La Secretaría de Educación de Norte de Santander inició una revisión sobre una actividad académica asignada a estudiantes de quinto de primaria de una institución educativa de Villa del Rosario, en la que, según el material que comenzó a circular en redes sociales, los niños habrían realizado dibujos relacionados con las insignias de las Farc y el ELN.La situación generó preocupación entre algunos padres de familia debido a la edad de los estudiantes, de aproximadamente 9 y 10 años, y abrió interrogantes sobre el propósito pedagógico de la actividad y la pertinencia de abordar de esa manera el conflicto armado colombiano con niños de primaria.La secretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Aldana Pérez, explicó en entrevista con Blu Radio que la entidad conoció el caso después de que el video comenzara a difundirse en redes sociales. Ante la denuncia, la Secretaría solicitó al rector de la institución un informe para establecer qué ocurrió y cuál era el contexto de la actividad. “Inmediatamente llamamos al señor rector y le solicitamos que de manera inmediata presentara un informe en el que él describiera la situación sobre esa denuncia”, señaló Aldana.La actividad hacía parte de una clase de socialesDe acuerdo con la información entregada inicialmente por el rector a la Secretaría de Educación, la actividad correspondía a una clase de Ciencias Sociales relacionada con los partidos políticos y el conflicto en Colombia. Sin embargo, la Secretaría busca determinar si la actividad estaba contemplada dentro de la planeación académica, si correspondía a una guía institucional y, especialmente, si la profundidad con la que se abordó el tema era adecuada para estudiantes de quinto de primaria.“Se debe revisar si ese tema era planeado, organizado, y si la profundidad del tema requería que se solicitara la elaboración de esos dibujos alusivos a los grupos al margen de la ley”, explicó la funcionaria.El interrogante central está relacionado con la metodología utilizada. La propia secretaria señaló que la educación puede abordar diferentes aspectos de la historia y la realidad nacional, pero que los contenidos deben estar relacionados con la edad, el grado y el nivel de desarrollo de los estudiantes.Secretaría de Educación revisará la guía y los cuadernosLa investigación no se limitará a la actividad que circuló en redes sociales. Según Aldana, la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de Calidad e Inspección y Vigilancia, revisará el proyecto educativo de la institución y la trazabilidad de la temática en las diferentes áreas.La entidad también espera revisar los cuadernos y apuntes de los estudiantes para establecer cómo se desarrolló la actividad y cuál fue su contexto. “Nos corresponde como Secretaría de Educación es revisar y mirar que ese rector el día de hoy nos entregue el informe tal como lo manifestó de manera verbal (...) y además, nosotros como Secretaría de Educación debemos, con el área de calidad, revisar el proyecto educativo”, afirmó.La secretaria agregó que el proceso debe garantizar que la información sea veraz antes de establecer responsabilidades. El rector, según explicó, se encontraba adelantando reuniones con la comunidad educativa y con los diferentes integrantes del gobierno escolar.¿Qué dijo la Secretaría sobre una posible falta disciplinaria?Aldana señaló que, una vez recibido el informe, la Secretaría de Educación realizará el cotejo de la información y podrá desplazarse hasta el establecimiento educativo para determinar qué ocurrió.En caso de que la revisión establezca que la actividad no correspondía a los lineamientos académicos o institucionales, el caso podría ser remitido a control interno disciplinario. “Si esto pues diera lugar, debe remitirse a control interno disciplinario”, manifestó la secretaria.No obstante, la funcionaria insistió en que todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo sucedido y que es necesario completar el debido proceso. La Secretaría tampoco ha establecido, según la entrevista, si la docente pertenece a FECODE, una pregunta que fue planteada durante la conversación. Aldana respondió que esa información no ha sido confirmada y que no forma parte todavía del informe entregado por el rector.Un audio también quedó bajo revisiónAdemás de las imágenes de la actividad, en redes sociales circuló un audio atribuido a la docente en el que se hace referencia a la molestia de los padres de familia y a una eventual evaluación sobre los contenidos trabajados.Durante la entrevista se le preguntó a Aldana por una frase atribuida a la profesora: “En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”. La secretaria respondió que, si las declaraciones correspondieran efectivamente a la docente y fueran interpretadas en el contexto que se les atribuye, podrían generar cuestionamientos sobre su actuación frente a los estudiantes.“Si esto es así, obviamente que está faltando a la idoneidad y al deber funcional como docente frente a un grupo de niños”, afirmó. Sin embargo, también indicó que el rector habría recibido de la profesora una explicación según la cual los videos difundidos podrían haber sido editados o sacados de contexto. Por esa razón, la Secretaría espera los resultados de la revisión antes de establecer conclusiones.La docente no ha entregado su versión directamenteOtro de los elementos pendientes es la versión directa de la profesora involucrada. Según la secretaria de Educación, la docente habría presentado una crisis después de que se conociera públicamente el caso y posteriormente habría sido incapacitada. Por ese motivo, hasta el momento de la entrevista la Secretaría no había tenido contacto directo con ella.Aldana explicó que el rector estaba adelantando el proceso institucional y que se esperaba recibir el informe completo posteriormente, con la participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar.Educación sobre el conflicto debe tener en cuenta la edad de los estudiantesEl caso también abrió el debate sobre la manera en que las instituciones educativas pueden abordar temas como el conflicto armado, los grupos armados y la historia política de Colombia