La decisión, adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, ratifica la responsabilidad de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar como máximos responsables de los delitos investigados en el Macrocaso 01 sobre secuestro.Según la JEP, los exjefes guerrilleros fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, asesinato, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos cometidos contra las víctimas durante años de cautiverio.La decisión también endureció varios aspectos de la sentencia de primera instancia al exigir que las sanciones restaurativas sean concretas, verificables y con restricciones efectivas de derechos, incluyendo horarios, lugares de residencia y supervisión estricta durante su ejecución.“La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz dictó sentencia condenatoria en contra del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP y confirmó de manera definitiva las condenas impuestas en primera instancia. La Sección de Apelación resaltó que la condena debe ser efectiva y no indeterminada, y que las sanciones impuestas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad deben tener un componente retributivo real y verificable”, indica la JEP.La JEP señaló que los siete exintegrantes del Secretariado son responsables de más de 21.000 hechos de secuestro ocurridos entre 1982 y 2016, utilizados por las Farc para financiar su estructura armada, ejercer control territorial y promover intercambios de prisioneros, hechos que dejaron miles de víctimas sometidas a condiciones de cautiverio, tortura, violencia sexual y humillaciones.“Durante todos los años de ejecución, el sancionado deberá estar dedicado de manera cierta y efectiva a trabajos y actividades restaurativas en favor de las víctimas y cumplir un horario establecido. La atribución de responsabilidad y sanción a los siete miembros del último Secretariado se produce tras concluir que fueron los máximos responsables de secuestros, torturas, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos”, agrega la JEP.Según la JEP, las sanciones restaurativas impuestas a los exintegrantes del último Secretariado de las Farc se ejecutarán durante un periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034. El fallo precisa además que las actividades restaurativas estarán distribuidas en siete fases y se desarrollarán en siete regiones del país, bajo un cronograma detallado que incluye proyectos específicos, horarios, lugares de residencia y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento efectivo de la sanción.
En medio de los cuestionamientos sobre una supuesta benevolencia de la Jurisdicción Especial para la Paz con exintegrantes de las extintas Farc, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública que para los ex integrantes de la antigua guerrilla.Ramelli aseguró que alrededor de la JEP se ha venido construyendo una narrativa según la cual las decisiones del tribunal serían más rigurosas con militares y policías y más flexibles con los excombatientes de las Farc, una percepción que, según afirmó, no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional.“Parece estarse haciendo carrera una narrativa de que nosotros somos más fuertes con un lado que del otro, más fuertes con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó el presidente de la JEP, quien explicó que el modelo contempla dos rutas procesales claramente definidas, la vía restaurativa y la vía adversarial o retributiva, y enfatizó que son los propios comparecientes quienes, junto a sus equipos jurídicos, deciden voluntariamente a cuál acogerse.Ramelli explicó que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas, o enfrentar un proceso adversarial, similar a un juicio tradicional.De acuerdo con el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las Farc han optado por el modelo restaurativo. En contraste, quienes eligen la vía adversarial se someten a un juicio y, si son hallados responsables, pueden recibir condenas de hasta 20 años de prisión, una pena menor a las previstas por la justicia ordinaria que aplica penas de entre 40 y 50 años.“Cada uno de los comparecientes, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la fuerza pública, libremente decide por cuál camino se va. Aquí hay dos rutas: la vía restaurativa y la vía adversarial. Cada uno escoge, libremente y con su equipo jurídico, cuál es la vía”, señaló Ramelli.
