuerza Pública; uno de ellos se presentó ante los soldados que se encontraban adelantando labores de seguridad en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, mientras que el segundo se rindió a tropas de este mismo municipio, entregando además una pistola, munición, una granada de mano, una motocicleta sin placa y un celular. Ambos integrantes de dicha estructura quedaron a disposición de las autoridades.También se dio a conocer que, en medio de esta acción, efectivos pertenecientes al Ejército Nacional lograron la incautación de material de guerra, comunicaciones y tecnología de uso ilícito, una operación que logró el debilitamiento de la capacidad logística y de vigilancia armada.De esta manera, el Ejército Nacional ratifica su compromiso institucional gracias a la permanente presión operacional que adelantan las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional en Norte de Santander, que buscan seguir debilitando las capacidades de los grupos armados organizados, así como brindar la seguridad y tranquilidad en la población de la región del Catatumbo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc, por hechos que afectaron a la población civil y a miembros de la Fuerza Pública en Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado.La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala su presunta responsabilidad en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras y ataques contra civiles y uniformados que estaban fuera de combate. También documenta el uso de minas antipersonal y de armas que contravienen el derecho internacional humanitario.Entre los imputados están Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como alias ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.De los nueve comparecientes, ocho fueron imputados como máximos responsables por su liderazgo regional y capacidad de mando. El restante fue señalado por su participación determinante en la comisión de los crímenes.La investigación agrupó los hechos en dos patrones. El primero corresponde al control social y territorial, que concentra el 78,4 % de las víctimas acreditadas. Según la JEP, esta estructura guerrillera persiguió a personas consideradas enemigas o colaboradoras de la Fuerza Pública y los paramilitares, impuso normas de convivencia, presionó a las autoridades locales y ejerció control sobre las tierras y los bienes de las comunidades.Entre los hechos documentados está el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles, Tolima, quien había denunciado violaciones a los derechos humanos. También se registraron amenazas contra alcaldes y otros dirigentes políticos, así como el asesinato de Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, durante un acto de campaña en 2003.La Sala también documentó la masacre de Potrero Grande, en Huila, ocurrida en enero de 2002, y casos de desplazamiento y despojo de tierras mediante amenazas y presiones para vender predios por debajo de su valor comercial.El segundo patrón corresponde a los crímenes cometidos durante la conducción de las hostilidades y reúne el 13,9 % de las víctimas acreditadas. El 7,7 % restante corresponde a casos en los que las víctimas reportaron conductas asociadas a ambos patrones.Por estos hechos, la JEP documentó 94 incursiones armadas del Comando Conjunto Central entre 1991 y 2016, lo que convirtió a esta estructura en la que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía perpetró en el país, según la investigación.Entre los hechos más graves está la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000. Durante el ataque fueron destruidas más de 30 edificaciones y cerca de 800 personas tuvieron que desplazarse. Además, 13 policías que se habían rendido después de agotar su munición fueron asesinados, pese a que les habían prometido respetar sus vidas.En Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, la toma guerrillera ocurrida entre abril y mayo de 2000 dejó al menos 27 civiles asesinados, alrededor de 200 viviendas destruidas y más de 3.600 personas desplazadas.La investigación también documentó el uso de minas antipersonal en caminos transitados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra infraestructura eléctrica y la utilización de civiles como escudos o para transportar explosivos.Ahora, los nueve comparecientes tienen 20 días hábiles para informar si reconocen los hechos y conductas atribuidos o explicar cuáles no aceptan y por qué. El plazo total para presentar observaciones y aportar verdad adicional es de 30 días hábiles.Las víctimas y el Ministerio Público también cuentan con 30 días hábiles para presentar observaciones, solicitar aclaraciones e indicar qué aspectos deben precisarse o contrastarse.La JEP pidió, además, que los comparecientes entreguen información que permita avanzar en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.Si reconocen su responsabilidad, se convocará a una audiencia pública de reconocimiento con participación de las víctimas y el proceso podrá avanzar hacia la imposición de sanciones propias.Si alguno niega su responsabilidad o no acepta la imputación, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el trámite adversarial. Si es declarado responsable en juicio, podría recibir una sanción penal ordinaria de hasta 20 años de prisión.