en los primeros grados escolares.La secretaria sostuvo que el propósito de la educación debe ser una formación integral que incluya conocimientos, habilidades socioemocionales, valores éticos, capacidades artísticas y pensamiento crítico.Pero enfatizó que estos objetivos deben desarrollarse de acuerdo con las edades y niveles educativos. “El objetivo de nuestra educación debe ser el desarrollo político del individuo (...) que se promuevan los valores éticos, las capacidades artísticas, y obviamente la habilidad del pensamiento crítico, pero de acuerdo a las edades, al grado y al nivel”, señaló.También afirmó que los espacios educativos deben estar libres de violencia, especialmente en un departamento como Norte de Santander, que enfrenta situaciones particulares relacionadas con el conflicto y la frontera.Secretaría esperará resultados de la investigaciónPor ahora, la Secretaría de Educación de Norte de Santander mantiene abierta la revisión y espera el informe institucional para determinar si la actividad correspondía al plan académico, si su metodología era adecuada para estudiantes de quinto de primaria y si existieron actuaciones que pudieran dar lugar a investigaciones adicionales.Ante la pregunta sobre si la actividad podría constituir apología al delito, Aldana señaló que esa conclusión dependerá de lo que establezca la investigación: “Si se revisa que eso no pertenecía a un contexto de clase y a la edad de los niños (...) eso no se debe realizar”, afirmó.La funcionaria agregó que la finalidad de la educación, según el enfoque que defiende la Secretaría, no es formar ideológicamente a los estudiantes, sino contribuir a su desarrollo integral.
Una actividad académica dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria desató una controversia en Villa del Rosario, Norte de Santander, luego de que padres de familia denunciaran que los menores recibieron una guía en la que se les solicitaba dibujar las insignias del ELN y las Farc.El caso se presentó en el Instituto Técnico María Inmaculada y se conoció públicamente después de que fotografías de la actividad y videos con las denuncias de algunos padres de familia comenzaran a circular en redes sociales. Según el material divulgado, la guía habría sido entregada el pasado 22 de septiembre y contenía una pregunta relacionada con la forma en que los estudiantes recordaban las insignias de estas estructuras armadas.La situación generó cuestionamientos entre algunas familias, que pidieron conocer cuál era el propósito pedagógico de la actividad y bajo qué contexto fueron abordados estos contenidos con niños de primaria. La preocupación tomó mayor relevancia por tratarse de un municipio fronterizo de Norte de Santander, un territorio que durante años ha enfrentado los efectos de la violencia y la presencia de diferentes grupos armados.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Norte de Santander solicitó al rector de la institución un informe detallado para establecer las circunstancias en las que fue planteada la actividad y determinar si hacía parte de la planeación académica del establecimiento.La secretaria de Educación, Hilse Aldana Pérez, confirmó que la dependencia departamental conoció el caso a través de un video difundido en redes sociales y que se activará la ruta correspondiente para esclarecer lo sucedido.“En la Secretaría de Educación de Norte de Santander conocimos un video que circula en redes sociales, en el que una persona denuncia a una docente de una institución educativa de Villa del Rosario por solicitar a sus estudiantes realizar dibujos alusivos a grupos armados al margen de la ley. De manera inmediata solicitamos al rector del establecimiento un informe claro sobre los hechos denunciados”, explicó la funcionaria.La Secretaría de Educación indicó que, una vez sea recibido el informe, el área de Inspección y Vigilancia determinará las actuaciones que correspondan. Además, desde la institución educativa se adelanta una revisión interna para establecer el contexto en el que fue elaborada y entregada la guía.La controversia también ha abierto el debate sobre la manera en que temas relacionados con el conflicto armado deben ser abordados dentro de las aulas, particularmente cuando se trata de estudiantes de primaria. El desafío está en establecer si la actividad hacía parte de un ejercicio académico sobre el contexto histórico y social del territorio o si, por el contrario, se produjo una situación que requiere otro tipo de explicación.En medio de esta discusión, Luis Fernando Niño Alto, alto consejero de Paz, señaló que se trata de una situación delicada que debe recibir la atención de las autoridades para conocer con precisión qué ocurrió y cuál era la intención detrás de la actividad.“Es una situación delicada que requiere toda la atención pertinente. Lo primero es conocer el contexto en el que se desarrolló esta actividad y establecer si realmente tuvo alguna relación con el conflicto armado o si se trató de una situación ajena a ese contexto. Antes de sacar conclusiones, es necesario esclarecer los hechos y escuchar a todas las partes”, indicó.Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades educativas buscan establecer si el material que circuló en redes sociales corresponde a la totalidad de la actividad o si, como ha señalado la institución, algunos de los elementos conocidos públicamente fueron presentados sin todo el contexto académico en el que fueron planteados.De hecho, representantes del colegio han señalado que el material difundido debe ser revisado dentro de su contexto y que la institución adelanta las respectivas verificaciones internas. El caso también fue llevado a instancias directivas del establecimiento para revisar las circunstancias en las que se asignó la actividad.Por ahora, no existe un informe definitivo que establezca las condiciones exactas en las que fue elaborada y entregada la guía ni que determine si hubo alguna irregularidad. La investigación deberá establecer cuál era el objetivo pedagógico del ejercicio, si estaba contemplado dentro de la planeación curricular y cuáles fueron las instrucciones impartidas a los estudiantes.