En una operación conjunta, coordinada e interagencial, las Fuerzas Militares lograron la neutralización de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de ‘Marlon’. Este sujeto era señalado como el segundo cabecilla de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca y uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’.El golpe fue calificado por el Gobierno como "el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia" en el suroccidente del país.Inteligencia dominante y un año de seguimientoEl operativo no fue producto del azar, sino de un trabajo de inteligencia que se extendió por más de doce meses. Según el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, en diálogo con Mañanas Blu, se trató de una "inteligencia dominante" en la que participaron el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.Aunque el radio de acción de alias ‘Marlon’ era principalmente el Cauca, fue localizado en la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.En este lugar, el cabecilla creía estar a salvo. Según el general López: "Él tenía ahí una zona que lo llaman segura, donde delinquía, donde descansaba... donde planeaba todas las acciones terroristas".Tras un seguimiento detallado, las tropas lograron la neutralización en combate de este terrorista, quien contaba con una recompensa de 5.000 millones de pesos.Un prontuario marcado por la violencia. Alias ‘Marlon’ acumulaba un historial delictivo de más de 23 años en organizaciones armadas.Se le atribuye la responsabilidad directa del cruento ataque terrorista en el túnel de Cajibío, Cauca, ocurrido el pasado 25 de abril, donde fueron asesinados civiles y decenas resultaron heridos. El general López fue enfático al describir la peligrosidad del abatido: "Este era un sujeto muy malo, un bandidazo... que llevaba mucho tiempo en la Farc desde muy joven".Además de las acciones terroristas, era requerido por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con carteles mexicanos, además de ser señalado como un sistemático reclutador de menores en la región. El cerco sobre 'Iván Mordisco'La caída de ‘Marlon’ representa una pérdida estratégica para el Estado Mayor Central (EMC). Con esta baja, ya son 21 los cabecillas cercanos a Iván Mordisco que han sido neutralizados en diversas regiones del país. "Estos terroristas que le hacen tanto daño a Colombia no tienen escondedero... estamos detrás de cada uno de esos objetivos", sentenció el General López, quien también advirtió que la ofensiva militar continuará para desmantelar las conexiones de narcotráfico y minería ilegal. Seguridad en el marco de la jornada electoralEl operativo se dio a conocer en un momento crucial para el país: la víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A pesar de la relevancia del golpe militar, el General López dio un "parte de tranquilidad a nivel nacional" sobre el despliegue del 'Plan Democracia'.Con más de 128.000 soldados custodiando las mesas de votación, las autoridades aseguraron que la caída de alias ‘Marlon’ es un paso más hacia la seguridad nacional. El General concluyó con un mensaje de determinación: "Claramente esto demuestra de que ningún bandido de estos va a llegar a viejo. Terminan muy jóvenes, terminan solos y terminan muertos en combate por nuestras tropas".
La violencia en el departamento de Nariño continúa creciendo. Según denuncias conocidas por Blu Radio, cerca de 100 personas permanecen actualmente en el coliseo del casco urbano del municipio, a la espera de ayuda humanitaria y atención por parte de las autoridades.De acuerdo con el denunciante, la crisis se originó por la presencia de actores armados en dos zonas del municipio, que se disputan el dominio del territorio.Según informaron, en la parte alta, que limita con Samaniego, estarían presuntamente operando milicias del ELN, mientras que en la zona baja, cercana al río Guáitara, tendrían presencia disidencias de las Farc.Los habitantes señalaron que estos grupos llegaron al territorio hace aproximadamente dos años y medio y que, en los últimos días, los enfrentamientos por el dominio de la zona se han intensificado, obligando a numerosas familias a abandonar sus viviendas.Según las denuncias de la comunidad, más de 370 personas se han visto afectadas por esta situación y han tenido que desplazarse hacia el casco urbano de Linares en busca de protección.Además, aseguran que esta es la primera vez que el municipio enfrenta un desplazamiento masivo provocado por la confrontación entre grupos armados ilegales, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que atiendan la emergencia humanitaria.Por ahora, las familias desplazadas permanecen en el coliseo del municipio, a la espera de asistencia institucional, ayudas humanitarias y medidas que permitan garantizar su seguridad y un eventual retorno a sus territorios.
