Según el Gobierno nacional, esta iniciativa es clave para la implementación del acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc.El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que se presentó el mensaje de urgencia para acelerar el debate en las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes.Cabe recordar que la creación de la jurisdicción agraria busca resolver los conflictos históricos relacionados con la tenencia y posesión de tierras, un problema que ha sido una de las principales causas del conflicto armado en el país.“Se viene la ley de jurisdicción agraria. Acabamos de radicar un mensaje de urgencia para que las comisiones primeras del Senado y Cámara estudien concretamente un proyecto que es fundamental en el avance de la implementación del acuerdo de paz", aseguró Cristo.Sin embargo, desde el Congreso de la República hay varias voces críticas frente a esto, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, afirmó que este proyecto elimina el debido proceso, busca la expropiación total y legaliza las invasiones.“Quieren en menos de un mes aprobar el proyecto de ley que acabaría la propiedad privada en Colombia” dijo a través de su cuenta de X.
Operativos —por aire y tierra— son los que se vienen desplegando entre los departamentos del Cesar, Santander y Norte de Santander, todo por cuenta de las labores de búsqueda que adelantan la Policía y Ejército para dar con el paradero del reconocido comerciante y camionero Juan de Dios Galvis, quien fue secuestrado el pasado miércoles en horas de la noche a la altura del corregimiento Besotes, ubicado en jurisdicción del municipio de La Gloria (Cesar). Así lo confirmó el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar, quien explicó a BLU Radio que pese a que las circunstancias que rodearon el secuestro de Juan de Dios Galvis no están del todo esclarecidas, buscan determinar si este hecho podría atribuírsele a alguna organización armada como el ELN o las disidencias de las FARC dada su alta presencia en la zona donde se registraron los hechos. Esto, teniendo en cuenta que Galvis ya había sido secuestrado en 2021 por presuntos miembros del ELN, por lo que no se descarta que, en esta nueva oportunidad, puedan estar involucrados en la retención del reconocido comerciante y camionero. "No podemos decir a ciencia cierta si fue algún grupo criminal como el ELN, aunque sabemos que tiene injerencia en ese punto del departamento del Cesar. También pudieron haber sido las disidencias de las FARC, pero todo eso es materia de investigación, pues no podemos dar nada por sentado tdoavía", dijo Chamorro.Las labores de búsqueda, inclusive, se han venido reforzando en zonas rurales, teniendo en cuenta que el punto en el que se registró el secuestro está rodeado de trochas que permitieron que los delincuentes tomaran un rumbo que, hasta ahora, es desconocido por las autoridades.Como se recordará, la gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita, no solo dar con el paradero de Juan de Dios Galvis sino, además, la captura de los responsables de este hecho delictivo.
El último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc envió una carta a la JEP en la que dicen que aceptan todos los delitos que les han imputado hasta el momento y que renuncian a su derecho a la presunción de inocencia, pero también piden una única sentencia.Los excomandantes de la extinta guerrilla también piden la renuncia de la persecución penal para quienes no son máximos responsables.>>> Lea también: JEP pide al Gobierno evaluar indemnización para más de 2.000 víctimas de secuestroEn ese sentido, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, aseguró que la decisión del secretariado es un avance, pero advierte que los procesos deben continuar su trámite.“Lo que está claro es que las investigaciones que están en curso deberán terminar y terminar en imputaciones correspondientes respecto de los graves crímenes que se están investigando”, señaló Vidal.La jurisdicción tendrá 15 días para responder al antiguo secretariado, pero Vidal también aseguró que se debe evitar afectar los derechos de las víctimas.“Digo que se podría llegar a involucrar a la Corte Constitucional porque hay que hacer una ponderación muy delicada entre este reconocimiento global de responsabilidad y la protección de los derechos de las víctimas”, agregó el presidente de la JEP.