Los siete integrantes del último Secretariado de las Farc comenzaron a cumplir la sanción impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por su responsabilidad en los más de 21.000 secuestros investigados en el Caso 01.La medida cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. El cumplimiento de la sanción comenzó el pasado 21 de septiembre y se extenderá por diferentes regiones del país, en un proceso que contempla siete fases y que está previsto hasta marzo de 2034.La Jurisdicción estableció que los comparecientes deberán desarrollar proyectos restaurativos y estarán sometidos a restricciones efectivas de sus derechos y libertades.Una de las primeras acciones se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, donde entre el 21 y el 30 de septiembre participan en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas.La intervención está liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se realiza en articulación con la JEP.En este trabajo también participan máximos responsables de la Fuerza Pública vinculados a investigaciones por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc.La sentencia establece que los siete exintegrantes del Secretariado deberán trabajar en diferentes proyectos restaurativos durante un periodo de hasta ocho años.Las líneas de trabajo incluyen búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado humanitario, reconstrucción de infraestructura rural y urbana, acciones de protección y recuperación del medio ambiente, construcción de memoria histórica y reparación simbólica y proyectos de vida económicos en favor de las víctimas.Los trabajos se desarrollarán en distintas regiones, entre ellas Huila, Putumayo, Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, Casanare, Vaupés y Bogotá.El cumplimiento de la sanción no implica libertad plena para los comparecientes. La JEP estableció restricciones sobre su movilidad, residencia y actividades.La JEP realizará el seguimiento mediante monitoreo remoto, geocercas y alertas, además de verificaciones presenciales en los lugares donde se desarrollen los proyectos.
Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, cuestionó el papel que ha desempeñado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que una parte mayoritaria de las sentencias relacionados con las Farc ya contaba con avances en la justicia ordinaria. En entrevista con Recap Blu, Gaviria afirmó que “el 90% de las sentencias o de las investigaciones supuestas que ha hecho la JEP estaban ya consolidadas en sentencias en la justicia ordinaria”.Las declaraciones se dieron en medio de la discusión por el presupuesto de la JEP para 2027 y de la propuesta de trasladar $100.000 millones de esa jurisdicción hacia la Rama Judicial. La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez y cuenta con el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella. Ante esto, Gaviria sostuvo que la reducción de recursos debe analizarse a la luz de los resultados obtenidos por el tribunal y señaló que, desde la perspectiva de las víctimas que representa, todavía existen cuestionamientos sobre verdad, justicia y reparación.La dirigente también cuestionó las sanciones restaurativas impuestas a antiguos integrantes del secretariado de las Farc y planteó que quienes no hayan cumplido con los compromisos de la justicia transicional deberían pasar a la justicia ordinaria.“Cuando usted no cumple las reglas de los beneficios que le da la justicia transicional, usted tiene que ir a la justicia ordinaria”, afirmó. Además, defendió que los procesos y testimonios que las víctimas ya han entregado puedan continuar en esa jurisdicción para evitar que los casos queden nuevamente sin respuesta.Reclutamiento de menores de edadUno de los puntos centrales de su intervención fue el reclutamiento de menores y otros hechos victimizantes atribuidos a la extinta guerrilla de las Farc. Gaviria cuestionó que estos crímenes puedan ser respondidos únicamente mediante sanciones restaurativas y sostuvo que las víctimas reclaman penas privativas de la libertad para los máximos responsables. “Eso no tiene nombre y eso no tiene justicia”, expresó al referirse al reclutamiento de niños, antes de señalar que, desde su perspectiva, las víctimas estarían dispuestas a aceptar penas de entre ocho y diez años de prisión como una forma de obtener “una mínima justicia”.Finalmente, Gaviria aseguró que la Federación Colombiana de Víctimas continuará defendiendo que los casos que, según su posición, no han tenido suficiente esclarecimiento sean llevados ante otras instancias judiciales. También cuestionó que las víctimas no hayan recibido una reparación que considere suficiente y afirmó que la organización reúne a 225.000 víctimas de diferentes hechos y victimarios acreditados.
Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activará las sanciones para siete exintegrantes del secretariado de las Far, desde el lunes 21 de septiembre y hasta el 30 de agosto Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel cumplirán dicha sentencia con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito Huila.“Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las Farc, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación”, dijeron en un comunicado los integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP.Desde el secretariado señalaron que dicha acción no es solo un trámite y que durante sus encuentros con las víctimas han aprendido que las palabras no son lo único que funciona para reparar los daños causados por la antigua guerrilla.“No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita”, añadieron.Asimismo, señalaron que cumplirán con las tareas establecidas por la JEP en el marco de este programa de justicia restaurativa con responsabilidad y respeto de cada una de las comunidades.“En un escenario complejo, como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que hoy trabajamos codo a codo, con los comparecientes de la fuerza pública y algunos comparecientes del bloque sur”, señaló Rodrigo Londoño, antes conocido como 'Timochenko' y antiguo comandante de las Farc.Desde el último secretariado defendieron además el proceso de paz y señalaron que continuarán cumpliendo cada una de las partes de este proceso.“A ellas, las víctimas, le reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde”, dijo Londoño.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco excomandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el marco del Caso 05, que investiga los hechos más graves ocurridos en esta región durante el conflicto armado. Este es el tercer auto de determinación de hechos y conductas dentro de este caso y el primero dedicado exclusivamente a las violencias basadas en género.Los cinco antiguos integrantes de las Farc-EP fueron identificados con los nombres de guerra ‘Calixto’, ‘El Pija’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’.Según la Jurisdicción, fueron comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, estructuras que tuvieron presencia en diferentes municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.La Sala les atribuyó responsabilidad por mando, por no haber ejercido un control efectivo sobre sus subordinados para prevenir, investigar y sancionar los hechos.La investigación documentó 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género contra 35 víctimas: 30 pertenecían a la población civil y cinco eran integrantes de las Farc-EP.Entre los hechos documentados aparecen violaciones, otras formas de violencia sexual, abortos forzados y anticoncepción forzada contra mujeres y niñas reclutadas por la organización.La JEP también estableció hechos de persecución contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas, que incluyeron intimidaciones, amenazas, desplazamientos y violencia sexual.La Sala concluyó que estas conductas hicieron parte de un patrón criminal desarrollado en medio de la disputa por el control territorial y social de la región.Según la investigación, las niñas y mujeres reclutadas eran sometidas a métodos anticonceptivos contra su voluntad y, en caso de quedar embarazadas, podían ser obligadas a abortar y recibir sanciones.La JEP calificó los abortos forzados como crimen de guerra de tortura y la anticoncepción forzada como crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad personal.Ahora los cinco comparecientes tendrán 30 días hábiles, contados desde la notificación del auto, para reconocer o no los hechos y conductas que les fueron atribuidos.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y se cumplen los requisitos establecidos por la JEP, la Sala podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y posteriormente emitir una resolución de conclusiones que podría llevar el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia.En cambio, si no reconocen responsabilidad, los casos podrían ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si posteriormente son declarados responsables en un juicio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Las recientes sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a integrantes del antiguo secretariado de las FARC generaron inconformidad entre las víctimas representadas por la Federación de Víctimas de las FARC. Así lo manifestó Sergio Alzate, abogado de esta organización, durante una entrevista en Recap Blu.Alzate aseguró que las víctimas no se sienten representadas por las decisiones conocidas y cuestionó el alcance de las sanciones. “Las víctimas están muy insatisfechas porque no se sienten representadas en esas decisiones. Son decisiones que son formales, son simbólicas, no son materiales”, afirmó.Según el abogado, uno de los principales reclamos está relacionado con el aporte de información sobre personas desaparecidas y con la entrega de bienes destinados a la reparación. Como ejemplo, señaló el caso de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. “Timochenko no ha entregado los computadores, los equipos, los dispositivos que utilizó en la guerra. Donde estaban todos los menores reclutados, todos los desaparecidos, todos los bienes de las FARC”, sostuvo.Acciones legales contra las decisionesFrente a las sanciones de la JEP, la Federación de Víctimas de las FARC prepara dos mecanismos jurídicos: una acción de tutela y una acción de revisión. Alzate explicó que esperan tener terminado el proceso en aproximadamente dos semanas, debido a la extensión y complejidad de las decisiones.El abogado también cuestionó la reparación a las víctimas individuales. Afirmó que la justicia transicional contempla principalmente mecanismos de reparación colectiva y señaló que, desde su perspectiva, esto deja pendientes las necesidades particulares de quienes fueron afectados por el conflicto.Expectativa por el caso de reclutamiento de menoresSobre el llamado de Sandra Ramírez dentro del Macrocaso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, Alzate expresó una expectativa favorable. “Nosotros tenemos mucha esperanza en que este