La Universidad Nacional volvió a ser escenario de tensión tras la aparición de encapuchados que, según las directivas, intentaron generar actos violentos dentro del campus de Bogotá. Sin embargo, la rápida reacción de estudiantes, docentes y brigadas de emergencia evitó una escalada del conflicto y permitió recuperar el control de la situación sin mayores afectaciones.Así lo confirmó la vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro, en entrevista con Mañanas Blu, donde aseguró que fueron los mismos integrantes de la comunidad académica quienes impidieron que los encapuchados tomaran edificios y obligaran a evacuar las instalaciones.“Los estudiantes y profesores que se encontraban impidieron que se tomaran el edificio y que los evacuaran del espacio”, afirmó la directiva universitaria en la entrevista con Néstor Morales.El hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando las autoridades internas de la universidad recibieron alertas sobre personas que ingresaron a edificios cercanos a la Facultad de Ciencias Humanas y comenzaron a cambiarse de ropa para encapucharse. Según Chaparro, el equipo del CEPREVÉ, encargado de atender emergencias dentro del campus, acudió inmediatamente para verificar la situación.Encapuchados serían personas ajenas a la Universidad Nacional Sobre la identidad de quienes protagonizaron los hechos, la vicerrectora aseguró que no se trataría de estudiantes activos de la universidad.La directiva explicó que la Universidad Nacional mantiene una política de campus abierto, lo que permite el ingreso de personas mediante identificación con cédula o carné institucional. Aunque reconoció que esto facilita la entrada de actores externos, defendió el modelo bajo el argumento de garantizar el acceso libre a la educación y evitar dinámicas de control policivo dentro del entorno universitario.“Nosotros como política en el campus tenemos más es un campus abierto pensando en la garantía de la educación de nuestros estudiantes”, explicó Chaparro.No obstante, la situación volvió a abrir el debate sobre la seguridad al interior de la Universidad Nacional y las medidas necesarias para evitar el ingreso de materiales peligrosos. Durante la conversación, la vicerrectora reconoció que los encapuchados llevaban elementos para generar disturbios y preparar escenarios de confrontación.Alerta naranja por riesgo de explosivosLa gravedad de los hechos llevó a la institución a declarar alerta naranja dentro del campus universitario. Según la vicerrectora, esta decisión se tomó luego de detectar posibles artefactos explosivos en preparación.“Encontramos una situación de conflicto material, que estarían explosivos, artefactos explosivos que se podrían estar elaborando en el edificio y que ponen en riesgo a las personas”, señaló.La medida obligó a evacuar algunos sectores de la universidad mientras las brigadas de emergencia verificaban las condiciones de seguridad. A pesar del temor inicial, Chaparro confirmó que finalmente no se registraron detonaciones dentro del campus.“Afortunadamente no tuvimos situación dentro del campus de uso de esos explosivos”, indicó. La directiva destacó que los encapuchados se retiraron luego de los cuestionamientos y el rechazo expresado por estudiantes y docentes, quienes se opusieron a la toma violenta de espacios académicos.Rechazo a las prácticas violentas dentro de la universidadLa vicerrectora interpretó la reacción de la comunidad universitaria como una muestra clara del rechazo a las expresiones violentas dentro de la institución. Según explicó, la defensa del diálogo y la convivencia prevaleció frente a los intentos de confrontación.“Eso demuestra precisamente que esas no son prácticas que nosotros apoyemos desde el interior de la universidad”, afirmó Chaparro.Además, alertó sobre el impacto emocional y material que este tipo de episodios genera en estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.“Esto afecta no solamente el día a día de la universidad, sino afecta la infraestructura, afecta la salud mental de quienes habitan especialmente en estos edificios”, manifestó.Durante los hechos también aparecieron mensajes y símbolos alusivos a grupos armados ilegales, incluyendo referencias a las FARC-EP. Según Chaparro, la universidad ya había reportado previamente a las autoridades la aparición de panfletos y avisos similares dentro del campus.“Nosotros hemos venido teniendo que hacer unas denuncias frente a abandonos, panfletos y avisos que han dejado en el campus. Eso lo conocen las autoridades”, explicó.Clases normales tras superar la emergenciaLuego de un consejo de sede realizado tras los disturbios, la Universidad Nacional confirmó el retorno a las actividades académicas normales. Las directivas señalaron que la situación fue controlada y que no persistía la presencia de los encapuchados en las instalaciones.“Hoy tenemos actividades normales”, confirmó la vicerrectora.Finalmente, Chaparro resaltó el papel de la comunidad universitaria para contener la situación y recuperar espacios de convivencia dentro del campus. Aunque reconoció que no es la primera vez que estudiantes y profesores enfrentan a grupos violentos, aseguró que este episodio representa un nuevo intento por rechazar las acciones que alteran el funcionamiento académico y ponen en riesgo la integridad de miles de personas que diariamente asisten a la Universidad Nacional.