El antiguo secretariado de las Farc radicó un documento en la JEP en el que advierten que el acuerdo de paz está siendo desnaturalizado, por algunas interpretaciones de la JEP que se apartan de su mandato. Ante esta situación renuncian a su derecho a la presunción de inocencia y aceptan todos los hechos hasta ahora imputados."En lugar de realizar imputaciones en una resolución única sobre los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado que permitan a esta alta parte asumir sus responsabilidades, la JEP se empeña en investigar indefinidamente hechos ya conocidos. Serequiere con urgencia la drástica transformación de la actual situación. Por ello, notificamos que renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando. Hechos y conductas de las que manifestamos que debemos ser considerados los “máximos responsables”, asumiendo la responsabilidad por hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado, realizados por el personal a nuestro cargo", señala el antiguo secretariado.En el mismo sentido, piden una única resolución de conclusiones con la totalidad de hechos y conductas que la jurisdicción ha hallado en los diferentes macrocasos."Se solicita que: la Sala de Reconocimiento emita una única resolución de conclusiones, de conformidad con el artículo 79, literal m, de la ley 1957 de 2019, que incluya todas las imputaciones realizadas en los llamados “macrocasos” para asumir el reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado interno colombiano atribuidos a las extintas Farc-EP, según lo actuado ante esta Sala. La creación de “macrocasos” identificando diferentes patrones de conducta en las diferentes regiones pudo haber facilitado a los magistrados de la JEP la comprensión de la actividad cubierta por el acuerdo de paz, pero no puede servir como disculpa para desconocer el mandato legal contemplado en el literal m del artículo 79 de la ley 1957 de 2019 de que exista una única resolución de conclusiones. De acuerdo con ese texto normativo, la seguridad jurídica de las partes se ve violada por una demora injustificada y eventualmente por la fragmentación de las conclusiones en los diferentes “macrocasos”", se lee en el texto que radicaron los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc.Finalmente, hacen algunas solicitudes, una de ellas, es que se trasladen a la JEP la totalidad de los procesos y sentencias que reposan en la justicia ordinaria, y que se asuma la competencia por los procesos y condenas ocurridos fuera del país que tengan relación con el conflicto. También que se defina la situación jurídica de quienes no son máximos responsables y que se les pueda otorgar la renuncia a la persecución penal."Solicitamos se dicte resolución cesando las investigaciones contra las personas vinculadas en la totalidad de sentencias condenatorias e investigaciones por crímenes y conductas no amnistiables proferidas por la justicia ordinaria. Este requerimiento se hace sin perjuicio de que se remitan las sentencias ya cumplidas o cualesquiera otras que pudieran corresponder a la Sección de Revisión, de acuerdo con lo establecido en el literal 58.a del acuerdo", finaliza el documento firmado por quienes hicieron parte del último secretariado de las Farc.
Nuevamente, la comunidad de la zona montañosa de Tuluá, Valle del Cauca, vivió momentos de angustia e incertidumbre, al quedar en medio del fuego cruzado por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que se encuentran en el sector, los cuales se disputan el control territorial.Según el relato de la comunidad a las autoridades locales, el combate se registró en el corregimiento de Santa Lucía, cuando disidentes de la columna Adán izquierdo del EMC, atacaron a los miembros del frente 57 Yair Bermúdez, los cuales habían citado a los habitantes de la zona a participar de una reunión. Fue en medio de esa convocatoria cuando inició el cruce de disparos.Hasta el momento no se ha confirmado si civiles resultaron heridos en medio del enfrentamiento, mientras tanto las tropas se han desplegado por el corregimiento y veredas aledañas para recuperar el orden en la zona. "Hacemos un llamado al Alto Comisionado para la Paz que revise esta situación, las disidencias están enfrentándose con las mismas disidencias y esto pone en jaque a la comunidad. Esto pone en jaque a la comunidad, porque los unos señalan a los campesinos de ser colaboradores de los otros. Esto es una actuación cobarde y lo hacen desquitándose con la comunidad", dijo Martin Hincapie, secretario de Gobierno de Tuluá.