Un nuevo ataque con un dron cargado con explosivos dejó tres personas heridas en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El hecho se registró en el kilómetro 90 y las víctimas sufrieron lesiones leves, por lo que no requirieron traslado a centros asistenciales.En otro punto cercano, el Ejército Nacional adelantaba labores para desactivar o detonar de manera controlada una carga explosiva abandonada en una vía pública. En el sector también fueron encontradas banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).Estos hechos se registran en medio de una serie de episodios violentos que afectan a Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. A la situación se suman dos casos de homicidio relacionados con personas que habrían sido secuestradas previamente.Asesinan a odontólogo secuestrado en zona rural de CúcutaUn odontólogo oriundo de Villavicencio fue encontrado muerto en el corregimiento de Palmarito, zona rural de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El hombre había sido secuestrado aproximadamente seis meses atrás, cuando se movilizaba por una vía de acceso al Catatumbo.Durante ese desplazamiento, el profesional de la salud viajaba junto con su suegra, quien también fue secuestrada. Mientras el odontólogo fue hallado sin vida, se desconoce el paradero de la mujer.En el municipio de Tibú, cerca de una estación de Policía, también fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba siete impactos de bala. El caso se suma a los hechos violentos registrados recientemente en esta zona de Norte de Santander.La víctima habría sido secuestrada el pasado 19 de octubre. Las circunstancias de su muerte y los responsables del homicidio son materia de investigación.Los ataques con explosivos, los secuestros y los homicidios mantienen la atención sobre la situación de seguridad en el Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y afectada por la presencia de grupos armados ilegales
Un operativo conjunto del Ejército Nacional y los grupos Gaula Militar y de la Policía dejó como resultado la muerte de alias 'Resorte', señalado por inteligencia militar como presunto cabecilla de finanzas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN. La operación se desarrolló en Chinácota, Norte de Santander, con participación de tropas de la Segunda División.Según la información militar, el hombre registraba antecedentes judiciales y estaría presuntamente relacionado con delitos como secuestro, homicidio y tráfico de armas. Las autoridades señalaron que su muerte representa una afectación a las finanzas ilegales y a la capacidad logística de esta estructura armada, especialmente en Cúcuta y su área metropolitana, donde se le atribuye participación en redes de extorsión y otras actividades criminales.Durante el operativo fueron incautados una pistola, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para los procedimientos correspondientes.La operación se produce en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, donde el ELN mantiene presencia armada y disputa el control territorial con las disidencias de las Farc. En los últimos días se han reportado nuevos combates en zonas rurales de Tibú y Sardinata, con desplazamientos de habitantes y ataques con drones cargados con explosivos.Las autoridades también han desarrollado operaciones para afectar las fuentes de financiación de esta guerrilla, entre ellas las redes de extorsión, el hurto de hidrocarburos y otras economías ilegales. En septiembre, una operación en Ocaña y Ábrego permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una red que, según las investigaciones, estaría vinculada con el robo y la comercialización clandestina de hidrocarburos.En este escenario, la muerte de alias 'Resorte' representa, según el balance militar, un golpe contra la estructura financiera del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, señalado de desarrollar actividades criminales en Cúcuta y su área metropolitana.
Un cilindro pintado de rojo y negro, con siglas alusivas al ELN, permaneció durante ocho días en la entrada del municipio de El Carmen, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), sin que, según la información conocida, unidades del Ejército o de la Policía acudieran al lugar para atender la situación.Durante ese tiempo, los habitantes que transitaban por la vía principal que comunica a Ocaña con El Carmen debían pasar por uno de los costados del cilindro, en medio de la incertidumbre y el temor que generaba la presencia de este elemento, que podía representar un riesgo para la comunidad.Sin embargo, lo ocurrido ocho días después terminó convirtiéndose en una escena tan insólita como preocupante. Una persona del municipio, presuntamente en estado de embriaguez, llegó al lugar, retiró el cilindro y comenzó a arrastrarlo por la vía principal hasta el casco urbano, donde lo paseó por varias calles de la población.La situación terminó con esta persona dormida en un andén y el cilindro a su lado. La escena despertó sentimientos encontrados entre los habitantes: mientras algunos reaccionaron con jocosidad ante lo insólito del episodio, otros manifestaron su temor por lo que pudiera ocurrir, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto y el contexto de orden público que enfrenta el Catatumbo.Más allá de lo anecdótico, el hecho deja una pregunta de fondo: ¿dónde estaban las autoridades durante esos ocho días? La permanencia del cilindro en un punto de acceso al municipio y su posterior traslado por las calles evidencian una situación que merece explicaciones y una respuesta institucional. Además, reavivan las preocupaciones sobre la capacidad de reacción y el control de las autoridades en distintos municipios de esta convulsionada región.Lo ocurrido en El Carmen no debería quedar únicamente como una anécdota o convertirse en motivo de burlas. Se trata de un episodio que expone la vulnerabilidad a la que pueden estar sometidas las comunidades cuando un elemento sospechoso permanece durante días en una vía importante y termina siendo manipulado por un ciudadano.