La Corte Suprema de Justicia se acogió en las últimas horas a los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y confirmó la sentencia de 15 años y 8 meses de cárcel para Wilfrido Vallejo Mindiola, alias 'El Mono', exintegrante de las extintas Farc que estaba siendo judicializado por fabricar y suministrar de minas antipersona a este grupo armado, en medio de sus planes para atacar a la fuerza pública en La Guajira.La autoridad rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, al acreditar que hubo suficiente material probatorio para determinar que alias 'El Mono' se unió al entonces frente 59 de las Farc en 2008.“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa y señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria para acreditar que esta persona, desde 2008, se vinculó al entonces frente 59 del grupo armado ilegal, y cumplió diferentes actividades de orden logístico como el transporte de uniformes, labores de inteligencia, acompañamiento de comisiones y vigilancia armada, hasta convertirse en uno de los principales productores de artefactos explosivos no convencionales”, escribieron en un comunicado.“En el curso de la investigación se conoció que algunas de las minas antipersona elaboradas por Vallejo Mindiola fueron utilizadas por las Farc – EP el 9 de abril de 2009, en el sector El Volador, en El Molino (La Guajira)”, agregaron.Wilfrido Vallejo deberá pagar una multa de más de 758 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal.Su judicialización será por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ahora las autoridades están coordinando su traslado a prisión.
La intervención humanitaria adelantada por la UBPD permitió intervenir 11 sitios de disposición de cuerpos ubicados dentro del territorio indígena Awá El Sande. De esos lugares, tres fueron descartados y ocho fueron intervenidos mediante labores de prospección intrusiva, en las que fueron recuperados los 10 cuerpos. Las víctimas corresponderían a combatientes y civiles desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado entre 2007 y 2008.Según informó la entidad, seis de los cuerpos fueron encontrados en una antigua zona campamentaria de la extinta Columna Móvil Mariscal Sucre de las Farc-EP, luego de un proceso previo de documentación y cartografía social que permitió reconstruir histórica y espacialmente el funcionamiento del campamento y delimitar posibles zonas de disposición de cuerpos en medio de la confrontación armada.Las labores se desarrollaron en articulación con firmantes del Acuerdo de Paz que integran la Corporación Humanitaria Reencuentros, así como con excombatientes de otras estructuras armadas y organizaciones de familiares buscadores de Samaniego, entre ellas Asvisuv y Avafer, que han contribuido con información sobre cerca de 200 personas desaparecidas en estas comunidades.La UBPD explicó que los sitios intervenidos correspondían tanto a fosas individuales como colectivas, lo que implicó labores técnicas complejas debido a las condiciones climáticas y geográficas del territorio. Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para avanzar en los procesos de identificación.En paralelo a las excavaciones, la entidad adelantó labores de prospección no intrusiva mediante tecnología de georadar, con la que logró documentar otros 11 sitios de interés forense. Además, durante la misión humanitaria se realizaron sobrevuelos con dron, previamente concertados con las autoridades indígenas, para obtener registros fotográficos y geográficos que faciliten futuras búsquedas en la zona.La misión contó también con el acompañamiento de la guardia indígena Awá y de médicos tradicionales del resguardo, quienes realizaron rituales de armonización espiritual antes y durante las intervenciones. “Sentimos como creyentes de este resguardo que el cuerpo de su hijo, de su hermano, de su tío o de su papá debe descansar; y el del familiar, también”, señaló Amanda Nastacuás, coordinadora de la guardia indígena del resguardo Awá El Sande.