Macrocaso 7 pues se desenvuelva de la mejor forma y sentimos pues una gran satisfacción con este primer paso”, señaló.El abogado también destacó el trabajo de la magistrada Lili Rueda y sostuvo que las víctimas esperan avances en el esclarecimiento de los hechos investigados por la JEP.Cuestionan las sanciones de la JEPEl senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, cuestionó en Recap Blu las sanciones restaurativas anunciadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para antiguos integrantes de las FARC. Durante la entrevista, manifestó su desacuerdo con que las sanciones contemplen trabajos comunitarios y afirmó que, después de varios años, las consecuencias anunciadas resultan insuficientes frente a las expectativas de las víctimas. “Es insultante con las víctimas”, sostuvo.Cadavid también cuestionó la naturaleza de las sanciones al señalar que, en su opinión, después de cerca de una década de funcionamiento de la JEP, los resultados deberían tener otras características. “¿Te parece que suena en chiste? No existe. Pintan para hacer trabajo comunitario”, afirmó al referirse a las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC.Otro de los puntos abordados por el senador fue el presupuesto destinado a la JEP. Cadavid sostuvo que la entidad debe demostrar resultados frente a los recursos que recibe y planteó que los controles sobre su funcionamiento son necesarios. En su opinión, la jurisdicción debería concentrarse en resolver los procesos que ya tiene abiertos.“Yo creo que la JEP ya fracasó en los tiempos”, manifestó Cadavid, quien agregó que, desde su perspectiva, la entidad no debería continuar abriendo nuevos macrocasos mientras existen investigaciones pendientes. También cuestionó actividades que, según dijo, se alejan de lo que considera el propósito central de la jurisdicción.Cuestionamientos sobre el tratamiento a la fuerza públicaCadavid también se refirió al tratamiento que han recibido integrantes de la fuerza pública dentro de la justicia transicional. El senador sostuvo que deberían revisarse algunos procesos y diferenciar las responsabilidades individuales. “No todos los miembros de la Fuerza Pública pueden ser metidos en el mismo saco”, expresó.Al referirse a los casos de actuaciones ilegales cometidas por integrantes de las Fuerzas Militares, señaló que quienes hayan cometido delitos deben responder por sus actuaciones. “Los que hayan manchado el honor militar, pues que tengan muy pocos beneficios”, afirmó.Finalmente, Cadavid insistió en que las sanciones deben guardar relación con las responsabilidades establecidas en los procesos. Al cuestionar las medidas anunciadas para los antiguos integrantes de las FARC, señaló que durante años algunos de ellos tuvieron participación política mientras avanzaban los procesos de la justicia transicional.“Pintan para hacer trabajo comunitario”, reiteró el senador, al expresar su posición sobre las sanciones y su alcance frente a las víctimas y los hechos investigados por la JEP.Escuche la entrevista completa acá:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró formalmente la ejecución y el seguimiento de las sanciones impuestas en el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc-EP. La decisión establece las condiciones que deberán cumplir los siete antiguos integrantes del secretariado durante la ejecución de las sanciones.Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Las sanciones fueron impuestas por su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados, entre otros hechos, con graves privaciones de la libertad, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado.En el caso de Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', la sanción propia tiene una duración de ocho años. La JEP estableció diferentes tiempos para los siete comparecientes: Londoño y Pablo Catatumbo, ocho años; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años; y Rodrigo Granda, cinco años.Uno de los elementos centrales de la decisión son las condiciones de cumplimiento y seguimiento. Los sancionados deberán permanecer en una residencia fija, cumplir un horario estricto de trabajo, tendrán restricciones para desplazarse y deberán contar con autorización para realizar determinados desplazamientos. Además, la JEP establece la prohibición de salir del país sin autorización y el uso de un dispositivo de seguimiento electrónico como mecanismo de control durante la ejecución de la sanción.La decisión también contempla un componente restaurativo que deberá cumplirse en diferentes territorios del país. Las actividades fueron concretadas y territorializadas por la JEP en 79 acciones restaurativas, relacionadas con líneas como la memoria y reparación simbólica, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la protección del medioambiente y el territorio y las acciones frente a las minas antipersonal.En ese marco, cinco de los siete sancionados, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, participarán entre el 21 y el 30 de septiembre en una intervención de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Las labores estarán bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.Las actividades incluyen apoyo en la organización del área, preparación y traslado de herramientas e insumos, señalización, apoyo topográfico, retiro controlado de vegetación, suelo y sedimentos, así como labores de excavación manual y apoyo logístico a los equipos de antropología que adelantan la prospección humanitaria.La JEP aclaró que la intervención en Pitalito no constituye una nueva sanción, sino que corresponde a la ejecución de uno de los proyectos restaurativos ya contemplados dentro de la sentencia. La elección del cementerio San Antonio de Padua está relacionada con la información entregada por la UBPD sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01 en Huila y con la existencia de víctimas acreditadas en la región.Con esta decisión, el Tribunal para la Paz asume formalmente el seguimiento de la ejecución de las sanciones propias y deberá verificar que las actividades restaurativas, las restricciones y las demás condiciones establecidas en la sentencia sean cumplidas por los siete antiguos integrantes del Secretariado.