En el Huila fueron capturados tres presuntos integrantes de la estructura 'Iván Díaz' del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarca’. Se trata de Cristol Andrea Sánchez Uribe, alias La ‘Negra’ o ‘Wendy’; Britny Juliet Cuéllar Martínez, alias ‘Derly’; y Elmer Ronaldo Collazos Camayo, alias ‘Churos’.Según la investigación, a los hoy capturados se les señala de haber cometido varios hechos delictivos entre mayo de 2023 y septiembre del año en curso, en los municipios de Hobo, Campoalegre y Algeciras.“Desde mayo del año 2023, estas personas, que acordaron pertenecer a la empresa criminal denominada frente ‘Iván Díaz’ de las disidencias de las Farc, desarrollaron actividades ilícitas en el departamento del Huila”, relató la fiscal durante la audiencia de imputación de cargos.Asimismo, señaló que se tiene constancia de que los procesados, dentro de la empresa criminal, tenían el rol de sicarios y se desempeñaban en la comandancia de la red urbana del mencionado frente.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades, en total son 14 los homicidios selectivos perpetrados por estos presuntos disidentes, los cuales estarían relacionados con disputas por el control de las rentas ilícitas en el departamento, y con un ejercicio de presión e intimidación hacia la población civil.'La Negra’ también sería una de las responsables de lanzar un artefacto explosivo contra una estación de servicio en Hobo el 24 de agosto de 2023. Este atentado terrorista no dejó personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales, y se habría registrado por el no pago de extorsiones.Además, estaría relacionada con la incineración de un vehículo de transporte público intermunicipal, cuyo propietario recibía panfletos amenazantes a nombre de dicha estructura.A estos tres presuntos disidentes, quienes fueron enviados a la cárcel, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Alias La Negra también fue judicializada por terrorismo.
Sebastián Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Victimas de las Farc. Habló en Noticias de la Mañana de Blu Radio denunció un ataque sistemático y planeado de esta guerrilla hacia la JEP. Según Velásquez, la Justicia Especial para la Paz fue creada dentro de los acuerdos de paz y tiene el carácter de estar en el bloque de constitucionalidad de Colombia. Sin embargo, las amenazas y ataques contra esta justicia no se comprenden, ya que se espera recibir una resolución de conclusiones en varios casos importantes.Velásquez también hace referencia a la aproximación de la justicia especial para la paz en la presentación de sentencias de casos relevantes. Aunque no se conocen los detalles de estas sentencias, se espera que sean decisiones de fondo. Por otro lado, criticó las garantías y beneficios que tienen los ex guerrilleros de las Farc, como el caso de Timochenko, quien tiene todas las garantías legales, mientras que se ataca a la justicia especial para la paz.sobre la JEP, Justicia Especial para la Paz, y su relación con el Gobierno, Velásquez mencionó que el Gobierno no está interesado en esta justicia y ha manifestado su intención de cerrarla en el futuro. Además, critica los intentos del Gobierno de retirar recursos destinados a la JEP, que son necesarios para temas de justicia restaurativa.También mencionó la importancia de que las personas que hicieron parte de las Farc cuenten la verdad y asuman sus responsabilidades. Destacó que la JEP es un mecanismo, donde se les pregunta sobre los hechos ocurridos y deben hacer una narración amplia. Sin embargo, muchos exguerrilleros han evadido responsabilidades y han contado verdades a medias."La paradoja el Gobierno del presidente Gustavo Petro en su campaña y todas las personas que acompañan el Pacto Histórico, el cuento de los cuatro años del expresidente Duque, es que era él iba a hacer trizas los acuerdos y que él era el que iba a sacar adelante los puntos del acuerdo final y eso no ha sido cierto”, enfatizó.Y agregó, “Ahora quieren y pretenden retirar unos recursos del presupuesto general de la nación destinados a la JEP para los temas de justicia restaurativa y nosotros, a pesar de que participamos en la jurisdicción, no somos el comité de aplauso de la jurisdicción, pero si uno encuentra que quien ha sido beneficiario absolutamente de lo que son los señores excombatiente de las Farc que cuando van a una versión libre, los que terminan diciendo es no sé, no me acuerdo, no lo hice, eso lo hizo otra persona. Entonces necesitamos que esas otras personas que ellos señalan como responsables por mando, que seguían los mandos medios de los bloques y de los frentes, comparezcan"."Verdades a medias en la JEP"Finalmente, Velásquez resaltó la importancia de buscar la verdad y la justicia para las víctimas de las Farc. Denunció los ataques sistemáticos a la justicia