En una decisión que impacta directamente la estructura criminal del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, un juez de conocimiento condenó a 20 años y 4 meses de prisión a Elian Llanos Mendoza, conocido bajo los alias de ‘Risas’, ‘La Liebre’ o ‘Mundo Malo’. La sentencia se dio tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien admitió su participación directa en cinco homicidios selectivos en los municipios de San Antonio y Chaparral, Tolima, entre agosto de 2023 y octubre de 2024.La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Ibagué, en conjunto con la Sijín y el Ejército Nacional, permitió desglosar el organigrama de la estructura criminal que alias ‘Risas’ ayudó a consolidar. Según las pruebas presentadas, Mendoza formaba parte de una comisión armada creada específicamente en agosto de 2023 para fortalecer la presencia del grupo ilegal en el sur del Tolima. En esta estructura, alias ‘Gerónimo’ figuraba como cabecilla principal y alias ‘Zarco’ como segundo al mando, dejando a ‘Risas’ como el tercer hombre en la línea de jerarquía, entre otros integrantes.Los crímenes cometidos por esta célula respondían a órdenes directas de la cúpula del grupo armado con el fin de ejercer un control territorial. Los cinco asesinatos por los cuales fue condenado buscaban eliminar a presuntos integrantes de otras bandas criminales que realizaban extorsiones a nombre del frente Ismael Ruiz sin pertenecer a él, con el objetivo de retirar a posibles competidores ilegales y asegurar el dominio sobre la población civil.Dentro de sus funciones específicas, alias ‘Risas’ no solo participaba en la ejecución de los homicidios, sino que era una pieza clave en la logística de la organización. Se encargaba del transporte de armamento y realizaba labores de inteligencia ilegal contra la Fuerza Pública y la comunidad local para facilitar los movimientos del frente.Por estos hechos, la justicia lo halló responsable de múltiples delitos agravados, entre ellos homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, tanto de defensa personal como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.Además del tiempo que deberá cumplir en un centro carcelario, la sentencia le impone una sanción económica de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El presidente Abelardo De La Espriella, dio este domingo su primer parte de resultados contra los grupos armados ilegales, dos días después de asumir el cargo, en el que informó de la muerte de seis integrantes de esas organizaciones en los departamentos de Meta y Antioquia.La lucha contra los grupos armados ilegales es una de las prioridades del Gobierno de De La Espriella, que comenzó el pasado viernes.La principal operación, realizada en coordinación entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Mapiripán, dio como resultado la muerte de alias Ruso o Alemán, cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las Farc, que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.En la misma operación también fueron "dados de baja" otros tres integrantes de ese grupo armado, detalló De la Espriella en su cuenta de X.El mandatario agregó que la segunda operación se llevó a cabo en el municipio de Anorí, en Antioquia, en coordinación entre tropas de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General.Como resultado, dos integrantes del Clan del Golfo murieron en combate, de los cuales uno fue identificado como cabecilla."La operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región", puntualizó De La Espriella.Asimismo, cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, fueron detenidos en el municipio de Necoclí por soldados de la Séptima División y la Armada Nacional."Estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia. No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide", aseguró el mandatario.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de las extintas Farc, entre ellos, cuatro exmiembros del último secretariado: Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Julián Gallo, ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, ‘el médico’ y Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’.Según la Sala de Reconocimiento, los comparecientes son máximos responsables de hechos de violencia sexual, además de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados y torturas.La investigación recoge hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés, Guainía y sectores de Huila, Nariño, Cauca, Boyacá y Amazonas.