El senador Enrique Gómez anunció que presentará ante el Congreso un acto legislativo con el que busca modificar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en particular para evitar una eventual prórroga de su periodo de funcionamiento y trasladar la fase de juicio a los tribunales de Justicia y Paz.La propuesta fue explicada por Gómez durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que también planteó reducir el presupuesto destinado a la JEP dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.Según el senador, el propósito es que los recursos que actualmente se destinan a la jurisdicción sean utilizados para fortalecer la justicia ordinaria. Gómez cuestionó los resultados que, según sus cifras, ha obtenido la JEP desde su puesta en funcionamiento. “se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo, mínimo rendimiento”, afirmó el senador durante la entrevista.¿Qué propone Enrique Gómez para la JEP?Gómez explicó que una de las primeras medidas que pretende impulsar es reducir el presupuesto de la jurisdicción. En la entrevista señaló que la JEP solicitó más de 800.000 millones de pesos para la vigencia de 2027 y planteó que una parte de esos recursos sea dirigida a otras áreas de la justicia.De acuerdo con el senador, su propuesta contempla eliminar contratos de prestación de servicios, reducir gastos de arrendamiento y disminuir los costos asociados a viáticos. También afirmó que la JEP cuenta con varias sedes en el país y cuestionó el gasto relacionado con su operación.El planteamiento se produce mientras el Congreso tramita el Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas aprobaron el 14 de septiembre un monto de 634,9 billones de pesos para esa vigencia, aunque el proyecto todavía debe continuar su trámite legislativo. Gómez sostuvo que los recursos que se liberen de la JEP podrían contribuir a atender la congestión de la justicia ordinaria. En particular, señaló que existen despachos que, según sus declaraciones, hacen falta para responder al volumen de procesos pendientes.El acto legislativo busca evitar una prórroga de la JEPEl segundo componente de la propuesta anunciada por Gómez es un acto legislativo dirigido a modificar el esquema de duración de la jurisdicción. “Cuál sería la idea de ese acto Primero eliminar la posibilidad de prórroga”, afirmó el senador, quien agregó que los cinco años adicionales de la fase de juicio deberían ser asumidos por los tribunales de Justicia y Paz.La duración de la JEP está regulada por disposiciones constitucionales y legales. La propia jurisdicción explica que el esquema contempla un periodo inicial de 15 años, dividido entre una primera etapa para el ejercicio de la acción penal y una fase posterior para concluir la actividad jurisdiccional. La Corte Constitucional estableció además que puede existir una prórroga adicional de cinco años, bajo las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico.En julio de 2026, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la jurisdicción no había solicitado una prórroga de su mandato constitucional y señaló que sus actuaciones avanzaban dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones de los macrocasos.Gómez plantea trasladar la fase de juicio a Justicia y PazEl senador explicó que su iniciativa no se limitaría a impedir una extensión del funcionamiento de la JEP. También pretende que los cinco años correspondientes a la fase de juicio sean desarrollados por otra estructura judicial.“Que esos 5 años de vigencia adicional no se surtan ante la JEP, sino ante la justicia o los tribunales de justicia y paz que ya están operando, y ahorrar con eso recursos para el crecimiento de la rama”, sostuvo Gómez. La propuesta coincide con un debate que durante 2026 ha generado distintas posiciones sobre el futuro de la JEP. La jurisdicción ha defendido públicamente su respaldo constitucional e internacional y ha advertido que decisiones administrativas no pueden eliminarla.Además, en julio de 2026 la JEP confirmó la condena contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por hechos relacionados con el secuestro y otros crímenes investigados en el Macrocaso 01.Recorte presupuestal y funcionamiento de la JEPEn la entrevista, Gómez afirmó que la reducción presupuestal sería una primera etapa de su propuesta. Según explicó, el objetivo sería disminuir progresivamente la estructura de la jurisdicción y destinar los recursos a atender necesidades de la justicia ordinaria. El senador también cuestionó el número de funcionarios y contratistas de la JEP y aseguró que, de acuerdo con sus cálculos, la entidad cuenta con 1.456 funcionarios de planta y 1.218 contratistas. Añadió que el costo anual de la planta sería de 248.000 millones de pesos y el de los contratos de prestación de servicios, de 62.000 millones.Gómez también sostuvo que la JEP ha producido cuatro fallos y que ha definido 46 situaciones jurídicas entre las personas sometidas a su jurisdicción. Estas cifras corresponden a los datos expuestos por el senador durante la entrevista y no se presentan como una medición independiente de los resultados de la jurisdicción. El debate sobre su funcionamiento continúa abierto. En julio, el presidente de la JEP defendió la labor del tribunal y advirtió que un eventual desfinanciamiento tendría consecuencias para las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a versión libre a Sandra Ramírez, nombre de guerra de Griselda Lobo, dentro del macrocaso 07 que investiga reclutamiento forzado, violencia sexual intrafilas y desaparición forzada de menores.En entrevista con Mañanas Blu, Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, explicó que esta citación marca un hito en el tribunal porque "es la primera vez que se considera que una persona sin mando militar dentro de las FARC puede haber sido responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad".Alzate precisó que la exguerrillera no enfrentará este proceso por haber causado directamente los delitos, sino por su "nivel de influencia" e "incidencia en las decisiones de los altos mandos", lo que la obliga a aclarar lo que sepa sobre 18.677 crímenes documentados."A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional", sostuvo Alzate.Formación de enfermera y abuso a menoresEl abogado detalló que Ramírez trasladó su formación en enfermería a otros guerrilleros que ejecutaban estas prácticas y que intervino en la toma de decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.Asimismo, Alzate reveló que la prueba decisiva para romper la jurisprudencia de la JEP,que solo llamaba a mandos militares, fue el testimonio de Daisy Guanaro, reclutada a los 10 años.De acuerdo con el jurista, la víctima relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior "para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos".Alzate denunció que tanto él como Guanaro han recibido amenazas de la Segunda Marquetalia. En ese espacio, aseguró que el hijo de Ramírez, Alberto Cruz Lobo, conocido como alias 'Enrique Marulanda', es cabecilla de dicha disidencia y participó en la muerte de Miguel Uribe.Cuestionamientos a los recursos y a la JEPSobre la reparación a los afectados, el secretario jurídico criticó la gestión de los recursos económicos de la extinta guerrilla y el papel de la JEP."13 billones de pesos de las FARC no han sido entregados. Yo ya he presentado 6 solicitudes de verificación del incumplimiento del régimen de condicionalidad por no haber entregado estos bienes", aseveró Alzate.Finalmente, propuso que el Congreso suspenda el presupuesto asignado a la JEP para la implementación de sentencias hasta que el tribunal decida expulsar a las FARC o intervenir los bienes identificados en todo el país.