En un robusto fallo de 388 páginas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y con ponencia del magistrado Gerson Chaverra confirmó la condena de estas 9 personas por su responsabilidad en 6 patrones de criminalidad: desaparición forzada, homicidio, reclutamiento ilícito, violencia basada en género, secuestro y desplazamiento forzado.El alto tribunal revisó el proceso seguido contra nueve excombatientes de las FARC que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz tras desmovilizarse de manera individual entre 2006 y 2008. Entre ellos aparece alias “Karina”, quien ingresó a la guerrilla en 1984, cuando tenía 17 años, y llegó a ser comandante del Frente 47. También figuran Danis Daniel Sierra Martínez, alias “Samir” o “Pipón”; Marcos Fidel Giraldo Torres, alias “Garganta” o “Isaías”.La sentencia documentó que el Bloque José María Córdova tuvo presencia en zonas de Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Sucre, y que hacía parte de la expansión estratégica de las FARC tras la Octava Conferencia Guerrillera de 1993. Según el fallo de la Sala Penal, esa estructura operó mediante una organización jerárquica y piramidal con mandos, frentes y estados mayores que ejecutaban políticas criminales definidas desde la dirigencia guerrillera.Uno de los aspectos más graves analizados por la Corte Suprema de Justicia fue el patrón de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes esto al establecer que las FARC implementaron mecanismos de adoctrinamiento y captación de menores mediante “clubes infantiles bolivarianos” y guías de reclutamiento orientadas a fortalecer las filas guerrilleras.Los guerrilleros según el fallo de la Corte, aprovechaban condiciones de pobreza, abandono estatal y violencia intrafamiliar para atraer menores con promesas de estudio, dinero o mejores condiciones de vida. También se documentaron amenazas contra familias y casos de incorporación forzada.La Corte Suprema de Justicia también modificó el reconocimiento de víctimas y los montos de indemnización y exhortó a la Defensoría del Pueblo para que capacite a sus funcionarios en temas de indemnizaciones dentro del incidente de reparación integral.
La defensa de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad', apeló la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que dejó sin efectos su acreditación como víctima dentro del Caso 06, relacionado con hechos contra integrantes de la Unión Patriótica.Su abogada sostiene que la determinación representa una “regresión grave” de sus derechos y cuestiona que la Jurisdicción haya argumentado un supuesto “error humano” para corregir la decisión inicial.Según el recurso, existe una “contradicción” dentro de la propia JEP que terminó produciendo la “desacreditación tácita” de un compareciente de las antiguas FARC-EP.La apoderada argumenta que la decisión no estuvo suficientemente motivada y sostiene que la JEP no explicó por qué se reversó una acreditación que, según el recurso, ya había sido reconocida formalmente junto con las pruebas que sustentaban esa condición.“La carga argumentativa que se le exige a la Sala de Reconocimiento para revocar una decisión que acreditó a una víctima en el proceso es sumamente alta. Debe explicar la forma en que, por un lado, respeta el principio províctima y, por otro, la decisión resulta más garantista que la acreditación. El Auto CGD-06 056 de 2026 no evalúa siquiera estos elementos, limitándose a anunciar un “error humano” sin detallar la evaluación de las consecuencias de revertir una acreditación procesal de una víctima. No obstante, el Auto posterior carece de los elementos que, por vía jurisprudencial, son necesarios para debidamente motivar una decisión judicial”, señala el documento.En el recurso, la representante de Trinidad también asegura que la medida afecta derechos de participación dentro del macrocaso, como presentar observaciones, aportar pruebas o intervenir en audiencias. “Se le está negando al señor Palmera Pineda ser escuchado en su relato”, afirma el documento.La defensa además plantea que podría existir una estigmatización contra Trinidad “por ser quien representa a las FARC-EP”, y señala que la pérdida de su acreditación impediría que pueda participar como víctima dentro del proceso relacionado con la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.“Lo relatado también guarda amplia similitud con un hecho que, aunque no está expresamente determinado en ninguna de las decisiones, sí refleja un escenario de posible estigmatización en contra de la víctima por ser quien “representa” a las FARC-EP”.La abogada insiste además en que el Acuerdo de Paz reconoce como víctimas a todas las personas que hayan sufrido afectaciones en el marco del conflicto, incluso si fueron combatientes, y sostiene que excluir a Trinidad desconoce ese principio.“Lo mencionado en tanto podría entenderse, tácitamente, que su proceso de negación de derechos adquiridos como víctima se debió a la posición que este firmante representó para el país, mismo que la JEP mediante diversas decisiones de la SALA DE AMNISTÍA E INDULTO e incluso la SRVR, ha trabajado por desmitificar”.Por eso, pidió revocar la decisión que corrigió la acreditación y mantener en firme el reconocimiento inicial de Simón Trinidad como víctima dentro del Caso 06. Además, solicitó que se garantice “la materialización del principio de las víctimas como el centro del Acuerdo”. En caso de que la reposición no prospere, pidió que el expediente sea enviado a la Sección de Apelación de la JEP para que estudie el caso.