especial para la paz y critica la falta de colaboración por parte de los exguerrilleros. Además, destacó que la JEP no cumple con el objetivo de evitar hechos de repetición, ya que los grupos armados ilegales continúan delinquiendo en el país."Hoy lo que vemos es que no hay unas Farc, hay cinco frentes diferentes estructuras en el país, todas negociando con el Gobierno, con el carácter de gestores de paz, pero continúan delinquiendo. No es sino ver a Urías Perdomo en Caquetá, gestor de paz, amenazando y extorsionando, al señor Calarcá haciendo lo mismo, al señor Andrey haciendo lo mismo al señor Joan Márquez y su estructura, tomándose el territorio. O sea que esto no está funcionando desde el Gobierno, no sé cuál es el propósito para enredar el funcionamiento a la justicia"Escuche la entrevista completa acá:
En los últimos días se generó una polémica después que el Comisionado de Paz, Otty Patiño, dijera que hay que ir cerrando la JEP pues es un tribunal transicional y no puede prolongarse en el tiempo. Tras estas declaraciones hubo algunos sectores que cuestionaron a esta jurisdicción, entre esos, el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, quien es conocido como Timochenko.“La JEP lleva 6 años con un buen presupuesto en comparación con el resto de los puntos del Acuerdo, alejándose del espíritu y la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitiva”, señaló Londoño.Es importante recordar que la JEP se creó tras el acuerdo de paz del 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Santos. Sin embargo, algunos sectores, e incluso funcionarios del Gobierno, han planteado la idea de buscar un tribunal de cierre del conflicto.En diálogo con Blu Radio, Sebastián Velásquez, el presidente de la Federación Colombiana Víctimas de las Farc, Fevcol, se refirió a este tipo de pronunciamientos: "Rechazamos el ataque simultáneo a la JEP, la propuesta del Gobierno y de los señores de las Farc significa regresividad en verdad, en justicia, en reparación y en garantías de no repetición. La postura del Gobierno es una impunidad abierta y contraria a los derechos humanos y a los tratados firmados por Colombia, entre ellos el estatuto de roma", señaló.En el mismo sentido, asegura que la JEP se aproxima a presentar sentencias en algunos casos y considera que esta es una de las razones por las que los últimos comandantes de las Farc han cuestionado el sistema."Una justicia minimalista, que es lo que pretenden lo señores de las Farc, impide que los máximos responsables aporten a la verdad amplia y suficiente, y en el caso de que estos señores no la tuviesen, que sus mandos medios aporten esta verdad es una forma de callar la verdad y ahora que se vienen las sanciones propias pues obviamente vendrán autos de los magistrados que no favorecen a los señores comparecientes y esta es una forma temeraria de callar la justicia", advirtió el presidente de Fevcol.
El expresidente Juan Manuel Santos pidió a los inversionistas que confíen y apuesten por el futuro del país después del Gobierno de Gustavo Petro y se refirió a él como una época de crisis."Estamos pasando por una tormenta. Eso no hay lugar a dudas. Hay mucha incertidumbre, un Gobierno que ha generado muchas incertidumbres, pero Colombia ha sido un país muy capaz de sobrellevar y de afrontar crisis mucho peores de las que tenemos en este momento", dijo Santos en un mensaje a los inversionistas extranjeros durante el cierre de la convención de aseguradoras de Fasecolda.Santos recordó que Colombia logró sobreponerse a la crisis política de los años 90, cuando estuvo a punto de ser declarado un Estado fallido, y también a la recesión de 1999.Para el expresidente, no hay duda de que Gustavo Petro dejará el Palacio de Nariño en 2026 y entonces llegará un nuevo inquilino a la Casa de Nariño."Si logramos sobrellevar esta tormenta, dentro de dos años esas instituciones, si funcionan, van a poder volver a una tendencia muy positiva. Yo en eso soy optimista", aseguró.La paz total no puede ser a costa de la paz con las Farc: SantosHace ocho años se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena. Ese día se hizo la paz, pero desde entonces no se ha construido, según Santos.El expresidente insistió en que el gobierno anterior no quiso construir la paz por razones políticas y el actual Gobierno ha sido 'incapaz' por problemas gerenciales y, también, por la política de paz total que no ha tenido "método ni rigor", según el expresidente."Se le ha dicho al presidente Petro de todas las formas que la paz total no puede ser a expensas de la paz con las Farc. Que no cometa ese error, porque eso es como destruir los cimientos sobre los cuales se podría construir la paz total. Pero si destruye esos cimientos, no va a haber ni paz total y puede deteriorar enormemente la paz con las Farc", concluyó.