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fueron expulsadas de Colombia y entregadas este lunes a las autoridades de Ecuador, donde son requeridas por una investigación por presunto lavado de activos.El procedimiento fue realizado por la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Las dos mujeres fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, después de permanecer prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025.Aunque inicialmente Ecuador había solicitado órdenes de captura con fines de extradición, el Gobierno de ese país decidió desistir de ese mecanismo y gestionar con Colombia su expulsión directa. La entrega se realizó en las instalaciones de la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, desde donde las autoridades ecuatorianas prepararon su traslado a Ecuador.Peñarrieta Tuárez y Macías Peñarrieta son requeridas dentro del denominado “Caso Blanqueo Fito”, una investigación de la Fiscalía General de Ecuador que busca establecer el origen y movimiento de recursos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Choneros, cuyo principal cabecilla es alias ‘Fito’, extraditado a Estados Unidos.Según la investigación ecuatoriana, las dos mujeres habrían participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de dinero de la organización mediante empresas de papel y estructuras corporativas ficticias. La acusación se relaciona con el presunto delito de lavado de activos.Las autoridades colombianas señalaron que la operación se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación y seguridad entre Colombia y Ecuador. Ambas mujeres eran buscadas mediante circular roja de Interpol y, tras su captura, fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias y policiales colombianas para concretar su salida del país.Una vez en Ecuador, las procesadas serán trasladadas a Guayaquil y quedarán a disposición de los jueces que llevan el proceso en su contra. Las autoridades ecuatorianas deberán definir su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro de la investigación.La Policía indicó que la expulsión hace parte de las acciones de cooperación contra las estructuras del crimen organizado transnacional y reiteró que el país no será utilizado como refugio por personas requeridas por autoridades judiciales de otros países.
Estos fueron los temas tratados este 29 de septiembre, en Recap Blu:Wadith Manzur seguirá preso en La Picota: Corte negó solicitud de libertad.El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, habló sobre el intento de robo registrado en Chapinero y entregó detalles de lo ocurrido.El representante a la Cámara Camilo Gómez expresó la posición del Partido Liberal frente al debate del Presupuesto General de la Nación 2027.El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, analizó la propuesta de aumentar la edad de pensión y la polémica que ha generado.Se conoció el momento exacto del atentado sicarial en el que fue asesinado este lunes, en Yopal, el exalcalde de esa ciudad John Jairo Torres, conocido como 'John Calzones'.Colombia se sigue preparando para su segundo amistoso internacional: vs. Paraguay.
Una tractomula habría quedado sin frenos y desató una grave emergencia en el sector de Puerta Grande, en la vía que comunica a Lebrija con Girón. El vehículo chocó contra otro automotor, impactó a dos motociclistas y terminó provocando que uno de los vehículos involucrados se fuera contra una vivienda. Dos personas murieron y ocho más fueron trasladadas a centros asistenciales.El siniestro ocurrió hacia las 5:45 de la tarde del martes 29 de septiembre, en la vía que comunica a Lebrija con Girón. Una tractomula de placas VVA-563, afiliada a Avícola El Guamito y que transportaba huevos, habría presentado una falla en el sistema de frenos.De acuerdo con la hipótesis preliminar, el conductor perdió el control y chocó contra la parte trasera de un furgón de la empresa Envía, de placas ESX-610. En medio de la emergencia también fueron impactadas dos motocicletas.La tractomula terminó completamente volcada sobre la vía, mientras que el furgón salió de la carretera y terminó contra una vivienda del sector.Una de las víctimas fatales fue un joven que se movilizaba en una motocicleta y que murió en el sitio. Según las autoridades, era oriundo del Valle del Cauca y residía en Girón.La segunda víctima fue Elsa Prada, una mujer que se encontraba dentro de la vivienda impactada por uno de los vehículos. Su sobrino, Miguel Valdivieso, contó que ella estaba en la sala cuando el automotor golpeó la casa y desprendió un muro.Según Valdivieso, Elsa "sufrió múltiples fracturas y un trauma craneoencefálico y fue trasladada a una clínica.También resultó lesionado su primo, quien sufrió fracturas, esperamos como todos las investigaciones de las autoridades.Rolando Uribe, coordinador de servicio de vías de La Cigarra, describió la emergencia como una escena de gran complejidad, en el accidente estuvieron involucrados un tractocamión, una turbo y dos motocicletas, mientras que entre los afectados había peatones, ciclistas y motociclistas.“Fue un momento terrible”, relató Uribe, quien explicó que varias personas intentaban ayudar mientras los organismos de emergencia llegaban para atender a los heridos.El sargento Carlos Portilla, supervisor de operaciones de Bomberos de Floridablanca, confirmó que al llegar encontraron múltiples vehículos involucrados y uno de ellos dentro de una vivienda.Los bomberos concentraron parte de sus labores en liberar a una persona que había quedado atrapada dentro de uno de los vehículos. Cuatro personas fueron trasladadas en las ambulancias de Bomberos, mientras otros lesionados fueron movilizados en vehículos particulares.Juan Carlos Pinto, secretario de Tránsito y Transporte de Girón, señaló que la hipótesis preliminar apunta a una falla en el sistema de frenos del tractocamión.El vehículo habría perdido el control durante el recorrido y, además de chocar contra otro automotor, terminó impactando a los dos motociclistas.El conductor de la tractomula sufrió múltiples fracturas, algunas de gravedad. Fue atendido inicialmente en el Hospital de Girón y posteriormente remitido a la Clínica Foscal.Las autoridades permanecieron en el lugar adelantando las labores de investigación para establecer exactamente cómo ocurrió el accidente y determinar si hubo más personas involucradas.La vía permaneció afectada mientras se realizaba la atención de la emergencia y el retiro de los vehículos.