El Ejército Nacional y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según información de inteligencia militar, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Las autoridades estiman que su destrucción representa una afectación de $8.600 millones a las finanzas del grupo armado.La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, mediante un trabajo coordinado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.En el lugar fue encontrada una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 859 kilogramos de esta sustancia, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión."Además, fueron encontrados más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides", dijo el teniente coronel Diego Mauricio León Osorio, comandante Grupo de Caballería Mediano N.°5 General Hermógenes MazaDe acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales. La inutilización de estas instalaciones representaría una afectación económica cercana a los $8.600 millones para las finanzas de esta estructura armada, según las valoraciones institucionales.Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las economías ilícitas del ELN y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico en Norte de Santander.
Un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias 'Dimax', señalado por la Fiscalía General de la Nación como cabecilla de una estructura delincuencial y quien habría escapado de un resguardo indígena mientras cumplía una condena de más de 38 años de prisión.Vacca Castillo había sido condenado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, en septiembre de 2024 habría adquirido certificaciones étnicas con las que se hizo pasar como integrante de una comunidad ancestral. Con esas certificaciones, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca. De acuerdo con la Fiscalía, posteriormente se habría fugado de ese lugar para evadir el cumplimiento de la condena.Después de su salida del resguardo, alias 'Dimax' fue localizado en Panamá el pasado 9 de septiembre, en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.A su regreso al país, un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó ante un juez en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos. Durante la diligencia, Vacca Castillo no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía.La investigación establece que el procesado habría utilizado una supuesta condición étnica para acceder al traslado al resguardo indígena desde el establecimiento penitenciario en el que cumplía su condena y que, posteriormente, habría escapado de ese lugar.La Fiscalía señaló que la condena que debía cumplir supera los 38 años de prisión y que, además de la medida de aseguramiento impuesta por el nuevo proceso, alias 'Dimax' quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la sentencia que ya había sido impuesta en su contra.
Comprar o arrendar vivienda en Medellín es cada vez más difícil frente a los ingresos del hogar. El arriendo en El Poblado se disparó 57,5% en cuatro años y comprar apartamento exige 19 años de sueldo, superando indicadores de París, Tokio y LondresAcceder a una vivienda propia o pagar un arriendo en Medellín se ha convertido en un reto económico que supera las proyecciones de los ciudadanos y los indicadores de varias capitales del mundo. De acuerdo con datos del Observatorio Inmobiliario Catastral de la ciudad y análisis del sector, los costos habitacionales en zonas como El Poblado, así como en el promedio general del municipio, han registrado incrementos acelerados que contrastan con el ritmo de ingresos de los hogares.Cifras de dicho observatorio indican que el valor del metro cuadrado de arriendo en El Poblado pasó de cerca de 15.800 pesos en 2014 a más de 53.000 pesos en julio de 2026. Al descontar la inflación, el incremento real fue del 76,2 %, con una aceleración inusitada: mientras que entre 2014 y 2022 el precio real subió un 11,9 %, en los cuatro años siguientes aumentó un 57,5 %, lo que evidencia que el encarecimiento se intensificó en la mitad del tiempo.En cuanto a la adquisición de propiedad raíz, un estudio de la firma de tecnología inmobiliaria KEIA señala que una persona en Medellín necesitaría 19,4 años de sueldo familiar neto para comprar un inmueble de 90 metros cuadrados. Este indicador ubica a la capital antioqueña como la segunda ciudad más costosa de un listado internacional en relación con los ingresos, superando a urbes como París (17 años), Londres (16,7 años) y Tokio (16 años), e incluso por encima de Bogotá, donde el cálculo se sitúa en 16,2 años.Al evaluar las causas de esta dinámica, el analista económico e investigador Iván Montoya explicó que la cifra responde a la brecha entre el ingreso promedio del hogar y el costo de los inmuebles. El experto señaló que el fenómeno está impulsado por el atractivo de Medellín para nacionales y extranjeros, lo que presiona la demanda ante una oferta limitada, sumado a factores como la gentrificación y la especulación de precios en zonas de altos ingresos.“El asunto es revelador en términos de que el precio de la vivienda en Medellín ha crecido significativamente. ¿Por qué ha crecido? Ya habría que mirar cuáles son los determinantes de ese incremento en el precio de la vivienda. Pues por un lado está la valorización. Es cierto pues que Medellín se ha vuelto una ciudad atractiva como digamos lugar de destino para vivir”, dijo el experto.Ante un panorama donde los arriendos y la finca raíz crecen por encima de los salarios, el debate del ordenamiento territorial se centra en la necesidad de habilitar nuevos espacios que permitan ampliar la oferta inmobiliaria y equilibrar el mercado en la capital antioqueña.