“Es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los 2 bloques más grandes de las antiguas Farc, el bloque oriental y el bloque sur. (…) Estamos hablando de que estos 2 grandes bloques de las Farc básicamente operaban en 15 departamentos, es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia”, afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Para explicar cómo operó esa estructura, la Sala agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad. El primero corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí la JEP documentó tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que terminaron afectando a la población civil.Entre los casos más representativos está la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó durante cerca de 72 horas, dejó 56 personas muertas y gran parte de la capital del Vaupés destruida. También figura el combate de El Billar, en Caquetá, donde el 3 de marzo de 1998 murieron 64 militares tras un enfrentamiento con cerca de 1.800 guerrilleros.El segundo patrón reúne los crímenes que, según la JEP, estuvieron relacionados con el control territorial ejercido por las Farc-EP. La Sala concluyó que varias de estas conductas tenían como propósito consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba y describió tres modalidades de actuación.La primera, dirigida contra quienes desobedecían sus órdenes, se negaban a pagar extorsiones o se resistían al reclutamiento forzado; la segunda, contra personas señaladas de colaborar o simpatizar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y la tercera, orientada a generar un “vacío de poder” mediante ataques contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para forzar su salida y debilitar la presencia del Estado.“La guerrilla castigó los liderazgos campesinos independientes, incluyendo presidentes de las juntas de acción comunal, miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, y líderes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ANMUCIC. También castigaron a las familias que se resistían al reclutamiento, a quienes desobedecían sus órdenes, a quienes eran sospechosos de simpatizar o colaborar con el Ejército Nacional o los paramilitares, y a quienes resentía como rivales dentro del ejercicio de la función democrática”, subraya la JEP.La Jurisdicción documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de torturaEn el tercer patrón la Sala atribuye atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”.Entre ellos aparecen los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002, que dejaron 31 personas muertas, incluidos niños, y 29 heridas tras caer en los barrios El Cartucho y La Estanzuela; el atentado contra el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos; la moto bomba en la Zona Rosa de Villavicencio, con 14 muertos y 48 heridos; y la casa bomba en Neiva.“Nos reconocieron que la casa bomba, lo que se estaba preparando, era un atentado a una caravana en la cual iría el presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, llegaron, la fuerza pública, no. La Fiscalía, con una delegación de la policía, llegó a investigar y estallaron la casa los que tenían el control de la bomba, asesinando a 15 personas, incluyendo varios civiles, incluyendo a la fiscal que investigaba, y destruyendo viviendas de la comunidad”, subrayó la magistrada Julieta Lemaitre.“Aceptaron que la guerrilla cometió los atentados contra el exministro Fernando Londoño; el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo; el entonces senador Germán Vargas Lleras, y los asesinatos del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazabal y de Hernando Pizarro”, se lee en el auto.En medio de esta decisión también se dio la primera imputación conjunta con el Caso 11 por violencia sexual y basada en género. La Sala documentó que integrantes de las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que, según la organización, incumplían sus normas o desafiaban su autoridad, así como agresiones sexuales cometidas durante las hostilidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que Julián Gallo, antes conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, y otros comparecientes asumieron responsabilidad por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su acompañante, José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.En el auto de imputación, la Sala de Reconocimiento concluye que tiene razones suficientes para establecer que, al menos, dos de los sicarios que participaron en el atentado hacían parte de la red urbana de las extintas Farc-EP bajo el mando de Gallo.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, explicó que esa conclusión se sustenta en distintos elementos probatorios recopilados durante la investigación.“Logramos tener una documentación de la época, de cómo se veían, la necropsia de Juan Carlos Palacios, el testimonio del infiltrado de nombre código Luna en esa época, y además de múltiples afirmaciones, tanto directamente a Julián Gallo, que él le dio la orden a esta célula urbana de cometer el asesinato, como de otros exguerrilleros que han venido a decir de oídas, que ellos en la época sí oyeron, que no es un testimonio, pues, muy contundente, porque a la larga es algo que se oyó, pero confirman lo que lo que se ha venido describiendo”, afirmó.Lemaitre también señaló que la JEP comparte las dudas expresadas por la familia Gómez sobre los motivos que habrían tenido las Farc para cometer el asesinato y que no descarta la posible participación de otros autores intelectuales.“La familia Gómez ha insistido que en este asesinato participaron como autores intelectuales, otros actores, como miembros del cartel del norte del valle, un policía famosamente corrupto que ya está muerto, Danilo González, pero, en todo caso, otros actores sobre los cuales la JEP no tiene competencia”, agregó la magistrada.En ese sentido, el auto precisa que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mantienen la competencia para continuar investigando esos posibles responsables que no sean competencia de la JEP.