Una nueva amenaza contra la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, creada tras el acuerdo con las Farc, ha surgido luego de que el Comisionado Otty Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional.Patiño dijo en entrevista con El Espectador que en su opinión, prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP, afecta la administración de la justicia ordinaria y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción, por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios, cuando según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves.A esta posición, al menos frente al tema de limitar las competencias de la JEP, se sumó el expresidente Juan Manuel Santos, quien desde Manizales pidió a la Corte Constitucional que ojalá prontamente falle una acción judicial que busca acotar de manera clara, las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz, que también viene siendo atacada desde hace meses por parte de los antiguos cabecillas de las Farc, por la misma situación.El presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Roberto Vidal, lamentó la posición del Gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de la JEP y advirtió que si esa idea se cristaliza, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia, debido al alto riesgo de impunidad.Vidal también hizo una delicada denuncia: advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no le ha girado a la JEP, los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias que deben cumplir los excabecillas de las Farc y los generales y coroneles, todos ellos en proceso de ser condenados a una pena alternativa por crímenes de guerra y de lesa humanidad.Se necesita un acuerdo de Estado para garantizar que la JEP cumpla su tarea, a la JEP se le deben exigir resultados pronto y al Gobierno se le debe pedir claridad sobre qué tipo de tribunal de cierre está pensando para beneficiar al ELN y a las disidencias en caso de que avancen los procesos de paz con esos grupos delincuenciales.
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
Avanzan las concentraciones en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, Antioquia, donde cerca de 500 personas que dependen de la minería aseguran, en medio del paro minero, que hay incumplimientos por parte del Gobierno nacional, especialmente con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de las autoridades y la falta de formalización.De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, se registran dos bloqueos totales: uno en el sector Primax, donde hay 200 personas, cinco vehículos de carga y 50 vehículos represados; y el otro en la vía Caucasia - La Apartada, con aproximadamente 150 personas. A su vez, se presentan bloqueos intermitentes en sector Porcesito de la vía a Santo Domingo, con la presencia de 120 personas, cinco vehículos de carga, 15 de servicio público y 16 particulares; además, en Valdivia en el sector EDS Texaco, con el bloqueo de 150 personas.Anderson Quiceno, director nacional de la Asociación de Transportadores de Carga, manifestó que no solo el suelo antioqueño es donde más bloqueos se han registrado, sino que las pérdidas rondan los 800.000 millones de pesos para este departamento. También lamentó que los conductores sean intimidados para atravesar sus vehículos."Tampoco estamos bajo la línea de que se utilicen los vehículos de carga y pasajeros precisamente por quienes están bloqueando determinados puntos de las vías a que obligan a estos conductores a atravesar los vehículos y que estos sean amenazados, inclusive hasta con incendiarles el vehículo si no atraviesan los mismos", detalló el líder. Quiceno lamentó que Antioquia se vea tan afectada por los bloqueos, a pesar de que tiene condiciones de seguridad que pueden brindar algo de garantías para los transportadores. De otro lado, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón manifestó que maquinaria amarilla de la gobernación fue llevada al Bajo Cauca, para atender casos de árboles que bloquean la vía u otros elementos, como parte de esta manifestación."En el PMU estamos presentes, llevamos también unos frentes de maquinaria para el sector del Bajo Cauca, el Nordeste de manera especial para mirar en el momento en que requiramos de hacer alguna tensión por árboles que se tumben o alguna cosa, nosotros con la maquinaria y con el equipo podamos solucionar la transitabilidad pronto", .Finalmente, el vocero de los transportadores de carga le pidió al Gobierno nacional que de manera urgente active al máximo los estamentos de seguridad que tiene el Estado, para que se proteja la vida y el patrimonio, cada una de las mercancías que quedan en medio de los bloqueos por el paro minero.