Las condiciones de seguridad en la autopista Medellín-Bogotá vuelven a generar inquietud entre los usuarios de este corredor nacional, tras registrarse un nuevo siniestro vial que cobró la vida de un docente universitario. El accidente ocurrió en jurisdicción del municipio de San Luis, en un tramo administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde las comunidades y los gremios de transportadores han reportado de manera reiterada el deterioro de la malla vial.La víctima fue identificada como Carlos Julián Gallego Duque, de 47 años, ingeniero, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y colaborador de EPM, quien regresaba a Medellín tras dictar clases en Puerto Nare. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se movilizaba por el sector El Silencio cuando habría perdido el control del vehículo al pasar por un hueco en la carretera, colisionando de frente contra un furgón.Este hecho se suma a las constantes alertas del colectivo de transportadores 'Los Magníficos de la Ruta 60', agrupación que desde marzo de este año documentó y reportó cerca de 918 huecos en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre. Según los denunciantes, la falta de mantenimiento e intervención oportuna en la vía incrementa los factores de riesgo para motociclistas y conductores de carga pesada."La mayoría de los transportadores somos de esta zona, estamos protestando hace más o menos 3 años por el mal estado de la vía, por el abandono en que el Estado, la ANI y el INVÍAS tienen este tramo deteriorado, no le hacen el mantenimiento, el recaudo de los peajes no se ve reflejado. Nosotros llevamos ya 3 años en esto", manifestó Julio César Florez, vocero del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60.A las deficiencias en la infraestructura se suman los antecedentes en la atención de emergencias en la zona. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, dos personas heridas en un accidente debieron ser trasladadas al hospital de Puerto Triunfo en la cabina de una grúa ante la ausencia de una ambulancia del Invías en el sector.Blu Radio ha intentado establecer contacto con la entidad nacional para conocer un pronunciamiento oficial sobre el plan de mantenimiento de la vía y la atención de urgencias, sin obtener respuesta hasta el momento.
Después de años de espera, finalmente el GTA VI llegará a las consolas de todo el mundo. El videojuego de Rockstar Games se ha convertido en un referente de la cultura 'geek' y 'gamer' durante el siglo XXI, gracias a sus historias, jugabilidad, personajes y ciudades inspiradas en Estados Unidos.Han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA V, la última entrega de la franquicia, que sigue vigente y cuyos protagonistas, Trevor, Franklin y Michael, hicieron historia en las calles de Los Santos, ciudad ficticia ambientada en Los Ángeles. Ahora, GTA VI llega con Lucia y Jason y traslada la historia a Vice City, una ciudad inspirada en Miami.Esta entrega estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Su preventa comenzó el 25 de julio de 2026, meses antes de la fecha oficial de lanzamiento, prevista para el 19 de noviembre del mismo año, un día esperado por quienes han seguido la franquicia durante años.Ya se puede descargar GTA VI en ColombiaGTA V llegó en 2013, año de su lanzamiento, con un peso aproximado de 13 GB. Sin embargo, 13 años después, GTA VI requerirá cerca de 212 GB, una cifra que ha generado comentarios entre los jugadores por el espacio que ocupará en las consolas.De acuerdo con los reportes, en PlayStation el espacio necesario para instalarlo rondaría los 212 GB. En Xbox, el tamaño sería similar, aunque algunas estimaciones indican que podría alcanzar los 225,34 GB, mientras que otras señalan que sería inferior a los 210 GB.En Xbox hay una diferencia entre sus dos consolas. La Series X cuenta con casi 1 TB de espacio disponible, por lo que la descarga no representaría el mismo inconveniente. En cambio, la Series S tiene 364 GB de almacenamiento disponible en su versión base, por lo que instalar GTA VI ocuparía más de la mitad de ese espacio.Ante el tamaño del archivo, Rockstar Games habilitó la predescarga mundial desde este 10 de noviembre. Así, quienes compraron el juego en preventa podrán descargarlo en sus consolas desde este martes. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el 19 de noviembre para empezar a jugar, fecha prevista para su lanzamiento oficial.