Cuatro soldados del Ejército fueron asesinados en medio de un ataque con dispositivos explosivos improvisados en zona rural de San José del Guaviare. La acción violenta ocurrió en la vereda Buenos Aires, cerca del sector de Puerto Cachicamo, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban operaciones ofensivas contra integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.De acuerdo con la información oficial, los militares fueron atacados con explosivos instalados en la zona por criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’. La fuerte detonación dejó además a tres militares heridos, quienes a esta hora son evacuados en helicópteros hacia centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones y a las dificultades de acceso en el área selvática.Tras el ataque, el Ejército mantuvo el despliegue operacional en el sector mientras avanzan las labores de seguridad y verificación para descartar la presencia de más explosivos.La institución expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los soldados asesinados y reiteró que las operaciones militares continúan en esta región del Guaviare, donde las disidencias de las Farc mantienen una guerra frontal por corredores estratégicos ligados al narcotráfico y control territorial.
Fuentes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, consideran el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar a Venezuela un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos, según informó el medio Axios.De acuerdo con el reporte, divulgado este miércoles, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado "drama innecesario" dentro del Departamento de Estado."Es oportunismo político y es grotesco", afirmó un alto funcionario de la Administración citado por Axios, mientras que otro sostuvo que la dirigente "quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda" y que "esto tiene que ver con sus propios intereses".El sismo de Venezuela ocurrido la semana pasada, que han dejado ya al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, ha provocado tensiones políticas debido a que Machado ha insistido en querer volver a su país en medio de la crisis pero Washington ha insistido en que la prioridad en este momento son las tareas de rescate.Este miércoles, organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron este jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el "gobierno tutelado" de Delcy Rodríguez, al criticar que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto.Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., acusaron a la presidenta interina del país suramericano y a los funcionarios gubernamentales de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.Previo al terremoto, y durante los últimos meses, la Administración Trump ha mostrado su aprobación a Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y principalmente petroleros exigidos por Washington, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
La juez Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González, alias “El Hermano”, procesados por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Con la decisión judicial, alias “Chipi” fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que alias “El Hermano” deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses de cárcel, conforme a los términos acordados con el ente acusador. Al sustentar la decisión, la juez señaló que la dosificación de las penas cumplía con los criterios legales y jurisprudenciales exigidos para este tipo de acuerdos. “Se pactó, frente al señor Arteaga Hernández, el monto de 315 meses de prisión y se tuvo en cuenta el aumento en razón del concurso (…) la misma constituye 26 años y 3 meses para el procesado, lo que a juicio de este juzgado no es una pena irrisoria ni simbólica. Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”, afirmó.Respecto a William Fernando González, la funcionaria judicial indicó que “la misma también se ajustó a esos límites de discrecionalidad que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General”, al referirse a la pena de 261 meses de prisión, equivalente a 21 años y 9 meses.Durante la primera audiencia también quedó registrada una conversación sostenida entre alias “Chipi”, recluido en la cárcel de Girón, Santander, y William Fernando González, antes del inicio formal de la diligencia. En ese intercambio, Arteaga Hernández manifestó “Con ganas de salirme de acá, socio, la peor cárcel. No, manito, ni señal para llamar, nada”, comentario que quedó consignado en la grabación de la audiencia. La decisión judicial fue apelada por la representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, quien solicitó que no se avalara el preacuerdo suscrito con Elder José Arteaga Hernández. El apoderado sostuvo que el procesado no realizó un aporte efectivo al esclarecimiento de los hechos, que contó con varias oportunidades para desistir de la ejecución del crimen y que la pena pactada no resulta proporcional frente a la gravedad del magnicidio ni satisface plenamente los derechos de las víctimas.
Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado este miércoles en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero.El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza. También, añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará "en el momento más pronto posible" tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, expresidente supremo de Irán.Las delegaciones no se reunieron entre sí de manera directa, ya que los mediadores transmiten los mensajes entre ambas partes. El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, entró en vigor el 18 de junio tras ser firmado electrónicamente por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El encuentro se realizó después de un intercambio de disparos entre ambos países durante el fin de semana. El acuerdo del 17 de junio contempla un alto el fuego de 60 días para negociar un acuerdo permanente.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la resolución gubernamental que autorizaba la instalación de una mesa de diálogos de paz con la autodenominada disidencias de la Segunda Marquetalia. La decisión judicial frenó el avance de las negociaciones políticas que el Ejecutivo pretendía adelantar con esta estructura armada.La determinación del alto tribunal se fundamenta en una interpretación estricta de la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de “paz total”. Según el fallo, dicha normativa establece una distinción jurídica fundamental entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOMIL) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).De acuerdo con la sala, el Gobierno cometió una imprecisión al clasificar a la Segunda Marquetalia como un grupo con estatus político. El auto judicial señala que, bajo el marco legal vigente, la naturaleza de esta organización corresponde a la de una estructura criminal de alto impacto. En consecuencia, la ley solo facultaría al Gobierno para realizar acercamientos orientados al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento definitivo del grupo, pero no para entablar negociaciones de carácter político similares a las que se sostienen con otros actores insurgentes.Este revés jurídico cuestiona la hoja de ruta del Gobierno Nacional en su política de paz. La resolución demandada intentaba otorgar un reconocimiento que, a juicio del Consejo de Estado, no se ajusta a los preceptos legales que rigen el trato diferenciado entre grupos rebeldes y organizaciones delictivas.El proceso de paz con la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’, ha sido uno de los puntos más controvertidos de la administración actual, debido al origen de esta disidencia, conformada por exintegrantes de las extintas FARC que abandonaron el proceso de paz de 2016 y retomaron las armas, sin embargo, este no ha tenido mayores avances. La suspensión impone ahora un freno administrativo y jurídico al diálogo que buscaba cerrar el capítulo de este grupo armado en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Cuba se “está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.“Cuba, después de muchas, muchísimas décadas, se está acercando a nosotros”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte).Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por EE. UU. contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado.La Casa Blanca ha continuado dando una vuelta de tuerca por ahogar a La Habana. Al actual bloqueo de crudo se suman recientes medidas decretadas por el republicano contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.Además, el Ejecutivo informó este miércoles sobre la detención de un supuesto "agente subversivo" cubano que espera junto a su esposa e hijo el fin de los procedimientos para su expulsión del país norteamericano.Carlos Antonio Lloga Domínguez pasó "más de una década trabajando como agente subversivo extranjero" para el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), calificada por EE. UU. como "la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano" en su territorio, según informó el Departamento de Estado.En su discurso, en el que enumeró las proezas de Roosevelt, Trump destacó la labor hecha por su Gobierno en Venezuela e Irán.