A partir del 1 de abril de 2027, entrará a regir la reforma pensional tras las disposiciones del nuevo sistema que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, que traerá diferentes cambios en la distribución de los aportes y el dinero que recibirán las personas para pensionares.El magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, puso sobre la mesa que se debe ajustar la pensión en Colombia e igualarse la edad para hombres y mujeres, tal como lo mencionó en diálogo con Mañanas Blu."Al aumentar la expectativa de vida, pues aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad", dijo. Propuesta que fue respaldada por Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien aseguró que se trata de una discusión necesaria frente a los cambios demográficos del país y a los retos que enfrenta el sistema pensional.Actualmente, la edad de pensión establecida es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Sin embargo, el presidente de Asofondos señaló que, en la práctica, muchas mujeres terminan pensionándose varios años después de alcanzar la edad mínima y pone sobre la mesa que a los 65. A partir de esta situación, considera que el debate no debería limitarse a la diferencia actual entre hombres y mujeres, sino abordar de manera más amplia la edad de pensión en Colombia.Asofondos planteó que los problemas asociados con la economía del cuidado y las diferencias del mercado laboral deberían ser atendidos mediante políticas públicas específicas, mientras que la edad de pensión debería responder a las condiciones demográficas y de sostenibilidad del sistema.El presidente de Asofondos también citó cifras del DANE según las cuales, para 2020, alrededor del 22 % de las mujeres en edad de pensión recibían una pensión, frente al 30,8 % de los hombres.
Un ciudadano extranjero fue víctima de un intento de hurto de un reloj de alta gama este martes en inmediaciones del World Trade Center, en el norte de Bogotá, en un hecho que generó inquietud por el recuerdo de la denominada banda de ‘Los Rolex’. En entrevista con Recap Blu, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que la Policía reaccionó rápidamente y logró capturar a los presuntos responsables, además de recuperar el reloj que pretendían llevarse.Según explicó el funcionario, los delincuentes habrían identificado a la víctima por el reloj que llevaba y posteriormente lo atacaron para quitárselo. En medio de la reacción de los escoltas y de la Policía Metropolitana, fueron detenidas las personas señaladas de participar en el intento de hurto. Durante el procedimiento también fueron incautadas una motocicleta, dos armas traumáticas y un arma blanca.Restrepo fue consultado sobre una posible relación entre los detenidos y la banda de ‘Los Rolex’, organización que, según recordó, fue perseguida durante un año por las autoridades debido a una serie de robos cometidos en Bogotá y posteriormente en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena. El secretario aclaró que no existe por ahora un indicio que permita establecer que los capturados este martes pertenezcan a esa misma banda.Sin embargo, el funcionario explicó que existe una dinámica de reproducción de este tipo de delitos. "Cuando nosotros llevamos a la cárcel a estos individuos, los coordinadores de las bandas entrenan a unos nuevos delincuentes en eso que intentan hacer el delito o que lo perpetran", afirmó Restrepo, al referirse a la manera en que las estructuras criminales pueden continuar operando pese a la captura de algunos de sus integrantes.El secretario también recordó que la antigua banda de ‘Los Rolex’ llegó a ser capturada en Cartagena después de una investigación que permitió seguir sus movimientos entre diferentes ciudades del país. No obstante, aseguró que posteriormente sus integrantes quedaron en libertad por decisiones adoptadas dentro del sistema judicial. Para Restrepo, esta situación contribuye a que el fenómeno pueda repetirse, aunque señaló que la responsabilidad no debe atribuirse exclusivamente a policías, fiscales o jueces.Restrepo también habló sobre el papel de las motocicletas en varios de estos hechos y explicó que desde la Alcaldía han identificado dificultades para establecer plenamente la trazabilidad de estos vehículos. Entre ellas mencionó la falsificación o modificación de placas y el uso de motos que previamente fueron hurtadas y posteriormente utilizadas para cometer otros delitos. Finalmente, el secretario señaló que Bogotá ha planteado la necesidad de actualizar los mecanismos de identificación de las motocicletas mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar su trazabilidad.