¿Cuánto demora en descargar GTA VI?La descarga del juego podría tardar entre 28 minutos y dos días, dependiendo de la velocidad de internet contratada en el hogar. Esta estimación se basa en un archivo de aproximadamente 212 GB.De acuerdo con los cálculos compartidos por la comunidad 'gamer', estos serían los tiempos aproximados según la velocidad de conexión:1 Gbps (fibra óptica): entre 28 y 30 minutos.500 Mbps: entre 56 minutos y una hora.300 Mbps: alrededor de una hora y 30 minutos.100 Mbps: cerca de cuatro horas y 45 minutos.50 Mbps: aproximadamente nueve horas y 20 minutos.10 Mbps: alrededor de 47 horas, casi dos días.Estos tiempos corresponden a una conexión estable, sin interrupciones ni fluctuaciones de velocidad. Si se presentan fallas en el servicio de internet, la descarga podría tardar más.¿Cuándo saldría GTA VI para PC?Según la información filtrada, GTA VI estaría disponible para PC durante el primer trimestre de 2027, es decir, entre enero y marzo. Sin embargo, esta fecha debe tomarse con cautela, pues Rockstar Games no ha anunciado oficialmente cuándo llegará esta versión.En caso de concretarse el lanzamiento, los usuarios podrían esperar su llegada a tiendas digitales como Steam y Epic Games Store, además de los canales oficiales que determine la compañía. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre las plataformas de distribución ni sobre los requisitos técnicos que necesitarán los computadores para ejecutar el juego.
La Selección Colombia Femenina tendría una nueva camiseta para afrontar la Copa Mundial de Brasil 2027. En redes sociales circula el que sería el diseño de la indumentaria del equipo nacional para la próxima cita orbital, en la que disputará su cuarta participación en la historia del certamen.La prenda presenta una propuesta predominantemente roja y rosada, con diferentes figuras geométricas y patrones que cubren buena parte de la zona frontal. También se observan detalles blancos en el cuello y los bordes de las mangas, además del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol y el distintivo de Adidas.La imagen muestra una camiseta con un diseño bastante diferente al de las indumentarias tradicionales del combinado nacional.La expectativa por conocer la nueva equipación coincide con la preparación del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia para disputar el Mundial femenino, que se realizará en territorio brasileño entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.¿Cuándo conocerá Colombia a sus rivales en el Mundial 2027?La Selección Colombia conocerá a sus primeros contrincantes en la Copa Mundial Femenina el viernes 11 de diciembre de 2026, fecha establecida para el sorteo de la fase de grupos.El evento tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, donde se determinará cómo quedarán distribuidas las selecciones clasificadas y cuál será el camino inicial de cada equipo en la competencia.La composición de los grupos será determinante para establecer los primeros compromisos del conjunto colombiano, que buscará superar lo conseguido en su anterior participación mundialista.¿Cuántas veces ha clasificado Colombia al Mundial femenino?Brasil 2027 marcará la cuarta presencia de Colombia en una Copa Mundial Femenina de la FIFA. Su primera participación ocurrió en Alemania 2011, cuando terminó su recorrido en la fase de grupos.Posteriormente, en Canadá 2015, consiguió superar por primera vez la ronda inicial. Sin embargo, su actuación más destacada llegó en Australia y Nueva Zelanda 2023, edición en la que alcanzó los cuartos de final y se instaló entre las ocho mejores selecciones del campeonato.Para conseguir el tiquete a Brasil, el equipo de Ángelo Marsiglia se coronó campeón invicto de la primera edición de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Colombia terminó en el primer puesto con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Brasil ya tenía asegurada su presencia por ser el país anfitrión.El crecimiento del fútbol femenino colombiano también se refleja en sus resultados continentales y juveniles. La selección absoluta fue subcampeona de América en 2022 y 2025, mientras que la categoría sub-20 alcanzó los cuartos de final en el Mundial organizado en Colombia en 2024 y obtuvo el tercer puesto en Polonia 2026.De esta manera, la Tricolor afrontará su segunda clasificación consecutiva a una Copa Mundial, con el objetivo de volver a ser protagonista en el torneo que se disputará en Brasil.