Un Juez de control de garantías de Villavicencio declaró como persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, luego de la publicación de un edicto. Con esta determinación, la Fiscalía inició audiencia de imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, dentro de una investigación que reúne varios hechos violentos atribuidos a esa estructura armada ilegal.La decisión se produce luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Villavicencio resolviera la apelación presentada por la defensa pública de alias ‘Calarcá’ contra la determinación adoptada previamente por el Juzgado 104 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio, que había autorizado continuar el trámite de declaratoria de persona ausente tras la inasistencia del procesado a varias diligencias de imputación.Durante la audiencia de segunda instancia, el juzgado destacó que la Fiscalía desplegó múltiples actuaciones para intentar ubicar y notificar al señalado comandante guerrillero. Entre ellas, solicitó apoyo al Alto Comisionado para la Paz, entidad que respondió que no tiene funciones relacionadas con notificaciones judiciales, ni dispone de mecanismos institucionales para ubicar integrantes de grupos armados.Al sustentar la decisión, el juez explicó “El Alto Comisionado de Paz, con quien al parecer se adelantan conversaciones o acuerdos de paz y reconciliación, informó reiteradamente que no es de su función la notificación judicial, que no dispone de canales institucionales para trasladar citaciones a miembros de estructuras armadas ni posee información actualizada de datos de contacto del indiciado. De tal manera que no fue posible. Pero la Fiscalía no se quedó allí, también dispuso otra serie de actos investigativos, como consultas a entidades institucionales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Inpec, Sisbén, entre otras actividades de campo y de policía judicial”.En ese sentido, el juez concluyó que las medidas de búsqueda fueron suficientes y razonables, teniendo en cuenta las condiciones especiales del procesado, quien es señalado de integrar una organización criminal y cuenta con órdenes de captura vigentes.Con esa decisión, la Fiscalía acudió al emplazamiento en junio mediante publicaciones en medios de comunicación de circulación nacional y regional para garantizar que el investigado conociera la actuación judicial y poder sustentar su solicitud de declararlo persona ausente.El emplazamiento fue divulgado en la página web de la Fiscalía, en el periódico El Nuevo Siglo, en el diario Extra, así como a través de la emisora Radio Auténtica, con cobertura en Huila, Meta, Caquetá y Guaviare.
El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.
En medio de la tensión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, los integrantes del último secretariado de esa guerrilla enviaron una carta al próximo mandatario en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, próximo a cumplir diez años.“Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz”, afirman los firmantes de paz.La carta se conoce después de que De la Espriella arremetiera contra Rodrigo Londoño por su viaje a España, donde asistió a un seminario invitado por la organización política Izquierda Unida. El presidente electo afirmó que el excomandante “merecía estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo. A esto se suma su anuncio de acabar con algunas de las agencias y entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, afirman los firmantes.Finalmente, pidieron que el Estado responda a los compromisos adquiridos, “comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, concluyeron. La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.
La negociadora de paz y vocera de Defendamos la Paz, Gloria Arias, manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, relacionadas con el Acuerdo de Paz firmado en 2016. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, sostuvo que este cuenta con respaldo jurídico y que cualquier intento de revertirlo afectaría los avances alcanzados durante la última década."La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y tratar de reversar el acuerdo pactado en el 2016 sería de verdad algo que no tiene ninguna lógica y que sería un suicidio para el país. Es mucho lo que se ha avanzado, hay más de 12.000 excombatientes que dejaron las armas, que han hecho sus mejores esfuerzos por poderse vincular a una vida civil", precisó.Arias afirmó que el acuerdo fue suscrito por el Estado colombiano y no por un gobierno en particular, por lo que, a su juicio, debe cumplirse independientemente de los cambios de administración."Ese es un acuerdo que se hizo con el Estado colombiano y el Estado tiene la obligación de cumplirlo”, destacó.En la entrevista, la integrante del movimiento Defendamos la Paz señaló que las preocupaciones no se limitan al eventual cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, sino también a los cuestionamientos dirigidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Explicó que las instituciones creadas tras la firma del acuerdo constituyen la estructura que permite su ejecución y advirtió que reducirles recursos o limitar su funcionamiento tendría efectos similares a eliminarlas."Igual de grave sería acabarlas que asfixiarlas. Entonces, sí, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, un llamado al país entero para que de manera absolutamente pacífica, respetuosa y coherente defendamos un acuerdo que nos ha costado llegar a ese acuerdo, llegar a ese punto al que se llegó en el 