Durante la inauguración de la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro aseguró que la tierra fértil en el Valle del Cauca está dedicada en un solo cultivo y está en manos de unos pocos propietarios y por eso, según él, los campesinos y los indígenas tiene que salir hacia las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir.Finalmente, este martes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que hace parte de una familia propietaria de uno de los ingenios azucareros más importantes de la región, le respondió a Petro. El mandatario caleño dijo que el presidente desconoce el empleo y el bienestar que genera ese sector de la economía para el Valle y para el país."El comentario del presidente no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos y creo que tristemente hay mucho desconocimiento de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe en la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia", indicó.El alcalde Eder fue más allá y explicó que no es el azúcar el que está acabando con el medioambiente en el país, sino que son las economías ilegales las que golpean la biodiversidad y los ecosistemas."Si lo que nos preocupa es el medio ambiente, no olvidemos que el principal destructor del medio ambiente en Colombia son las economías ilegales como los cultivos de coca y la producción de cocaína", puntualizó. Mientras tanto, los gremios económicos del Valle también se unieron a la defensa del sector azucarero que genera más de 280.000 empleos para la región."El sector agroindustrial de la caña beneficia a más de 50 municipios, genera energías limpias a partir del bagazo de caña y esta generación de energías es suficiente para iluminar hogares y su propia operación", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial del Valle del Cauca.
Docentes en el departamento de Santander marcharán en apoyo al presidente Gustavo Petro, en contra del supuesto golpe de estado, en apoyo al estado social de derecho y la democracia y mejoras al sistema de Salud de los docentes.Heriberto Delgado, uno de los delegados del Sindicato de Educadores en Santander, hizo un llamado a que las empresas permitieran marchar a los trabajadores: “Vamos a defender la democracia las reformas sociales, la unidad y la paz del pueblo colombiano”, señaló.Así será la marcha de profesores en BucaramangaEl magisterio anunció que, por esta marcha, habrá cese de actividades de 24 horas, donde 250 mil estudiantes no tendrán clases en 87 municipios de Santander, se espera que cerca de 15 mil docentes marchen en Bucaramanga, a partir de las 2:00 de la tarde en el punto conocido como La Puerta del Sol, para tomar la vía principal de la Carrera 27 y llegar al centro de la ciudadAsí mismo Delgado ratificó que es necesario como lo dijo en su momento el presidente “Un golpe blando, donde la clase trabajadora respalde estas reformas que han sido bloqueadas por otros sectores.De igual manera, confirmó que en las cabeceras de provincias del Departamento se registrarán marchas como lo son San Gil, Socorro, Málaga, Barrancabermeja y Vélez, en respaldo a la marcha en la ciudad capital.Otro de los puntos importantes en la marcha del Sindicato de Educadores en Santander es la salud el magisterio por lo que exigen el pago de los operadores del servicio de salud y en especial a la auditoria de la empresa D&G para que cumpla con los pagos, y la Fiduprevisora, con una buena atención a los docentes
El reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de una zona verde en la COP16, en Cali, generó polémica. En su intervención, criticó abiertamente la industria azucarera, señalando que empresas hacen concentración de tierra que “excluye a los campesinos” y que el monocultivo de caña obliga a muchos a “desplazarse a zonas marginales”.Estas palabras, que representan una crítica contundente hacia un sector clave de la economía local, no tardaron en recibir respuesta. En este caso, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, se pronunció en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y resaltó la importancia histórica y económica de la caña de azúcar en el Valle del Cauca."Este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 170 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4 % de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas que son propiedad de 11.000 familias en este Valle geográfico del río Cauca. El 75 % del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias y el resto a 13 ingenios azucareros”, detalló.A pesar de las críticas, la industria azucarera ha tomado medidas importantes para mitigar su impacto ambiental, centrando esfuerzos en el uso sostenible del agua y la conservación de cuencas hidrográficas, según dijo."Estamos comprometidos con este sector, con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que, si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo, esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle geográfico del río Cauca y aquí estamos", añadió.Así, también destacó iniciativas recientes que buscan establecer corredores biológicos para conectar ecosistemas y fomentar la biodiversidad en la región. Sin embargo, la idea de que el monocultivo pueda generar un daño irreparable a la biodiversidad no puede ser ignorada.En ese sentido, la presidenta de Asocaña reafirmó el compromiso de la industria con prácticas más sostenibles."Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50 % de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas en un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar", sostuvo.