2016 costó 10 millones de víctimas, costó 60 años de conflicto armado. No podemos volver a empezar otros 60 años de conflicto armado", dijo.En ese contexto, hizo un llamado para respaldar el proceso de paz por vías democráticas y recordó que el acuerdo fue el resultado de décadas de conflicto armado y millones de víctimas.Consultada sobre las críticas a la JEP, Arias reconoció que el Acuerdo de Paz no ha sido implementado en su totalidad. Sin embargo, atribuyó ese rezago a la falta de ejecución por parte de los distintos gobiernos y no a los excombatientes que firmaron el proceso."Lamentablemente no se ha cumplido el 100% de lo acordado. Estamos lejos de ese porcentaje, aunque no le pueda dar una cifra exacta, pero debo decir que no se ha cumplido no tanto por incumplimiento de los firmantes, que han cumplido, sino porque gobiernos sucesivos no hemos estado a la altura de lo que se ha debido hacer y no hemos cumplido de manera satisfactoria, íntegra y completa lo que deberíamos haber cumplido", destacó.También pidió analizar el funcionamiento de la JEP dentro de su naturaleza de justicia transicional y no bajo los parámetros de la justicia ordinaria."La JEP es un sistema de justicia transicional. Nosotros no podemos juzgar la JEP como si fuera un régimen de justicia normal que se aplica en otros casos. Es un régimen de justicia transicional y así lo debemos entender”, precisó.Por último, la negociadora sostuvo que ninguno de los gobiernos posteriores a la firma del acuerdo ha cumplido de manera satisfactoria con la reincorporación de los excombatientes.Como ejemplo, mencionó los más de 500 firmantes asesinados y afirmó que detrás de esos hechos han participado distintos actores armados.Entrevista completa aquí:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará inicio el próximo 22 y 23 de julio al juicio adversarial transicional contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas, señalado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de haber participado, presuntamente, en un plan criminal coordinado con las extintas Farc para perseguir y exterminar al grupo político de la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá.De acuerdo con la acusación, Almario sería coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, dentro de una estrategia que buscaba consolidar el control político de esa región mediante asesinatos y secuestros de dirigentes, simpatizantes y colaboradores del movimiento político de la familia Turbay Cote.La investigación señala que el presunto plan dejó al menos 30 víctimas, entre ellas seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.Uno de los hechos centrales del proceso es la masacre del 29 de diciembre de 2000, atribuida a la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc. En ese ataque fueron asesinados Diego Turbay Cote, quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay; además de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.En las próximas jornadas del 22 y 23 de julio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolverá aspectos probatorios del proceso y, posteriormente, le dará al excongresista la oportunidad de definir si realiza un reconocimiento tardío de responsabilidad o si continúa el trámite del juicio adversarial. Si decide mantener su defensa y posteriormente es declarado culpable, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión. La JEP explicó que este proceso avanza después de que fueran rechazadas, en primera y segunda instancia, varias solicitudes de nulidad y de prescripción presentadas por la defensa del excongresista. El tribunal reiteró que no permitirá actuaciones dirigidas a dilatar el avance del proceso judicial.Este será el primer Juicio Adversarial Transicional dentro de la JEP relacionado con conductas atribuidas a las extintas Farc. Una modalidad que aplica para los comparecientes que no aceptan responsabilidad y optan por defenderse durante el juicio oral.
El brigadier general Gabriel Andrés Majé asumió oficialmente como nuevo comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, unidad responsable de las operaciones militares en el Valle del Cauca. El oficial reemplaza al brigadier general Juan Odúber Rendón Pérez, quien dejó el cargo tras cerca de dos años al frente de esa jurisdicción.Nacido en Neiva y con más de 30 años de servicio en la institución, el general Majé llega procedente de la Décima Cuarta Brigada, en Antioquia. Ha ocupado distintos cargos de mando y planeación estratégica dentro del Ejército, experiencia que ahora pondrá al servicio de una de las regiones con mayores desafíos en materia de orden público.Durante la ceremonia de transmisión de mando, el nuevo comandante aseguró que concentrará sus esfuerzos en fortalecer las operaciones militares contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en el Valle del Cauca, mediante un trabajo coordinado con la Policía, las autoridades regionales y los organismos de seguridad del Estado.Además, anunció que buscará incrementar la presencia de tropas en los municipios más afectados por la violencia y avanzar en proyectos estratégicos para la región, entre ellos, la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, una iniciativa que pretende reforzar el control territorial en el sur del departamento.La Tercera Brigada enfrenta el desafío de combatir estructuras armadas como las disidencias de las Farc, el ELN y organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas, responsables de buena parte de los hechos de violencia registrados en el suroccidente del país.
Tras quedar formalizada la Resolución 2188 del 14 de agosto, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales certificó el cumplimiento del requisito ambiental que estaba pendiente para continuar con el proyecto de ampliación de la Autopista Norte, desde Presidencia señalaron que la decisión se da en el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno y hace parte de su apuesta por impulsar obras de infraestructura. “Esta determinación materializa el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella de impulsar las obras estratégicas que requiere el país y ofrecer soluciones concretas a los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca”, afirmaron a través de un comunicado.Es importante recordar que esta resolución no corresponde a una nueva licencia ambiental, pues el proyecto ya contaba con ese permiso desde enero. Sin embargo, la intervención de este sector estaba condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales específicos, relacionados con el tramo entre los humedales Torca y Guaymaral. Ahora, la ANLA certificó que la concesionaria cumplió con esa condición y podrá avanzar en la totalidad del corredor.El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, con seis carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio. La Presidencia señaló que esta determinación busca contribuir a solucionar los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca.A partir de ahora, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte deberá continuar con la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. El Gobierno Nacional aseguró que mantendrá el seguimiento institucional a las obras para que el proyecto avance y se traduzca en resultados para la región.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a equipos médicos que se encontraban trabajando dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali. Entre ellos había profesionales que estaban en medio de procedimientos quirúrgicos cuando comenzó el movimiento.Las imágenes registran uno de los momentos más críticos de la emergencia dentro de la institución médica. Mientras el sismo generó temor entre quienes se encontraban en el hospital, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban a punto de ser intervenidos. El video publicado en redes sociales permite observar cómo se vivió el terremoto dentro del hospital durante una jornada en la que la emergencia obligó posteriormente a evacuar a cientos de pacientes de la institución. ¿Qué pasó durante el terremoto en el Hospital Universitario del Valle?El terremoto sorprendió a los equipos médicos mientras realizaban cirugías. La situación generó una tensión particular porque los pacientes que estaban en los procedimientos se encontraban inconscientes y dependían de la atención del personal médico.En el video se puede observar como el instinto de supervivencia llevó a los galenos a pensar en salir del lugar ante el movimiento. Sin embargo, permanecieron en las salas para proteger y cuidar a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad.El registro muestra precisamente ese momento de incertidumbre dentro de la sala de cirugía, en medio de un terremoto que también provocó afectaciones y evacuaciones en distintas zonas del país.¿Cómo reaccionaron los médicos durante la cirugía?Los equipos médicos permanecieron junto a sus pacientes durante el movimiento telúrico. La prioridad fue mantener la atención de quienes estaban siendo sometidos a procedimientos quirúrgicos, pese a las condiciones generadas por el terremoto.Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia desde el interior de un centro hospitalario y permiten conocer cómo el terremoto sorprendió a quienes se encontraban desarrollando procedimientos médicos esa mañana del lunes 10 de agosto.El Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, fue uno de los escenarios donde la emergencia obligó a modificar las actividades habituales. Después del terremoto, cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados de la institución por los graves daños que sufrió el centro médico.El terremoto interrumpió la normalidad dentro del hospital y puso a los equipos médicos frente a una situación inesperada durante sus labores.
Un militar muerto y otros seis heridos dejó un ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional que se encontraban en el sector de Los Piñitos, en Ábrego, Norte de Santander.De acuerdo con la información preliminar, los uniformados fueron atacados mientras permanecían en esta zona, ubicada a escasos metros del casco urbano del municipio. Tras el hecho, los militares heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.El ataque generó preocupación entre las autoridades y habitantes de la población, debido a la cercanía del lugar donde ocurrió con la zona urbana de Ábrego. Las autoridades evalúan las medidas que se podrían adoptar para garantizar la seguridad de la comunidad y de los propios integrantes de la Fuerza Pública.Entre las posibilidades que se analizan está la implementación de un toque de queda, aunque hasta el momento no se ha confirmado la adopción de esta medida.El hecho se registró en medio de las acciones de seguridad que adelantan las unidades militares en esta zona de Norte de Santander, un departamento que ha enfrentado diferentes hechos de violencia asociados a la presencia y accionar de grupos armados.Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias en las que se produjo el ataque y en la identificación de los responsables. También se mantiene la atención sobre el estado de salud de los seis militares que resultaron heridos.La situación mantiene en alerta a las autoridades locales, especialmente por la proximidad del lugar del ataque con el casco urbano. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas medidas de seguridad y detalles sobre el desarrollo de las operaciones militares en la zona.El balance preliminar establece que uno de los militares murió como consecuencia del ataque, mientras que los otros seis permanecen bajo atención médica. Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este sábado 15 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: en minutosSuper Balota: en minutosBaloto RevanchaNúmeros ganadores: en minutosSuper Balota: en minutos¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este sábado, 15 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y ajustó varias de las cifras que habían sido reportadas. Con corte a las 6:30 de la tarde, la entidad confirmó 289 personas fallecidas, frente a las 294 reportadas previamente. También corrigió el número de desaparecidos, que pasó de 320 a 143 personas. El balance registra además 3.937 heridos y 353 personas rescatadas. La UNGRD explicó que estos cambios obedecen al proceso de verificación de la información. Los primeros reportes fueron recibidos, en buena parte, de manera verbal y ahora están siendo contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y los organismos de socorro, con el propósito de evitar duplicidades.También fueron ajustadas las cifras de infraestructura afectada. Actualmente se reportan 234 centros de salud afectados y 2.535 instituciones educativas, mientras que hay 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas, 66 edificios colapsados y 308 vías afectadas. En total, la emergencia ya deja 117.222 personas y 54.382 familias afectadas en 450 municipios. Los organismos de socorro también reportan 205 animales rescatados y 754 afectados, mientras continúan las labores de atención y verificación en las zonas más golpeadas por el terremoto.